Gobiernos Transparentes Por Miguel C. Manjarrez Álvarez
En toda democracia la rendición de cuentas y el escrutinio del pueblo en el ejercicio de los recursos emanados del erario público, son sin duda determinantes para la recuperación del prestigio del sistema político mexicano, deterioro causado por la poca o nula rendición de cuentas. La Mayoría de los gobernantes hacen lo que quieren con los recursos del pueblo, incluido el Presidente de la República cuya discrecionalidad, a pesar de que se acotó, todavía es demasiado amplia. ¿Y los gobernadores? Andan en las mismas, actitudes que han tratado de imitar los presidentes municipales.

Existen mandatarios que siguen usando el dinero del pueblo sin miramientos ni vigilancia ni fiscalizaciones por parte de organismos encargados de revisar el uso de los dineros del presupuesto. “Quítale a tal partida y asígnalo a otra pero sin que se note mucho”, podría ser la frase más común en las oficinas donde opera el poderoso en turno.

Es algo que se puede gracias a que las contralorías estatales son manejadas por los hombres de confianza del gobernador o del presidente de la República.
¿Y el Congreso? Como el chinito, nomás mirando aunque sea el poder encargado de vigilar, entre otras cosas, el uso de los recursos públicos. La razón es que suele estar conformado con los amigos del gobernante o sus simpatizantes o políticos afines al proyecto del grupo en el poder.

La sociedad se pregunta el por qué los políticos, que son sus empleados, manejan a su arbitrio el dinero que pertenece a los ciudadanos. Sabemos que los gobernantes lo hacen porque los ciudadanos, a quienes corresponde exigir claridad en todas las acciones de gobierno, incluidas las encargadas de administrar esos recursos, no se meten, dado que les da flojera o de plano porque no les interesa. Lo ideal es que todos estemos atentos al manejo de la cosa pública, y que cuando se detecte algo anormal o con poca o nula claridad en el uso de los recursos, los señalemos y se les llame a cuentas.

La vía más fácil para protestar es organizarse y manifestarse pacíficamente con el fin de exigir la renuncia de los malos servidores públicos. Si no se hace, es porque falta cultura, interés e información. Por ello resulta necesario y urgente crear una nueva visión en el ciudadano; que entiendan y vigilen la función pública. Claro que existen programas que informan a la ciudadanía y consideran el acceso a la información pública. Lo malo está en que las leyes sobre la materia hayan sido legisladas de acuerdo con las iniciativas del poder Ejecutivo. Y lo paradójico es que sean revisadas, corregidas y aprobadas por diputados que le deben el cargo al gobernante en turno.

Los excesos
Imaginemos a un gobernante, de cualquier país o ciudad, convirtiendo a su familia en una especie de monarquía sexenal alimentada con el presupuesto y algo de la llamada “partida secreta del Ejecutivo”. Con ese dinero compran automóviles de lujo, pagan sus tarjetas Centurión de American Express cuyo límite no existe: se visten, calzan, comen y se dan los lujos de cualquier magnate e incluso, en algunos casos, como si su intención fuese la de emular al príncipe de Brunei; por ello en este caso hay cero transparencia. Y de ahí que nadie pueda conocer el monto de esa partida presupuestal y menos aun de los gastos personales y familiares, incluidas las cirugías plásticas reconstructivas (nariz, nalgas, busto, etcétera). Incluya el lector la adquisición bienes raíces en Cancún, departamentos en la Gran Manzana, ranchos ganaderos, villas en regiones de ensueño y uno que otro castillo en Europa; todo gracias al dinero del pueblo, sí, de nuestro pueblo a veces gobernado por quienes aún lo ven como sus antepasados quisieron ver a los naturales: vestido con taparrabo.

La falta de espacio me limita para mediante una imaginaria mostrar los excesos que algunos gobernantes podrían, pueden o han podido realizar con los recursos públicos. Equivale a redactar un diccionario enciclopédico de varios tomos.

La transparencia
Hoy en día, los gobiernos están conscientes de la necesidad de informar a la sociedad con cuentas claras y manejo transparente de los recursos. Es por ello que se han creado instituciones y se ha puesto énfasis en transparentar la implementación de algunos presupuestos. Lo lamentable es que aun existen frenos en el acceso a la información, sobre todo en los recursos erogados para la renta de helicópteros, la compra de mobiliarios, las medidas de seguridad, los viáticos y las comunes remodelaciones de oficinas o casas de gobierno.

Si llegara a enterase que un gobernante presta a sus amigos o familiares alguno de los helicópteros del gobierno para que vaya de compras, viaje seguro y acuda a desayunos, comidas o cenas a lugares lejos de la sede de los poderes, ¿qué pensaría? Seguramente le daría coraje porque son gastos pagados con el dinero del pueblo. Desgraciadamente existen esta clase de excesos y es poco probable que, en este caso, opere la transparencia. Si pregunta le dirán que el tema es reservado o incluso parte de las funciones de la seguridad nacional.

Los gobiernos panistas fueron los precursores de la transparencia en México. Todo comenzó con el presidente Vicente Fox, quien tuvo la ocurrencia de abrirse a la información pública. Por ello supimos que hay toallas de 402 dólares la pieza, trinchadores de 3,800 dólares, cortinas a control remoto de 17,383 dólares, sábanas de 1,500 dólares, la pieza claro*. De ahí el famoso “toallagate” y la chunga nacional por la remodelación de la cabaña del amor, cuyo costo ascendió a 440,000 dólares. También hubo gastos exorbitantes en botellitas de agua. Después de este ejercicio digamos que democrático, no se volvió a saber nada del gasto de las partidas asignadas a Chente y a Martucha, apelativos que se ganaron precisamente por sus excesos en todo, hasta en manipular la imagen de la República (el águila mocha) y establecer oficialmente que el gobierno estaba siendo manejado por los dos.

Puebla y Veracruz, nuevos gobiernos

En el ejercicio del poder mexicano la palabra transparencia está en boga. Los gobiernos de Rafael Moreno Valle Rosas y Javier Duarte de Ochoa apuestan a que los acuerdos sobre el tema les harán ganar puntos en su imagen pública. En el caso de Veracruz, el gobernador investiga a 156 constructoras que no cumplieron con los proyectos de obra pública por los que los habían contratado, irresponsabilidad que causó daño patrimonial a los veracruzanos, cantidad que asciende a más de 900 millones de pesos. Dicen los diputados que se trata de una cifra inaceptable (¿habrá desvíos o fraudes al erario aceptables?).

Lo alentador es que el gobierno de Duarte está de acuerdo en aplicar todo el peso de la ley a los ex alcaldes que dieron mal uso a los recursos públicos.

Ahora sólo falta ver si en la lista entran algunas personalidades de mayor peso político, varios de los cuales se llevaron hasta el mecate.

En Puebla se firmó el acuerdo por la transparencia. Fue un acto acorde con el discurso de campaña. Sin embargo, queda pendiente la respuesta del gobierno para, como lo asegura el gobernador Moreno Valle, la administración pública se maneje dentro del marco de la transparencia y la honestidad.

¿Qué hará el gobernador de Puebla cuando se entere que uno de sus funcionarios aceptó varios millones de pesos como comisión por otorgar una de las concesiones gubernamentales? ¿Será capaz de ordenar se aplique todo el peso de la ley, como ocurrió en el caso de Valle Fantástico? Ya veremos quién o quiénes roncan como duermen.

Hasta la próxima.

*fuente: alaingarcia.net, El Universal, Milenio

alvarezenriqueta@hotmail.com



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