Cuando se dictaron las leyes reglamentarias del artículo 27 de la Constitución, que afectaron al mismo tiempo a los petroleros norteamericanos y a los inversionistas del Clero mexicano, éstas se unieron para tratar de derribar al gobierno de Calles.
Síntesis de una investigación de mi autoría publicada con el título “Espionaje y Contra Espionaje en México”
Un aspecto del asunto clerical que ha sido observado por pocos historiadores en México, es la relación que tuvo la controversia entre el gobierno norteamericano, el nuestro y el Clero mexicano por la vigencia y ejecución de los preceptos constitucionales en materia de cultos.
El Clero poseía cuantiosas fortunas acumuladas en efectivo, fincadas en hipotecas de bienes rústicos y urbanos, todo mundo sabía que los altos dignatarios eran terratenientes, industriales, negociantes y prestamistas. Se sabía también que poseían un buen número de acciones petroleras en las compañías que formaba el consorcio llamado Asociación Protectora de los Derechos Petroleros Norteamericanos en México, que funcionaba en Nueva York y al que pertenecían varios yacimientos en la zona del Golfo. Sus fines principales eran inflamar la opinión pública en los Estados Unidos, para provocar un conflicto armado entre los dos países, los fines ulteriores eran promover una agitación continental que decidiera de una vez por todas, si había de triunfar o no,
en este hemisferio, el imperialismo que sostenían los que figuraban como directores de la citada agrupación política financiera.
Cuando se dictaron las leyes reglamentarias del artículo 27 de la Constitución, que afectaban al mismo tiempo a los petroleros norteamericanos y a los inversionistas del Clero mexicano, éstos se unieron para tratar de derribar al gobierno de Calles.
El Clero empezó a intrigar en el país vecino, desarrollando una verdadera labor de traición, por medio de esa especie de mafia, que se denomina Caballeros de Colón. Estos de acuerdo con el alto Clero mexicano, pidieron la intervención armada de los Estados Unidos.
Como de las peticiones de intervención armada a México para apoyar el conflicto religioso, el presidente de Estados Unidos, Coolidge, diera evasivas y dijera que de acuerdo con el Derecho Internacional no tenía razón para intervenir, Martínez Terán, eminente escritor hispanoamericano, comentó:
“ A primera vista mister Coolidge parece haber traicionado algunas causas del credo intervencionista tan del agrado de algunos pioneros todopoderosos del petróleo y de la Banca, que creían hallar factible, tras el antifaz de una mal llamada, persecución religiosa, la oportunidad de una intervención semejante a la ocurrida en Veracruz”.
Una vez desechada la intervención armada en México por razones de proselitismo religioso, quedó fundamentada en la defensa de los intereses económicos de los norteamericanos en nuestro país.
Ya les compartí el llamado Plan Green para intervenir en México con el pretexto de proteger los intereses de las compañías petroleras.
En cuanto los dirigentes de la Iglesia católica comprendieron que no tendría éxito el levantamiento de los católicos de México, provocado por el retiro de los sacerdotes de las iglesias, procedió con la mayor celeridad a organizar a sus huestes por conducto de la Asociación Cristiana Juvenil Mexicana, más conocida por sus siglas ACJM. Ésta comprendió así mismo que necesitaban el apoyo de los Caballeros de Colón de los Estados Unidos para hacer presión sobre el gobierno de Mexico; así qué, promovieron manifestaciones públicas con el objeto de exaltar a las masas, haciéndoles creer que se trataba de un cierre general de los colegios católicos y de la prohibición de todo culto. Al mismo tiempo se hacía circular la noticia de que el embajador de los Estados Unidos y los ministros de Italia y Francia habían hecho representaciones en favor de los sacerdotes expulsados.
El juez católico Talley pidió que el gobierno de Washington retirara su reconocimiento al de México a lo que el cónsul de nuestro país en Nueva York, declaró al New York Times, el 7de julio de 1926, que no era exacto que existiera persecución religiosa y que todos los credos disfrutaban de garantías conforme a la Constitución, y que solo se trataba de hacer respetar la ley.
