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Te presentamos un resumen de las noticias más importantes de la semana

Noticias de la semana

Del 10 al 16 de noviembre de 2025

Reabren investigación: los escoltas de Carlos Manzo volverán a declarar

La Fiscalía del Estado de Michoacán ha decidido volver a llamar a declarar a los escoltas del alcalde asesinado de Uruapan, Carlos Manzo, para revisar a fondo su actuación durante el ataque ocurrido el pasado 1 de noviembre.

Aunque en un principio fueron descartados como sospechosos, los nuevos peritajes balísticos mantienen abiertas varias incógnitas sobre el papel que desempeñaron en los minutos críticos del atentado. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó que los integrantes del cuerpo de seguridad del edil rendirán una segunda declaración ante la Fiscalía estatal. Ninguno está detenido, pero todos se mantienen bajo localización y comparecen cuando se les requiere. El motivo no es menor: aún no está claro de qué arma provinieron los disparos que terminaron con la vida del agresor —un joven de 17 años— ni si la misma arma pudo haber herido fatalmente al propio Manzo. La línea de investigación, hasta ahora llena de vacíos, apunta a una posible falla o confusión en la respuesta de los escoltas durante el ataque. El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla, descartó un error en el protocolo de seguridad, aunque reconoció que el alcalde no contaba con elementos de la Guardia Nacional, cuerpo con mayor preparación para este tipo de agresiones.

La reapertura del caso podría derivar en la atracción de la investigación por parte de la Fiscalía General de la República, con lo que se revisaría todo el expediente desde cero, incluyendo los testimonios iniciales. Más allá de los aspectos técnicos, el caso de Carlos Manzo vuelve a poner sobre la mesa una verdad incómoda: en México, la seguridad de los funcionarios locales es, en muchos casos, una ilusión.

Los escoltas —mal entrenados, mal pagados o simplemente superados por el poder del crimen— representan el último eslabón de un sistema que protege poco y explica menos. Mientras la justicia se toma su tiempo para determinar quién disparó, el mensaje que queda es claro: ni el blindaje político ni las armas garantizan la vida cuando el Estado mismo se desmorona a balazos.

Detienen en Tijuana al exagente del CISEN señalado como segundo tirador de Colosio

Tres décadas después del magnicidio que marcó a México, el fantasma de Lomas Taurinas vuelve a aparecer. Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del desaparecido CISEN y señalado desde 1994 como el supuesto “segundo tirador” en el asesinato de Luis Donaldo Colosio, fue detenido nuevamente, esta vez en una vivienda de la colonia Los Reyes, en Tijuana.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la captura ocurrió el sábado 8 de noviembre. Elementos de la Fiscalía General de la República lo trasladaron ante un juez federal para definir su situación jurídica. El arresto reabre un expediente que ha sobrevivido a tres décadas de sospechas, teorías y silencios institucionales.

No es la primera vez que Sánchez Ortega es detenido. Aquella tarde del 23 de marzo de 1994, en medio del caos y la incredulidad tras los disparos en Lomas Taurinas, fue asegurado porque portaba una chamarra con manchas de sangre y dio positivo a la prueba de rodizonato de sodio, que detecta residuos de pólvora. Sin embargo, el juez de la época consideró insuficientes las pruebas y el caso se desvaneció entre la niebla burocrática.

Treinta años después, el mismo nombre reaparece como una sombra mal resuelta en la historia reciente de México. En 2024, la FGR ya había intentado reabrir la investigación, pero un juez detuvo el proceso al considerar que no existían elementos nuevos que justificaran una orden de aprehensión. Ahora, el Ministerio Público insiste, intentando rearmar un rompecabezas que el Estado prefirió dejar incompleto durante demasiado tiempo.

El caso Colosio nunca cerró realmente. Fue archivado con prisa, pero no con certeza. Y cada vez que un nombre resurge, como el de Sánchez Ortega, se evidencia la fragilidad de la verdad oficial. Porque en México los magnicidios, como los secretos de Estado, no prescriben: solo cambian de despacho, de expediente y de versión.

El país vuelve a mirar hacia Tijuana, no por nostalgia histórica, sino porque ese disparo en Lomas Taurinas sigue rebotando en las paredes de la impunidad.

