Grupos de presión
Los empresarios
POLÍTICA Y NEGOCIOS
Tercera parte
Al descender el ingreso de los obreros disminuyeron en una cuarta parte las ventas del comercio establecido. Muchos comerciantes veían alarmados que se materializaba el fantasma de la quiebra, pues debido al incremento general de los precios a los insumos sus gastos eran iguales o superiores mientras que la clientela brillaba por su ausencia.
En mayo la industria textil sufrió la cancelación de turnos o ajustes en días de labores. La teja por ejemplo, trabajaba tres días a la semana, y Puebla Textil suprimido dos turnos.
El diputado federal Blas Chumacero Sánchez se reunió con el gobernador para estudiar el problema. El entonces joven líder culpaba a los industriales por la superproducción y decía que no vendían las telas porque tenían precios de la época de guerra.
Lo mismo argumentaron los dirigentes de otras centrales obreras. En un mitin del 1 de julio la Federación Revolucionaria Obrero Campesina (FROC) acusó de imprevisor al sector patronal textil, criticando la forma de intensificar desmedidamente la producción durante los últimos años de la guerra. El problema –decían los dirigentes obreros–, se presentaba en firma alarmista para justificar la rebaja de salarios y la disminución de turnos y horas de trabajo. Llamaron a los patrones avaros porque no querían sacrificar nada de lo que obtuvieron en forma desmedida durante el conflicto armado.
El gobernador Betancourt se trasladó a la capital del país en la intención de platicar con el presidente Miguel Alemán y solicitarle apoyo para arreglar los problemas textiles. Su intervención influyó de tal manera que en la primera miras de junio los industriales recibieron dos noticias alentadoras: la Secretaría de Economía Nacional daba facilidades a la exportación de tela de algodón y mezclilla; mientras que el gobierno general propició que el costo de la materia prima(algodón)se redujera diez pesos.
Mañosamente y para impedir que los sindicalistas volvieran a exigir aumentos salariales, el secretario de la Asociación de Empresarios Textiles de Puebla y Tlaxcala, Juan Lozano Quintana, publicó en la prensa local una aclaración sobre el problema de la industria textil. Aseguraba que subsistía la sobreproducción y la “falta de numerario para seguir trabajando normalmente en las fábricas”.
El pesimismo de Lozano fue desmentido por varios industriales como Emilio Nacif propietario de La Fama Textil, cuyo ánimo le impulsó a modernizar sus fábricas con telares automáticos para competir con la industria extranjera. Algunos textileros sin imaginación – los dueños de La Reyna y El Caballito– decidieron adoptar la práctica de reducir las jornadas de trabajo.
Los empresarios de la harina se aprovecharon de las inclinaciones y la falta de vocación social del gobernador. Lograron que Antonio Ruiz Galindo, Secretario de la Economía Nacional, inspeccionara la construcción de una planta termoeléctrica en Puebla. Para recibirlo Betancourt organizó una reunión con los hombres más destacados del ramo como José Ponce de León y Enrique Benítez, quienes en nombre de los demás manifestaron su inconformidad por comprar trigo a un precio mayor que el autorizado para sus colegas de la Ciudad de México. Ruiz Galindo prometió intervenir para que obtuvieran el trigo al mismo precio que sus competidores de la capital del país.
Dos semanas después volvieron a la carga. Explicaron al presidente Alemán su situación de desventaja comparada, no solo con los harineros del Distrito Federal sino también ante el precio de trigo extranjero de mejor calidad y más barato que el nacional que por ser menos rendidor se destinaba a los molinos del interior del país. Además criticaron la forma, privilegios y facilidades para quienes compraban más trigo del necesario, y el modo como sus competidores disponían de los excedentes, concesión que auspiciaba una competencia desleal en perjuicio de los industriales de provincia.
Planteado el problema, una comisión de industriales de la harina buscó y logró una nueva reunión con el Secretario Ruiz Galindo. Pedían iguales condiciones para todos los harineros del país. Ante la insistencia la secretaría les prometió que la Nacional Distribuidora y Reguladora (antecedente de la Conasupo), incluiría a los industriales poblanos en la dotación de trigo extranjero.
La solución benefició especialmente al industrial José Ponce de León, quien el 6 de septiembre inauguró un nuevo molino, La Fe, el más moderno y “orgullo de la industria poblana”.
