El chantaje del PAN Por Manola Álvarez Sepúlveda
Todos saben que los programas sociales se usan para obtener clientela electoral. Es una costumbre que lleva muchos años poniéndose en práctica. Todos los partidos en el poder lo han hecho.

Por ello resulta ingenuo y ridículo ver a Gustavo Madero indignado porque los delegados federales de Sedesol sean priistas con experiencia electoral. Desde que luego el PAN manipuló durante los 12 años en que tuvieron la Presidencia de la República los programas sociales, tanto que su candidata fue titular de la Secretaría de Desarrollo Social. Y siguen haciéndolo en las administraciones de los gobiernos locales y municipales en los que son gobierno, solo habría que darse una vuelta por Puebla.

Y qué decir del PRD. Ahí están los programas de la tercera edad y de solidaridad utilizados como la base de todos sus mítines. Incluso la misma Rosario Robles declaró que Andrés Manuel López Obrador le solicitó despensas para su campaña cuando ella era la Jefa de Gobierno del Distrito Federal.
Y es de todos conocido que la estructura electoral que tenía el PRI en esa entidad, la heredaron y la siguen aprovechando.

Esto independientemente de que su utilización sea contraria a la ley, ya que se ha injertado en letras pequeñas o en una voz rápida que no se entiende, que los programas son ajenos a cualquier partido político.

En el caso de Veracruz la soberbia o la incapacidad permitieron que se infiltraran enemigos políticos y que se grabaran las reuniones de estrategias electorales. Este error ya le costó el cargo al secretario de Finanzas y habrá que ver si los diputados priistas pueden parar los juicios políticos a rosario Robles y a Javier Duarte.

Ante estas evidencias constreñidas por falta de espacio cabe preguntar: ¿Y entonces qué persigue Gustavo Madero con su escándalo por haber descubierto que los funcionarios de Sedesol y los funcionarios del gobierno de Veracruz estaban planeando cómo usar los programas sociales en las próximas elecciones locales?

¿Por qué siendo Madero presidente de un partido que firmó el Pacto por México, en lugar de entrevistarse con el presidente Peña Nieto y exponerle los hechos para solicitar la rectificación, sale a pedir la cabeza de Rosario Robles y de Javier Duarte y a amenazar con retirarse del Pacto si no le obsequian esas testas?

Tanto el presidente del PAN como el del PRD se encontraban muy vapuleados al interior de sus partidos. Cada día perdían poder y se les iba de las manos el control de sus militantes. Por ello aprovecharon el interés de Peña Nieto en la permanencia del Pacto por México para posicionarse como opositores a las políticas del ejecutivo y obtener el compromiso de que se blindarían los programas sociales y se respetaría la ley electoral. Ambos terminan su gestión en el 2014 y seguramente sus remplazos harán campaña atacando su cercanía con el ejecutivo y su participación en el Pacto.

Es obvio que se trata de un chantaje al Presidente; una amenaza basada en hacer fracasar el instrumento de acuerdos políticos que le ha dado tantos comentarios favorables en la prensa internacional.

¿A cambio de qué permanecerá el PAN en el pacto?

Abiertamente a cambio de los once compromisos para evitar la injerencia de funcionarios federales y estatales en las elecciones contenidos en el adendum que se firmó en días pasados en Palacio Nacional, por el Presidente y los tres representantes de los partidos políticos. Incluyendo su numerito de presentar una cartulina vacía porque la fotografía del acto en Coahuila se le atoró en la bolsa.

Pero allá en lo privado puede ser que tratara de obtener una concertacesión de la gubernatura de Baja California, ya que de perder esta posición estaría firmada la sentencia de muerte política de don Gustavo y podrían llegar a dirigir al PAN nada menos que Javier Lozano Alarcón o Margarita Zavala o la “Cocoa” Calderón, cualquiera de ellos apoyados por Ernesto Cordero y Rafael Moreno Valle, entre otros distinguidos calderonistas.

Otra de las inspiraciones de Madero podría ser usar su rebeldía para minimizar los dislates políticos de Felipe Calderón, por ejemplo: su actitud en contra de la soberanía de México y la impartición de justicia. En el primer caso se ha comprobado que abrió las puertas de nuestro país a los Estados Unidos para que entraran a investigar a sus anchas y fuertemente armados presuntas acciones de los narcotraficantes. La CIA y la DEA se disputan el haber entregado a Beltrán Leyva a la Marina. Se dice que fue la primera y por eso el atentado en Tres Marías contra dos de sus miembros.