Diputados aprueban reforma para eliminar cobros por cancelar tarjetas: un respiro para los usuarios

En una inusual muestra de consenso, la Cámara de Diputados aprobó con 467 votos a favor y ninguno en contra una reforma que promete poner fin a una de las prácticas más abusivas del sistema financiero: los cobros por cancelar tarjetas de crédito o débito. La modificación a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros avanza ahora al Senado para su ratificación.

La propuesta, impulsada por el diputado Ricardo Monreal Ávila, establece que las instituciones bancarias y comerciales no podrán cobrar ni imponer penalizaciones por cancelar una tarjeta, sin importar si el trámite se realiza en sucursal, por teléfono o desde plataformas digitales, disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.

El cambio también obliga a los bancos a incluir de forma clara en sus contratos y formularios que la cancelación es gratuita. Además, deberán habilitar en sus aplicaciones y sitios web un botón visible para cancelar tarjetas sin burocracia ni condiciones.

La reforma refuerza otras medidas de protección al consumidor financiero: prohíbe a las instituciones cobrar anualidades, intereses o comisiones por servicios no autorizados, y garantiza que el historial crediticio de los usuarios no se vea afectado por el simple hecho de cancelar una tarjeta o dejar de usarla. Si hay cargos indebidos, los bancos estarán obligados a reembolsarlos en un plazo máximo de cinco días hábiles.

Más allá del lenguaje técnico, esta reforma tiene un trasfondo simbólico: representa un pequeño triunfo del ciudadano común sobre la maquinaria bancaria que durante años se amparó en cláusulas confusas y ventanillas cerradas para retener clientes a la fuerza.

La eliminación de estos cobros no es solo una cuestión económica, sino un paso hacia un sistema financiero más transparente y menos abusivo, donde el consumidor deje de ser rehén de la letra chiquita. Habrá que ver si el Senado mantiene ese espíritu o, como tantas veces, lo diluye entre cabildeos y reservas de último minuto.

SSPC y SHCP cierran y denuncian 13 casinos por presunto lavado de dinero — ya van denuncias ante la FGR

El Gobierno federal, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Hacienda (SHCP), detectó un esquema de posible lavado de dinero en 13 casinos distribuidos en ocho estados; se presentaron denuncias ante la FGR, se dieron avisos a la Procuraduría Fiscal y se suspendieron o bloquearon actividades, páginas y cuentas vinculadas a operaciones irregulares. Las pesquisas apuntan a redes que usaban efectivo, transferencias internacionales y plataformas digitales para ocultar recursos y movilizar hasta decenas de millones de pesos.

¿Qué ocurrió?

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), coordinada con la SSPC y la SHCP, concluyó una investigación de meses en la que identificó conductas incompatibles con la ley: operaciones en efectivo, flujos desde y hacia el extranjero y uso de canales digitales no regulados en 13 casinos. Como resultado, se presentaron denuncias penales ante la Fiscalía General de la República y se remitió el expediente a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos fiscales y omisiones tributarias. En varios establecimientos se ordenó la suspensión temporal de actividades; también se bloquearon páginas de casinos virtuales y cuentas bancarias presuntamente vinculadas.

Las señales financieras detectadas —según el comunicado y reportes periodísticos— incluyen movimientos inusuales por montos de hasta 50 millones de pesos, transferencias internacionales a empresas fintech en EE. UU. y países europeos, y patrones de triangulación mediante prestanombres y cuentas de terceros. Los casinos señalados operaban en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México.

La Procuraduría Fiscal describió una metodología: víctimas con datos usurpados (estudiantes, jubilados, amas de casa) recibían tarjetas o códigos con fondos de origen dudoso; esos recursos se apostaban en plataformas físicas y en línea; las supuestas “ganancias” eran inmediatamente transferidas al extranjero o a paraísos fiscales, o reinsertadas en otras apuestas para ocultar el origen real del dinero. El proceso se repetía cientos o miles de veces para blanquear recursos.

El Ejecutivo afirmó que la investigación cuenta con colaboración internacional —incluida la cooperación de unidades de inteligencia financiera de Estados Unidos y otros países— y anunció que se fortalecerán los modelos de detección temprana, con IA y nuevas tipologías sectoriales, para identificar conductas inusuales antes de que dañen el sistema financiero.

