Grupos de presión
Los empresarios
IMPERIO DEL TEMOR
Ya como gobernador Maximino Ávila Camacho se auto nombró secretario de Comunicaciones y Transportes. Y se dedicó a llamar la atención con actos prosopopéyicos fuera del decoro político.
Después viajó con su familia a las Bahamas y a Nueva York, y desde esta última ciudad transmitió por radio un llamado a los pueblos americanos instándolos a unirse dentro de un ambiente de fraternidad y caridad cristiana. También se entrevistó con el duque de Windsor, exrey de Inglaterra, y con el presidente y vicepresidente estadounidenses.
Terminado su viaje regresó a Puebla donde fue vitoreado por diez mil personas que lo esperaban bajo un torrencial aguacero. A los pocos días se trasladó a Teziutlán e invitó a diferentes periodistas para hacerse entrevistar. La prensa nacional le dedicó importantes espacios y las estaciones de radio transmitieron sus experiencias internacionales. Su imagen, sus ideas, sus intenciones y –lo más importante para él– su promoción para impactar al hermano poderoso, habían cumplido con todas las formalidades. Sin embargo, el presidente de México no se dio por aludido porque sabía que Maximino estaba decidido a sucederlo a costa de lo que fuera.
El tiempo que transcurrió entre la entrega del gobierno de Puebla y la toma de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas –29 de septiembre de 1940–, Maximino fue objeto de muchos y variados homenajes. Lo declararon hijo predilecto del municipio de Puebla y su nombre fue inscrito con letras de oro en los muros del palacio municipal. También lo hicieron hijo predilecto del estado y su nombre se escribió con letras de oro en las paredes del Congreso poblano. Actualmente ha desaparecido de los muros oficiales. La continuación de la avenida Reforma (último recuerdo de su nombre en placa) fue exorcizada por el gobierno estatal al imponerle el nombre de Juan de Palafox y Mendoza.
Hasta el inicio de la década de los noventa, los años del mandato avilacamachista habían sido los más benéficos para el sector empresarial de Puebla (con un estilo diferente, el régimen bartlista resultó mejor para los empresarios). El sucesor escogido y dirigido por don Max no hizo más que continuar con las costumbres del general. Y aunque los enfrentamientos entre empresarios y obreros continuaron, la comprensión, interés, entendimiento, negociación o conveniencia política fueron las actitudes que se antepusieron al antagonismo visceral. Con el deseo de presentar al lector un panorama general. Solo relataré algunos de los eventos que definen el perfil de la etapa dominada por el avilacamachismo y su herencia.
Gonzalo Bautista Castillo quería ganarse la simpatía de los trabajadores sin disgustar a los patrones. Para ello inventó una serie de fórmulas al estilo Lampedusa.
El 3 de marzo de 1941 aumentó el 10 por ciento el sueldo de los burócratas. Para pagar el incremento logró del Congreso local la aprobación de un aumento igual en todos los impuestos estatales. También ordenó a los empleados ahorrar al año el equivalente de doce días de sueldo, capital que solo podría ser retirado cuando el empleado renunciara, quedara incapacitado en forma permanente, se jubilará o muriera. Dicha ley se aprobó el 26 de marzo y entró en vigor el 1º de abril.
Extrañamente, ninguna organización patronal protestó por el 10 por ciento de aumento a los impuestos, pues ya había encontrado la forma de beneficiarse con el incremento. Por ejemplo, los casatenientes que pagaron un peso cincuenta centavos más de impuestos, aumentaron cinco pesos el alquiler de vivienda. Con este incremento, las vecindades con veinte departamentos –entonces comunes en la capital poblana– generaron a sus dueños un ingreso adicional de cien pesos mensuales. Según comentaron diarios de la época, el ridículo aumento de impuestos propició una ganancia extra mensual de 98 pesos cincuenta centavos.
El encarecimiento de las rentas causó un gran descontento entre los inquilinos. Al principio y en voz baja, los ciudadanos protestaron, pero poco a poco la inconformidad creció hasta llegar a exigir al gobierno la expedición de una ley inquilinaria que frenara la voracidad de los caseros. En respuesta al alarmante rumor y para no disgustar a la poderosa Cámara de Propietarios, el gobernador se apresuró a calificar de inútil la promulgación de dicha ley, pues, según él, toda injerencia del poder público en ese problema asumiría caracteres demagógicos, alarmaría a los inversionistas y no sería de provecho para el inquilino honesto.
