Rafael Moreno Valle y la libertad de expresión Por Manola Álvarez Sepúlveda
Desde su campaña para obtener la gubernatura, Rafael Moreno Valle Rosas se enfrentó con la prensa local. Una vez en el poder se recrudeció esa mala relación. En ese inicio se perfiló lo que habría de ocurrir en los meses siguientes. El gobernador dijo a sus colaboradores: si ganamos las elecciones teniendo a los periodistas en contra, quiere decir que no los necesitamos para gobernar.

Pero no sólo fue el distanciamiento. También puso en práctica una de las primeras acciones para amedrentar a los comunicadores críticos: envió al Congreso del Estado la iniciativa para abolir los delitos de difamación y calumnia y modificar el concepto de daño moral en el Código Civil. Fue aprobada inmediatamente como todas las iniciativas que envía y se estableció así una sanción pecuniaria (hasta 170 mil pesos) a los periodistas que cometan esa “falta”.

Se omitió el ridículo criterio de que comete daño moral el que ataque los sentimientos o los secretos de otro.
Sin embargo, prevalecieron conceptos subjetivos que dejan al criterio de un juez “a modo” su interpretación y aplicación.

Por ejemplo: comete la infracción el que con su escrito afecte a una persona en sus creencias, honor, decoro, prestigio o reputación, en sus aspectos físicos, vida privada, libertad o la consideración que de sí misma tienen los demás y cualquier aspecto de su privacidad.

Esta reforma es violatoria de la libertad de expresión garantizada por el estado, establecida en los artículos sexto y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público. Así como la inviolabilidad de la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia y la garantía de que ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública.

Moreno Valle argumentó que el objetivo de esta reforma fue que no se vuelva a presentar un caso como el de Lydia Cacho. Empero, ese brutal error que terminó con la carrera política de Mario Marín, no se debió a la existencia de los delitos de difamación y calumnia, sino al uso arbitrario de los medios legales para aprehender, torturar y darle un “escarmiento” a la periodista que se atrevió a molestar a un empresario influyente y amigo del gobernador, lo que podría repetirse en cualquier momento, con delitos o sin ellos.

Lo paradójico es que la referida reforma de Moreno Valle, misma que incluye satisfacer las solicitudes de algunos funcionarios o empresarios indignados contra los columnistas que los han acusado de diversos ilícitos, no sirvió mas que para unificar a los periodistas en su contra. Además dejó abierta la puerta a quienes sean demandados por daño moral para que soliciten la protección de la justicia federal, recurso de amparo que debido a la inconstitucionalidad de la reforma seguramente ganarán.

Salta a la vista pues, que la intención del gobernador fue presionar a los dueños de los medios de comunicación. Los amenaza con quitarles la publicidad oficial por ejemplo (que por cierto se paga con nuestros impuestos), para hacer que los periodistas, columnistas, articulistas y editorialistas críticos dejen de publicar opiniones que lo molesten o alteren su estado de ánimo.

Después de esta reforma, se publicó en el Diario Oficial un decreto por el cual se le otorgan facultades a la Dirección general de Comunicación Social del Ejecutivo estatal, para que ésta inicie las demandas en contra de los periodistas que incurran en daño moral al gobierno del Estado o a cualesquiera de los funcionarios de la administración estatal. Nombró al frente de ella a un abogado y no, como se acostumbra, a un comunicador con sensibilidad para poder dialogar con los periodistas.

El honor, la privacidad y la imagen son derechos personalísimos que al ser afectados sólo pueden ser demandados por el titular de los mismos. Quien proceda tendrá que usar dinero de su peculio, no recursos públicos. Se trata de una acción particular que no acepta la intervención de un tercero representante del gobierno. De ahí que este decreto también sea contrario a la Constitución.