Estados Unidos pone fin al cierre federal más largo de su historia: el Gobierno reabre tras 43 días de parálisis

Después de 43 días de inactividad, el Gobierno Federal de Estados Unidos reanudó funciones, poniendo fin al cierre administrativo más prolongado de su historia. La reapertura se concretó luego de que el Congreso aprobara un presupuesto provisional que garantiza la operación del aparato federal hasta el 30 de enero, fecha límite para acordar un paquete de financiamiento completo que evite otro colapso institucional.

El presidente Donald Trump firmó el documento poco antes de las 10:30 de la noche del miércoles, sellando así un acuerdo que —aunque temporal— otorga oxígeno político y económico al país. Este presupuesto de emergencia busca no solo restablecer la normalidad, sino también prevenir nuevas crisis presupuestarias, un mal crónico de la política estadounidense.

Las claves del acuerdo

El paquete financiero incluye medidas específicas para blindar sectores sensibles. El Departamento de Agricultura, por ejemplo, recibirá fondos suficientes para todo el ejercicio fiscal, asegurando la continuidad del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Este programa alimentario, del que dependen uno de cada diez estadounidenses, había dejado a millones sin apoyo desde principios de noviembre.

Además, la aprobación permitirá que 670 mil empleados federales regresen a sus puestos después de más de seis semanas sin salario. Otros 730 mil trabajadores esenciales, que continuaron laborando sin cobrar durante el cierre, recibirán sus pagos atrasados en su totalidad.

La reapertura también aliviará la crisis que enfrentaba el transporte aéreo del país. La falta de controladores, muchos de los cuales solicitaron licencias o buscaron empleos alternos, provocó una reducción drástica del tráfico aéreo —hasta el 10 % en los 40 aeropuertos con más actividad—, además de miles de retrasos y cancelaciones desde el 7 de noviembre.

El acuerdo aprobado por el Senado y ratificado por la Cámara de Representantes incluye la restitución de los más de 6 mil despidos ejecutados durante el cierre y bloquea cualquier reducción adicional de personal federal hasta enero. La aprobación fue posible gracias a ocho senadores demócratas que rompieron la disciplina de voto y respaldaron la propuesta republicana.

Las tensiones políticas detrás del cierre

El cierre tuvo su origen en el estancamiento legislativo entre demócratas y republicanos. Los primeros se negaban a aprobar la continuidad presupuestaria sin garantizar la extensión de los subsidios al programa de salud Obamacare, mientras los conservadores exigían reabrir primero la administración antes de discutir las ayudas.

Con la reapertura asegurada, los republicanos prometieron que permitirán votar la ampliación de esos subsidios, en un intento por reducir tensiones y recuperar estabilidad política.

En su mensaje desde la Oficina Oval, Trump agradeció el apoyo bipartidista que permitió destrabar el conflicto y aseguró que no permitirá “otra extorsión” en futuras negociaciones presupuestarias. También pidió eliminar el filibusterismo, la maniobra parlamentaria que permite a las minorías bloquear decisiones aun sin mayoría de votos.

El cierre federal más largo de la historia de Estados Unidos deja al descubierto una verdad que trasciende las cifras: el país más poderoso del mundo puede detenerse por sus propios desacuerdos. Detrás de los discursos sobre responsabilidad fiscal y disciplina partidista, millones de familias quedaron sin salario, sin asistencia alimentaria y sin servicios básicos.

El acuerdo firmado no es una victoria política, sino una tregua temporal en una guerra interna donde la polarización se ha convertido en el verdadero enemigo del Estado. Washington reabre, sí, pero el reloj ya volvió a correr: en enero, el Congreso deberá demostrar si aprendió la lección o si volverá a cerrar su propia puerta.

Oposición rechaza propuesta de revocación de mandato en 2027

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la idea de mover la consulta de revocación de mandato a 2027, para que coincida con las elecciones intermedias. Según la mandataria, hacerlo simultáneamente “ahorraría recursos al pueblo de México” y permitiría organizar ambos procesos en una sola jornada.

Sin embargo, la oposición ve otra intención detrás. Dirigentes del PRI y el PAN acusan a Morena de intentar aprovechar el proceso electoral para reposicionar a Sheinbaum en la boleta, temerosos —dicen— de perder espacios políticos ante el creciente descontento social.

