Espionaje y contraespionaje en México (Plan Green II)

Espionaje en la Embajada de Estados Unidos

Existen una serie de reportes de un supuesto espía conocido con la clave 10b que han sido publicados por el Fideicomiso Archivos Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca, los cuales revelan una parte del espionaje que el gobierno organizó para evitar la pretendida invasión militar a México, conocida como Plan Green.

Una de las revelaciones del espía 10b, que sin duda resultó de gran interés para el gobierno callista, ponía al descubierto las actividades de los agentes norteamericanos en México. Y en julio de 1926, por ejemplo, informó que la Embajada estadounidense había interceptado un telegrama enviado por el presidente Calles a Téllez, su embajador en Estados Unidos. El 9 de agosto 10b comentó acerca de un misterioso viaje a México de John Clayton, corresponsal del Chicago Tribune en la ciudad de Roma, Italia. El periodista —decía la información confidencial— arribó a nuestro país con la intención de comprar documentos secretos ofreciendo por ellos 50 000 dólares. Durante su visita sostuvo una conversación “secreta” con el prominente político mexicano y diputado en el Congreso Constituyente de 1917, Félix F. Palavicini.

Además de proporcionar esa información, 10b opinó que el personal norteamericano contratado por la administración callista había espiado al Estado mexicano. Se refería en especial a un piloto que trabajó para el gobierno y para la crom, el cual ofreció a la representación estadounidense los nombres y funciones de la oficialidad mexicana que de una u otra forma tenían contacto con los revolucionarios de Nicaragua. Asimismo, el misterioso 10b dijo que era delicado para el gobierno mexicano el hecho de que Sheffield obtuviera una copia de la carta enviada por el presidente a los gobernadores. Y esta carta, de acuerdo con el espía de México, fue descubierta en la oficina privada de la Presidencia por Isaac Marcosson, agente del gobierno norteamericano, que la vio sin poder copiarla ni apoderarse de ella. Y nadie pudo explicar cómo Sheffield obtuvo una copia, a pesar de que 10b insistió en que Estados Unidos estaba siendo informado por un agente que operaba en la propia oficina de Calles.

La existencia de una gran red de espionaje manejada por Estados Unidos era la única respuesta para justificar la fuga de los documentos que cayeron en manos de las autoridades norteamericanas.

Otro de los informes obtenidos por esa red se refería a que el gobierno mexicano había tenido acceso a cables confidenciales de la Embajada. Arthur Schoenfeld, uno de sus consejeros en México, lo hizo saber a sus jefes. A las 10:35 de una mañana de octubre, éste recibió un cable del Departamento de Estado pidiéndole que investigara los rumores referentes a la cooperación entre los sindicatos de Guatemala y México y que, de hecho, los sindicatos mexicanos estuvieran dictando los términos de dicha cooperación. En el curso de unas cuantas horas, a las 3:15 de la tarde, el embajador guatemalteco en México llegó a la Embajada de Estados Unidos con el propósito de comunicarle a Schoenfeld que todos los rumores referentes a la cooperación entre los sindicatos radicales mexicanos y guatemaltecos eran erróneos. No podía tratarse de una coincidencia y Schoenfeld asumió que el gobierno mexicano, por conducto de agentes ubicados en las compañías de telégrafos, habían tenido algún acceso a los cables norteamericanos.

Unos meses más tarde, en enero de 1927 Walley, un corresponsal norteamericano, advirtió a Sheffield sobre las infiltraciones que había en su oficina. Walley había ido a ver al líder laboral mexicano Luis N. Morones para hacerle algunas preguntas, y Morones le dijo que le habían informado por teléfono en forma anónima, con tres horas de anticipación, qué preguntas quería hacerle. Parece ser que Walley era un corresponsal de prensa, quien había puesto a consideración de la Embajada norteamericana las preguntas que quería hacer a Morones. El embajador se sonrió y le dijo: “aquí todo está seguro, no tengo la menor duda de mis empleados”.

Un mes después, cuando los agentes estadunidenses descubrieron que faltaban ciertos documentos de los archivos, y que éstos se encontraban en la oficina del presidente de México, cesó la ecuanimidad con la que las autoridades norteamericanas habían visto el asunto de las infiltraciones en la Embajada. Sin duda un descuido de los agentes mexicanos fue lo que causó dicha situación, ya que 10b había entregado los documentos a quienes los manejaban y estos últimos los guardaron por varios días para fotografiarlos, en vez de devolverlos inmediatamente.

Las noticias de las infiltraciones en la Embajada llegaron pronto a Washington y el 23 de febrero el secretario de Estado Kellogg cablegrafió a Sheffield para investigar lo que anunciaba la prensa referente a que importantes documentos habían sido robados de la Embajada. 10b informó que ese telegrama sacudió a la Embajada como si se tratara de una bomba.

Sheffield rehusó enfrentar la verdad. En un telegrama dirigido al Departamento de Estado comunicó que los documentos faltantes habían sido encontrados y que no existían infiltraciones en la Embajada. Ese mismo día, el corresponsal del Chicago Tribune visitó a Sheffield para decirle que se había enterado por conducto de congresistas mexicanos del robo de documentos importantes de la Embajada de Estados Unidos. El embajador negó estos rumores una vez más.

El Departamento de Estado no aceptó las declaraciones tranquilizadoras de Sheffield. Había perdido la confianza en la capacidad de la Embajada para poner su propia casa en orden y envió desde Washington a un alto funcionario, Matthew Hanna, para investigar el asunto de las infiltraciones. Hanna ordenó a la Embajada despedir a todos los empleados mexicanos como medida de seguridad. Ésta era una acción extrema que Sheffield se negó a aceptar, pues sentía que daría pie a una fuerte impresión de predisposición anti mexicana, y el Departamento de Estado estuvo de acuerdo con su opinión. Mientras las sospechas de Hanna se centraban en los mexicanos empleados por la Embajada de Estados Unidos, las de otro investigador enviado por el Departamento de Estado, John Callahan, se dirigían hacia altos oficiales de la oficina del attaché militar estadounidense, quienes gastaban mucho más de lo que ganaban. Parte de ese ingreso adicional procedía de subsidios o sobornos suministrados por Edward L. Dohenys de la Huasteca Mexican Petroleum Company. 

Obviamente, Callahan sospechaba que algunos funcionarios recibían subsidios no sólo de las compañías petroleras norteamericanas, sino también del gobierno mexicano.

Todos los esfuerzos de la Embajada de Estados Unidos en México y el Departamento de Estado para ocultar el hecho de que los documentos se fugaban hacia el gobierno mexicano se frustraron cuando el 29 de marzo el New York Times publicó documentos pertenecientes a la Embajada de Estados Unidos que Calles había mostrado a su corresponsal en México:

Para ese entonces el embajador ya no pudo continuar negando el hecho de que habían ocurrido infiltraciones en su Embajada, por lo que buscó un chivo expiatorio y qué mejor manera de encontrarlo que usando el arraigado prejuicio que prevalecía en el Departamento de Estado: el antisemitismo, que había sido un tema recurrente en la correspondencia entre Kellogg y Sheffield. En enero de 1927, Sheffield tuvo una larga conversación confidencial con Marcosson, editorialista del Saturday Evening Post. Sheffield había quedado impresionado con el hecho de que Marcosson le había comentado que él había visto documentos norteamericanos en el escritorio de Calles. Un mes más tarde, Kellogg lo amonestó diciéndole que él había sido responsable al confiar en “un judío como éste, que puede utilizar esos secretos en contra de nosotros mismos”. Aún cuando reconoció que los documentos de la Embajada estaban en manos del gobierno mexicano, Sheffield declaró que esos documentos habían sido fotocopiados en Washington y no en México. Por otro lado, los documentos sustraídos de la oficina del attaché militar habían sido de hecho robados en México, y el hombre responsable de esto era “un tal judío llamado Haymman que fue íntimo amigo del coronel Roossell, antiguo attaché militar”. Delg (sic) Haymman era alemán, corresponsal del Staats Zeitung, un periódico germano-estadounidense. Haymman llegó a México con una carta de recomendación del subalterno del secretario de Estado, y el mayor Cheston de la inteligencia militar comentó a 10b que el primero había prestado excelentes servicios a Estados Unidos durante la primera Guerra Mundial, y que se encontraba en México como agente especial del presidente Coolidge, a quien debía informar directamente en lo tocante a los asuntos de este país.

Ni el Departamento de Estado ni el Departamento de Inteligencia Militar se convencieron con los argumentos presentados por Sheffield. Se les avisó a todos los agentes del Departamento de Inteligencia Militar que no pusieran un pie en la Embajada norteamericana, y en vez de esto se reportaran a la oficina del attaché comercial, que se ubicaba fuera de la Embajada y no se encontraba bajo la misma vigilancia de esta última. Las sospechas se centraron cada vez más en la oficina del attaché militar y en su jefe Davis, quien fue llamado a Washington con el propósito de que se pudiera llevar a cabo una investigación exhaustiva de su oficina. Después de pasar unas semanas en Washington, el attaché militar Davis fue exonerado de culpa y regresó a México. Sin embargo, se continuó haciendo una investigación secreta y, aproximadamente unas semanas después de su regreso, Davis fue llamado nuevamente a Estados Unidos y se le transfirió al Departamento de Inteligencia del Fuerte Sam Houston en Texas. Finalmente, el Departamento de Inteligencia Militar decidió que Davis había sido descuidado y que los documentos fueron sustraídos de su oficina. Al conocer la versión del gobierno mexicano, veremos que andaban cerca de la verdad.

Estos reportes del agente 10b confirmaban la opinión que ya tenía Calles de la imposibilidad de un arreglo con Estados Unidos mientras Sheffield permaneciera como embajador de ese país en México. No había medios fáciles por los cuales Calles pudiera lograr el retiro de Sheffield como embajador. En teoría, podía declararlo persona non grata y, por ende, exigir al gobierno norteamericano su retiro. La medida, que hubiera sido vista como un acto hostil por parte de Calles, hubiera provocado dos reacciones: la primera, el incumplimiento por parte de las autoridades estadunidenses y la otra, que el Departamento de Estado lo sustituyera por un oficial de más bajo nivel sin poder de decisión.

