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Te presentamos un resumen de las noticias más importantes de la semana

Noticias de la semana

Del 17 al 23 de noviembre de 2025

Trump advierte que podría autorizar ataques militares contra cárteles en México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de operaciones militares contra cárteles de la droga en territorio mexicano para frenar el flujo de estupefacientes hacia su país. En una conferencia reciente en la Casa Blanca, señaló que estaría dispuesto a actuar “si es necesario” para detener las drogas, e incluso afirmó que se sentiría “orgulloso” de realizar ataques, aunque no aseguró que los llevaría a cabo.

Trump también ha implicado que conocería las rutas de narcotráfico y que mantiene comunicación con las autoridades mexicanas sobre su postura. Sin embargo, ha sido vago al responder si pediría permiso al gobierno mexicano o al Congreso para lanzar una intervención militar.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó formalmente cualquier intervención estadounidense en suelo mexicano. Aseguró que existe un acuerdo bilateral de coordinación que respeta la soberanía nacional y que la cooperación debe darse “sin subordinación”. Además, dijo que ha rechazado propuestas de envío de tropas estadounidenses.

A pesar de las amenazas verbales, un alto funcionario del Pentágono aclaró que, bajo el marco legal actual, las fuerzas estadounidenses no tienen autoridad para realizar ataques de drones contra los cárteles en México.

Este cruce de posturas deja en evidencia una tensión creciente entre la retórica de Trump y el límite de la acción real, así como la firme defensa de la soberanía mexicana por parte del gobierno de Sheinbaum.

Acusan detenciones arbitrarias tras marcha de la “Generación Z” en México

Durante las manifestaciones del pasado 15 de noviembre, que involucraron a jóvenes bajo la consigna de la “Generación Z” y se extendieron a varias ciudades del país, se registraron numerosas denuncias por abusos policiales y presuntas detenciones arbitrarias.

En Guadalajara, familiares y organizaciones civiles, como el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), reportaron uso excesivo de la fuerza, tratos crueles y detenciones indiscriminadas, incluso después de que concluyeron las movilizaciones. Testimonios apuntan a que personas fueron arrestadas aleatoriamente, sin pruebas claras de participación en actos violentos.

En la Ciudad de México, se informó que al menos 19 personas fueron detenidas, algunas por delitos graves como tentativa de homicidio, según la fiscalía capitalina. Además, organizaciones defensores de derechos humanos exigen que se investigue la actuación policial, pues siete policías fueron suspendidos por presunta agresión a manifestantes y periodistas.

En cuanto a la dimensión judicial, ya cinco personas han sido vinculadas a proceso y otras enfrentan medidas cautelares; algunos abogados defienden que las imputaciones carecen de sustento claro y podrían ser parte de una criminalización del activismo juvenil.

Estas denuncias ponen en evidencia una tensión profunda entre el derecho a la protesta social y el uso de la fuerza por parte de las autoridades. El hecho de que se aleguen detenciones arbitrarias y violaciones a derechos procesales eleva la marcha de la Generación Z más allá de un simple estallido de indignación juvenil: se perfila como un momento de crisis institucional.

Por un lado, las autoridades argumentan que los arrestos fueron legales y motivados por delitos concretos, pero la versión oficial choca con los testimonios de familias y defensores de derechos humanos que denuncian un patrón de represión.
Por otro, suspender policías por abuso es un paso positivo, pero no basta si no hay compromiso real de reformar los protocolos de contención en protestas.
Además, la protesta de la Generación Z parece reflejar un desencanto no solo con la inseguridad, sino con la corrupción y la falta de oportunidades, lo que podría señalar una brecha creciente entre la juventud y las instituciones políticas.

Si no se atiende con transparencia y responsabilidad, el manejo de estas detenciones podría profundizar el malestar social y dar más fuerza a un movimiento que, hasta ahora, ha desbordado los marcos tradicionales de la política.

