La verdad sobre la Guerra Cristera Por Manola Álvarez Sepúlveda
Con la exhibición de la película “La Cristiada”, se han suscitado una serie de comentarios que me obligan a exponer objetivamente las circunstancias que detonaron la llamada “guerra cristera”. Realicé una profunda investigación sobre las causas de esta confrontación, trabajo que fue publicado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Su título: Espionaje y Contraespionaje en México.

Andy García, protagonista de la cinta, dijo que la guerra cristera es un tabú en México y que tuvo lugar para defender las prácticas religiosas que fueron prohibidas durante el gobierno de Plutarco Elías Calles. Pedro Ferris de Con, manifestó en su programa de radio (Imagen), que la guerra cristera era una vergüenza para los mexicanos y que por ello no se enseñaba en la historia de México. Y el comunicador poblano-yucateco Elmer Ancona escribió:

“A principios del siglo pasado cientos de mexicanos murieron al pie de la cruz, o a la puerta o dentro de los templos, o a la sombra de un árbol, con el grito de ¡Viva Cristo Rey!, defendiendo con todo lo que más querían: su religión”.

¿Fue realmente un enfrentamiento para defender la libertad de profesar un culto, o una lucha entre el poder del clero político contra el Estado que buscaba que se cumpliera la Constitución?

Tratándose de cuestiones religiosas es muy difícil ser objetivo, dado que este tipo de discusiones desatan los fanatismos y la obstinación sobre lo que nos inculcaron desde la infancia. La cinta en cuestión ha sido recomendada por los sacerdotes en el semanario Desde la fe, e incluso se ha ordenado a sacerdotes y monjas que vean la película. De ahí que en algunas ocasiones, al final de la cinta, se haya escuchado el grito: ¡Viva Cristo Rey! Coincidencia o casualidad, la exhibición se programó dos meses antes de las elecciones.

Independientemente de las creencias religiosas que son protegidas por la Constitución y que nos merecen el mayor respeto, la Iglesia Católica ha actuado a través de nuestra historia como factor político. Durante la Colonia el poder que adquirieron los frailes de la Nueva España fue incontrastable debido al fanatismo de conquistadores y conquistados y a la organización casi teocrática del gobierno español en las colonias. Esto hizo que se realizara una absorción de la riqueza pública por la Iglesia.

Hecha la Independencia, el Clero pretendió una supremacía sobre todos los gobiernos nacionales. Se convirtió así en una corporación obstruccionista, enemiga de todo gobierno constituido, para atender sólo a sus intereses materiales. Recordemos que el Clero llevó al patíbulo a los héroes de la Independencia: el cura Hidalgo y Morelos, quienes fueron perseguidos con denuedo y saña. Al primero lo excomulgaron llamándole “engendro de Satanás, hereje formal, fautor de herejes, perseguidor y perturbador de la jerarquía eclesiástica, profanador de los Santos Sacramentos, cismático, lascivo, traidor a Dios, al Rey y al Papa”.

El acaparamiento de las riquezas nacionales en las “manos muertas”, había perjudicado en forma alarmante a la economía nacional debido a que éstas no circulaban y se perdía el impuesto que por traslado de dominio pudiera obtener el Estado. Ello originó que Comonfort confiscara los bienes de la iglesia en Puebla en marzo de 1856, y se dictara la ley de Desamortización de los Bienes de la Iglesia. Como resultado de esta ley, el Clero fomentó una serie de rebeliones para derrocar al gobierno de Benito Juárez. Posteriormente acudió a un emperador extranjero para que viniera a combatir a Juárez y proteger sus intereses. Trajo a Maximiliano a México mediante el garlito de que toda la nación lo reclamaba.

Derribada la dictadura de Porfirio Díaz por la Revolución de 1910, el Clero creyó que al triunfo de Madero lograría entronizar a un gobierno clerical. Pero cuando se convenció de que no sería así, el presidente Madero no tuvo peor enemigo que la prensa católica, que lo befó, ridiculizó y escarneció hasta que lo asesinaron.

Al reunirse el Congreso Constituyente en Querétaro a fines de 1916, los representantes del pueblo conocedores de nuestra historia, incluyeron en la Carta Magna artículos tendientes a hacer desaparecer la injerencia del clero en los asuntos políticos de México, así como en la vida económica de la nación. De ahí que una vez promulgada la Constitución, se redactara y diera a conocer en los Estados Unidos y otros países la protesta del Clero católico-político contra nuestra Carta Magna.

Algunos de los conceptos relevantes de esta proclama fueron:

“El Código de 1917 hiere los derechos sacratísimos de la Iglesia Católica, de la sociedad mexicana y los individuales de los cristianos, proclama principios contrarios a la verdad enseñada por Jesucristo…”

“Contra la tendencia de los Constituyentes, destructora de la religión, de la cultura y de las tradiciones, protestamos como jefes de la iglesia católica en nuestra patria”.

