Después del desalojo violento de ambulantes de 1973 y de que ellos volvieron a posesionarse de las calles de Puebla, el gobierno se vio obligado a entregarles el predio de la 5 norte, entre la 14 y la 16 poniente, lugar mejor conocido como El Corralón.
(Segunda parte)
Una vez ocurrido lo que podríamos llamar un acto de contrición gubernamental la UPVA–28 se consolidó e inició su fortalecimiento interno. Adoptó la estructura actual: de ser un grupo de vendedores ambulantes apenas organizados, se convirtió en uno de los grupos de presión más tozudos y difíciles de convencer.
1986 fue el año que inició una nueva etapa de luchas. El Ayuntamiento presidido por el ahora fallecido profesor Jorge Murad Macluf tuvo que construir de manera precipitada una serie de centros comerciales populares y de servicios. Lo hizo sin concluir estudios de viabilidad y factibilidad porque urgía justificar el eventual desalojo de los ambulantes posesionados del Centro Histórico de la ciudad de Puebla.
Al efecto, se elaboró un programa de desconcentración comercial que entre otras cosas, reglamentaba el uso del suelo para fines comerciales, populares y de servicios, proyectaba la construcción de cuatro mercados de apoyo y tres centros comerciales, una central de abastos y otra de autobuses foráneos, oficinas de gobierno y bancos, así como el establecimiento de negocios fuera del centro de la ciudad, de preferencia en los multicitados centros comerciales.
Después de múltiples negociaciones con Simitrio, el 28 de julio de 1983 los ambulantes fueron desalojados (con auxilio de la fuerza pública, claro) del centro histórico de la ciudad.
El traslado fue posible Gracias a una extraña complacencia de la UPVA–28 que en esa ocasión no ofreció la férrea resistencia que acostumbraba. Incluso aquella fue una noche blanca a pesar de que las autoridades calcularon que el desalojo, cuando menos, produjera media decena de muertos. Pero a los pocos meses, una vez efectuado el cambio de gobierno, la UPVA-28, con Simitrio a la cabeza, volvió a valerse de las estrategias que le han dado fama como una organización poco confiable y afecta a métodos de presión rayanos en provocaciones a la autoridad.
En 1988, los ambulantes practicamente retomaron el centro de la ciudad. Lo hicieron en forma clandestina. Mientras unos se apropiaban del espacio callejero, sus familiares se encargaban de los puestos que habían aceptado en los centros populares. Lo curioso fue que se ubicaron en lugares prohibidos, incluida la Central de Autobuses foráneos, y que los inspectores del ayuntamiento sufrieron una extraña ceguera.
Según los dirigentes, la invasión de calles estuvo justificada por el incumplimiento gubernamental por los convenios signados en el gobierno de Guillermo Jiménez Morales. También argumentaron que las huestes de Simitrio sustentaban la inoperancia del programa de desconcentración comercial y la falta de funcionalidad de los centros comerciales y mercados de apoyo. Quizá estaban en lo cierto, sin embargo había que agregar la corrupción de los cuadros bajos del ayuntamiento y la falta de empleos, circunstancias que hicieron del ambulantismo una excelente alternativa de sobrevivencia.
Dice Jaime Castillo Palma en el libro “Los movimientos sociales en Puebla” del cual es coautor que: “La base social del movimiento de vendedores ambulantes (cambió) en el transcurso del período 1963–1973.” Ello gracias a que: “al contingente de los ambulantes se (fueron) incorporando nuevos sectores de desempleados y esto (produjo varias) contradicciones al interior de la organización del movimiento”.
Una de esas contradicciones -tal vez la más importante– es la aparente intención de sus dirigentes. Antes peleaban por algo más parecido a justicia social o al bien común (según el lector lo prefiera) de sus congéneres: y ahora parecen estar más preocupados por presionar políticamente con el único objetivo de alcanzar beneficios de carácter personal. De ahí que Simitrio sea parte de sus negociaciones.
13/X/1993