El mandatario veía el problema lnquilinario bajo dos aspectos: el de salubridad, que debería resolverse cuando el gobierno obligará a los propietarios a cumplir los reglamentos existentes; y el del precio del alquiler, cuya solución era aplicar el Código Civil respecto a los derechos de los inquilinos. Trataba de encontrar una coyuntura para ayudarlos a tener una vivienda digna emancipándose del inquilinato, sin enfrentar la molesta crítica o el airado reclamo de la iniciativa privada. Esta solución no funcionó. Los casatenientes siguieron abusando a tal grado, que los dirigentes de varias centrales obreras se unieron para enfrentarlos a través del Sindicato de Defensa Inquilinaria.
Nada importante pudieron hacer los representantes del problema inquilinario, ya que su estrategia se apoyaba en el aumento arbitrario de las rentas, sin atacar los derechos legítimos de los propietarios, ni provocar agitación. A principios de octubre de 1941, el Departamento de Asuntos Obreros del gobierno del estado, recibió muchas peticiones sobre el diseño de una medida administrativa o amistosa que frenara las constantes alzas de las rentas.
Al igual que los casatenientes, los comerciantes también se enriquecieron con el aumento de salarios. Inmediatamente incrementaron el precio de las mercancías; las protestas del consumidor quedaron perdidas en el vacío. Nadie escuchó a los pobres y menos aún los defendió. Esporádicamente la prensa dio cabida a una que otra crítica contra los encarecedores. La agencia general de la Secretaría de la Economía Nacional no pasó de amenazar a los hambreadores. Gonzalo Bautista entraba así por la puerta grande al corazón de los ricos, pues sus actitudes fueron del agrado de la clase patronal. Entre muchas de sus poco afortunadas acciones políticas, destaca aquella en que se ganó la admiración de los reaccionarios al encabezar el proceso para reformar el Artículo Tercero Constitucional, apoyándose en la búsqueda de la unidad de los mexicanos.
Este asunto se ventiló en las altas esferas políticas hasta mediados de noviembre, cuando el Centro Patronal de Puebla, la Acción Revolucionaria Mexicanista y la Confederación de Partidos Independientes anunciaron que el 23 de noviembre miles de padres de familia, manifestarían su inconformidad por la redacción del referido artículo. En ese mismo evento apoyarían al gobernador de Puebla y al Comité pro reforma del Articulo Tercero Constitucional, siempre y cuando la enseñanza laica no interfiriera con la absoluta libertad de enseñanza, incluyendo la religiosa en las escuelas particulares.
Ese día desfilaron cincuenta mil personas desde el jardín de San José al zócalo, donde esperaban ocho oradores. Miguel Méndez Ruiz, secretario del juzgado primero de distrito quien en su carácter de padre de familia demandó la urgente reforma del precepto constitucional; Antonio Ruiz Bravo, estudiante, se expresó a favor del gobernador; Antonio Pérez Rivero gerente de la Coparmex–Puebla, condenó al exgobernador Mijares Palencia, porque durante su gobierno las damas católicas se vieron obligadas a batirse a tiros con la policía cuando se clausuró el Colegio Teresiano; Cirilo Cervantes, obrero, en nombre de miles de trabajadores repudió la educación socialista y pidió una educación religiosa para agudizar en los niños el temor a Dios y fomentar la libertad de conciencia y moral cristiana; el obrero Teodoro Cotzomi denunció al empleado de una secundaria que, armado, le arrebató la propaganda a los manifestantes y arremetió contra quienes habían amenazado con expulsar a los trabajadores que fueran a la manifestación; José Luis Noriega, militante de Acción Mexicanista del Distrito Federal, propuso confiar en los funcionarios poblanos, pidiéndoles suprimir el artículo Tercero; Armando Torres Guerrero, de la Unión de Padres de Familia del DF, calificó el mencionado artículo como un engendro comunista.