Sheinbaum condena la violencia en la marcha de la “Generación Z” y cuestiona su legitimidad

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció públicamente sobre la movilización del 15 de noviembre conocida como la marcha de la “Generación Z”. En varios comunicados y conferencias matutinas ha condenado los actos violentos registrados durante la protesta, afirmando: “no a la violencia”.

Sheinbaum pidió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que investigue a los grupos que participaron en los enfrentamientos, pues denunció que había “un grupo muy violento que se fue contra la Policía”. Según su versión, el objetivo de esos participantes no era simplemente manifestarse: aseguró que algunos llegaron “preparados” con ganzúas, martillos o equipos para derribar vallas, lo que, dijo, apunta a una intención de generar confrontación más que de dialogar.

Además, Sheinbaum cuestionó la composición real de los manifestantes. Señaló que “muy pocos jóvenes” eran en realidad de la Generación Z, y afirmó que se vieron muchas caras conocidas de movimientos de oposición —incluyendo figuras políticas y de la llamada “Marea Rosa”— lo que, según ella, sugiere que la convocatoria no fue espontánea ni genuinamente juvenil.

También criticó la forma en que se organizó la marcha en redes sociales. Aseguró que muchas cuentas que convocaban eran bots o estaban respaldadas por inteligencia artificial, especialmente en plataformas como TikTok, y apuntó que hubo “impulso” financiero por parte de fuerzas políticas opositoras.

Aun así, Sheinbaum insistió en que su gobierno no reprimirá a los jóvenes de forma arbitraria: “En México no se reprime a los jóvenes”, dijo, y agregó que es importante escucharlos dentro del marco legal.

La postura de Sheinbaum refleja una estrategia dual: condenar la violencia de la marcha para reforzar la imagen de un gobierno responsable, pero al mismo tiempo, deslegitimar la movilización al cuestionar su origen, financiamiento y carácter “auténticamente juvenil”. Esto plantea varias preocupaciones:

Desconfianza institucional: Al afirmar que muchos manifestantes no eran jóvenes e insinuar que la protesta fue “comprada”, Sheinbaum corre el riesgo de desestimar las demandas reales de una parte de la ciudadanía que sí quiere un cambio estructural y no solo un espectáculo mediático.
Narrativa de desinformación: Sus acusaciones sobre bots, IA y campañas políticas detrás de la marcha podrían reforzar la idea de que todo movimiento social está manipulado, lo que debilita la capacidad de movilización genuina de los jóvenes y contribuye a una atmósfera de polarización.
Tensión entre legitimidad y represión: Al pedir que se investiguen los grupos violentos, Sheinbaum parece defender el derecho a protestar, pero al mismo tiempo marca una línea muy firme contra quienes considera “provocadores”. Esto podría traducirse en un uso selectivo del poder que solo afecta a quienes no son previamente aceptados por el poder estable.

Armenta acusa a San Andrés Cholula de instigar violencia en la marcha del 15 de noviembre

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, señaló públicamente este 17 de noviembre que funcionarios del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, junto con miembros del PAN, se infiltraron en la marcha de la “Generación Z” del 15 de noviembre con una intención clara: desencadenar violencia. Según Armenta, hubo personas “incrustadas” que agredieron a otros manifestantes, incluso a un adulto mayor, para generar caos y responsabilizar al gobierno estatal de algún incidente grave.

El mandatario sostuvo que estos incidentes no fueron espontáneos, sino parte de un plan para “reventar” la movilización y fabricar un escenario donde la oposición culpara al Ejecutivo poblano por los daños. Armenta aseguró que ya se abrió una investigación por parte de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y llamó a la Fiscalía General a actuar con diligencia.

Por su parte, el Ayuntamiento de San Andrés Cholula, gobernado por Guadalupe Cuautle (PAN), emitió un comunicado en el que condena “todo acto de violencia” y rechaza las acusaciones. El municipio asegura que siempre ha promovido la libertad de expresión, la pluralidad y la tolerancia, y advirtió que no participó en una “provocación política” durante la marcha.

