El legado de Alejandro C Manjarrez
Una compilación de las mejores columnas políticas elaboradas por el periodista y escritor en la época digital. El periodo publicado en diarios impresos se denomina, crónicas sin censura. Búscalo en este portal.
En negocios de cochinos todo es dinero.
Y en negocios de dinero todos son cochinos.
Dicho Popular
La vida es un negocio en el que no se obtiene una
ganancia que no vaya acompañada de una pérdida.
Arturo Graf
Es difícil “adivinar” lo que hay detrás del ánimo inmobiliario que ha impulsado varias de las decisiones del gobierno poblano, en ésta y en las anteriores administraciones. Lo que salta a la vista es el negocio que con la “utilidad pública” han hecho muchos comerciantes políticos asociados con varios políticos comerciantes. Debido a que los conozco sé de lo que son capaces.
Antes de que el lector levante la ceja debo aclarar por qué digo que han hecho negocio con la “utilidad pública”, oportunidad que hizo millonarios a un buen número de testaferros y politicastros que, lea bien por favor, vivían con el “Jesús en la boca” y una mano atrás y otra adelante tratando de cubrir sus vergüenzas.
¿Por qué digo lo que acaba usted de leer? Aquí le va la razón que está bien documentada.
Un día Mauricio del Valle Romano, entonces secretario de Obras Públicas del gobierno de Puebla, descubrió que alguien de la comunidad libanesa había comprado varias hectáreas valiéndose de la mutación civil consistente en cambiar de empresario textil a ejidatario de Momoxpan. El comprador dio su mordida y el Comisariado ejidal encantado lo aceptó como miembro distinguido de ese grupo tradicionalmente jodido y explotado. Le dieron su constancia de ejidatario pues.
“Están haciendo negocio con las tierras ejidales”, se quejó Mauricio con Mariano Piña Olaya. Éste lo pensó tres segundos, tiempo en que sus ojos giraron como si fuesen parte de una calculadora, y de inmediato ordenó a su subordinado que le preparara un expediente completo sobre las tierras en cuestión.
Siete días después Piña y Alberto Jiménez Morales tenían sobre el escritorio lo que fueron las razones que despertaron su ambición. “Hay que expropiar”, intuyo que dijo Mariano. “Expropiemos ya”, supongo que respondió Alberto loco de contento (como el jibarito). Se prepararon los argumentos y procedió la malhadada expropiación.
Todo iba a pedir de boca y conforme se había planeado cuando apareció en la escena Luis Donaldo Colosio Murrieta. Y ¡zas! que les echa abajo el negocio obligando al gobierno marianista (de Mariano) a devolver el dinero a los “compradores” de las tierras expropiadas, operación que tuvo dos vertientes: el pago oficial y la mordida a quien intervino en la operación y dio su visto bueno. El argumento oficial se basó en las irregularidades del acto que resultó viciado de origen, como dicen los abogados.
“Ya me devolvieron lo que pagué al gobierno –dijo uno de esos ambiciosos comerciantes inmobiliarios que perdió la oportunidad de multiplicar su fortuna–. Ahora dime qué hago, hermano, para recuperar la comisión que te di”. El influyente intermediario sonrió y con el cinismo político que da el poder le respondió: “No te preocupes, cuando mi hijo sea gobernador te devolveremos tu inversión… ¡y con ganancia!” Otro se quejó de que el banco no le perdonaría los intereses del préstamo que obtuvo para comprarle al gobierno de Puebla decenas de hectáreas. Y obvio no lo pagó gracias a Fobaproa.
Manuel Bartlett Díaz suplió a Piña Olaya y como primer paso decidió analizar con su ojo clínico-jurídico las fallas de la expropiación. Habló con quien tenía que hablar y se arreglaron las minucias legales. Y así se volvió a retomar el tema de la expropiación dándole el giro que obligaba la ley. Más de mil hectáreas quedaron disponibles para su proyecto de gobierno. El Centro Comercial Angelópolis cumplió los requisitos de la utilidad pública. Los fraccionamientos La Vista Country Club y Lomas de Angelópolis también entraron en ese concepto ahora utópico. Lo mismo ocurrió con otros desarrollos residenciales comprados por servidores públicos valiéndose de sus familiares y amigos. En fin, durante aquel gobierno y el de Melquiades Morales Flores nació una camada de nuevos ricos, unos prestanombres y otros con el poder prestado. “Quíntenle metros aquí, córtenle allá, reacomoden los terrenos feos y vendan a los cuates tantas hectáreas. Aquí está la lista”.
En todo aquel proceso los dueños originales y ancestrales de la tierra tuvieron la “grandiosa oportunidad” de trabajar como jardineros, albañiles y policías de los predios y la propiedad ejidal que era de sus tatarabuelos y, obvio, de ellos. “Que no se quejen esta bola de güevones porque ya tienen trabajo y además les pagamos cuarenta pesos el metro de un terreno que no servía para maldita la cosa”, fue una de las tantas justificaciones.
Entre esa revoltura de intereses, robos en despoblado y latrocinios políticos se escuchó una voz responsable, la de Verónica Mastretta. Claro que tenía influencia para hacer negocios, sin embargo, pudo más su responsabilidad ecológica y pidió que le fuera entregado en la figura de fideicomiso (mismo que se vence en dos años) uno de los predios para convertirlo en reserva natural de la ciudad capital (antes lo había hecho con la Laguna de San Baltasar que sin subsidios fue rescatada). En ese momento y ante tantas tierras disponibles no hubo objeción como tampoco la hubo cuando el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma de Puebla y la Ibero pidieron al gobierno la donación de los espacios que hoy cumplen dos objetivos: el educativo y el ecológico. Estas concesiones equivalen a la obra pía que borra los pecados y gana indulgencias para ir al cielo.
Lo que pretende esta breve historia es alertar a quienes por sus intereses económicos particulares piden y exigen a las autoridades que reculen o trastoquen lo que alguna vez protestaron cumplir. Y recordarles que los ejidatarios “expropiados” podrían protestar e incluso apegarse a la ley para reclamar sus derechos. ¿Dónde quedó la utilidad pública?, sería uno de sus argumentos…