Según los reportes del referido espía, Calles recurrió a una extrema, atrevida y muy arriesgada estrategia al transferir la mayoría de los documentos a George Barr Bakerun, periodista de Nueva York quien, según el espía, fue enviado a México por el presidente Coolidge en calidad de emisario especial de su gobierno (más adelante veremos que las versiones de Luis N. Morones, Emilio Portes Gil y el general José Álvarez y Álvarez de la Cadena demuestran que no fue de esa manera).

La misma fuente asegura que el periodista Baker no dio los documentos al presidente Coolidge, sino a la inteligencia naval de Estados Unidos, y que ese departamento los examinó para descubrir que la mayoría de ellos eran auténticos. Para asegurarse de que el presidente norteamericano sabía de los documentos, Manuel Téllez, embajador de México en Estados Unidos, tuvo una conferencia con Coolidge en la cual reveló su existencia, y al mismo tiempo le informó que los documentos habían sido proporcionados a las autoridades mexicanas sin haberlos solicitado, pero que como gesto de buena voluntad, México los devolvía a Estados Unidos (esto tampoco concuerda con los acontecimientos relatados por los funcionarios mexicanos señalados).

Según versión de Arthur Bliss Lane, en esa época secretario de la Embajada estadounidense en México, Calles reveló la identidad de los agentes mexicanos a las autoridades de la Embajada de Estados Unidos y estas revelaciones culminaron con la renuncia de Sheffield. Calles había asegurado así su objetivo y Estados Unidos tuvo que sustituir a Sheffield por Dwight Morrow, cuya actitud hacia México abrió las puertas a una nueva era en las relaciones México-Estados Unidos.

¿Quién fue el espía 10b?

De acuerdo al espía 10b, las revelaciones de Calles provocaron el despido de autoridades menores: cambiaron al secretario particular y al mecanógrafo del attaché militar de Estados Unidos en México ¿Acaso 10b era uno de ellos? Es probable, pero no seguro. Curiosamente, mucha de la información suministrada por este agente procedía de la oficina del attaché militar. Y en uno de sus informes parece haber revelado su nombre real. Lo que sí es claro es que se sentía acosado por la policía mexicana y que para poner fin a esta persecución envió a sus contactos tres cartas que le habían sido suministradas en 1923 por los agentes consulares mexicanos en San Antonio y Laredo, en las cuales se informaba de sus excelentes servicios a México, así como que había actuado sin recibir ninguna remuneración. Manuel Alcalá era el nombre de la persona para quienes fueron expedidas las constancias. En su carta, 10b fue algo más específico acerca de la clase de ayuda que había proporcionado a los representantes de México. Informó que en 1923 sustrajo algunos documentos de valor del fuerte Mackintosh.

El principal informante de 10b dentro de la Embajada parece haber sido un empleado clave de nombre William L. Coppeland. Éste le dio un recibo por 200 dólares que, por recomendación de 10b, quedó bajo la custodia del líder sindical Luis N. Morones. Con este documento presionaron a Coppeland para que siguiera trabajando en favor del sistema de espionaje de México, a pesar de que él quería terminar con esa relación. 10b también mantuvo estrechas relaciones con un prominente miembro de la oficina del attaché militar, el mayor Cheston. Sin embargo, no queda muy claro si el mencionado espía era mexicano o México-estadounidense, aunque lo más probable es que se trataba de un civil empleado de la Embajada de Estados Unidos en México.

Los documentos norteamericanos fueron insuficientes para deducir si Alcalá y Coppeland eran las dos personas a quienes se despidió de su empleo. A pesar de que estos dos agentes perdieron su trabajo, nunca fueron enjuiciados no obstante las revelaciones de Calles (probablemente los hubieran perdido, ya que los agentes norteamericanos de seguridad los habían cercado y el embajador ya sospechaba de ellos). Aunque no puede comprobarse, es muy probable que antes de hacer sus revelaciones Calles haya exigido la inmunidad de sus agentes. Y hasta hoy nadie ha podido asegurar que 10b haya cobrado grandes sumas de dinero por sus actividades. Incluso, en una carta sin fecha enviada a uno de sus contactos el agente solicitó ayuda económica, en vista de la difícil situación financiera por la que atravesaba.

El último informe del agente 10b está fechado el 23 de mayo de 1927. A partir de ahí el gran espía de México desapareció para caer en el más profundo olvido. No se supo más de él. Empero, el efecto de sus actividades fue determinante.

La historia política de Latinoamérica nos ha enseñado que cuando los ciudadanos de una nación se encuentran descontentos con el gobierno establecido, es porque en la mayoría de las veces no se les da participación. Unos, los traidores, optan por aprovechar las dificultades internacionales de su patria para unirse al enemigo a cambio de promesas relacionadas con la toma del poder. Y nuestra patria ha padecido todo tipo de traiciones. Una de ellas consta en el siguiente documento:

Copia tomada del original, nodación por 10b Departament of State. Latin American Division Washington, DC Secret. Bulletin Aprendiz “A”, section M-1 6, 2USE oct. 15th, 1926.

Memorándum presentado por un grupo de revolucionarios mexicanos que radican en Estados Unidos al secretario Kellogg.

Después de alegar que México padecía, condiciones de opresión material y religiosa, los inconformes escribieron lo siguiente:

... los suscritos, en representación de las diversas facciones que se encuentran actualmente en armas en nuestra patria, México, en contra de la pequeña minoría armada que se ha apoderado del poder público desde diciembre de 1924, después de haber discutido los grandes problemas que existen en nuestro país por resolver y viendo la incapacidad y la falta de voluntad de los actuales usurpadores del poder público para dar una solución satisfactoria e inmediata a los problemas, creando por otra parte más cada día, que pueden poner en peligro nuestra soberanía, nuestra libertad e independencia... Hemos sacrificado nuestros intereses personales y hemos acordado unirnos en una sola fuerza para así presentar un solo frente al enemigo común y hacer posible la libertad de México. Al triunfo de nuestra fuerza se convocará a un Congreso Constituyente para reformar la Constitución, aboliendo todos los decretos y leyes emanados de la administración actual y formando una nueva Constitución que será extractada de las Constituciones de 1857 y de 1917, aboliendo por completo los artículos que han sido causa directa de protestas de algunas naciones con las que siempre ha conservado relaciones cordiales nuestro país, llevando más adelante reformas administrativas en beneficio directo del pueblo mexicano.

Pedimos muy atentamente a Vuestra Excelencia, el secretario de Estado, que nos dé una pequeña ayuda moral para hacer posibles nuestros deseos, evitando así una campaña larga y costosa.

Sólo pedimos, señor secretario de Estado, sea levantado el embargo de armas que por decreto presidencial existe a la importación de armas en México desde el año de 1924, dando así una oportunidad a la Administración de Calles de que demuestre su fuerza conteniendo la soberbia ola arrolladora de rebelión que se levantará de un extremo a otro del país y que ahora se encuentra imposibilitada, debido a la falta de elementos y las grandes dificultades con que se tropieza para conseguirlos en el extranjero.38

Salta a la vista que las promesas de los “revolucionarios mexicanos” a cambio de obtener ayuda militar y económica de Estados Unidos contra el gobierno de Calles eran, fundamentalmente, la derogación de las leyes reglamentarias de la fracción I del artículo 27 de la Constitución, y más aún, la del propio artículo. Casualmente estas ofertas coincidieron con las hechas por los generales Gómez y Serrano quienes, como ya se dijo, querían obtener apoyo para su rebelión: todos olvidaron que éstos constituían los mayores triunfos de la Revolución Mexicana, a la que supuestamente representaban.

Poco tiempo después Sheffield envía un memorándum a Kellogg para aconsejarle que se levante el embargo de armas, tal como lo pedían los “revolucionarios mexicanos”, embargo este que perjudicaba a los norteamericanos dedicados a fabricar y comercializar armamento y parque. Decía además que el levantamiento del embargo iba de acuerdo con la política seguida por el Departamento de Estado. El documento termina diciendo: “Tal vez esta acción despertará el respeto del gobierno de Calles para Estados Unidos.”

La opinión de Sheffield fue tomada en cuenta, y en marzo de 1927 el secretario de Estado anunció que el tratado firmado para reprimir el contrabando de armas ya no sería renovado: se levantaba la prohibición de vender armas a cualquiera que las solicitara al sur del Río Bravo. Era evidente que, además del gobierno azteca, sólo los cristeros y los “revolucionarios mexicanos” podrían interesarse en comprar armas. De alguna manera, con su decisión el Departamento de Estado reiteraba el chantaje utilizado contra México por Taft y Wilson.

A finales de 1926 Roberto E. Olds, antiguo socio del secretario Kellogg, al hablar para tres grandes agencias de publicidad denunció al régimen de México como una sucursal del gobierno soviético ya que para él era “evidente la política bolchevique de México en Centroamérica”.

Hay que hacer notar que si los estadunidenses consideran que un gobierno actúa en contra de sus intereses económicos y políticos, no dudan en demostrarlo. Así sucedió en 1927, cuando calificaron al régimen mexicano de bolchevique y cuando en 1965 lo catalogaron de comunista. Si en la actualidad nuestro gobierno estuviera en contra del neoliberalismo, no hay duda que el epíteto endilgado alentaría el optimismo y renovaría la esperanza de los mexicanos.

El 31 de enero de 1927 el coronel Frank W. Walker, jefe de la inteligencia militar estadounidense con sede en el fuerte Sam Houston de San Antonio, Texas, llegó al país con la misión de reclutar residentes norteamericanos para servir a la Legión Americana y espiar en favor de Estados Unidos.

El poder de la prensa y la propaganda

Para poder contrarrestar las actividades de los intervencionistas, el gobierno mexicano emprendió una campaña en Estados Unidos. Pretendía ganar las simpatías y lograr el apoyo de prominentes intelectuales norteamericanos. Sin embargo se enfrentaron al problema de saber si realmente se podría confiar en esos intelectuales o si éstos trabajaban subrepticiamente para el gobierno de Estados Unidos.