El priista Rubén Moreira señaló que el oficialismo busca “meter” a la presidenta en la contienda para influir en el voto, recordando que López Obrador hizo lo mismo en 2022 al promover su propia continuidad. Por su parte, Ricardo Anaya afirmó que Morena actúa “con pánico” ante las elecciones de 2027, donde estarán en juego 15 gubernaturas y toda la Cámara de Diputados, y advirtió que si Sheinbaum aparece en la boleta “podría salir revocada”.

Organizaciones civiles, como Laboratorio Electoral, coincidieron en que la iniciativa contradice el principio de neutralidad presidencial, al exponer a la mandataria en un proceso donde podría influir en el electorado.

El fondo del debate es político: Morena busca conservar su mayoría calificada en el Congreso y las doce gubernaturas clave que conquistó en 2021. En juego están bastiones como Michoacán, Baja California y Campeche, estados golpeados por la violencia, escándalos o tensiones institucionales.

La propuesta, aún en discusión, representa más que un ajuste de calendario: es una disputa por el control del poder y la narrativa pública en la mitad del sexenio.

Corte somete a Grupo Elektra: queda firme adeudo de 33 mil millones de pesos

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un golpe definitivo en uno de los litigios fiscales más grandes del país: por unanimidad, el Pleno confirmó que Grupo Elektra debe pagar un crédito fiscal superior a 33 mil millones de pesos, correspondiente a los ejercicios 2014 y 2015, y sancionó a la empresa por intentar frenar el avance del caso mediante recursos considerados dilatorios.

El amparo, desechado por falta de “interés constitucional”

El asunto —el amparo directo en revisión 6321/2024— fue desechado luego de que el ministro ponente, Rodrigo Arístides Guerrero, argumentara que el caso no cumplía con los requisitos para ser revisado por el Máximo Tribunal. Según el análisis, los temas de constitucionalidad ya han sido resueltos en precedentes obligatorios, por lo que el amparo carecía de excepcionalidad.

Intentos de frenar el proceso: la Corte responde con una multa

El Pleno también impuso a Grupo Elektra una multa equivalente a 70 Unidades de Medida y Actualización (unos 7 mil 919 pesos), tras concluir que la empresa intentó prolongar artificialmente el juicio mediante impedimentos, recursos y ampliaciones sin fundamento legal.

La Corte señaló que estas maniobras buscaban obstaculizar el dictado de la sentencia, por lo que desestimó cada intento de frenar el avance del litigio.

Impedimentos y debates internos

En la misma sesión, la SCJN resolvió los impedimentos promovidos por la compañía para intentar excluir a ministros del análisis del caso.

El Pleno determinó que no existían razones válidas para apartar a los ministros señalados y, además, aclaró que expresiones pasadas en redes sociales —previas al nombramiento de algunos integrantes del Tribunal— no afectan su imparcialidad en el ejercicio de la función jurisdiccional.

Lo que viene

El fallo confirma uno de los créditos fiscales más elevados en la historia reciente y se suma a una lista de litigios que Grupo Salinas mantiene abiertos ante el fisco. Tan solo este jueves, la SCJN tiene programada la discusión de otros expedientes que, en conjunto, alcanzarían un monto aproximado de 48 mil millones de pesos adicionales.

Reestructuración profunda en la Fiscalía de Puebla: se van fiscales y entran nuevos perfiles

Durante la semana pasada, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) implementó una depuración significativa que incluye la salida de seis fiscales originarios del Estado de México, en medio de investigaciones por presuntas irregularidades.

La fiscal general, Idamis Pastor Betancourt, informó que estos desplazamientos responden a “renuncias voluntarias por motivaciones personales y profesionales”, aunque el área de Asuntos Internos ya abrió indagatorias contra algunos de los exfuncionarios por acusaciones como extorsión y lavado de dinero.

Uno de los principales escollos que motivó esta reestructuración fue la difusión de audios en los que agentes ministeriales admitían cobrar entre 5 y 10 mil pesos para liberar vehículos asegurados, lo que generó una fuerte presión social para una transformación al interior de la FGE.