Las instalaciones fueron bendecidas por el arzobispo José Ignacio Márquez. Y el padrinazgo recayó en el ex presidente Manuel Ávila Camacho, su esposa y los señores Armando Hernández (gerente del Banco de Comercio), Fernando Vallarta (gerente del Banco Mercantil de Puebla) Joaquin Ruiz Esparza (gerente del Banco Mercantil
de Guadalajara). Posteriormente los dueños del molino dieron un banquete para más de 500 personas, en el cual destacó la presencia de Rómulo O’Farril, Enrique Benítez, Alfredo Lichtle, Castór Montoto, Gonzalo Alarcón, Armando Rugarcía, Sergio Guzmán, Ezequiel Teyssier, Justo Fernández, Alfredo Marolleau, Adalberto Castillo Avendaño, Pedro Castillo, Andrés García, Ramón Buergo, Francisco Orozco Loyola, Ismael Acevedo, Amador Díaz Rubín, Gustavo del Castillo, Celestino Herrera, José Gutiérrez, Blas Cernicciaro y Juan Manuel García Pineda.
En esos días el Partido Revolucionario Institucional (PRI) puso en práctica un proceso de elecciones internas para escoger candidato a la Alcaldía de Puebla. El ganador fue Enrique Molina Jhonson y el perdedor Alfonso Alarcón O’Farril.
Durante su campaña, Molina Jhonson prometió que haría todo lo posible para mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora y que trabajaría sin compromisos políticos, respetando las creencias religiosas y evitando que la reacción influyera en las decisiones del ayuntamiento que él encabezaría.
Identificó a Acción Nacional como el partido de la reacción. Y su rival en la contienda electoral fue Nicolás Vázquez, en cuya plantilla figuraban Marcos Mastretta Arista, Mariano Nájera Rojas, Antonio Barranco Tenorio, José Luis Villar, Marcial Campos Reyero, José Ascensión Méndez, Manuel Domínguez y Agustín Granados. El grupo aseguraba que no era político y que ignoraba cómo se traicionan los altos anhelos populares en aras del provecho personal. Ofrecía inmaculada honradez en el manejo de los fondos públicos; cambio radical en las viciadas firmas administrativas; atención esmerada a los servicios públicos; intolerancias para que camarillas, amigos, influyentes, partidarios o coyotes hicieran botín de los fondos públicos; y absoluto respeto a la ley.
Las elecciones del 30 de noviembre dieron el triunfo oficial por abrumadora mayoría a los candidatos priistas. Al día siguiente, los perdedores se reunieron con el secretario general de gobierno durante tres horas. Al parecer esta entrevista satisfizo a Nicolás Vázquez, Manuel Cubas Maza y Marcos Mastretta quienes horas antes habían manifestado su desacuerdo con el resultado de la elección.
Los últimos meses del año sirvieron de marco a las discusiones sobre el salario mínimo que debía regir en 1948. El gobernador ordenó a los funcionarios de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado –a Armando Porras, presidente, y a Serafín Méndez, secretario– el estudio de la situación económica de la entidad. Deberían oponerse a los incrementos fuertes en el salario mínimo para impedir que la industria textil huyera de Puebla y se arruinara la economía estatal y, principalmente, la de la capital. En apariencia el gobierno se adjudicó la preocupación que correspondía a los patrones, al elaborar la principal defensa contra el aumento del salario mínimo.
A mediados de noviembre, Ernesto Goytia, oficial mayor de la Cámara Agrícola y Ganadera dialogó con el gobernador acerca del nuevo salario mínimo. Gobierno y empresarios coincidieron en la necesidad de esperar para fijar su monto. Necesitaban saber el salario que se autorizaría en los estados limítrofes con Puebla. Argumentaron que se corría el riesgo de que la industria huyera a las entidades con salarios más bajos. Medio siglo después ocurrió que Tlaxcala atrajo muchos industriales en principio invitados por el gobierno poblano.
El estudio elaborado por la Junta respondido a las recomendaciones del gobernador, propuso no modificar el salario mínimo que permaneció inmóvil, (tres pesos con cincuenta centavos) e incluyó el pago de la compensación al salario insuficiente.