Después de analizar el por qué se oponen a los artículos constitucionales que “lesionan sus intereses”, termina la pastoral con el siguiente párrafo:

“Por lo dicho protestamos contra semejantes atentados en merma de la libertad religiosa y de los derechos de la Iglesia y declaramos que desconoceremos todo acto o manifiesto, aunque (sea) emanado de cualquiera persona de nuestra diócesis… sí fuere contraria a las declaraciones y protestas”.

Esta Pastoral la dio a conocer en México, haciéndola suya, el arzobispo de Guadalajara Francisco Orozco y Jiménez.

Fue durante el gobierno de Calles cuando comenzaron a ponerse en práctica los preceptos constitucionales, empezando por reglamentar el artículo 130 obligando a los sacerdotes a registrarse como encargados de los templos y a efectuar los inventarios correspondientes. Sólo se exigía que participaran al propietario del templo (la Nación), quién era el administrador y cuáles los bienes.

Como respuesta, el Clero procedió a organizar una defensa contra lo que ellos consideraban una intromisión del gobierno en los asuntos de la Iglesia. Y así, el 4 de febrero de 1926, El Universal publicó un artículo con las declaraciones del arzobispo de México, José María Mora y del Río; a saber:

“La doctrina de la Iglesia es invariable, porque es la verdad divinamente revelada. La protesta que los prelados mexicanos formularon en 1917, no ha sido modificada sino robustecida, porque deriva de la Doctrina de la Iglesia. La información que publicó El Universal de fecha 27 de enero en el sentido de que se emprenderá una campaña contra las leyes injustas y contrarias al derecho natural, es perfectamente cierta. El Episcopado y el Clero no reconocemos y combatiremos los artículos tercero, quinto, veintisiete y ciento treinta de la Constitución vigente. Este criterio no podemos por ningún motivo variarlo sin hacer traición a nuestra fe y a nuestra religión”.

El 8 de febrero El Universal publicó la misma protesta del Clero en contra de la Constitución de 1917 que se había dado en su promulgación.

Ante esta amenaza el gobierno de Calles incorporó en el Código Penal los delitos que en cada caso de infracción a las leyes constitucionales se cometerían y las penas correspondientes, debidamente autorizado por el Congreso de la Unión el 7 de enero de 1926. Y por parte del Clero se creó la Liga Defensora de la Libertad Religiosa, organización que publicó un manifiesto para “Paralizar la vida mexicana”. Ante su fracaso y la proximidad de la entrada en vigor de las nuevas leyes, el Clero, publicó una carta pastoral firmada por 37 obispos y arzobispos suspendiendo los cultos católicos en toda la república (El Universal 25 de julio de 1926).

El día 31 de julio, cumpliendo con la Pastoral del Episcopado Mexicano, los sacerdotes abandonaron sus parroquias llevándose objetos que pertenecían a la Hacienda nacional. Las juntas de vecinos se hicieron cargo de las parroquias que quedaron abiertas. Sin embargo, los sacerdotes oficiaban fuera de los templos, lo que estaba prohibido por la Constitución y por este motivo fueron judicialmente perseguidos y sancionados.

En esa lucha entre los que se negaban en cumplir la Constitución y el Estado que la aplicaba, se dieron enfrentamientos crueles: por un lado los llamados cristeros cortando las orejas de los maestros o quemando trenes con tropa; y por el otro los soldados vengándose, colgando a los rebeldes y cometiendo excesos criminales. El clímax fue el asesinato del Presidente electo, Álvaro Obregón, crimen perpetrado por el fanático religioso León Toral.

Precisamente por los fanatismos religiosos, los constituyentes determinaron respetar absolutamente la libertad de creencias, pero estableciendo que los cultos se manifestaran dentro de los templos y no en las calles. Aun en nuestro tiempo en las comunidades alejadas siguen registrándose cruentos enfrentamientos, ahora entre grupos religiosos.

Este conflicto terminó en 1929 siendo presidente Emilio Portes Gil, quien en la entrevista que le hice y que aparece en el libro de mi autoría que cito arriba me dijo: “Nunca existieron arreglos entre el gobierno y el Clero. Cuando me fueron a ver los obispos les confirmé la posición del gobierno y que podían abrir las iglesias cuando quisieran ya que ellos mismos las habían cerrado. Aceptaron incondicionalmente obedecer la ley, registraron a los encargados de los templos e hicieron inventario de los objetos.”

Hasta ahí la verdad histórica. Lo demás es producto de la manipulación que tergiversa la verdad para acondicionarla y llevar agua al molino del fanatismo.

alvarezenriqueta@hotmail.com



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