El mismo día, el ex secretario de Estado Hughes, de los Estados Unidos, tuvo una conferencia con el Papa. Hablaron del Congreso Eucarístico de Chicago y de la cuestión religiosa de México.
Continuaron las pláticas y según declaraciones del general José Álvarez, Jefe del Estado Mayor presidencial de Calles nos dijo:
“Me encontraba en el Castillo de Chapultepec, cuando vi al obispo de Tabasco, Pascual Díaz y al Delegado Apostólico, Leopoldo Ruiz y Flores, que entraron a hablar con el señor Presidente. Yo estaba afuera con varios amigos entre otros, Torreblanca. Cuando estos señores se fueron, el general me llamó y me dijo: mañana va a salir en la prensa este convenio firmado por la iglesia y por mí, ordenándome que lo llevara a los periódicos. En este, la iglesia se comprometía a respetar la Constitución y el Gobierno a no perseguirlos.
Al día siguiente los prelados le comunicaron al general Calles que los perdonará, pero no podían publicarlo, habiéndolo comunicado ya a los periódicos. Seguramente este cambió obedeció a que consultaron con algún superior y éste les dijo que no lo hicieran. El convenio era el mismo que tiempo después firmaron con el licenciado Emilio Partes Gil.”
El lunes 23 se publicaron unas declaraciones del Presidente, en que sostenía que al reanudarse el culto, los sacerdotes se someterían a la ley. Lo que provocó que el Comité Episcopal manifestara que estaban en la disposición de no reanudar el culto mientras no se derogara la ley de 2 de Julio y no se reformaran los artículos de la Constitución, contrarios a la libertad de la Iglesia.
La situación, quedó realmente como antes de las pláticas.
Por esos días se recrudeció en la prensa católica de los Estados Unidos la campaña contra México.
La propaganda contra nuestro país radicada en los Estados Unidos tuvo como punto principal el pretendido comunismo del gobierno de Calles, y así M.F Montavon, director del Departamento legal de la NCWC en el discurso de la inauguración de la Convención de Cleveland, después de referirse a la situación del Clero mexicano, presentó contra nuestro gobierno el cargo de propagador del bolcheviquismo en el Nuevo Mundo y pedían la intervención del gobierno norteamericano en México, sin comprender que en los mismos Estados Unidos consideraban que no existía ningún motivo para la intervención y sin embargo seguían insistiendo ante el Departamento de Estado.
Los Caballeros de Colón en su estrategia ante la Casa Blanca, representando al Clero de nuestro país, se encaminaron no tanto a conseguir las libertades que pretendía, sino la derogación de los incisos II y III del artículo 27 constitucional. Con
lo que no hacían más que defender sus intereses materiales.
En este mismo sentido, en su afán de obtener la derogación del artículo 27 solicitaron a Álvaro Obregón, el próximo presidente de México, una entrevista. Al respecto el general José Álvarez, Jefe de Estado Mayor de Calles nos dijo en una entrevista en Cuernavaca Morelos;
“La esposa del general Obregón, por medio del señor Francisco Bey me envió una relación, hecha por el interprete de las conversaciones sostenidas por el general Obregón y unos funcionarios de la Iglesia católica norteamericana y me pidió que hiciera con ellos el uso que juzgara pertinente.
Los publiqué en el Legionario en un artículo titulado ‘Obregón firmó su sentencia de muerte’y nadie me contestó ni me negaron lo dicho”.
Del citado artículo transcribo los párrafos más importantes:
“Ardían las pasiones políticas en aquellos momentos por la proximidad de las elecciones para la renovación del poder ejecutivo, en cuya campaña algunos compañeros nuestros, preparaban abiertamente otro movimiento armado contra el Gobierno.
Ante el peligro de la doble insurrección de clérigos y militares, el señor general Obregón, dejándose convencer por sus partidarios, aceptó figurar nuevamente como candidato a la presidencia de la República.