Sin embargo, por ahí hubo una respuesta a favor: la publicó The World de Nueva York el 19 de marzo de 1927. Su editorial se refirió al problema de México bajo los siguientes términos:

Los partidarios que la guerra tiene dentro del gobierno no desean arreglar la disputa relativa a los yacimientos petroleros, sino derrocar al gobierno del presidente Calles; no buscan una solución del conflicto pendiente, sino una revolución en México y el establecimiento de un gobierno como el que existe en Nicaragua, es decir, que sea un instrumento en manos del Departamento de Estado. Este último que está dominado por el partido que desea la guerra, quiere que el gobierno de México haga lo que se le ordene como lo hacen Díaz en Nicaragua y Bornó en Haití. La abrogación de exportar materiales de guerra es el arma que el partido bélico siempre ha querido emplear para derrocar al gobierno mexicano.39

Con motivo del vigésimo aniversario de la creación de la United Press, el día 25 de abril fue celebrado un banquete. El tema del discurso de Coolidge fue el papel de la prensa, intervención que el mandatario estadounidense aprovechó para hablar del tema recurrente:

La persona y la propiedad de un ciudadano forman parte del dominio general de la nación, aun cuando se halle en el exterior... hay una obligación importante, por parte de los gobiernos que se respeten, que impone el deber de proteger las personas y la propiedad de sus ciudadanos, sea cual fuere el país donde se hallen...

Después explicó que las dificultades con México se debían a que Calles, de conformidad con el Congreso, había presentado una serie de proyectos considerados por ellos como una amenaza de confiscación de la propiedad de sus ciudadanos. Pero también dijo que le complacía informar que el embajador mexicano había declarado que el gobierno no estaba interesado en confiscar las propiedades de los norteamericanos, y que ya se habían tomado medidas para apresar a los asesinos de ciudadanos norteamericanos. En fin, las referencias de Coolidge dejaron establecido que los dos países estaban de acuerdo en mantener sus relaciones dentro de la cordialidad internacional.

La reacción del presidente Calles fue positiva y entusiasta. Así lo dejó ver durante la entrevista que concedió al reportero de la United Press, a quien expresó su complacencia por el tono conciliatorio del discurso. Sin embargo, en sus opiniones hizo énfasis en la mano negra de las empresas extranjeras interesadas en propiciar un conflicto entre las dos naciones:

La protección de los derechos legítimos, de acuerdo con el derecho internacional —dijo Calles— es perfectamente justificable. Pero cuando los ciudadanos de un país fuerte adquieren propiedades en una nación débil y tratan después de conseguir protección contra violaciones supuestas o ciertas de esos derechos antes de agotar los derechos legales del país, ello conduce, si la cancillería formula demandas demasiado contundentes o sin suficiente estudio, a una penosa situación para el país débil y a un ilegal e intolerable menosprecio por los nacionales de los países más fuertes, que cuentan con la amplia protección de sus cancillerías.

Para concluir la entrevista, dijo que esperaba que entre Estados Unidos y México se anularan las diferencias, ya que ambos gobiernos estaban conscientes de sus responsabilidades y por ello no debería tolerarse la violación de los derechos de nadie. Dejó abierto el camino para una solución que, además de asegurar un acuerdo satisfactorio, acabara con todas las dificultades y controversias diplomáticas.

Otra vez la retroactividad

Uno de los problemas jurídicos causantes de este alejamiento fue la concepción antagónica que sobre la retroactividad tenían ambos gobiernos. La Ley Reglamentaria del artículo 27 de la Constitución en su fracción i fue el motivo de la discordia. Morones decidió acudir a varias instancias jurídicas para solicitar su punto de vista sobre el debatido concepto de la retroactividad. Una de ellas, el Departamento Jurídico de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, le contestó:

Un imperativo emanado de la autoridad competente que rige por el pasado modificando o desconociendo derechos adquiridos, llámase retroactividad. Toda aplicación de una ley al pasado en daño de intereses ya adquiridos, es retroactiva.

Dos circunstancias, en consecuencia, deben concurrir para que exista retroactividad: una aplicación al pasado, y un precepto que al ser aplicado modifique o destruya un derecho legítimo.

Aunque nuestra Constitución en su artículo 14 prohíbe la aplicación retroactiva de la ley, en su texto no niega ni coarta el derecho que tiene el legislador para dictar leyes retroactivas. Por lo mismo el pueblo representado por el Legislativo es soberano y tiene, por ende, la suprema y más alta potestad, y al reconocerla se inclina ante la plena libertad para legislar tanto sobre el pasado como sobre el porvenir. Tenemos así que la Constitución no prohíbe las leyes retroactivas y que la retroactividad sólo ata a los jueces, pero no al legislador.

Esta característica no debería haber sorprendido a los norteamericanos que se quejaban de la decisión tomada por el gobierno de Calles. Esto porque a pesar de que su Constitución es un documento capitalista, su base ideológica está sustentada en la concepción inglesa medieval de la propiedad raíz y de la idea de que cada hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios; y que como Dios es absoluto, los derechos individuales nacieron con el hombre y porque además esos derechos son ilimitados, soberanos y no enajenables. Cualquier poder que trate de derogarlos es visto con profunda sospecha y gran hostilidad, incluso en caso de que conceda a cambio una medida de beneficios igual o mayor a la que trata de eliminar. Tal vez los estadunidenses no piensen en ello conscientemente sin embargo, no hay duda de que así lo sienten. 

Estos derechos, que forman parte del individuo como su esencia física y espiritual, podrían ser todos, porque los “padres fundadores” no se molestaron en definirlos. Me explico: definir esos derechos hubiera implicado enumerar todas las cosas de las cuales los hombres son capaces en la plenitud de su ser. De ahí que la Declaración de Derechos de nuestro vecino solamente reserve los derechos considerados como particularmente notables desde un punto de vista práctico sobre los cuales, como mínimo, no debe existir error alguno. Las primeras diez enmiendas de esta Carta Magna o Declaración de Derechos —por cierto redactada en ocho cuartillas, pero profusamente comentada en decenas de mamotretos— resumen la definición quinta-esencial del individuo como el tenor fundamental de su relación con el gobierno. Y sus redactores dejaron a la imaginación los derechos que con el tiempo pudiera tener el pueblo. Haga usted de cuenta que hubiesen dicho: “Por cierto, el hecho de que hayamos hablado de unos cuantos e importantes derechos, no significa que hayamos renunciado a todos los otros que podamos tener.”

Los franceses siempre se han molestado en criticar la Declaración de Derechos de Estados Unidos, y dicen que la suya es más larga y completa que la caótica colección de diez enmiendas. Pero para algunos juristas, el defecto de la francesa está en que es completa y por consiguiente limitada. En cambio lo incompleto del documento norteamericano permite, precisamente, lo ilimitado. Es decir, todo.

Queda claro que el fundamento político-filosófico estadounidense es que una constitución surgida de la inspiración divina resulta superior y anterior al hombre: que está más allá de la decisión de cualquier instancia o gobierno que, como el nuestro, gira en torno a una ley suprema inspirada en el bienestar de la sociedad y no en el individualismo.

Por esas y otras razones que para detallarse necesitarían varias páginas de este libro, los norteamericanos inconformes con la Constitución mexicana no quisieron entender (o no les convenía) que aunque el territorio de nuestro país comparte con ellos el mismo continente, no es de ninguna manera parte de su casi celestial propiedad, y menos la Tierra Prometida o el “destino manifiesto”.40

Las ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia sobre el petróleo establecen en su considerando segundo que la ley puede ser retroactiva, que la prohibición de retroactividad se dirige a su aplicación, no a la ley; mira al juez, no al legislador, por lo que los casos en que la Constitución es retroactiva, como el párrafo del artículo 27 que manda revisar concesiones excesivas, deben ser obedecidos sin distingo alguno, ya que es la ley suprema que debe acatarse y no discutirse.41

El distinguido tratadista de derecho civil Nicola Coviello dice que hay tres posibles significados jurídicos de la retroactividad:

Retroactividad de la ley puede significar aplicación de la ley nueva a hechos no sólo realizados, sino agotados bajo el imperio de la antigua ley; esto es, que ha producido ya todos sus efectos y las controversias relativas han terminado por transacción o por sentencia pasada con autoridad de “cosa juzgada”. La nueva ley impartiría una resolutio ex tunc de todas las relaciones jurídicas realizadas según la ley procedente.

Asimismo, retroactividad de la ley puede significar un campo de acción más restringido. Esto es, la aplicación de la ley nueva a todas las controversias que surgen o que están pendientes todavía en el momento en que aquélla entra en vigor, aunque tengan por objeto hechos verificados bajo el imperio de la ley abolida. De este modo quedarían respetadas las transacciones y las sentencias basadas en autoridad de cosa juzgada con anterioridad a la nueva ley.

Retroactividad de la ley, en fin, puede denotar no la aplicabilidad de la ley a hechos ya decididos desde antes o a cuestiones pendientes relativas a hechos pasados, sino la aplicabilidad a hechos nuevos que por primera vez se realizan bajo su imperio pero que se encuentran en cierta relación con hechos anteriores.

Sobre este problema se han elaborado diversas teorías:

La más importante y difundida, y la que goza de mayor autoridad, es la “teoría del derecho adquirido”.

Brevemente puede formularse así:

La máxima “la ley no es retroactiva” significa que la nueva ley no puede tocar los derechos adquiridos de acuerdo con la ley anterior; la inviolabilidad del derecho adquirido es el fundamento de la máxima, y al mismo tiempo el límite de la aplicabilidad inmediata de la ley. Si la controversia recae sobre un derecho adquirido, estando vigente aún la antigua ley, el magistrado no deberá aplicar la nueva. Si por el contrario tiene por objeto un hecho que bajo el imperio de la ley anterior constituía una simple facultad o una mera expectativa, deberá aplicarse la nueva ley.

Vistas las grandes e insuperables dificultades que presenta la teoría del derecho adquirido, considerada no sólo en sí misma sino principalmente en sus aplicaciones prácticas, algún otro escritor ha creído más oportuno encontrar el límite de la no retroactividad de la ley en la conocida distinción entre derecho e interés. La nueva ley no puede regular los derechos que tienen fundamento en la ley precedente, pero bien puede afectar lo que constituye un simple interés: de aquí que serían de hecho retroactivas las nuevas leyes que tocaran derechos preexistentes y no retroactivas las que afectaran simples intereses o una utilidad de hecho a favor de una persona bajo el régimen de la antigua ley.

La tercera podría denominarse teoría del hecho cumplido o del factum praeterium, consistente en sostener que el principio de la no retroactividad no importa, sino que la nueva ley no puede regular hechos ya realizados bajo el imperio de la antigua.

