La judicialización de las elecciones Por Manola Álvarez Sepúlveda
En caso de que el Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación declarara inválida la elección presidencial, como lo ha solicitado en un recurso el Movimiento Progresista, con la legislación vigente podrían darse las siguientes situaciones:

El Congreso que toma posesión el primero de septiembre se constituiría en Colegio Electoral y nombraría a un presidente interino. Para ello se necesitarían cumplir dos requisitos establecidos en el artículo 84 de la Constitución, la asistencia de cuando menos dos terceras partes de los legisladores quienes en escrutinio secreto alcanzaran la mayoría absoluta a favor de algún candidato.

El presidente interino tomaría posesión el 1 de diciembre, al concluir el período de Felipe Calderón. ¿Se imaginan lo que costaría obtener el consenso de los diputados para encontrar a la persona que pudiera tener este cargo, y de qué partido sería? El Congreso debería convocar a nuevas elecciones en los siguientes diez días y tendrían que realizarse en un plazo no menor de 14 meses ni mayor de 18.

Competirían los mismos candidatos, aunque López Obrador pidió que no se le permita volver a Enrique Peña Nieto, y podrán haber más si se desintegran algunas alianzas, pero no el candidato interino.

El candidato que resulte electo rendiría protesta en alguna fecha del 2013, cambiando el calendario electoral del país.

Para evitar que los legisladores no se pongan de acuerdo en el candidato a presidente interino y que el país se quede sin una dirección, se realizó la Reforma Política que acaba de validar el Congreso, ya que se obtuvieron 17 aprobaciones de las legislaturas locales: será publicada en los próximos días.

Las reformas consisten en que si al comienzo de un período presidencial no se ha validado la elección, tomará posesión inmediatamente el presidente de la Cámara de Senadores quien tendrá 60 días para nombrar a un presidente interino, mismo que convocará a elecciones en un plazo no menor de 7 meses ni mayor de 9 meses. En el caso del fallecimiento del Presidente en funciones el remplazo sería el secretario de Gobernación o si esto no fuera posible existe una lista de prelación.

¿Y qué tantas posibilidades existen para que esto suceda?

Una vez que realizaron las elecciones del primero de julio y se presentaron los resultados, en los que se obtuvieron el 38.2% para Enrique Peña Nieto, 31.2% para Andrés Manuel López Obrador y 25.2 para Josefina Vázquez Mota, se procedió al cómputo oficial de votos. El Instituto Federal Electoral informó que sería recontado el 54.5 por ciento de los sufragios de la elección presidencial, o sea 78 mil 12 paquetes correspondiente a igual número de casillas instaladas. El nivel de este voto por voto representó el doble que el registrado en la elección federal del 2009, cuando se eligieron diputados y senadores, circunstancia sin precedente en las elecciones presidenciales anteriores.

Las causales que establece el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para hacer el recuento de los votos en las casillas, están establecidas en el artículo 295, inciso D, el cual establece que el Consejo Distrital deberá realizar nuevamente el escrutinio y cómputo cuando:

I.– Existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos de las actas, salvo que puedan corregirse o aclararse con otros elementos a satisfacción plena de quien lo haya solicitado.
II.– El número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en el primero y segundo lugar de la votación.
III.– Todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo partido.

No se establece que deban abrirse los paquetes y volverse a contar por la insatisfacción de alguno de los candidatos. Esto fue aprobado por todos los partidos, por lo que lo conocen perfectamente y no deben pedir lo que la ley no permite.

En cumplimiento a estos señalamientos legales se hizo el cómputo y este arrojó casi las mismas cifras que las establecidas en el PREP y el conteo rápido.

Para anular una elección solo existen como causales el que no se instale el 20% de las casillas; que en el 25% de las mismas existan inconformidades que no puedan corregirse o que el candidato sea inelegible, esto es que no reuna los requisitos establecidos en la Constitución.

La otra forma de impugnación es solicitar la invalidez por no haberse cumplido lo establecido en el artículo 41 de la Constitución: que las elecciones sean libres, auténticas y periódicas, una causal subjetiva y por muy difícil de probar.

En las discusiones para aprobar el COFIPE, los partidos políticos excluyeron la compra de votos y el rebase de los topes de campaña como causales de nulidad.

En cuanto a la compra de votos, debemos establecer qué significa esta denominación. Puede ser cuando se ofrece dinero a cambio de un voto y se montan estrategias para comprobar que se ha efectuado, o cuando se dan regalos, se prometen beneficios sociales, se dan conciertos masivos gratuitos, se reparten “oportunidades” para captar la gratitud a la que los mexicanos por razones culturales somos proclives. Es casi imposible probar que el regalo, el que el candidato de las izquierdas les dijo a los ciudadanos que recibieran pero que votaran por su opción, influyó de manera determinante en la intención del voto. Las sanciones para los que cayeron en estas conductas son sanciones económicas, pero no la nulidad de la elección.