Además, diputados locales de Morena respaldaron las afirmaciones de Armenta y pidieron que se investigue si hubo financiamiento o apoyo partidista detrás de la marcha.

La acusación de Armenta trasciende una mera queja política: es una estrategia para enmarcar la marcha de la Generación Z como un acto planeado por la derecha para desestabilizar su gobierno.

Al apuntar a figuras específicas de San Andrés Cholula, no solo busca responsabilizar al PAN, sino también generar desconfianza sobre la autenticidad del movimiento juvenil.

Este discurso tiene implicaciones importantes:

Política partidista: Al vincular a un municipio panista con violencia deliberada, Armenta refuerza la narrativa de un enfrentamiento estructural entre Morena y sus opositores.
Legitimidad del movimiento juvenil: Acusar a “infiltrados” socava la autonomía de la Generación Z, sugiriendo que sus demandas no son genuinas, sino manipuladas por fuerzas políticas tradicionales.
Riesgo de polarización: Si las investigaciones no son transparentes o concluyentes, podría consolidarse una división más profunda entre ciudadanos jóvenes movilizados y estructuras del poder establecido.

En efecto, estas acusaciones no solo ponen en juego la reputación del PAN en Puebla, sino también la credibilidad del movimiento social que sostiene críticas legítimas al statu quo.

Incendian bar en Puebla: presunto cobro de piso deja cinco muertos

Un comando armado irrumpió en un bar nocturno en Puebla, identificado como La Coss, ubicado en la 11 Sur y 105 Poniente, y provocó un incendio que dejó al menos cinco personas muertas.

Según los primeros reportes, los agresores llegaron con armas de fuego, rociaron gasolina y prendieron fuego al establecimiento, bloqueando las salidas para evitar que las víctimas escaparan. Las víctimas son tres meseros y dos bailarinas, y se cree que murieron por intoxicación de monóxido de carbono.

Las autoridades locales manejan dos hipótesis como posibles móviles del ataque: cobro de piso (extorsión) y narcomenudeo. El secretario de Seguridad de Puebla, Francisco Sánchez, dijo que ya hay líneas de investigación abiertas para identificar a los responsables.

Sin embargo, el presidente municipal de Puebla, José “Pepe” Chedraui, descartó que haya evidencia clara hasta ahora sobre cobro de piso. Por su parte, la Fiscalía del estado mantiene la investigación y no ha cerrado ninguna hipótesis.

Este suceso no puede interpretarse como un simple incendio trágico: la posibilidad de que se trate de extorsión criminal —el famoso “cobro de piso”— coloca al ataque dentro de un patrón de violencia organizado donde los negocios nocturnos se convierten en objetivos estratégicos para grupos delictivos.

Si se confirma el cobro de piso como causa, este episodio exhibe de forma brutal cómo la inseguridad estructural en Puebla no solo amenaza la vida de los trabajadores, sino también la integridad de los empresarios y locales nocturnos. Además, la intervención de un comando armado y el método empleado (entrada violenta + gasolina + fuego) sugiere un nivel de impunidad y de poder criminal que va más allá de simples extorsiones recurrentes: es un acto de intimidación y control.

La negativa inicial de las autoridades municipales sobre la extorsión podría debilitar la confianza pública, si no se acompaña de una investigación profunda, transparente y con resultados contundentes. En un contexto así, la tragedia tiene implicaciones mucho más amplias: plantea preguntas sobre el colapso del Estado para proteger a sus ciudadanos y sobre la capacidad real de los cuerpos policiales para frenar el crimen organizado en Puebla.

Detienen a “El Licenciado”: presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo

Las autoridades mexicanas han capturado a Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, identificado como uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre durante el Festival de las Velas.

Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), “El Licenciado” desempeñaba un papel de mando en una célula criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Su captura derivó de un análisis de mensajes telefónicos, donde supuestamente daba instrucciones a los sicarios para planear el asesinato.
En el operativo para detenerlo se incautaron armas, dosis de droga y teléfonos celulares.
Actualmente, “El Licenciado” enfrenta cargos de homicidio calificado y lesiones calificadas, y fue trasladado al penal federal del Altiplano.
Además, siete escoltas del alcalde fueron arrestados por su probable participación por “homicidio calificado por omisión” en el hecho.

La detención de “El Licenciado” representa un avance significativo en la investigación del asesinato de Manzo, pero también abre varios frentes de reflexión:

Implicación del crimen organizado: Si se confirma su vínculo con el CJNG y su papel como autor intelectual, muestra cómo los carteles pueden ejercer un control tan profundo que planifican ataques incluso contra figuras públicas que se presentan como críticos del poder criminal.
Juventud instrumentalizada: El asesino material fue un menor de edad, lo que apunta a una estrategia de los grupos delictivos para reclutar jóvenes vulnerables para llevar a cabo actos de violencia, desconectándose de los efectos directos sobre sus operativos si algo sale mal.
Retos para la justicia: Aunque la captura de un cerebro criminal es importante, la complejidad del caso —con escoltas implicados, mandos altos y estructuras criminales— exige una investigación profunda y una estrategia judicial sólida. No basta con detener a un autor intelectual si el resto de la red no se desmantela.
Mensaje político: Este arresto podría leerse también como una señal del gobierno para reafirmar su compromiso con la seguridad, especialmente después de la indignación pública que provocó el asesinato de Manzo. Pero debe ir acompañado de resultados reales para no convertirse en una acción meramente simbólica.

Generación Z retoma las calles: marchan el 20 de noviembre y convocan otra para el 14 de diciembre

El colectivo Generación Z México ha convocó una nueva movilización para este jueves 20 de noviembre, después de la manifestación del 15 de noviembre. La marcha partióa las 11:00 h desde el Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo de la CDMX.

En su plataforma, el movimiento señaló que el objetivo es sostener la presión social y mantener vigente su demanda de seguridad, justicia, trabajo digno y un mejor acceso a servicios públicos.

Sin embargo, medios reportan que la convocatoria tuvo una menor convocatoria que la marcha anterior. Además, el colectivo reconoció que hubo “fallos en la organización” durante esta nueva jornada, lo que atribuyen a su estructura descentralizada.

Pero no es todo: Generación Z también ha anunciado ya una tercera marcha nacional, para el domingo 14 de diciembre. En su llamado, pidieron estar atentos a sus redes oficiales para conocer las rutas y horarios definitivos.

La convocatoria para el 20 de noviembre demuestra que el movimiento quiere sostener su narrativa más allá de un estallido puntual: no solo protesta por la inseguridad o la corrupción, sino que busca consolidar una presencia política constante.
Reconocer públicamente “errores de comunicación” al organizar la marcha refleja transparencia, pero también debilidad táctica: su estructura “descentralizada” puede dificultar la coordinación en movilizaciones masivas.
La tercera marcha, prevista para diciembre, podría ser clave para medir la capacidad real del colectivo de transformar el descontento juvenil en un actor político con demanda concreta, no solo simbólica.
Al mismo tiempo, la menor participación reportada en la marcha del 20 podría indicar que el impulso inicial se diluye o que el movimiento aún no ha encontrado una fórmula para movilizar de forma sostenida.

Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, revela en entrevista con Adela Micha que Sheinbaum expresó “remordimiento” por no haber recibido a su esposo

En una conversación con la periodista Adela Micha, Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y esposa del exedil Carlos Manzo, aseguró que la presidenta Claudia Sheinbaum admitió sentir culpa por no haber concedido una reunión con Manzo durante su vida.

Según Quiroz, al momento de su encuentro, Sheinbaum le dijo:

“Soy un ser humano … sí pasó por mi cabeza ese remordimiento de por qué no lo había recibido.”

