Gobernadores contra el Estado Laico Por Manola Álvarez Sepúlveda
En los últimos meses varios gobernantes han decidido entregar sus estados y municipios a Dios y a Jesucristo. Unos del PAN y otros del PRI, sin distinción. No sólo consagraron las entidades que gobiernan a las deidades religiosas, sino que les cedieron su autoridad obtenida en las urnas.

Ante los inmensos problemas que enfrentan las entidades federativas de nuestro país, en lugar de buscar formas inteligentes de resolverlos, se ha generado una cómoda solicitud de protección sobrenatural y los gobernantes consagran las ciudades y estados al Creador en actos de fervor masivo encabezados por ellos.

No reparan en que estos actos de culto público violan flagrantemente la Constitución.

Ejemplos de esta actitud contraria a nuestras leyes y nuestra historia son los casos de los mandatarios de Chihuahua y Veracruz así como los alcaldes de Ensenada, Baja California, de Guadalupe y de Benito Juárez (que ironía) de Nuevo León.
El gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, asistió con su familia a la ceremonia de consagración del estado de Veracruz al Sagrado Corazón de María y al de Jesús, rito encabezado por el obispo Luis Felipe Gallardo Martín del Campo en la catedral de la Asunción de ese Estado. Javier Duarte declaró que lo hacía en cumplimiento a sus derechos constitucionales como ciudadano. Es obvio que se olvidó del artículo 40 de la Constitución, mismo que establece la laicidad del estado mexicano. También pasó por alto la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, la cual en su artículo 25 establece que los funcionarios no pueden asistir a actos de culto público. Menos aún cuando se trata de consagrar al estado que gobierna a una religión a sabiendas de que su obligación constitucional es preservar los derechos de libertad religiosa para todos los ciudadanos con el derecho de profesar cualquier religión o ninguna. Después de todo, cualquiera puede creer lo que le venga en gana, siempre y cuando aquello que se cree no interfiera con su ejercicio del poder, si se trata de un funcionario público.

De igual manera violó el artículo 29 de la mencionada Ley que establece que nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de la libertad religiosa con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política cuando el 19 de abril del presente año respaldó el exhorto del Obispo a la unidad y al rescate de valores en la situación difícil por la que atraviesa el mundo, espaldarazo ocurrido después de reunirse con él a puerta cerrada, precisamente antes de la ceremonia religiosa.

Por su parte, el gobernador de Chihuahua (20 de abril 2013) manifestó en ceremonia pública: “Yo, Cesar Duarte Jáquez, por este medio me consagro a mí mismo, a mi familia, a mi servicio público en la sociedad; y pido al Sagrado Corazón de Jesús que acepte mi consagración, que me ayude a la intercesión del inmaculado Corazón de María. Le entrego a Dios y a su digna voluntad todo lo que somos, todo lo que tenemos en el estado de Chihuahua”. ¿En donde soportará las facultades para tal entrega?

También pidió perdón a Dios por todo lo sucedido en el pasado en esa entidad, frente a una inmensa imagen de la virgen de Guadalupe en el auditorio de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

El caso más controvertido y publicitado ha sido el de Margarita Arellanes Cervantes, alcaldesa panista de Monterrey, Nuevo León: en un acto de cristianos organizado por la Alianza de Pastores, el 8 de junio del año que corre, ella le abrió las puertas de Monterrey a Dios y lo entregó explícitamente a Jesucristo para que su reino sea establecido como la máxima autoridad en Monterrey, igual que como lo había declarado el priista Cesar Garza, alcalde de Guadalupe, Nuevo León, el 8 de diciembre del año pasado.

Por su parte el gobernador perredista del estado de Morelos Graco Ramírez Garrido asistió en compañía de su esposa a la misa que se celebró en la catedral de Cuernavaca para celebrar la unción del Obispo Ramón Castro y muy orgulloso lo compartió inmediatamente por las redes.

Esto que parece la réplica actual de un acto sacramental del Medioevo, una práctica de exorcismo para alejar a la plaga de los narcotraficantes y la violencia sin necesidad de poner en operación estrategias exitosas de combate, ha sucedido en nuestros días auspiciado por gobernantes que protestaron cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen.

Los funcionarios mencionados saben que el artículo 24 de nuestra Carta Magna garantiza a cada uno de los mexicanos la libertad de profesar la creencia religiosa que más le agrade, y al entregar el estado o la ciudad a una figura religiosa, Jesucristo, además de violar la Constitución que establece el estado laico, contradice el principio de tolerancia y respeto a todas las creencias religiosas que sin duda profesan los miembros de la sociedad plural de sus estados y municipios. ¿Los judíos, musulmanes, budistas o ateos estarán de acuerdo con que las entidades que habitan pertenezcan a un símbolo del cristianismo? O los católicos si la figura fuera de otra religión?

Para evitar estas confrontaciones religiosas que han llevado al mundo a enfrentamientos bélicos, nuestros constituyentes de 1917 desconocieron toda personalidad jurídica a las entidades religiosas denominadas iglesias. La intención: alejarlas de la intervención en el ámbito político, respetando el derecho de cada ser humano de profesar o no la religión que mejor le parezca.

En 1992 Carlos Salinas logró la modificación constitucional para otorgarles la personalidad jurídica después de su registro y cumplir con los requisitos que la Ley les exija.

El comportamiento chabacano de algunos gobernantes de diversos partidos, podría ser una de las consecuencias de las reformas al artículo 24 constitucional relativas a las religiones, modificación que acaba de ser promulgada. Según los especialistas, este artículo se reformó por un acuerdo entre la jerarquía católica (el presiente de la CEM, José Luis Soberanes) con el entonces precandidato Enrique Peña Nieto, pacto avalado por Felipe Calderón y las huestes panistas e impulsado por la visita de Benedicto XVI.

La jerarquía católica y la derecha quedaron inconformes con el resultado final, no solo porque se incorporaron libertades no religiosas, como las éticas y de conciencia, que podrían ser la base para el derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo, sino porque se frustró la intención de introducir de manera directa la educación religiosa en escuelas públicas, vía los padres de familia, tal y como se apuntaba en el proyecto original.

El Estado laico es pues un instrumento de convivencia pacífica y armónica en una sociedad diversa. La laicidad garantiza la democracia de un país que debe proteger sobre todo a sus minorías y hacer respetar los derechos humanos de los ciudadanos, sin distingo alguno de credo ni de condición. Este concepto ha sido puesto en riesgo por la actitud irresponsable, populista y anticonstitucional de los gobernadores y munícipes que han aprovechado los actos religiosos para legitimarse y lograr el perdón a su incapacidad.

Es indispensable que la Secretaría de Gobernación, específicamente la Subsecretaria a cargo de Paloma Guillen, tome cartas en el asunto y sancione a los funcionarios que están violando nuestra Constitución. De lo contrario se estará violentando el Estado de derecho que debe prevalecer, antes que cualquier actitud demagógica.

alvarezenriqueta@hotmail.com




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