Constitución y los tratados Internacionales Por Manola Álvarez Sepúlveda
La reforma al nuevo texto del artículo primero de nuestra Constitución ha despertado una polémica entre los defensores a ultranza de los derechos humanos y los conocedores de nuestra historia y por ende, convencidos de que la Carta Magna debe estar por encima de los tratados internacionales que sostengan principios contrarios a su esencia.

En este último sentido, el presidente de la Cámara de diputados, el priista Francisco Arroyo Vieyra, presentó una iniciativa de reforma al mencionado artículo, pero como las organizaciones defensoras de los derechos humanos le echaron montón al parecer se asustó: dijo que no movería un dedo para que se aprobara, aunque no la retiraría.

¿Cuál fue el espíritu del constituyente al establecer en el artículo primero que en los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga la Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece?
El diputado Constituyente de 1917, José Álvarez y Álvarez de la Cadena, en su libro “Justicia Social Anhelo de México”, recientemente publicado por el Senado y la BUAP, nos responde esta interrogante:

“Nosotros pensamos que en lugar de legislar conforme a las reglas de determinada escuela jurídica, deberíamos sujetarnos a las muy especiales condiciones de la población que representábamos. Optamos por una forma de tipo socialista en la que primero que cualquier otra idea se tomara en cuenta el beneficio social, y a fin de lograr el mayor provecho para la colectividad se restringiera en la Constitución hasta donde fuera preciso, los derechos individuales de propiedad, culto religioso, de enseñanza, etcétera.”

“De esta forma la Constitución de México se adelantó a todas las del mundo. Fue la primera que legalizó esos derechos sociales y sin dejar de considerar prioritariamente las garantías individuales que la Revolución francesa conquistó para el mundo, estableció un nuevo derecho constitucional fundándose en el principio de que por encima de las prerrogativas del individuo, la ley debe garantizar las de la sociedad.”

Contrario a este concepto de los constituyentes, Felipe Calderón presentó una iniciativa de reforma al artículo primero estableciendo que los individuos gozan de los derechos humanos “reconocidos” que no otorgados, en la Constitución y en los tratados internacionales. Logró que el Congreso la aprobara y así puso en el mismo nivel a la Constitución y a los Tratados Internacionales.

¿Cuál fue su interés en este cambio? Específicamente hacer prevalecer al Pacto de San José sobre Derechos Humanos, que señala que se debe proteger  la vida desde el momento de la concepción, concepto sostenido por los panistas, lo que pondría un candado a la despenalización del aborto que ya existe en la legislación del Distrito Federal.

Existen diversas situaciones que entrarían en controversia con los tratados internacionales como, por ejemplo, el impedimento a los ministros de los cultos para ser votados a puestos de elección popular, o las modalidades que dicta el interés público al derecho de propiedad que para algunos tratados internacionales es intocable y va del subsuelo al espacio aéreo, o la prohibición a que en las escuelas públicas se enseñe alguna religión. Estas situaciones son fáciles de entender si se conoce nuestra historia y las razones que llevaron a los legisladores de 1917 a establecer esas limitaciones.

En los meses electorales vimos que se estaba pidiendo amparo en algunas entidades para evitar contender a un alcalde que había solicitado licencia para postularse a otro cargo de elección popular. Se le obligaría a terminar su mandato. En Puebla se interpuso para cancelar la licencia del diputado local Jesús Morales, quien resultó electo diputado federal. El fundamento fue lo establecido en un Tratado Internacional.

El artículo 105 constitucional establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución.

En los casos planteados hasta el momento, el dictamen del supremo Tribunal de Justicia, ha sido en el sentido de privilegiar a la Constitución sobre lo establecido en los tratados internacionales.

Así que considero que sería conveniente aprobar la reforma presentada por el presidente de la Cámara de Diputados y que la Carta Magna establezca que en caso de controversia entre un tratado Internacional y la Constitución, ésta deberá prevalecer sobre el otro. La supremacía de la Constitución. Las razones son las que nos manifiesta el constituyente José Álvarez en su libro mencionado, mismas que forman parte de nuestra idiosincrasia que incluye el anhelo de justicia social.

 En el artículo 27 de la Constitución se establece que corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o sustancias que constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos; el espacio situado sobre el territorio nacional, en la extensión y términos que fije el Derecho Internacional. 

Con base en los conceptos anteriores  la nueva ley de Amparo establece que no se otorgará la suspensión provisional a los concesionarios en caso de que soliciten el Amparo de la Justicia Federal. Esto se debe a que los empresarios se han comportado como si fuesen dueños de esos bienes y, cuando se produce una resolución que los afecta, recurren a los tribunales y obtienen suspensiones que llevan los juicios que alargan con la intención de que el Estado no pueda hacer cumplir sus resoluciones.

Siguiendo el espíritu del constituyente de 1917, antes de los intereses de unos pocos está el beneficio colectivo. Los bienes de la Nación son de todos y por ello deben ser para beneficio colectivo. El error fue que se otorgó el mismo rango al concesionario que a los dueños y estos lo vieron como un negocio propio y muchos de ellos trabajan por años con la suspensión otorgada por un juez de distrito, van desde un taxista, un antro, una estación de radio o televisión, una empresa telefónica o un casino.

La supresión de la suspensión provisional no deja en la indefensión a los concesionarios, ya que pueden solicitar el Amparo y si al entrar al análisis de fondo se encuentra que tienen razón en sus agravios contra la autoridad, se le concederá la protección de la Justicia Federal.

Nuestro sistema Constitucional es “sui generis”, protege los derechos individuales pero privilegia los sociales en beneficio de la colectividad, lo que se conoce como Justicia Social.

alvarezenriqueta@hotmail.com




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