Grecia explicó que originalmente intentó cancelar la reunión: estaba enojada, dolida y dudaba de la utilidad del encuentro.
También pidió a la presidenta que investigara a integrantes de su propio partido —Morena— por posibles vínculos con el asesinato de su esposo.
Según la entrevista, Sheinbaum prometió no encubrir a nadie, independientemente de su afiliación política.

El testimonio de Quiroz pone en evidencia varias tensiones políticas y morales relevantes:

Reconocimiento público de culpa: Que Sheinbaum confiese remordimiento puede ser un gesto humano, pero también una estrategia para amortiguar la presión política. No basta con palabras si no hay acciones concretas para esclarecer lo ocurrido.
Desconfianza en la investigación: Las demandas de Quiroz para que se investiguen a morenistas muestran que no cree que el proceso sea imparcial. Esto alimenta una narrativa de posible encubrimiento dentro del gobierno, lo que podría debilitar aún más la legitimidad de las instituciones.
Simbolismo político: La viuda de Manzo, ahora funcionaria pública, articula su discurso como un llamado moral y político: exige justicia, pero también habla a nombre de un legado que trasciende lo personal, posicionándose como una voz de resistencia.
Riesgo de un cierre superficial: Si la promesa de “no encubrir a nadie” se queda solo en palabras, podría consolidarse una sensación de impunidad. Para que el reclamo de Quiroz tenga peso real, se necesita una investigación transparente, independentemente de filias partidistas.

Miss Universo para México: el triunfo de Fátima Bosch llega con polémica

Fátima Bosch Fernández, de Tabasco, se coronó como Miss Universo 2025 en Bangkok, pero su victoria ha estado marcada por una serie de controversias que han puesto en duda la credibilidad del certamen.

Principales controversias

Insulto público por parte del director tailandés

Durante un evento previo al certamen, Nawat Itsaragrisil, director nacional de Miss Universo Tailandia, reprendió a Bosch por no cumplir con ciertos requisitos de promoción en redes sociales. En la transmisión en vivo, la habría llamado “tonta” (“dumbhead”), lo que provocó que Bosch se levantara y se retirara en señal de protesta.

Varias concursantes la acompañaron en el gesto, hubo un fuerte respaldo a su postura y el incidente generó una crisis de imagen para la organización.

Nawat se disculpó posteriormente, pero el episodio dejó un signo de interrogación sobre el trato a las participantes femeninas y los estándares de respeto.

Renuncia de jueces por supuesta falta de transparencia

Dos miembros del jurado abandonaron la competencia días antes de la final, alegando irregularidades en el proceso de selección. El juez Omar Harfouch denunció que existía un comité paralelo para elegir a las finalistas y que ya se sabía que Bosch sería la ganadora.

Según él, hay vínculos de negocio entre Raúl Rocha (copropietario de Miss Universo) y el padre de Bosch, lo que, según esas versiones, podría haber influido en el resultado.

La Miss Universe Organization negó estas acusaciones y defendió que su protocolo de puntuación es transparente y sigue las reglas establecidas.

Credibilidad en entredicho

En redes y medios, algunos usuarios han cuestionado si la victoria de Bosch no fue también una decisión de relaciones públicas o un gesto simbólico, más que un reconocimiento puramente meritocrático.

A pesar de estas críticas, su triunfo ha sido interpretado por muchos en México como algo más que un simple concurso: una reivindicación de su voz, su dignidad y su capacidad para alzar la voz ante injusticias.

La reacción fuerte de Bosch ante el insulto no solo transformó su narrativa dentro del certamen: la posicionó como una figura de empoderamiento, lo que ha resonado con mujeres que critican los estándares tradicionales de belleza.
Sin embargo, las acusaciones sobre un posible “arreglo” en las votaciones podrían empañar su triunfo. Si no se aclararan con transparencia, este escenario podría minar la legitimidad de su corona y reactivar la percepción de que los concursos de belleza son en parte espectáculo mediático o incluso negocio.
Además, este caso refleja una tensión estructural dentro de certámenes internacionales: la lucha entre la autenticidad (concursantes con voz, valores) y las dinámicas de poder detrás del escenario (organizadores, patrocinadores, redes de influencia).
En un momento en que los movimientos de género reclaman más libertad, este tipo de controversias pone en evidencia que incluso eventos celebratorios como Miss Universo no están exentos de debates más profundos sobre respeto, dignidad y equidad.