Para sustituir a los salientes, la Fiscalía nombró a cinco nuevos titulares, apostando por perfiles poblanos y con conocimiento local:

José Luis Hernández González, en la Fiscalía de Investigación Metropolitana.
Sandra González de Yta, al frente de la Fiscalía de Investigación Regional.
Rubén Alberto Curiel Tejeda, en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
José González Zepeda, como titular de la Fiscalía Especializada en Secuestro y Extorsión.
Fredy Erazo Juárez, quien dejará su cargo como magistrado del Tribunal Superior de Justicia para asumir la Fiscalía Especializada en Delitos de Alta Incidencia a partir del 16 de noviembre.

El gobernador Alejandro Armenta Mier respaldó abiertamente la “poblanización” de la Fiscalía, señalando que los cambios son parte de una estrategia para erradicar la corrupción y las malas prácticas arraigadas por mandos externos que no identificaban con la realidad poblana.

En su discurso, la fiscal Idamis Pastor aseguró que esta reestructuración tiene el objetivo de consolidar una institución “moderna, eficiente y cercana” a la ciudadanía, con mayor rendición de cuentas y capacidad operativa.

El movimiento forma parte de un esfuerzo más amplio y sostenido: desde que Pastor Betancourt asumió, decenas de funcionarios han sido separados por posibles conductas indebidas.

Marcha de la “Generación Z” – 15 de noviembre

Miles de personas participaron en la marcha convocada bajo el nombre de “Generación Z” en distintas ciudades del país, con una asistencia numerosa de manifestantes en la Ciudad de México. La movilización surgió como respuesta al hartazgo por la violencia, la corrupción y la impunidad, además de incluir demandas como la revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum y mayores controles ciudadanos sobre el poder político.

El contingente avanzó del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino, donde se registraron momentos de tensión: grupos encapuchados derribaron parte de las vallas que protegían Palacio Nacional y hubo enfrentamientos con la policía. Las autoridades reportaron decenas de lesionados entre elementos de seguridad y civiles, así como varias detenciones. Aunque la protesta se presentó como un movimiento impulsado por jóvenes, la participación fue diversa y no se limitó a la población nacida entre 1997 y 2012.

El gobierno federal acusó que detrás de la convocatoria existe una campaña digital financiada desde el extranjero, con un gasto estimado superior a 90 millones de pesos, lo que abrió debate sobre la autenticidad y autonomía del movimiento. Paralelamente, analistas y medios señalaron la presencia de figuras con trayectoria política y sectores que intentaron capitalizar la narrativa juvenil.

La marcha dejó ver un descontento social profundo y una urgencia por mecanismos de rendición de cuentas más sólidos. Sin embargo, las interrogantes sobre su origen, la participación de actores externos y la falta de estructura clara podrían diluir su impacto político. El reto para este movimiento será demostrar que la indignación ciudadana puede transformarse en organización real y no quedarse como una etiqueta momentánea en redes.

Estados Unidos anuncia la “Operación Lanza del Sur” contra presuntos narcoterroristas en el hemisferio

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció el inicio de la Operación Lanza del Sur, una misión militar dirigida por la Joint Task Force Southern Spear y el US Southern Command (SOUTHCOM), con el objetivo declarado de “expulsar a los narcoterroristas del hemisferio occidental” y frenar el flujo de drogas hacia su país.

Hegseth aseguró que la orden proviene directamente del presidente Donald Trump y que el Departamento de Guerra ya está ejecutando acciones en la región.

El País reporta que la operación se anuncia en un contexto de tensión creciente con Venezuela, donde Estados Unidos incrementó su presencia naval en el Caribe. Asimismo, desde octubre se han registrado alrededor de 20 ataques contra embarcaciones sospechosas, con un saldo estimado de 80 muertos, según cifras citadas en informes preliminares.

The Guardian confirmó el anuncio y señaló que la administración estadounidense ya había anticipado operaciones más agresivas bajo el concepto de “narcoterrorismo”.

Gobiernos de la región observan con preocupación la falta de claridad sobre los límites legales y geográficos de la operación, mientras que organizaciones internacionales han advertido posibles violaciones al derecho internacional si continúan ataques letales en aguas internacionales sin supervisión civil.

Redacción Réplica