En el caso del juicio promovido por el Movimiento Progresista contra la elección presidencial, el Instituto Federal Electoral considera que no se actualiza ninguno de los supuestos de nulidad para esos comicios; tampoco se acreditan los supuestos de invalidez por la presunta compra y coacción del voto. Considera que un presunto rebase de topes de campaña no anula la elección y éste aún no se ha acreditado, ya que será hasta el mes de enero de 2013 cuando la Unidad de Fiscalización del Instituto cuente con elementos para determinar si lo hubo o no. Los presidentes del PAN y del PRD, le han solicitado que la resolución se dé antes de que se califique la elección, que tiene como término el 6 de septiembre próximo. Ya le contestaron que las instituciones están blindadas a las presiones políticas y que actuarán conforme lo establece la ley, que tiene términos procesales para garantizar los derechos de todos los implicados y que ya se adelantó de junio a enero del próximo año. En la misma conferencia los dirigentes acusaron al PRI de haber recurrido a financiar la campaña con dinero ilegal, lo que motivó que se presentara ante la PGR una denuncia por calumnia y difamación. En el caso de los señalamientos para Miguel Ángel Osorio Chon y sus hermanos, el periódico Reporte Índigo, ha publicado que las pruebas que presentó era cuentas bancarias inexistentes y pidió una disculpa a los falsamente acusados por lo que consideramos que deberá tenerse mucho cuidado porque atacar sin pruebas es un delito, no importa que los señalamientos sólo sean para fines políticos o mediáticos.

También manifiesta que “suponiendo sin conceder que las 6 mil 294 probanzas presentadas por la coalición acreditaran una forma de presión al electorado, no evidencian que dicha circunstancia haya sido determinante en el resultado de la votación, puesto que la diferencia entre la votación registrada es de 3 millones 329 mil 785 votos (a favor de Enrique Peña Nieto), por lo que no puede tenerse por acreditado para la actualización de la causal de nulidad”

Considera asimismo que tampoco se da la determinancia cualitativa; es decir, que la presunta compra y coacción por la relevancia en la magnitud de su realización así como su gravedad, pudiera haber afectado la voluntad de los electores.
En su extensa argumentación el organismo electoral desvirtúa cada uno de los agravios que esgrime el Movimiento Progresista. En cuanto se presentan juicios ante un tribunal, la única manera de cambiar los resultados de una determinación o sentencia es con pruebas jurídicas y parece que en este caso se recurrió a los reportajes, artículos periodísticos nacionales e internacionales, las señalamientos en las redes, la presentación de objetos publicitarios, el señalamiento del programa de Orson Wells, sobre la llegada de extraterrestres para fundamentar la influencia de los medios en las conductas y una serie de inconformidades personales.

El presidente del PRD ha manifestado su enojo por este informe del IFE y considera que se mete donde no lo llaman y hace una argumentación favorable al PRI, pero parece que desconoce que es obligación del Instituto Electoral presentar un informe circunstanciado de lo que jurídicamente considere conducente, para ser analizado por el Tribunal Electoral.

También han presentado pruebas como terceros interesados el Partido Revolucionario Institucional y Televisa en lo que se refiere a la parcialidad de su medio y los está estudiando el Tribunal Electoral.

Los partidos políticos y los grupos de presión han estado amenazando, seguramente para ver que es lo que pueden obtener por su apoyo, con que no permitirán la toma de posesión de Peña Nieto, pero en la Reforma Política, artículo 87 de la Constitución, se prevé que el Presidente electo rinda protesta ante el Congreso General pero: “Si ello no fuera posible por causas de fuerza mayor, el Presidente de la República electo podrá rendir la protesta ante los integrantes de las mesas directivas de ambas Cámaras, en el propio recinto de San Lázaro o en un lugar diferente y si eso tampoco fuera posible entonces como última opción se prevé que pueda rendir protesta ante el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.”

Cualesquiera que sea el resultado de la calificación de la elección presidencial, se prevé un escenario de difícil gobernabilidad, ya que por una parte en el Congreso se opondrán a todas las iniciativas del ejecutivo para evitar que tenga logros pues estos llevarían al PRI a repetir en el Ejecutivo, y por otra parte las descalificaciones de los partidos y candidatos perdedores han causado un desprestigio del Presidente electo, que le hará muy difícil revertir y convencer a la sociedad de la legitimidad de su triunfo. Esto llevará a que México siga viviendo en el atraso, el desempleo y la violencia.



alvarezenriqueta@hotmail.com



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