Coviello expresa, en el mismo sentido que lo hizo el Departamento Jurídico de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, que el principio de no retroactividad es una regla que mira a la aplicación de la ley y que por lo tanto concierne al juez, no al legislador. A éste le es permitido siempre querer lo contrario. De aquí la posibilidad de dos excepciones en sentido inverso: la retroactividad que importa eficacia de la nueva ley sobre los hechos pasados y la supervivencia del derecho abolido que se disciplina a la legislación anterior. Cualquier ley puede ser retroactiva por voluntad del legislador, pero ninguna es retroactiva por su propia índole.

La eficacia de una ley que por la voluntad expresa o tácita del legislador resulte retroactiva, no puede extenderse por regla general a las controversias pendientes o no surgidas aún. Sin embargo, el legislador puede manifestar su voluntad en contrario, haciendo retroactiva la ley también con respecto a fallos y transacciones.42

Estados Unidos, desde luego, se apoyaba para sus reclamaciones en la teoría de los “derechos adquiridos”, de conformidad con las leyes vigentes antes de la expedición de la Constitución de 1917. Aun aceptando como válida esta teoría, habría que precisar qué se entiende por derechos adquiridos. ¿Puede considerarse como tal el adquirido en la celebración de un contrato de arrendamiento con un campesino ignorante, en el cual se acuerda pagar $150.00 anuales para poder extraer 150 millones de barriles de petróleo? ¿O acaso es un derecho adquirido el que se obtiene cuando se usa la violencia para despojar a un campesino de su propiedad, haciéndolo desaparecer misteriosamente? Si es así, entonces los propietarios extranjeros sí tenían “derechos adquiridos” sobre los pozos petroleros mexicanos. Nuestra opinión es que como resultado de haber ocurrido una revolución popular, el pueblo mexicano constituido en Congreso Constituyente podía, basado en la soberanía que en él reside, estructurarse en la forma que lo creyera conveniente, atendiendo a sus necesidades tanto políticas como económicas, y por lo tanto dictar leyes e imponer a la propiedad privada las modalidades, limitaciones y reglamentos que exigiera la utilidad pública, que está muy por encima de los intereses particulares. Asimismo, se podía declarar la retroactividad de una ley si se consideraba necesaria para el progreso del país.

Para sostener esta tesis en el campo internacional, sobre todo cuando los afectados se encontraban apoyados por Estados Unidos, se requería de un gran respaldo económico y militar, del cual México carecía. Por ello el gobierno tuvo que aceptar la exigencia de los propietarios con antecedentes sobre actos positivos anteriores a la promulgación de la Constitución de 1917, quienes tenían derecho a que el Estado les otorgara concesiones confirmatorias por cincuenta años, prorrogables hasta por ochenta años siempre y cuando comprobaran que todavía existía petróleo en los pozos.

Todo por El Oro negro

Como consecuencia de la aplicación de las leyes reglamentarias del artículo 27 de la Constitución en su fracción I, Estados Unidos realizó un boicot económico y financiero contra México. Los banqueros norteamericanos se negaron a renovar los préstamos, así como a conceder nuevos. Las exportaciones de Estados Unidos a nuestro país sumaron 10 millones de dólares menos que en 1926. Frank Billings Kellogg declaró en el Senado que las compañías petroleras estadunidenses controlaban el 90% de los campos de petróleo asentados en territorio mexicano y que industrializaban el 70% del energético nacional.

Una de las empresas más grandes afectadas por las leyes petroleras mexicanas fue la Gulf Oil Corporation, en la que por cierto poseían una participación fiscalizadora el secretario del Tesoro Mellon y su familia. Este personaje de la política estadounidense era el miembro del gabinete que —según el senador Reed— más influencia ejercía sobre Calvin Coolidge y su gobierno.

En septiembre de 1927 el presidente Calles ya había informado en su mensaje al Congreso acerca de los graves conflictos con el gobierno de Estados Unidos. Las complicaciones se acentuaban en la medida en que los días transcurrían. La prensa americana publicaba noticias alarmantes. Una de ellas hablaba de que el Departamento de Estado estaba preparando una invasión para apoderarse de los puertos de Tampico, Tuxpan y Veracruz. Incluso que había ordenado a los barcos que se movilizaran hacia esa zona.

El gobierno de México llegó a comprobar que, en efecto, las órdenes se habían girado. Entonces el secretario de Relaciones Exteriores, Aarón Sáenz, visiblemente alarmado visitó a Morones para mostrarle un telegrama en el que se anunciaba la salida de barcos norteamericanos de guerra, los cuales habían partido de su base naval rumbo a Tampico y Tuxpan. Algunos prominentes miembros de la colonia americana en México también anunciaron que la intervención armada llegaría a verificarse el 4 de octubre.43

Desde que se conoció la existencia de una comisión que formularía un proyecto de ley reglamentaria de la fracción I del artículo 27 Constitucional, en Estados Unidos empezaron a surgir las dificultades entre los dos países. Por un lado se efectuaron las reclamaciones diplomáticas y por otro, como lo hemos hecho constar, todos los ataques publicados por la prensa contra México fueron auspiciados por el embajador Sheffield y el secretario de Estado Kellogg.

Un plan de contraespionaje para salvar al país

El mandatario mexicano recibió informes de algunas de nuestras embajadas sobre el verdadero fondo de este conflicto internacional. Decían que atrás de él se ocultaban los intereses personales de Sheffield, Kellogg, Mellon y otros funcionarios del gobierno norteamericano, todos ellos importantes accionistas y abogados de una de las empresas petroleras más poderosas en México: la Standard Oil Company. También fue enterado de que el presidente Coolidge estaba al margen de esa situación.

Calles consideró entonces que sería de gran utilidad para México obtener elementos para probar que las dificultades entre los dos países obedecían a intrigas ajenas a la política oficial de Estados Unidos. Para lograrlo formó tres grupos autorizados que se valdrían de los medios que tuvieran a su alcance.

La intención era obtener cualquier tipo de información que comprobara lo ilícito de las actividades de las compañías petroleras que operaban en México, así como de la relación de éstas con los funcionarios norteamericanos.

El primer grupo estuvo encabezado por los secretarios de Industria, Comercio y Trabajo, Luis N. Morones, y de Relaciones Exteriores, licenciado Aarón Sáenz. Ambos funcionarios contaron con el apoyo necesario para reclutar a personas de su confianza y, desde luego, calificadas para tan delicada misión. El segundo grupo quedó a cargo del general José Álvarez, jefe del Estado Mayor Presidencial, quien contó con la colaboración de los oficiales de la policía de la Presidencia dependientes del Estado Mayor y dentro del tercero se comisionó a todos los gobernadores de los estados en donde existieran yacimientos petroleros para que trataran de obtener toda la información posible sobre las actividades de las empresas petroleras establecidas dentro de su demarcación territorial.

El general Calles dejó en entera libertad a los integrantes de estos grupos para que utilizaran cualquier método que, de acuerdo a su criterio, pudiera demostrar su eficacia para tener éxito en la misión. Les comunicó que él personalmente sería quien diera las órdenes relacionadas con esta comisión y que cuando quisiera hacerlo por medio de otra persona así se los haría saber. A esto se debe que los integrantes de los diversos grupos desconocieran las actividades de sus colegas en la misión de contraespionaje.

En el primer grupo formado por Aarón Sáenz y Morones no hubo demasiadas coincidencias, porque la rivalidad política les impidió ponerse de acuerdo. Por ello, cuando Morones se refería al problema petrolero insistía en que el presidente le encargó a él exclusivamente la solución del conflicto y que la Secretaría de Relaciones Exteriores quedó convertida en una oficina de mero trámite. Morones quedó así rodeado de personas de su absoluta confianza. Sus investigaciones se encauzaron a tratar de conocer los textos de las notas oficiales que el embajador o el attaché militar enviaban al Departamento de Estado. Incluso se valieron del tan practicado recurso del soborno, trabajo que el señor Morones me explicó con sus propias palabras:

Tensa la situación en las relaciones México-norteamericanas por las intemperancias y desahogos de mister Kellogg, pensé en la necesidad de conocer todo lo que fuera posible sobre la correspondencia entre el embajador de Estados Unidos en México y el Departamento de Estado para tratar de frustrar las maniobras incubadas aprovechando la inviolabilidad de la correspondencia diplomática. Con tal motivo, soborné a un empleado filipino, que era el encargado de manejar las claves que utilizaban en la correspondencia oficial de la Embajada, y lo mismo hice con una secretaria taquimecanógrafa. El objeto era que me facilitaran las claves de los documentos relativos al problema del petróleo que interesaban a México. El encargado de manejar las claves era un individuo dipsómano y eso facilitó en gran medida el soborno, pues ningún dinero le alcanzaba. Es verdad que al erario nacional le costó una respetable suma de dinero, pero no fue tan grande como la que hubiera podido perder si no tenemos la información oportuna de todo lo que ocurría dentro de la Embajada y no hubiéramos podido, por tanto, detener la maniobra enderezada contra la soberanía nacional.

Arduo fue el trabajo, y además peligroso. Había ocasiones en que un documento no podía permanecer en manos de mis informantes arriba de unas cuantas horas. Y ya fuera de día o de noche, siempre había que tener lista la cámara para tomar copias fotostáticas o simplemente fotografías. Cuando hacían la entrega de un documento de mayor o menor importancia, era necesario, sin tener en cuenta la hora, reunirse con los portadores en diversos lugares de la ciudad, bien en un restaurante, en un teatro o en un templo. De ahí al laboratorio para sacar las copias y devolver los originales.

En esta tarea cooperaron conmigo algunos elementos que podrán asegurar que no es un cuento de espionaje el que estoy narrando, menos que es una novela cuyos personajes se mueven en un plano de peligro, sino que son hechos reales que dieron a México las cartas de triunfo en su debida oportunidad, porque esta documentación fue la que sirvió para que salieran del Departamento de Estado Kellogg y el embajador en México Sheffield.

De las copias fotostáticas tomadas se hicieron cuatro expedientes, de los cuales uno entregué a Calles y los otros fueron depositados en otros países, con la orden de que solamente al general o a mí fueran entregados.