Al verse, derrotados por el Gobierno los elementos clericales, en su movimiento armado, pensaron en tomar un nuevo camino, procurando por todos los medios posibles atraer a su causa a Obregón, aún cuando solo fuera con la promesa de algunas concesiones que dieran ocasión para preparar el terreno en el campo político violando la Constitución.
La iglesia, como de costumbre recurrió a elementos extranjeros y así hizo venir de los Estados Unidos, una delegación pontificia que entrevistará a Obregón ofreciéndole ayuda política a cambio de la promesa de reformar la Constitución favoreciendo los intereses de la Iglesia Romana.
La contestación de Obregón no se hizo esperar y con su tranquila serenidad y absoluta firmeza de convicciones dijo: ... “No juzgo indicado celebrar inteligencia alguna con el Clero.
El conflicto político con la iglesia, durante el gobierno del presidente actual, general Calles, ha sido originado por las declaraciones del representante de la Iglesia en México, arzobispo Mora y del Río, y yo creo por tanto que con quien debieran tratar ustedes es con el presidente Calles, hasta encontrar una fórmula para dar por terminada la actitud rebelde de los representantes de la Iglesia ya que el señor Calles ha declarado varías veces que tal conflicto terminará automáticamente cuando los integrantes de la Iglesia católica manifiesten su deseo de acatar las leyes del país. Por otra parte no puedo celebrar con el clero arreglo alguno, toda vez que si llego al poder, ese Clero católico de México tendrá todas las libertades y garantías que las leyes de México les otorgan, y por lo tanto no se necesita para ello convenio alguno.”
Convencidos los directores intelectuales de la rebelión cristera de que no podrían derribar al gobierno y tras las insistentes y prolongados intentos de hacer claudicar en sus convicciones al general Obregón, sin obtener ningún resultado, decidieron asesinarlo. Y fue así como el 17 de noviembre de 1927, al pasar por el Bosque de Chapultepec el general Obregón, un grupo de fanáticos arrojaron una bomba de dinamita sobre el automóvil en que éste viajaba habiendo salido ileso el general Obregón y sus acompañantes.
Al seguir la policía al automóvil desde donde se había arrojado la bomba, aprehendió a Juan Tirado y a Lamberto Ruiz, quienes confesaron que los autores intelectuales del atentado habían sido el ingeniero Luis Segura Vilchis y el sacerdote Miguel Pro Juárez y su hermano Humberto.
Roberto Cruz, jefe de la policía relató a Julio Scherer, redactor de excélsior como fueron los acontecimientos, entre otras cosas, que cuando estuvieron en los separos de la Dirección general de Policía, Segura Vilchis confesó todo diciendo que él era el único responsable, en tanto que el padre Pro negó todo.
Después de comprobarse la culpabilidad de ambos se dio la orden de su fusilamiento.
El 17 de julio de 1928 cuando se celebraba un banquete en el restaurante “La Bombilla” en San Ángel, José de León Toral asesinó por la espalda al general Obregón, realizándose por fin los deseos del Clero de suprimirlo ante sus negativas de que en caso de llegar al poder haría concesiones a la Iglesia católica.
Toral fue instrumento de algunos frailes y de la monja Concepción Acevedo de la Llata y la pistola con la que se cometió el crimen la bendijo el sacerdote Jiménez.
Para investigar el atentado el presidente Calles solicitó a los obregonistas que designaran a un responsable de su confianza y escogieron al general Ríos Zertuche y Cruz le entrego la jefatura de policía.
Las Pláticas, entre el gobierno y el Clero continuaron con el Presidente provisional Emilio Portes Gil y como resultado de las mismas el 21 de junio de 1929 el Presidente hizo declaraciones a la prensa nacional y extranjera, anunciando que las dificultades provocadas por el Clero católico habían quedado terminadas al someterse a la Constitución General de la República y a las leyes reglamentarias en materia de cultos.
El licenciado Portes Gil, me comentó, en una entrevista, que la capitulación del Clero a la que dieron el nombre de “Arreglos”con el gobierno, no fue otra cosa que someterse incondicionalmente a obedecer la ley, puesto que se registraron los encargados de los templos e hicieron el inventario de los objetos.