Niegan libertad anticipada a Javier Duarte: exgobernador deberá cumplir hasta abril de 2026

La jueza federal Ángela Zamorano Herrera rechazó la solicitud de libertad anticipada del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, quien cumple una condena de nueve años por asociación delictuosa, lavado de dinero y desvío de recursos públicos.

Zamorano determinó que Duarte no cumple con dos de los seis requisitos que exige la Ley Nacional de Ejecución Penal, entre ellos el más grave: tener un proceso penal pendiente.
El proceso que bloquea su salida anticipada es por desaparición forzada: la Fiscalía local sostiene que Duarte obstruyó una investigación sobre la desaparición del policía David Lara Cruz.
Otro apartado que falló en su favor fue acreditar cumplimiento con el “plan de actividades” dentro del Reclusorio Norte: no demostró haber realizado las actividades culturales, recreativas y deportivas exigidas.
La jueza concluyó que su petición es “infundada” y le ordenó permanecer 142 días más en el penal, hasta completar su condena en abril próximo.
La defensa, liderada por el abogado Pablo Campuzano, anunció que apelará el fallo.

La negativa a conceder la libertad anticipada a Duarte tiene un doble simbolismo: por un lado, reafirma que incluso personajes poderosos que han sido juzgados por corrupción no están exentos de rendir cuentas; por otro, recuerda que la justicia no puede permitirse concesiones precipitadas cuando existen pendientes serios, como la acusación de desaparición forzada.

Sin embargo, este fallo también pone de manifiesto las limitaciones de nuestro sistema: que Duarte haya cumplido la mayor parte de su condena no implica automáticamente que haya saldado todas sus deudas morales con la sociedad. La exigencia de una reinserción más sustancial —más allá de estar en celda, hacer actividades culturales o deportivas— parece convertirse en una barrera alta, quizá indispensable, para prevenir que figuras con poder vuelvan al juego político con impunidad.

Al final, la decisión de la jueza es un recordatorio: liberar no es simplemente cerrar un capítulo, sino asegurarse de que el libro no pueda reescribirse sin pagar el precio completo de sus páginas más oscuras.

México se prepara para un megabloqueo nacional convocado por transportistas y organizaciones campesinas

México amaneció este lunes 24 de noviembre bajo un ambiente de alerta vial. Transportistas agrupados en la ANTAC, junto con diversas organizaciones campesinas, han convocado a un megabloqueo nacional para exigir mayor seguridad en las carreteras, denunciar extorsiones y reclamar condiciones laborales más justas.

La protesta contempla cierres carreteros, bloqueos de casetas, tomas de accesos urbanos y posibles afectaciones en aduanas, con inicio entre las 6:00 y 8:00 a.m. Aunque la convocatoria es pública, los puntos exactos se están difundiendo con cautela para evitar sabotajes o confrontaciones.

Entre los estados que podrían presentar afectaciones se encuentran: Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Chihuahua, Chiapas, Sonora, Zacatecas y Tamaulipas. Las autoridades han recomendado evitar viajes no esenciales por carretera y monitorear rutas en tiempo real.

El sector transportista advierte que la situación en las carreteras del país se ha vuelto insostenible: asaltos constantes, pérdidas millonarias, trámites irregulares y una creciente inseguridad que ha puesto en riesgo vidas y mercancías.

Mientras tanto, la ciudadanía se mantiene a la expectativa de cómo evolucionará la jornada, con la advertencia de que solo se permitirá el paso a servicios de emergencia.

Redacción Réplica