Calderón también permitió que los “drones” (aviones sin tripulación) entraran a nuestro espacio aéreo, sin que el gobierno de Obama manifestara a qué venían o cuál fue la información obtenida. Esto violó flagrantemente nuestra soberanía. La secretaria de Relaciones Exteriores durante el mandato de Felipe, dijo en su comparecencia en el Senado que todo estaba bajo control. Y ahora vemos que no tenía idea de lo que pasaba o que al ocultarlo cometió un delito que, cuando menos, debería quedar inhabilitada para ejercer un cargo público.

En lo que se refiere a la procuración de justicia, el manejo fue vergonzoso. Esto porque se usó a la Procuraduría de Justicia para vengarse de los actores políticos que incomodaban a Calderón o a sus colaboradores. Contrató a más de 350 narcotraficantes como testigos protegidos y los usó para que declararan en contra de sus enemigos, sin siquiera buscar alguna prueba que corroborara su dicho. Su brazo ejecutor fue la procuradora Maricela Morales, de quien después de conocer su actitud en la persecución de los generales y miembros de esa misma institución, nos queda claro que lo único que hacía muy bien era maquillarse.

Tanto en la averiguación previa que llevó a la cárcel a Noé Ramírez Mandujano, ex subprocurador de la SIEDO, como en la del general Tomás Ángeles Dauahare, sólo se tomaron en cuenta los señalamientos del testigo protegido “Jeniffer” a pesar de que contenían acciones imposibles por razón de lugar y tiempo. Estas anomalías llevaron a los juzgadores a decretar su inmediata liberación en días pasados y, por estar en el mismo caso, seguramente en los próximos días saldrán de la cárcel los militares Roberto Dawe González, Rubén Pérez Ramírez, Silvio Isidoro Hernández Soto e Iván Reyna Muñoz.

Los militares que estaban a cargo de la Unidad Especializada en Delitos contra la salud, dependiente de la Procuraduría General de la República, fueron acusados de torturar y amenazar de muerte a quienes no declaraban en contra del general Tomás Ángeles Dauahare, ex subsecretario de la Defensa Nacional y participante en algún acto de Peña Nieto. (Queja 44767 ante la CNDH). Incluso uno de los generales que declaró en su contra acaba de declarar que lo amenazaron si no lo hacía con el repudio del general Galván, secretario de la Defensa Nacional, lo que costaría el fin de su carrera militar,

El ex titular de la SIEDO Cuitláhuac Martínez, expuso en la televisión toda la corrupción existente en la Procuraduría durante la gestión de Felipe Calderón y solicitó protección ya que había recibido amenazas de muerte para él y su familia.

La Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de Genaro García Luna, el protegido de Calderón, hizo un derroche inmobiliario millonario: 137 mil metros cuadrados de oficinas, cuyas dimensiones no justifican las necesidades de espacio que esa dependencia requería (de acuerdo con fuentes del Gobierno Federal) y que seguramente fueron producto de la corrupción de los funcionarios de esa dependencia.

En España, dentro del proceso que se sigue al yerno del Rey Juan Carlos, han salido a relucir los negocios que hizo con Felipe Calderón, algunos relacionados con la energía eólica. Habrá que estar pendientes de las revelaciones que se hagan dentro de ese juicio.

Ante esta asquerosa actuación de la administración panista, es entendible la desesperación de los dirigentes y legisladores por presionar al gobierno de Enrique Peña Nieto para que desista de seguir investigando y aplicando la ley a quienes resulten responsables.

Ello junto con los hechos de violencia que se han desatado en las entidades donde los maestros disidentes han provocado a la administración federal, retándola a que los reprima para después acusar al gobierno de represor. Y si en esa acción se da algún muerto, pues qué mejor para el proyecto político de esos grupos.

El recuerdo del movimiento de 1968, el problema de Atenco, las acusaciones del Movimiento #Yo soy 132, y las diatribas de Andrés Manuel López Obrador (extrañamente callado ahora), parece que han preocupado y por ende paralizado a Peña Nieto: su gobierno privilegia el dialogo sin tener en cuenta que la violación al estado de derecho sin consecuencias implica privilegiar la impunidad. Y cede espacios ante la oposición sin que esto sea necesario.

Hasta el momento parece que les ha funcionado el chantaje. Peña Nieto ha cedido a todas sus presiones y dentro del Pacto se han privilegiado las posiciones de los partidos perdedores. Cuando se discutan las iniciativas energética y fiscal seguramente presenciaremos otra indignación, por el motivo que sea, para obtener más concesiones. Sería conveniente tomar en cuenta como lo han dicho algunos diputados y senadores priistas, que las reformas que benefician a México, pueden darse con el pacto o sin él.

Así que...

alvarezenriqueta@hotmail.com




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