Los estadounidenses han logrado imponer su influencia para no proporcionar información sobre el estado de Puerto Rico, y evitar hacerse acreedor de sanciones por tener una colonia...
Es necesario recordar cómo llegó Puerto Rico a ser una colonia norteamericana. Veamos:
Después de una guerra entre Estados Unidos y España, se firmó el Tratado de París, en 1898. En él se otorgó la cesión de la isla de Puerto Rico, a pesar de que el país ya contaba con la carta autonómica que le daba importantes facultades para su desenvolvimiento internacional. El derecho de España para cederla fue el de conquista.
En el momento en que ese pueblo se disponía a emprender una nueva etapa en su vida política, sufrió un violento un cambio desquiciador debido a una guerra ajena, por el rigor de una derrota a la que no contribuyó y por disposición de un Tratado de Paz en cuyas negociaciones no tuvo ni voz ni voto. Se usó la fuerza de las armas y las exigencias exageradas del vencedor para someter al pueblo que de Estado autónomo pasó como botín de guerra a ser colonia de una extraña y poderosa nación con la que no tenía ninguna deuda pendiente.
¿Y qué es “el Estado Libre Asociado”?
Es una forma de gobierno artificial, una entelequia para encubrir su verdadera condición de colonia y justificar al gobierno norteamericano ante la Organización de Naciones Unidas.
En 1950, el gobierno de Puerto Rico propuso al Congreso el establecimiento en el país de un gobierno constitucional en asociación con los Estados Unidos, mediante la celebración de un convenio o acuerdo entre ambas partes. El 3 de junio el congreso aprobó, con un solo voto en contra, el estatuto redactado por los representantes de Puerto Rico que fue conocido como ley 600 o de Relaciones Federales con Puerto Rico, mismo que se limitaba a introducir enmiendas a la vieja ley colonial que estaba en vigor desde 1917.
Este convenio fue unilateral para redactar una Constitución enmascarada en las estrechas limitaciones que le señalara una ley del Congreso Norteamericano, y que ese congreso tenía que revisar para darle su visto bueno, antes de someterla al pueblo para su aceptación definitiva.
La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, fue proclamada por el gobernador Muñoz Marín el 25 de julio de 1952, en una ceremonia pública frente al Capitolio de la isla. En ese mismo acto se izó por vez primera en la historia del país como emblema oficial de todo el pueblo, la bandera de la estrella solitaria en triángulo azul, con tres franjas rojas y dos blancas.
La Constitución adoptada carece de soberanía desde el momento en que puede ser derogada por una disposición del Congreso norteamericano, cuando éste lo crea necesario. Además un estudio detenido de aquellos estatutos del Congreso que aún gobierna en Puerto Rico, confirma claramente que Estados Unidos mantiene un completo control sobre Puerto Rico. Los funcionarios del gobierno de Puerto Rico tienen que prestar juramento y lealtad a la Constitución de Estados Unidos, por ello resulta claro que la Isla es una colonia de aquel país y que la existencia de una constitución es sólo una forma, muy superficial, de encubrir esta situación.
El Status de Dominio o Commonwealth que se aplica a Puerto Rico es improcedente, ya que los Estados Unidos tienen una estructura constitucional que no fue diseñada con miras a la dominación imperialista de otros pueblos. La contribución norteamericana a esa rémora del imperialismo ha consistido en desarrollar medios de dominación económica en pueblos soberanos que han culminado con lo que se conoce generalmente por “neocolonialismo”. Por eso, dentro del sistema imperialista de Estados Unidos, el caso de Puerto Rico es un anacronismo y como tal una excepción.
Al ser aprobado el Estatuto colonial del Estado Libre Asociado, apoyándose en su fuerza económica internacional, Estados Unidos obtuvo de la ONU que se le relevara de transmitir información sobre Puerto Rico, por considerar que era ya un país que había alcanzado plenitud de gobierno propio. Esta maniobra obedeció al temor de que la opinión pública mundial conociera el grado de explotación a que son sometidos los puertorriqueños por la autoridad metropolitana.
En diciembre de 1960 se aprobó en la ONU la “Declaración por la Independencia de Pueblos y Países Coloniales”, quedando claramente establecido que las Naciones Unidas se proponen enfrentar el problema del colonialismo en todas sus formas y manifestaciones. Si un país no ha alcanzado la Independencia, no importa el nombre que tenga, se le considera un territorio colonial y está sujeto al plan de descolonización de las Naciones Unidas.
Los estadunidenses han logrado imponer su influencia para no proporcionar información sobre el status de Puerto Rico, y evitar hacerse acreedor de sanciones por tener una colonia en el año 2023. Los pueblos latinoamericanos y especialmente México, con su política basada en los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos, están obligados a apoyar los esfuerzos que hace el pueblo de Puerto Rico para liberarse de la situación colonial, y obtener su independencia que jurídica y políticamente tiene derecho a exigir.