Muchas personas insinúan la conveniencia de que dé a conocer en detalle la forma en que fue posible quebrantar la maquinación en contra de México. Pero a quienes trabajaron a mi servicio en ese escabroso asunto les di mi palabra de honor de que nunca saldrían de mis labios sus nombres. Confiaron

en mí y no los he defraudado. No hubo ni habrá interés ni fuerza alguna que me haga olvidar mi promesa. Al respecto, vale la pena recordar que en alguna ocasión el general Calles me interrogó sobre el particular y mi respuesta fue la siguiente: “He ofrecido a estas personas no revelar sus nombres y le ruego a usted atentamente que no me obligue a faltar a mi promesa”. Calles comprendió perfectamente la situación y no insistió en su pregunta.

Por lo que respecta a las actividades realizadas por los otros grupos organizados por el señor general Calles, debo decir que no fueron de mi conocimiento, por lo tanto es posible que se obtuvieran otros documentos sin que yo me enterara.44

Habla el general Álvarez

El grupo al frente del cual se encontraba el general Álvarez se valió del procedimiento tantas veces utilizado en diversas naciones del mundo para obtener información secreta: los oficiales de su confianza intimaron con algunas mujeres de la Embajada norteamericana. Y como su misión resultó exitosa, obtuvieron importantes documentos e informes confidenciales. No hubo necesidad de sustraerlos de los archivos y por lo tanto ninguno de los miembros de esa Embajada se enteró de esta vertiente del espionaje mexicano. Esta documentación —según los testimonios de José Domingo Lavín, Luis N. Morones y Emilio Portes Gil— se encontraba en las habitaciones privadas del embajador.45

El general José Álvarez relató los acontecimientos en los siguientes términos:

Con mi carácter de jefe del Estado Mayor Presidencial del señor general Plutarco Elías Calles, en el año de 1925 fui informado por mi jefe de que su gobierno había recibido noticias procedentes de las embajadas de México en Washington, en Londres y en Bélgica relativas a que la verdadera causa del encono con que el embajador Sheffield atacaba a nuestro país con motivo de la formulación de la ley reglamentaria de la fracción primera del artículo 27 Constitucional, era que tanto el secretario de Estado en Washington, señor Kellogg, como el propio Sheffield y otros altos dignatarios del gobierno estadounidense eran importantes accionistas y abogados de las compañías petroleras que operaban en nuestro país. Me dijo que también por ese conducto se había enterado de que el presidente Coolidge desconocía el interés personal de tales individuos y que las compañías petroleras habían resuelto formar un consorcio para la defensa conjunta de sus intereses, además de ofrecer muy grandes recompensas a Sheffield y socios en caso de ganar al gobierno de México esta cuestión.

El señor presidente Calles confiaba en que con la obtención de pruebas de tal complicidad podría salvarse nuestra patria, pues estaba seguro de que el presidente Coolidge no toleraría la intriga que en contra de México fraguaban sus subalternos, cuya intención era aconsejar a su gobierno la intervención armada. Ello para formar un Estado independiente con la parte de nuestro territorio donde se localizaban los yacimientos petrolíferos. La recomendación de los cómplices también incluiría la anexión posterior de ese Estado independiente a Estados Unidos, bajo condiciones de protección total de los intereses norteamericanos.

Ante la amenaza que sobre México se cernía, el presidente Calles me hizo la siguiente observación:

Como vamos a tener que trabajar con gran empeño para lograr nuestro objetivo, he pensado formar diversos grupos de acción, uno de los cuales estará bajo su dirección. Para no interferir con sus diversas ocupaciones, quiero informarle que Sáenz y Morones van a trabajar de acuerdo en los campos que a ellos les concierna o por los medios que juzguen convenientes.

Usted, que entiende y habla inglés, tendrá a su cargo asistir a cuantas reuniones seamos invitados por el embajador o por sus subalternos y en forma inteligente procurará obtener los informes que beneficien a México. Dejo este asunto enteramente en sus manos y usted me dará informes de lo que logre conocer. Para darle mayor personalidad y pretextando lo que sea necesario, algunas veces lo designaré mi representante únicamente como concurrente a las reuniones informales, para no lastimar susceptibilidades que usted ya se imagina.

Creo prudente que se valga usted, como lo ha hecho en otros asuntos, de los muchachos oficiales que forman la policía especial de la Presidencia, para que éstos se relacionen con el elemento femenino de la Embajada y nos informen sobre lo que convenga hacer.

Tanto por el respeto, alta estimación y cariño a mi jefe como por el gran beneficio que para México tendría este trabajo, puse en él todo mi empeño y entusiasmo. Creo que los resultados fueron buenos: uno de mis subalternos logró conquistar a una guapa gringuita esposa de un militar asignado a la Embajada. Y la mujer llegó a aficionarse tanto a él que le consiguió varias cartas originales y copias fotográficas de documentos de gran interés para México.

En lo personal entregué al presidente los informes que gracias al trato amistoso obtuve de los empleados de la Embajada, así como diversas opiniones relacionadas con el asunto petrolero. Alguna vez el señor presidente tuvo la gentileza de felicitarme por este trabajo.

También fui comisionado para estar en contacto constante con el jefe de Operaciones en Veracruz, Arnulfo R. Gómez, y otros jefes militares en las zonas petroleras. El señor general Arnulfo R. Gómez en cierta ocasión se comunicó conmigo por vía telefónica para pedirme que informara al presidente que en esos momentos —las once de la mañana de un día que no puedo precisar— se avistaban frente a las costas de Veracruz varios buques de guerra, al parecer estadunidenses, los cuales navegaban con dirección al puerto.

Cumplí el encargo y el señor presidente me dijo textualmente: “Diga usted al general Gómez que prepare inmediatamente grupos de tropa listos para que, en caso de confirmar que se trata de una invasión a nuestra patria, prendan fuego a todos los pozos petroleros de su zona y si los americanos desembarcan, procedan a incendiar todo cuanto exista, porque estoy resuelto a que mientras organizamos otra defensa estos cabrones sólo encuentren tierra quemada.” Una hora después volvió a comunicarse conmigo el general Gómez para aclarar que se trataba de una falsa alarma, ya que los buques habían resultado ser de la marina mercante.

Valga agregar que las amenazas de invasión del gobierno estadounidense no me eran extrañas. En el Congreso Constituyente, por ejemplo, cuando hace exactamente medio siglo empezó la discusión del artículo 27, fuimos citados a una sesión secreta. En ella el vicepresidente del Congreso, el general Cándido Aguilar —que también era secretario de Relaciones Exteriores —por instrucciones del primer jefe Venustiano Carranza nos dio a conocer el contenido del cablegrama de su representante en Washington: se le notificaba que el Departamento de Estado decía que si el artículo 27 de la Constitución se aprobaba en los términos en que la discusión se estaba llevando a efecto, el gobierno estadounidense se vería precisado a intervenir militarmente en nuestra patria. Cuando el primer jefe consultó la opinión de los diputados constituyentes, todos nos pusimos de pie para apoyar la siguiente respuesta: “El artículo 27 Constitucional se aprobará a pesar de las amenazas de Estados Unidos.” Como ya es costumbre en la política internacional de ese país, las amenazas de intervención son como los ladridos del perro pero cuando no hacen ruido es porque ya están a punto o se encuentran dentro del territorio ajeno.

Es todo lo que puedo decir en relación con este asunto. Me reservo aquello que de acuerdo a mi promesa y a la norma de mi conducta jamás revelaré.

Como se desprende de las respuestas del general Álvarez, no me fue posible obtener los nombres de las señoras que de alguna manera colaboraron para que el gobierno de México obtuviera los valiosos informes que evitaron otra invasión. Sin embargo, gracias a mi insistencia —más de hija que de investigadora —logré saber que la principal informante era la esposa de uno de los agregados militares de la Embajada de Estados Unidos. Este dato coincide con la versión del agente 10b respecto a que la investigación norteamericana sobre la fuga de información se centraba precisamente en esa oficina.46

Las respuestas de Portes Gil

Al licenciado Emilio Portes Gil le pregunté si conocía la forma en que se obtuvieron los documentos procedentes de la Embajada americana. Y él me dijo que en efecto la conocía, porque el general Calles se la había relatado. De ahí que la versión del ex presidente Portes Gil sobre este suceso coincida en sus puntos medulares con las dos anteriores. El lector podrá percibir algunas diferencias, que a mi juicio fueron intencionalmente manejadas debido a la discreción y el cuidado con que el presidente Plutarco Elías Calles administró el espionaje:

El general Calles, platicando sobre ese incidente, me dijo que un joven y bien parecido militar de la Embajada americana tenía amistad íntima con la esposa de otro de los miembros de esa Embajada y que Morones ganó su confianza hasta que lo convenció de que a cambio de una alta recompensa obtuviera los originales o copias de las cartas privadas que sostenían el embajador Sheffield y el secretario de Estado Kellogg, mismas que se encontraban en una caja fuerte en las habitaciones privadas del primero. Así fue como el joven militar norteamericano, aprovechando su amistad con la señora que vivía en la Embajada, obtuvo los originales de las cartas y otros documentos y los entregó a Morones a cambio de cinco millones de pesos.

Cuando en Estados Unidos se enteraron de quién había sido el que facilitó los documentos, vinieron a buscarlo a México. No lo encontraron porque Morones lo escondió en unas minas de arena bajo el control sindical de la crom. Pero un día, quizás pensando que ya no había peligro, el militar tranquilamente salió a pasear por el pueblo y lo detuvo la policía de Estados Unidos: se lo llevaron a Tampico en donde, según dicen, lo sumergieron en el mar dentro de un saco cerrado.

Al asumir yo la Presidencia, el general Calles me indicó que debía autorizar una partida por cinco millones, los que ya habían sido entregados al citado militar norteamericano por los servicios prestados a México. E hizo de mi conocimiento que él había considerado prudente no autorizarla entonces para evitar cualquier sospecha. Por un sentido de respeto y caballerosidad, no puedo revelar a usted los nombres de las personas que intervinieron en este asunto.

Tomando en cuenta la importancia del comentario, supuse que debería guardar la identidad de la fuente o simplemente manifestar que una persona muy enterada me había proporcionado la versión. Al comentárselo el ex presidente, me respondió con la energía y autoridad que lo distinguieron:

“Mira Manolita, yo sostengo lo que digo a costa de lo que sea. Asienta que te lo dijo Emilio Portes Gil.”47

La conspiración de los petroleros

El plan organizado por Calles tuvo éxito y los documentos obtenidos pertenecientes a la Embajada norteamericana revelaron que en efecto, independientemente de la política oficial, el embajador Sheffield y el secretario de Estado Kellogg, así como otros altos funcionarios del gobierno norteamericano tenían planeado provocar la guerra entre Estados Unidos y México. Para lograrlo hacían llegar al presidente Coolidge noticias falsas sobre la situación reinante en nuestro país. Las copias fotográficas y mimeográficas de la correspondencia, tanto oficial como privada, entre el embajador y el secretario de Estado eran la prueba plena de esta intriga y estaban en poder del gobierno de México.

