Sin despreciar el interés demostrado por Acción Nacional para que el exgobernador Mariano Piña Olaya sea sometido a un juicio político, sería más práctico proponer al Congreso local que establezca una medalla que premie la habilidad del funcionario público más audaz para los negocios.
O bien, legislar una especie de reconocimiento estatal destinado al servidor público cuya capacidad de “cultivo yucateco” haya logrado embaucar al mayor número de incautos sin dejar cabos sueltos y, menos aún, pruebas comprometedoras. En ambos casos el candidato ideal sería nada menos que el exmandatario poblano. Esto quizás resultaría más práctico y divertido que solicitar un juicio político destinado al fracaso. Y conste que, aunque a toro pasado, la dirigencia panista estaría haciendo una justa petición.
El mundillo de los negocios en Puebla todavía no alcanza a asimilar el estilo impuesto por el hombre de Champusco durante los seis años de su mandato y especialmente el grupo que se vio envuelto en aventuras financieras encubiertas con mañas y figuras légaloides. Sus íntimos fueron –tal vez – los únicos que atestiguaron la magia que, así cómo movió engranes, también puso a trabajar para su santo a las conciencias para las cuales el baño de pureza es cosa de todos los días. Resulta, pues, muy difícil cuantificar las utilidades alcanzadas por la cofradía con etiqueta piñaolayista que rebasan con mucha la lógica financiera. Es más difícil encontrar argumentos legales suficientes para fundamentar la validez del juicio político.
Eduardo Cue Morán, diputado federal y, Rafael Posada Cueto, diputado local son empresarios que encajan como víctimas de esa maña política – financiera; cuentan con el perfil ideal para formar parte del martiriligio de embaucados por Piña Olaya y su asesor Jiménez Morales. Verá usted por qué:
Ambos fueron organizadores y patrocinadores de la recaudación para la construcción del Hospital del Niño Poblano. Con esta obra altruista en beneficio de los infantes desvalidos, comenzó a funcionar lo que pudo haber sido el negocio más importante del siglo. Al final de cuentas, el nosocomio quedó estratégicamente enclavado entre las tierras expropiadas (Momoxpan, San Andrés Cholula etc,) y cerrado con broche de oro el círculo con la edificación del Campus de la Universidad Iberoamericana, para darle al ambicioso proyecto inmobiliario el cariz moral que necesita. La falla estuvo en que colateralmente a estas obras, casi pías, comenzó a organizarse la inmobiliaria, que fraccionaría el resto de los ejidos en manos del gobierno.Y como usted sabe, la operación se llevó a cabo e incluso fue registrada como un acto legal, a pesar de su clara improcedencia.
Como se ha informado en diferentes medios de comunicación, los diputados mencionados tienen o tuvieron parte de sus capitales invertidos en ese macroproyecto inmobiliario. También figuraron como socios de la inmobiliaria Azuda, la cual compró a la BUAP los terrenos de La Noria. No salieron bien librados de la operación con los terrenos ejidales, a pesar de que el gobierno piñaolayista echó toda la carne al asador. Me explico: la infraestructura para la universidad y el hospital referido, se construyó con base en la plusvalía de la zona, y por ende, de los terrenos, casi propiedad, de los confiados inversionistas.
Independientemente de que los confiados e incautos poblanos, recuperen o no la inversión que –supongan– aportaron de buena fe, la ganancia que les queda es una enorme experiencia y una bien fundada desconfianza hacia los negocios políticos. Seguramente estarán esperanzados en que no procederá el juicio que el PAN intenta contra Piña. Esto es porque en las causas podrían aparecer algunos poblanos que quedaron desamparados en virtud de su poca visión para como Cue y Posada disfrutar el fuero constitucional que, además de brindarles seguridad, les da la oportunidad de ayudar y premiar a sus amigos, socios y hasta a sus posibles embaucadores.
9/VII/1993.