Los denostadores de la educación laica estaban más animados que nunca. El Frente de Padres de Familia de Puebla programó una gran asamblea popular para el 10 de diciembre en el Teatro Principal, donde orientaría a las clases sociales para el plebiscito nacional para la Reforma del Artículo Tercero Constitucional. Para asegurar el éxito invitaron a las cámaras patronales y a los sindicatos y representantes de los gobiernos federal y estatal para que fungieran como testigos de la voluntad popular en materia de enseñanza. Pero a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, la primera convención del Frente de Padres de Familia se celebró hasta el catorce de junio de 1942. El entonces secretario de Educación Pública, Octavio Béjar Vázquez, representó al gobierno federal (siete meses antes Gustavo Díaz Ordaz había representado al gobierno estatal). Los acompañó Agustín Navarro Flores, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia.
En ese acto, el teniente Antonio de la Lama Rojas –quien dos años más tarde atentaría contra la vida del presidente de la República–, abandonó al secretario general del Frente de Padres de Familia, José Aurioles Díaz y Díaz Ordaz, en su mensaje de unidad, pidió mesura mientras continuara la guerra y prometió reanudar en un momento propicio la campaña de reformas al Artículo Tercero.
No es arriesgado afirmar que en el mandato de Maximino Ávila Camacho, los empresarios poblanos aprendieron a respetar al gobierno cuando éste aplicó el estilo de los antiguos maestros cuya pasión era enseñar las letras con golpes y hasta con sangre. La energía patronal tantas veces utilizada para generar protestas, se mantuvo en una especie de hibernación durante los cuatro años de Maximino. Y aunque volvió a aparecer en el mandato de Bautista Castillo, su presencia ya no fue tan señuda. Por el contrario, en algunos casos se presentó muy complaciente, como cuando organizó una excursión de hombres de negocios estadounidenses. En aquella ocasión los visitantes fueron recibidos en Río Frío por una comitiva integrada por gente de empresa y del gobierno. El programa organizado para los visitantes concluyó en un banquete al que asistió la crema y nata de la sociedad poblana. La comida sirvió de marco político–empresarial para la presentación del talentoso joven Gonzalo Bautista O’Farril, quien en nombre de los excursionistas agradeció las atenciones recibidas. Años después este personaje sería la estrella de un aciago episodio de la historia política de la entidad (1972–1973), en el cual también los empresarios pusieron su grano de arena.
El entusiasmo empresarial fue impulsado por la confianza que le brindo el gobierno estatal. Organizaron desde ferias turísticas y comerciales hasta paros contra las alzas de tarifas telefónicas. En unos y otros eventos se dejaron ver las tendencias reaccionarias. Por ejemplo, en una velada literario musical verificada con motivo de las fiestas del 5 de Mayo, René Capistrán Garza, promotor del monumento a Cristo Rey en el cerro del cubilete, distinguido agitador acejotaemero, recalcitrante anarquista y fanático comeliberales, hizo uso de la palabra para verter sus muy particulares conceptos. En el caso de la huelga de pagos a la compañía telefónica, la derrota sufrida hizo considerar la conveniencia de entenderse con la autoridad a través del diálogo, en lugar de usar argumentos y actitudes sin fundamento ni razón legal.
Con esas experiencias los organismos patronales auxiliaron al ayuntamiento de Puebla para la solución del problema del agua potable. El 10 de mayo de 1941, el presidente municipal Juan Manuel Treviño, se reunió con los principales representantes del sector empresarial a fin de explicarles la forma de asegurar el abasto de agua durante 18 horas diarias. La inversión en aquellos días se calculó en 250 mil pesos, cantidad inalcanzable para la administración municipal.
En reuniones posteriores, los dirigentes patronales acordaron designar representantes y constituir un comité encargado de analizar todo lo referente al problema del agua potable. Dos meses más tarde el comité emitió su veredicto: lo principal era resolver el bombeo del agua para lo cual se requerían seis bombas nuevas de distinto tamaño, cuyo costo, incluida la instalación, ascendía a cincuenta mil pesos. Pero como no había en las arcas del ayuntamiento tal cantidad de dinero y los representantes patronales se oponían a cualquier incremento fiscal, las autoridades decidieron pedir un préstamo pagadero en cinco mensualidades. Don William O Jenkins, el rico de la época los prestó.
En esas andaban cuando los inspectores municipales descubrieron que algunos ciudadanos de la mejor sociedad, habitantes de las avenidas La Paz, Reforma y otras calles de igual importancia, habían conectado bombas especiales a la red municipal. Algunos fueron multados y obligados a retirarlas. Otros, los más influyentes, solo recibieron una cortés solicitud para hacerlo en cuanto se lo permitieran sus importantes ocupaciones.