Entre los documentos que se obtuvieron figura uno que mañosamente manejaba la existencia de un complot fraguado por militares descontentos decididos a derribar al general Calles y constituirse en dictadura militar. Se trataba de un memorándum enviado el día 30 de enero de 1926 por el señor James R. Sheffield, embajador de Estados Unidos en México, al subsecretario de Estado en Washington, con carácter de información secreta. Estaba redactado en los siguientes términos:

Asunto. Estabilidad del gobierno mexicano actual (Asuntos políticos de México). Fecha de compilación: de 12 de diciembre de 1925 a 30 de enero de 1926. Fecha de envío por correo: 30 de enero de 1926.

1. Tengo el honor de informarle en adición al asunto arriba indicado y en cumplimiento de su despacho de ayer, lo siguiente que es un resumen de la información ministrada por el attaché militar de esta Embajada: Hay un complot militar para un golpe de Estado. El presidente Calles viajaría durante seis meses a bordo del cañonero “Bravo”. El gobierno entretanto quedaría bajo una dictadura militar compuesta por los generales Eugenio Martínez, general Juan Andrew Almazán, general Marcelo Caraveo, general y senador Jesús Agustín Castro, senador y general Eulalio Gutiérrez, general José Álvarez, jefe del Estado Mayor Presidencial. Al expirar los seis meses, el gobierno dictatorial hará una elección y ninguno de los miembros de la dictadura será electo presidente.
2. La explicación para dejar fuera el nombre de Arnulfo Gómez es que no podría ser electo presidente si fuese miembro del directorio. Como usted sabe, este hombre tiene ambiciones presidenciales. Tengo el honor de ser su servidor obediente. James R. Sheffield, embajador en México.48

Para confirmar la veracidad o falsedad de este documento, entrevisté al licenciado Portes Gil y ésta fue su respuesta:

Plan Green

“Era una mentira inventada por Estados Unidos para derrocar al gobierno de Calles, siguiendo la misma política que han usado siempre en Latinoamérica.”49

El general José Álvarez, jefe del Estado Mayor Presidencial, que según este documento figuraba como uno de los integrantes de la “dictadura militar que usurparía el poder derrocando a Calles”, hizo la siguiente precisión:

Es falso que tal complot haya existido. Y la forma más clara de comprenderlo es que los generales que según este documento participaban en él, pertenecían a corrientes ideológicas completamente diferentes.

Una vez que lo tuvo en su poder el señor general Calles, me llamó para mostrármelo y no pude menos que reír ante lo absurdo del contenido de semejante infundio. El presidente me informó que en otro documento del mismo origen se aseguraba que sería yo el que, aprovechando su confianza y por medio de engaños, lo llevaría hasta entregarlo a quienes lo embarcarían en el cañonero “Bravo”, donde debería permanecer durante seis meses. Aparentemente el general Calles creyó en la falsedad de esta calumnia. Y digo aparentemente porque tiempo después fui objeto de una intriga política que bien pudo tener su origen en la calumnia que, como dice el dicho, alguna duda debe haber dejado (véase el anexo 2).50

Tratando de verificar la existencia de ese complot, en una de las entrevistas que celebré con el señor Morones le pregunté:

—Señor Morones, ¿qué puede decirme usted sobre el complot que se mencio- naba en uno de los documentos obtenidos de la Embajada americana y que usted publicó en El Universal?

—Que era completamente falso, ya que nunca existió ese complot.

—¿Cree usted que Kellogg y Sheffield pensaban organizarlo y como es costumbre de Estados Unidos lo anunciaron como un hecho?

—Sí, yo creo que ellos pensaban organizarlo.

—Señor Morones, me han informado que los generales que aparecían como integrantes de ese complot pertenecían a corrientes políticas opuestas y que nunca participarían juntos en una dictadura militar. ¿Cree usted que eso sea verdad? 

—Sí, me parece exacto, porque todos tenían intereses políticos diferentes y por lo tanto no era factible que se unieran para efectuar un golpe de Estado.

—¿Considera usted que al general Calles le causó mala impresión el hecho de que apareciera el general Álvarez formando parte del complot en su contra? Es decir, ¿le parece a usted que le dio crédito?

—No, y la prueba de ello es que inmediatamente lo hizo del conocimiento de Álvarez en lugar de mandar hacer una investigación, como sería el caso si le hubiera dado crédito.

—¿Conoció usted el documento en que constaba que el general Álvarez sería el encargado de entregar al general Calles para que lo llevaran al cañonero, y que a cambio de esta traición él dirigiría la dictadura militar?

—No, no tuve la oportunidad de conocer tal documento, pero creo que nada era verdad sino únicamente intrigas políticas.51

Con base en los anteriores testimonios y tomando en cuenta lo incongruente que resultaba un golpe de Estado organizado por generales de grupos políticos antagónicos (algunos de ellos con enemistad personal irreconciliable), así como que el general Álvarez (que aparecía como miembro principal del movimiento por ser el más cercano al presidente) no conocía la existencia de tal intriga sino hasta el momento en que el propio Calles le mostró el documento de la Embajada americana, yo creo que se trataba de otro de los proyectos de golpe de Estado de factura y dirección estadounidense. Sólo que en este caso no les dio resultado.

Recordemos que sus intenciones estaban justificadas en el problema que para los intereses norteamericanos significaba la reglamentación del artículo 27 Constitucional. Ello les hizo pensar en la posibilidad de que Calles fuera derrocado para, en su lugar, poner a una especie de súbdito que se apegara a los deseos de Estados Unidos. Y qué mejor que una dictadura militar. No dudo que pensaban sobornar a los generales mencionados en el “memorándum secreto”, ofreciéndoles dinero y poder para que aceptaran la idea del golpe de Estado y, en caso de que no cooperaran, buscarles sustitutos.

Ante lo inminente de la invasión norteamericana y como defensa de nuestro país frente a los intereses imperialistas de las compañías petroleras, el presidente de México decidió usar la documentación obtenida de la Embajada de Estados Unidos. Consideró necesario que alguna persona de absoluta confianza la hiciera llegar al presidente Calvin Coolidge, quien al parecer ignoraba la complicidad entre Kellogg, Sheffield y las compañías petroleras decididas a rebelarse contra nuestras leyes. Y para demostrar que esas compañías violaban flagrantemente la Ley Shermann que prohibía las coaliciones o monopolios con tendencia a influir en las relaciones de Estados Unidos con cualquier otro país, envió copias a las misiones diplomáticas más importantes de México.

Al habla con Calvin Coolidge

Calles se comunicó por vía telegráfica con el presidente norteamericano para informarle que una persona de absoluta confianza le entregaría documentos originales importantísimos, los cuales debería conocer antes de “cometer el crimen de invadir el territorio nacional”. Y lo alertaba de que si después de leerlos su gobierno insistía en su actitud de agresión contra México, las copias en poder de las misiones diplomáticas serían dadas a la publicidad, para que el mundo juzgara el atropello que iba a cometerse contra un país que sólo trataba de defender su soberanía. También le mencionó lo lamentable que sería para el prestigio internacional del gobierno estadounidense que sus soldados y marines cruzaran la frontera o desembarcaran en un puerto mexicano.52

En cuanto los comisionados mexicanos llegaron a Washington se dirigieron con nuestro embajador Manuel C. Téllez, para entregarle la documentación que portaban y las instrucciones que Calles enviaba. Morones aprovechó su amistad con el señor Gompers, presidente de la American Federation of Labor, para que introdujera a los delegados mexicanos con Coolidge. Pero Gompers enfermó y a los pocos días murió.

El embajador de México en Estados Unidos se entrevistó con el presidente Calvin Coolidge mostrándole los documentos para tratar de llegar a un acuerdo y evitar que cualquiera de los dos países saliera perjudicado. Al otro día Téllez informó del resultado de la entrevista a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Lo hizo por medio del telegrama número 31 fechado en Washington, dc el 22 de marzo de 1927:

... dije además tener instrucciones precisas para asegurar que el gobierno nunca ha pretendido, como reiteradamente durante los últimos años por medio de todos sus agentes lo habían asegurado, seguir una política perjudicial para los intereses extranjeros invertidos en México, ya que el gobierno sólo persigue un cómodo, justo y equitativo desarrollo de los elementos nativos sin detrimento de ningún extranjero.

Coolidge contestó que sí resultaban ciertas las estipulaciones relativas a que las compañías petroleras nunca aceptarían los tratos amistosos con el gobierno de México porque el gobierno de su país las apoyaba, él debería salir del Gabinete.

En su telegrama, Téllez informó que le dijo a Coolidge que recientemente el señor Sinclair había manifestado al presidente Calles que no encontraba en las leyes mexicanas relativas nada que obrara en contra de los intereses norteamericanos; que antes de recibir instrucciones superiores en contrario, había querido tener un arreglo con el gobierno. Explicó que había hecho ver al presidente que entre los documentos puestos a su disposición figuraba el que instruía a Sinclair en el sentido indicado. Señaló que como la inquietud de sus interlocutores era patente, sobre todo la del secretario Kellogg, aprovechó el momento para manifestarle, de acuerdo con las instrucciones de Calles, que el gobierno había guardado y seguiría guardando celosamente una reserva absoluta sobre los documentos. Aclaró a Coolidge que en ningún caso serían dados a la publicidad y que, de acuerdo con él, se les daría el uso que creyera correcto. Dijo también que el presidente le pidió comunicarse a México para participarle a Calles el deseo de Estados Unidos relativo a cooperar con él. Asimismo, que agradecía la franca exposición y el sincero ofrecimiento mexicano.

Téllez explicó que, por haber estado presente Kellogg en la entrevista, no pudo sugerir a Coolidge la designación de un agente personal para entrevistarse con Calles, pero que desde luego buscaría el momento apropiado para hacerlo.53

El presidente de Estados Unidos, después de leer los documentos, pidió a los delegados mexicanos veinticuatro horas para darles una respuesta. Convencido de la autenticidad de los documentos, al día siguiente les informó que tenía la certeza de que a México le asistía la razón, asegurándoles que las compañías petroleras cumplirían la ley mexicana.