Por otra parte para fundamentar que se ha infringido un daño moral a una persona, es necesario primero demostrar que el “afectado” goza de prestigio social, quien carece de éste no puede alegar que se le ha lesionado. Una muestra: sería necesario hacer una encuesta sobre la calificación social del gobernador y repetirla después de la publicación del artículo para ver si disminuyó. A continuación comprobar que lo publicado le causó el daño así como las consecuencias que tuvo, datos necesarios para poder cuantificarlas y obligar al comunicador a indemnizar al “ofendido”.

En días pasados el ex “vocero” del gobierno Sergio Ramírez Robles presentó a nombre de los funcionarios del poder Ejecutivo de Puebla, dos demandas por daño moral contra Fabián Gómez Hernández, director del portal Contraparte Informativa, y Adrian Ruiz, columnista del periódico El Heraldo de Puebla. También trascendió que tenía preparadas otras 17 demandas contra los periodistas críticos.

Fue tal el desprestigio que se dio a nivel nacional, que se pactó retirar las acusaciones a cambio de que prometan que se asegurarán de que sus fuentes sean confiables, antes de publicar una información.

El grupo parlamentario local del PAN presentó una iniciativa de Ley que regula la Comunicación Gubernamental del Estado, la que considera sanciones tanto para las autoridades como para los medios de comunicación (multa que va de los 500 a los 2 mil días de salario mínimo vigente en el estado por proporcionar información falsa).

El proyecto de ley sugiere integrar un Padrón Estatal de Medios de Comunicación que contendrá la razón social, denominación comercial, nombre del director del medio, representante legal, características del medio, cobertura, circulación, periodicidad, tarifas, entre otros. Deberán comunicar cualquier modificación y la Secretaría General de Gobierno y esta fijará y determinará la forma de aplicar los procesos sancionadores a los medios.

Según los diputados panistas este proyecto legislativo busca transparentar el gasto publicitario de los gobiernos y reglamentar la asignación y contratación de contenidos en medios de comunicación. Si se trata de condicionar el contenido de un medio de comunicación a la obtención de publicidad gubernamental, solo será una forma más de violar la libertad de expresión.

El proyecto de Rafael Moreno Valle, es como todos lo saben, llegar a la Presidencia de la República en el 2018 como candidato de Acción Nacional. Para ello ha estado trabajando desde el primer día de su encargo. En un principio privilegió a las televisoras Televisa y TV Azteca. Por ello a la primera le donó un terreno y dinero para la creación del CRIT, fue anfitrión de Espacio 2011, asistió al programa del chef Oropeza donde compartió la receta de su abuela del mole poblano, y trajo una semana a Puebla el programa Hoy. Al tomar en cuenta el costo por minuto de publicidad en los medios electrónicos veremos el gasto millonario que fue erogado por el erario público para la promoción personal.

Después del ataque de López Obrador a Peña Nieto por haber sido apoyado por las televisoras, Moreno Valle tendrá que cambiar su actitud y apoyarse en los medios locales, para de ahí trascender a nivel nacional.

El periódico El Universal, publicó el 29 de noviembre: “Duro juicio se derivó la mañana de ayer sobre el gobierno del aliancista Rafael Moreno Valle, en Puebla. Un foro auspiciado por las principales casas académicas del estado (BUAP, Tecnológico e Iberoamericana), a solicitud de periodistas locales, derivó en fuertes denuncias de acoso oficial sobre medios y comunicadores por parte de la administración estatal. Al encuentro acudieron representantes de organismos como la ONU, funcionarios federales, agrupaciones internacionales de defensa de periodistas, además de reporteros, directivos de medios y estudiantes. En el auditorio hubo líderes del PRI y el PAN en el estado, entre otros. Sería difícil encontrar hoy a un mandatario estatal con tal nivel de encono ante medios de su comunidad.”

Después de escuchar el discurso de toma de posesión de Peña Nieto, sus prioridades y su intención de acercarse a los medios de comunicación, probablemente cambie Rafael Moreno Valle su esquema de gobierno.

alvarezenriqueta@hotmail.com




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