En él se informaba al mandatario de México la necesidad de que en Puebla se constituya de inmediato la Comisión Estatal de los derechos humanos...
Durante cinco años ocho meses y doce días, don Mariano Piña Olaya se ha empeñado en gobernar para solazar a los menos y darles atole con el dedo a los más. Entre los menos o mínimos están sus amanuences, sus cuates, sus colaboradores y obviamente, sus empleados. Todo aquel que recibe un salario, gratificación o apoyo del gobernador tiene la obligación de condescender. De ahí que no deba extrañarnos la existencia de lo que bien podría denominarse la corte de corifeos piñaolayistas, cuyo trabajo es elogiar al patrón, al grado de hacer uso del vituperio y defender lo indefendible para desquitar el chivo o ser incluido en la comitiva oficial.
Ya se habrá dado cuenta, respetado lector, que esté columnista goza de libertad para escribir todo aquello que a su juicio debe conocer la sociedad, aunque moleste, incomode y encienda los ánimos de quienes no soportan oír verdades. Esta libertad se la debo a tres razones: a) que nunca he recibido nada del gobernador, b) al derecho que me asiste y c) al periódico que me brinda el espacio con una sola consigna: que lo escrito pueda comprobarse. Como reza el dicho, a las pruebas me remito.
Ayer un colega hizo referencia al toque de la campana, pero sin saber de dónde venía el repique. Escribió de algo que yo no me había decidido a mencionar, por ser un asunto de carácter personal. Sin embargo, gracias al trabajo del reportero, aclararé lo que en su momento fue un atentado contra la libertad de expresión y de prensa, acción que trató de tergiversar uno de los corifeos mencionado en un párrafo anterior.
Por razones laborales (que no son de columnista ni de reportero) el Congreso local me contrató para hacer la edición de una memoria sobre las actividades de la actual legislatura. En el lapso de las negociaciones apareció en este periódico un telegrama firmado por varias personas (incluso el que esto escribe), el cual estaba dirigido al presidente de la República. En él se le informaba al mandatario de México la necesidad de que en Puebla se constituya de inmediato la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. La copia del telegrama se la mandó al gobernador de Puebla, debido a la obligación constitucional que tiene para crear el citado organismo. Por una mala interpretación, fue incluido entre los firmantes el nombre del Presidente de la Gran Comisión del Congreso local, Rodolfo Budib Lichtle. Esto ocasionó prurito y rabia al asesor Alberto Jiménez Morales, quien de inmediato ordenó al responsable del Congreso la cancelación del contrato celebrado para elaborar la memoria referida. El asunto llegó hasta el escritorio de don Mariano y éste según mis informantes, rectificó la orden de don Alberto con su agregado verbal: “Pídale a Manjarrez la devolución del dinero y si no lo hace denúncielo”.
Como comprenderá usted, la instrucción más que jurídica fue totalmente visceral. Sin embargo no hubo problema, porque el anticipo fue devuelto y las facturas y firmas de la empresa que represento fueron canceladas, y por aquello de las dudas, enfrente de varios testigos. Incluso entregamos el material fotográfico pagado por y en consecuencia propiedad de la empresa contratista, como un acto de comprensión para el amigo que por ahora y hasta el primero de febrero de 1993 vive y vivirá atrapado entre las garras del poder.
Muchas son las denuncias que por carecer de elementos o firmas las tomo como simples chismes. Nunca me atreveré a escribir en estas líneas algo que no pueda comprobarse o tenga un fundamento jurídico. Hacerlo me expondría a responder por la irresponsabilidad ante un juzgado (me podrían denunciar por difamación o calumnia) o lo que es peor a sentirme manipulado por alguien más inteligente que yo. Debido a que para mis actos exijo limpieza, también tengo la obligación de pedirla cuando el que esto firma es mencionado o denostado. Por tal virtud aprovecho este conducto para, como caballeros, hacer la petición formal al colega Fernando Alberto Crisanto, a fin de que compruebe lo que escribió en el periódico “Cambio”, o en su defecto proceda a la rectificación correspondiente conforme lo establece la Ley de Imprenta y/o el Código Penal.
Le ruego respetado lector disculpe que utilice este espacio para un asunto personal.
13/X/1992