Según Morones, Coolidge pidió que le proporcionaran los nombres de los empleados que habían facilitado la obtención de los documentos. Dijo que Calles pensó en dárselos, pero que él le recordó que había utilizado su nombre para que confiaran en que no se conocería su identidad y que recibirían el dinero y la protección prometida. Así que Coolidge se quedó con las ganas de saber quiénes habían sido los informantes.53

Desde el mes de febrero de 1927, el embajador Sheffield presentó a la Secretaría de Relaciones Exteriores una nota urgente marcada con el número 1975, en la cual se refería a la sustracción de los documentos de la Embajada. En ella aceptó que un examen de la colección de documentos había demostrado la autenticidad de las copias fotográficas de la correspondencia telegráfica y epistolar entre el Departamento de Estado americano y las oficinas diplomáticas y consulares en México y entre el Departamento de Guerra y su attaché militar.

El escándalo provocado por la sustracción de los documentos de la Embajada americana dio margen a que se hicieran investigaciones minuciosas. Y fue el Departamento de Guerra el que ordenó un reajuste de todo el personal de la Embajada, orden que incluía el cese de los mexicanos que en ella prestaban sus servicios: los consideraron posibles culpables. Días más tarde se rectificó la orden de cese al personal mexicano y quedaron las cosas en el mismo estado; es decir, no supieron cuáles empleados estuvieron involucrados en el incidente. Finalmente sus propias investigaciones permitieron a Coolidge constatar la autenticidad de tales documentos.54

Una vez que Coolidge confirmó la veracidad de toda la información obtenida por el espionaje mexicano, tuvo que cambiar al embajador Sheffield y poco después relevar a Kellogg como secretario del Departamento de Estado.

Algunas interrogantes sin resolver

Concuerdan en lo esencial las dos versiones sobre el espionaje que evitó una invasión a México. En lo que discrepan es en la forma como se obtuvieron documentos e información de la Embajada de Estados Unidos. Quizás porque Luis N. Morones, Emilio Portes Gil y José Álvarez respetaron a pie juntillas las instrucciones del presidente que, como ya se comentó, cuidó que entre ellos no se cruzara ninguna información que pusiera en peligro el proceso de las investigaciones que permitieron salvaguardar la soberanía de México.

Con el ánimo de conocer los documentos que evitaron la que pudo haber sido otra invasión, acudí a ver al señor Morones para pedirle que me los mostrara. El exlíder obrero y ex secretario del gobierno de Calles me dijo:

Con los documentos que llegaron a mi poder por los medio que ya he señalado, formé varios expedientes. El original se lo entregué al general Calles, y los demás los llevé a varias legaciones diplomáticas de México, principalmente en Europa, con el fin de utilizarlos para denunciar la intromisión extranjera en México. Cuando se normalizaron las relaciones con Estados Unidos, personalmente fui a recoger los documentos.

Años después y por razones políticas salí desterrado del país acompañando al general Calles. Y como sabía que mi casa iba a ser cateada, me adelanté a sacar la documentación del caso. Mi esposa me ayudó a revolverlos con los que no tenían importancia y los repartí con diferentes amistades. Pero no faltaron quienes aprovechándose de la situación los ocultaron o se quedaron con algunos; sin embargo pude recobrar la mayoría y ahora los tengo en cajas fuertes en mi casa de México. Le prometo a usted que en cuanto vaya a la capital y pueda ordenarlos un poco, la llamaré para que los vea.

La versión de la señora Morones fue la siguiente:

Cuando salimos al destierro sabíamos que catearían la casa. Así que tuvimos que repartir los documentos. Como estaban en inglés yo no los podía leer, pero mi esposo me decía cuáles eran los más importantes para que no los pusiera juntos. Hicimos pequeños grupos y los fui repartiendo en casa de nuestros amigos, aprovechando mis visitas al doctor o las salidas al mercado. A nuestro regreso recuperamos la mayoría, aunque no todos, pues muchas personas se quedaron con ellos. Por ahora los tenemos en México, unos en cajas de seguridad y otros en una habitación cerrada con llave.55

Desgraciadamente, poco después el señor Morones enfermó y unos meses más tarde falleció, sin que hubiéramos podido tener acceso a los documentos ni conocer su actual paradero.

El 2 de marzo de 1927 el secretario de Relaciones Exteriores de México, licenciado Aarón Sáenz, envió una comunicación al secretario de Estado de Estados Unidos Frank B. Kellogg, en la que señalaba:

La Embajada americana en México, en nota de 28 de febrero, me transcribe una comunicación de ese gobierno en que asienta que en la tarde del 24 del mes de febrero, el Departamento de Estado recibió por medio de los Servicios de Investigación del gobierno americano una colección de documentos que se pretende son copias o reproducciones fotostáticas de telegramas confidenciales, despachos y otros documentos existentes en los archivos de la Embajada americana en esa ciudad. Documentación que por orden del señor presidente de la República fue entregada a un ciudadano americano para que éste la pusiera en manos del H. Presidente Coolidge. Que tales documentos han sido cuidadosamente examinados y comparados hasta donde ha sido posible y se encuentra que algunas de las copias fotostáticas son reproducciones de correspondencia auténtica, telegráfica y escrita entre el Departamento de Estado de Vuestro Gobierno y las oficinas diplomáticas y consulares norteamericanas en México, y entre el Departamento de Guerra y su attaché militar; pero que en varios casos las copias y reproducciones fotostáticas lo son de documentos falsificados dolosamente para agriar las relaciones entre el gobierno de México y el de Estados Unidos y en otros casos parecen haber sido hechas para provocar disensiones entre altos funcionarios de Vuestro Gobierno; que si dichos documentos falsificados han pasado por manos de mi gobierno y los han aceptado como verdaderos, las malas intenciones y dolosas falsedades que contienen es probable que hayan afectado la actitud del gobierno de México hacia el de Estados Unidos; que por consiguiente es de la más alta importancia para ambos gobiernos comprobar si la preparación y transmisión de las falsificaciones infamatorias de los repetidos documentos auténticos de la Embajada americana en esta ciudad pueden ser atribuidos a algún individuo, grupo de individuos u organización, movidos por el propósito siniestro de introducir la discordia en las relaciones de los dos países y que Vuestro Gobierno no dude que el de México cooperará en esta investigación.

Agrega Vuestra Excelencia que le complacería fuera informado lo más pronto posible sobre si las copias mencionadas u otras semejantes han llegado a posesión de mi gobierno y si el señor presidente de la República ha procurado transmitírselas al Excelentísimo señor presidente Coolidge por algún conducto; informa que le complacería igualmente lo manifestara por medio de un representante oficial que llevara una información completa respecto de la fuente o conducto por medio de los cuales ha llegado al gobierno mexicano el material en cuestión, a efecto de que ambos gobiernos puedan cooperar sobre la información oficial de las personas que aparecen comprometidas en este esfuerzo dirigido contra la paz de los dos países.

Termina la nota de la Embajada de Estados Unidos manifestando que... “el gobierno de Vuestra Excelencia se reserva el derecho de publicar el texto completo de la nota, aún antes de recibir una respuesta de mi gobierno, en caso de que surjan algunas circunstancias que así lo hagan conveniente.”

Finalmente, el licenciado Sáenz asentó:

En debida contestación, tengo el honor de comunicar a Vuestra Excelencia lo siguiente: El señor presidente de la República efectivamente remitió cierta documentación por conducto del ciudadano americano George Barr Baker al Excelentísimo señor presidente Coolidge, como una demostración inequívoca de los propósitos del mismo señor presidente de no usar en otra forma tal documentación y que en obsequio de los deseos del gobierno americano, el señor presidente de la República enviará un representante personal para informar ampliamente al H. presidente Coolidge sobre la forma en que llegó al gobierno de México la documentación referida, accediendo así gustoso a los deseos del gobierno americano para el esclarecimiento de esta cuestión.

Esta correspondencia entre nuestra Cancillería y el Departamento de Estado comprueba la veracidad sobre el caso de los documentos de la Embajada de Estados Unidos que llegaron a poder del gobierno mexicano. Asimismo confirma que la pulcritud diplomática de Calles evitó la invasión a México, planeada de acuerdo a la estrategia diseñada en el llamado Plan Green.

El embajador Sheffield y el secretario de Estado Kellogg fueron cambiados, pero quedó flotando la duda sobre si George Barr Baker fue o no el agente 10b. Solamente sabemos que Coolidge manifestó a Baker que Kellogg abandonaría el Gabinete, y que únicamente daría el tiempo indispensable para una salida decorosa.

El 22 de septiembre de 1927 el embajador Sheffield dejó su puesto y Washington hizo oficial la designación de Dwight Morrow como embajador de Estados Unidos en México. Cuando Coolidge comentó la designación del nuevo embajador, manifestó que se encontraba muy satisfecho de que Morrow hubiera consentido el sacrificio de abandonar sus importantes negocios para desempeñar una misión diplomática que el gobierno norteamericano estimaba como una de las más importantes acreditadas en el extranjero.56

Morrow presentó sus credenciales el 22 de octubre de ese año. Con esta actividad, a los 54 años de edad daba inicio su carrera diplomática. Por ser un hombre dedicado a los negocios, hizo de lado el formulismo protocolario para en su lugar aplicar su estilo personal. Se hizo rodear de personas entusiasmadas con su apertura política y cordialidad hacia nuestro país. Entre ellos estaban Reuben Clark, inteligente y honesto abogado; un señor de apellido Morgan y otro Lane. El primero era consejero y especialista en asuntos latinoamericanos, y el segundo un hábil político apoyado por su intérprete y tercer secretario, con un dominio perfecto del español.

Morrow hizo declarar en esos meses al Departamento de Estado que las dificultades entre los dos gobiernos por la cuestión del petróleo estaban disipadas y que, por lo mismo, toda controversia entre ciudadanos americanos y el gobierno de México debería ser resuelta por las autoridades y en los tribunales mexicanos.57

Así fue como se disipó el peligro de la invasión preparada por James R. Sheffield y Frank B. Kellogg, cuya ambición les impidió entender el decoro que exige la función pública, y que por su calidad de extranjeros estaban obligados a respetar las leyes de México. Empero, ahí queda su fracaso como una lección para cualquier gobierno que con el pretexto de proteger a sus empresas trasnacionales recurre a la fuerza de las armas.

