La expropiación petrolera Por Manola Álvarez Sepúlveda

A 74 años de la Expropiación petrolera la situación de nuestra industria energética es preocupante y se encuentra en serio riesgo. La producción de petróleo en los seis años del gobierno de Vicente Fox fue muy deficiente. La extracción de crudo disminuyó en alrededor de 500 mil barriles diarios en ese periodo, situación que abrió un hueco en las finanzas públicas, calculado en 2.5 puntos del producto interno bruto (PIB), unos 375 mil millones de pesos a valor actual.

A partir de 2006, durante el sexenio de Felipe Calderón siguió en constante caída: en 2007 la producción de petróleo crudo fue de 3 millones 76 mil barriles por día; en 2008 de 2 millones 792 mil barriles por día, menos 9%; en 2009 el promedio fue de 2 millones 602 mil barriles por día; en 2010 bajó a 2 millones 576 mil barriles por día; y a 2 millones 550 mil barriles diarios en 2011. Para este año el promedio diario de producción en el mes de enero fue de 2 millones 518 mil barriles, por lo que la caída de la producción nacional de crudo ha sido de 796 mil barriles diarios, lo que significa una contracción de 21.6 por ciento en más de cinco años.

El 18 de marzo de 2007 el presidente Calderón en su discurso por la conmemoración de la Expropiación Petrolera dijo: “Sí no actuamos y pronto, para reponer las reservas, no podremos revertir la reducción en la producción en los últimos años y en muy poco tiempo nuestro país tendrá problemas graves, no sólo para financiar su desarrollo, sino que incluso en lugar de ser exportadores nos convirtamos en importadores netos de petróleo y sus derivados y refinados”.

LAS FILTRACIONES
En el comunicado diplomático dado a conocer por Wikileaks, Antonio O. Garza, embajador de Estados Unidos en México, señaló en el 2007: “Pemex necesita dinero que no tiene. Con una gran deuda la capacidad de Pemex para contratar nuevo endeudamiento es limitada. La única opción es buscar nuevos métodos de contratación con compañías privadas. Sin embargo, dadas las restricciones constitucionales para la participación de particulares en el sector energético, cualquier movimiento en esa dirección será políticamente difícil.”

Por su parte el Embajador Carlos Pascual, envió el cable 10MEXICO514 a Washington el 12 de febrero de 2010 en el que señaló que debido a la disminución de la producción del principal campo petrolero de México (el de Cantarell en la zona de Campeche) y a la baja inversión de Pemex en labores de exploración y extracción, “la producción mexicana de crudo disminuye rápidamente y el país puede convertirse en importador neto en cinco años”.

El despacho de Pascual manifestó al Departamento de Estado sobre una “silenciosa” participación del gobierno estadounidense en el sector energético mexicano, que la Constitución reserva al Estado y de la cual la administración de Felipe Calderón no ha informado públicamente al Congreso de la Unión. El documento de marras también dice que los funcionarios mexicanos permanecen muy sensibles sobre cualquier comentario público en cuanto a la reforma en el sector de energía y la producción de petróleo, y que México ha buscado consejo, especialmente en empresas de propiedad estatal sobre la implementación de las reformas. “Nosotros mantenemos la añeja política del gobierno de Estados Unidos de no comentar públicamente sobre estos temas, mientras silenciosamente ofrecemos proporcionar asistencia en áreas de interés para el gobierno mexicano. Funcionarios mexicanos han solicitado en meses recientes ayuda al gobierno de los Estados Unidos en temas relacionados con la implementación de la reforma petrolera de 2008”.

DE MAL EN PEOR
Petróleos Mexicanos reportó una vez más voluminosas pérdidas, el doble de las reconocidas en 2010, no obstante registrar ingresos históricos. La razón: el saqueo fiscal que practica el gobierno de Calderón, quien en 2011 se quedó con absolutamente todos los rendimientos (784 mil 500 millones de pesos) más una sobre cuota cercana a 12% (91 mil 500 millones de pesos), recursos que destina a gasto corriente y a pagar deuda del gobierno federal, no así para estimular el crecimiento económico, generar empleo formal y aumentar el bienestar de los mexicanos.

En medio de esta situación tan delicada de Petróleos Mexicanos, el pasado 20 de febrero en Los Cabos, Baja California, se firmó un convenio entre los gobiernos de México y Estados Unidos, por las Secretarias de Relaciones Exteriores, Patricia Espinoza, y de Estado Hillary Clinton. El Acuerdo es para la explotación de yacimientos transfronterizos de hidrocarburos en el Golfo de México.