Aun así, a pesar de que fue conjurado el peligro quedó sin resolver la cuestión del petróleo. Morrow trató el asunto con Luis N. Morones, secretario de Industria, Comercio y Trabajo. Como resultado de ese cambio de impresiones, el 9 de enero de 1928 quedó modificada la Ley del Petróleo respecto a las decisiones de la Suprema Corte: se reformó el artículo 14, estableciendo que las concesiones confirmatorias en materia de petróleo se otorgaban sin limitación de tiempo. También fue reformado el artículo 152 del Reglamento, que enumeraba los actos positivos que darían derecho a las concesiones confirmatorias. Lo único que no cambió fue la Ley Reglamentaria de la fracción I del artículo 27 de la Constitución, formulada por Aarón Sáenz.

El 21 de marzo de 1928, la prensa publicó una noticia procedente de Nueva York, de la oficina del Times:

Sin embargo, siendo el ministro Morones el encargado de cumplir las leyes del petróleo, se cree que ha tratado sobre ellas con el embajador norteamericano y que ambos han discutido la cuestión petrolera. Míster Morrow tiene esperanzas de llegar a un acuerdo y se esfuerza en obtener la promulgación de la reglamentación que permita la aplicación satisfactoria de las leyes mexicanas en lo que afecta a las compañías petroleras.

Como ya vimos, Morrow había logrado que el gobierno reformara la ley y el reglamento. Y el 27 de marzo de 1928 apareció en Excélsior el decreto que así lo establecía. Morrow se apresuró a declarar que

... después de que la legislación fue aprobada, ciertas compañías petroleras todavía abrigaban dudas por lo que respecta a aquellas que han pedido la confirmación de sus concesiones acogiéndose a la nueva ley y que podrían obtener nuevos privilegios, o si a pesar de ello podrían obtener la confirmación de sus antiguos derechos.

Con referencia a esas dudas, el secretario Morones escribió una carta en la cual daba respuesta a una compañía petrolera. Las citadas confirmaciones de concesión —dijo— “serán válidas. Y el reconocimiento de derechos única- mente estará sujeto a la respectiva reglamentación. Las reformas a las leyes mexicanas y a sus reglamentos han sido hechas por un acto voluntario de la República de México”.58

Walter Lippman publicó en El Universal del 28 de marzo de 1928:

Por fin ha terminado una controversia que por más de 10 años amenazó la paz reinante entre Estados Unidos y México. El gobierno mexicano acaba de firmar el nuevo reglamento petrolero y las compañías petroleras tienen hasta enero próximo para resolverse a aceptar la ley. Los asuntos de carácter técnico han sido arreglados por Reuben Clark, uno de los ayudantes del señor Morrow y por Luis N. Morones, secretario de Industria, Comercio y Trabajo. Ha habido consultas frecuentes con los representantes locales de las compañías petroleras y todo parece quedar arreglado satisfactoriamente.

Epílogo

Aarón Sáenz sintió la necesidad de señalar que la solución dada a este asunto fue inspirada en el sentimiento patriótico del presidente Calles y que por eso se salvó el decoro del país.

Según Emilio Portes Gil, los ataques contra el general Calles señalando que Morrow lo había dominado y hecho ceder en su actitud hacia Estados Unidos fueron propiciados por la falta de información. Me dijo que muchas compañías petroleras alegaban que la aplicación del artículo 27 de la Constitución era retroactiva y que el general Calles acordó enviar estos casos a la Suprema Corte, la que finalmente falló en favor de las compañías petroleras, por considerar que efectivamente en algunos casos había retroactividad. Por lo tanto no fue Calles el que cedió ni comprometió en nada el decoro del país.59

Una vez más, la historia nos ha demostrado la perjudicial influencia que en nuestras relaciones con Estados Unidos han tenido los secretarios de Estado y los embajadores. En la mayoría de los casos no representan ni al pueblo ni al gobierno estadunidenses, sino a intereses privados que sólo persiguen el lucro individual, inclusive a costa del prestigio de su propia nación.

Queda clara la influencia que siempre han ejercido los intereses particulares en la política internacional de Estados Unidos. De ahí que no deba extrañarnos la protección que aquel gobierno brindó a las compañías petroleras, circunstancia que, como ya se dijo, motivó la tirantez en las relaciones con el gobierno de Calles y los intentos por derrocarlo.

Es digna de censura la actitud intervencionista del gobierno estadounidense, pero también ésta debe abarcar a los ciudadanos de un país que, como representantes de un grupo de intereses económicos y no de su pueblo, entregan a su patria llamando a Estados Unidos para que acuda en su auxilio para ayudarles a mantener su preeminencia en la nación. Así proporcionan el pretexto para justificar su política internacionalmente, como ha sido el caso de los sucesos que hemos dejado plasmados a lo largo de este libro. Asimismo debemos tener presente la historia cuando hagamos tratos con nuestro vecino, ya que siempre han prevalecido sus intereses económicos sobre cualquier consideración de índole política o de colaboración bilateral.

Finalmente y por la importancia que reviste dada su determinante participación en la reivindicación de la riqueza petrolera para México, cerramos esta publicación con la transcripción de un comentario que sobre nuestra investigación nos hizo por escrito el general Lázaro Cárdenas, ex presidente de México, y que al respecto dice, entre otras cosas:

El tema escogido encierra un interés especial, tanto por la cuestión implícita en el título de la investigación, “Las relaciones de México y Estados Unidos durante el periodo en que fue presidente el señor general Calles”, como para los estudios de la historia del petróleo en México y las vicisitudes que su explotación y aprovechamiento encontraron desde su descubrimiento en tierras mexicanas hasta el periodo que cubre la presente investigación.

La continua intromisión y las múltiples presiones ejercidas por las compañías petroleras y el propio gobierno de Estados Unidos para usufructuar una posición de privilegio en cuanto a la explotación del petróleo de México, resaltan en su verdadera dimensión y queda clara la influencia que en la política internacional de Estados Unidos ejercen los intereses económicos de sus ciudadanos, así como la protección específica del gobierno de aquel país a las compañías petroleras, lo que ha motivado en el curso de la historia de México desde casi un siglo atrás continuas dificultades externas e internas, que algunas veces produjeron perturbaciones para la marcha ascendente y pacífica del país.

Manola Álvarez Sepúlveda

37 Manola Álvarez Sepúlveda, Las relaciones de México y Estados Unidos durante el período en que fue presidente el general Calles (1924-1928). Tesis para obtener el grado de licenciado en Ciencias Diplomáticas, Escuela de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, México, 1966.

38 Luis N. Morones, “Calles obligó a las compañías petroleras a obedecer las leyes”, El Universal, año XLI, tomo CLXVII, núm. 14 611, México D.F., martes 12 de marzo de 1957. pp. 1, 8, 13 y Boletín No. 20 del Fideicomiso Archivos Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca.

39 Gregorio Selser, Op. cit, p.107. 

40 Alejandro C. Manjarrez de la Rosa, El choque de las Águilas, IPC Ediciones, Puebla, 1995, pp. 31-43.

41 Luis N. Morones, “Calles obligó a las compañías petroleras a obedecer las leyes”, El Universal, año

XLI, tomo CLXVII, núm. 14 577, México DF, miércoles 6 de febrero de 1957, p.6.

42 Nicola Coviello, Doctrina general del derecho civil, 4a edición italiana revisada por el profesor Leonardo Coviello, traducción de Felipe de J. Tena, Unión Tipográfica Editorial Hispano-Americana, México, 1938 pp. 109, 111. 116 y 126-127.

43 Emilio Portes Gil, Op. cit., p.21 y entrevista con Luis N. Morones, Cuernavaca, Morelos, 17 de agosto de 1963.

44 Entrevista con el señor Luis N. Morones los días 17 y 24 de agosto de 1963 en su casa de Cuernavaca, Morelos y: Luis N. Morones, “Calles obligó a las compañías petroleras a cumplir las leyes”, El Universal, año XLI, tomo CLXVII, núm. 14 599, México DF, jueves 28 de febrero de 1957, pp. 9, 7.

45 José Domingo Lavín, Op. cit., p.143 y entrevista con Luis N. Morones el 24 de agosto de 1963, en Cuernavaca, Morelos.

46 Entrevista con el general José Álvarez y Álvarez, jefe del Estado Mayor Presidencial de Calles y dipu- tado constituyente por el distrito de Uruapan, Michoacán. Cuernavaca, Morelos, 28 de enero de 1964.

47 Entrevista con el licenciado Emilio Portes Gil celebrada el 17 de mayo de 1964 en su casa de Cuernavaca, Morelos.

48 Luis N. Morones, “Morones habla claro”, El Universal, año XL, tomo CLXV, núm. 14 372, México DF, 13 de julio de 1956, p.12.

49 Entrevista con Emilio Portes Gil, celebrada en su casa de Cuernavaca, Morelos, el 17 de mayo de 1964.

50 Entrevista celebrada con el general José Álvarez y Álvarez en su casa de Cuernavaca, Morelos, el 10 de abril de 1964.

51 Entrevista con Luis N. Morones celebrada en su casa de Cuernavaca, Morelos, el 24 de agosto de 1963.

52 Emilio Portes Gil, Op. cit. p.2. Jesús Silva Herzog, Op. cit p.173 y entrevista con el general José Álvarez y Álvarez, loc. cit.

53 Luis N. Morones, “Calles obligó a las compañías petroleras a obedecer las leyes”, El Universal, año XLI, tomo CLXVIII, núm, 14 614, México DF, marzo 15 de 1957, pp. 1, 13.

54 Luis N. Morones, Op. cit. 96

55 Entrevista con el señor y la señora Morones el 24 de agosto de 1963 en su casa de Cuernavaca, Morelos. 

56 Gregorio Selser. Op. cit., pp. 1116-117 y Boletín número 14 del Fideicomiso Archivos de Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca.

57 Emilio Portes Gil, Autobiografía de la Revolución Mexicana, p.398.

58 Aarón Sáenz “Del licenciado Sáenz a Morones”, El Universal, año XLI, tomo CLXVI, núm. 14 470, México DF, sábado 20 de octubre de 1956, p.11.

59 Entrevista con Emilio Portes Gil, Cuernavaca, Morelos, 17 de mayo de 1964.