Se trata de un instrumento jurídico que tiene el propósito de establecer los procedimientos para repartir la producción obtenida de yacimientos continuos hacia ambos lados de la frontera marítima.

Como de acuerdo con la ley es necesario que el Senado autorice la celebración de acuerdos internacionales, la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara se encontraba analizando dicho Acuerdo cuando, extrañamente, en las últimas sesiones el Gobierno difirió las pláticas. Los senadores se enteraron pero la Secretaría de Relaciones ya había firmado el convenio sin avisarles y, obvio, sin su participación. La actitud del poder Ejecutivo generó desconfianza y obliga al Congreso a revisarlo cuidadosa y exhaustivamente antes de proceder a la ratificación del mismo.

ESTADOS UNIDOS QUIERE NUESTRAS RESERVAS
En opinión de Fabio Barbosa, experto en temas petroleros del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, existen altas probabilidades de que se descubran campos gigantes en la zona occidental del Golfo de México, área que incluye el convenio firmado por los dos países. Se trata de un instrumento jurídico que tiene el propósito de establecer los procedimientos para repartir la producción obtenida de yacimientos continuos hacia ambos lados de la frontera marítima. En ese sentido el acuerdo implica un cambio en la forma como México ha llevado a cabo la explotación de los carburos de hidrógeno durante más de setenta años.

El Acuerdo trata del método de unificación de un yacimiento fronterizo por un sólo operador que rinda cuentas a las dos partes, fuente que utilizarán las empresas o entidades que hayan adquirido o adquieran permisos o concesiones para explotar yacimientos que crucen las fronteras marinas de México y Estados Unidos. Deja a salvo el interés de las empresas que ya están trabajando en las áreas limítrofes, en este caso del lado norteamericano, pues consigna textualmente que sus cláusulas no se aplicarán sin la voluntad de las empresas y además señala en su artículo 1 que no rige en la jurisdicción de las aguas territoriales del estado de Texas.

El artículo 9 señala los procedimientos para volver a determinar la distribución de la producción, pero dice sólo que las partes deberán hacer lo posible para asegurar la justa y equitativa distribución de la producción de cada yacimiento. Lo que, dada la disparidad de tecnologías y recursos, resulta poco menos que imposible.

El transporte del petróleo de los yacimientos transfronterizos será realizado en el sistema de ductos ya existentes en Estados Unidos y conducido a las refinerías de Houston Texas.

La firma de este Acuerdo parece ser el resultado de una presión ejercida sobre el gobierno mexicano para facilitar los trabajos de las empresas que ya operan del lado estadounidense. En su texto no aparece el tema de las reservas que pudieran descubrirse y esto para México como país exportador resulta prioritario, ya que su administración con visión de largo plazo es muy importante.

La explotación unificada quedó como “voluntaria” y las empresas petroleras yanquis podrán acordarla o rechazarla en cada caso concreto. Para no violentar la legislación estadounidense que no permite al gobierno de Estados Unidos intervenir en las decisiones de las empresas privadas. Así que resulta absurdo firmar un convenio entre dos países, cuando de un lado se encargaran empresas privadas regidas por el Código de Reglamentaciones Federales y con una normatividad amplia, rígida y orientada a maximizar la recuperación de hidrocarburos, no la rentabilidad de las inversiones. Si un yacimiento es transfronterizo y tiene dos o más propietarios éstos deben ponerse de acuerdo para explotarlo conjuntamente. Y su participación en la producción es proporcional al volumen original de hidrocarburos de cada propietario. Toda actividad está perfectamente definida, reglamentada y clasificada.

Cuauhtémoc Cárdenas considera que el Senado de la República, antes de ratificar el Acuerdo deberá solicitar al Ejecutivo su modificación a fin de que quede plenamente salvaguardado el interés nacional y que para que este texto no vaya a ser antecedente en la suscripción de otros acuerdos internacionales. Manifiesta que de no acceder el Ejecutivo a plantear la revisión de este acuerdo, el Senado de la República no debe ratificarlo. En fin, de no ser por Wikileaks y la candidez o perversidad (depende cómo lo vea el lector) del jefe del Ejecutivo mexicano, nunca nos habríamos enterado del fondo turbio que tiene este escabroso tema relacionado con los veneros del diablo. Y lo peor: nos encontraríamos que ya no tenemos riqueza petrolera y que el México por el cual lucharon nuestros padres y abuelos ya no existe.



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