El Pueblo en ascuas...
Por Juan Sandoval Íñiguez, nuevo arzobispo de Guadalajara, nos enteramos que el cuarenta por ciento del personal de la Procuraduría General de la República (PGR) no es confiable. Que –según él– por esa razón siguen sin aclararse los crímenes del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y del candidato Luis Donaldo Colosio Murrieta, “ineficiencia policiaca” que –obvio– ha sembrado la desconfianza y el escepticismo en las altas esferas del clero católico.
Pero quizá lo que más sorprende es que el propio Sandoval haya emprendido una investigación con el fin de aclarar la muerte del cardenal, enviando incluso una misiva a las parroquias de la región para que entre los fieles se recabe todo tipo de datos sobre el suceso, ofreciendo además guardar en el anonimato el o los nombres de los informantes. Salta a la vista, pues, que a riesgo de su vida el prelado se ha echado a cuestas la misión de descubrir a como dé lugar los motivos y el autor intelectual del terrible asesinato.
Y que conste que no solo entre los curas ha proliferado la incertidumbre; también la sociedad civil está en ascuas y cada día más desconfiada de sus autoridades judiciales, debido a la poca efectividad en las investigaciones de los dos magnicidios.
Para empezar existe la duda sobre si un solo hombre (Mario Aburto Martínez) u otros más atentaron contra el abanderado priista. Esto es porque el que aparece golpeado en las fotografías es distinto al que la PGR presentó como presunto responsable, pero se parece tanto a Antonio Sánchez Ortega, agente de Seguridad Nacional, que la madre de Aburto quedó confundida al tratar de diferenciarlos.
Por otra parte hay testimonios de que el cuerpo de Colosio recibió más de dos impactos de bala (según el estudio de la fe de cadáver emitido por la PGR y analizado por siete médicos de Tijuana, que no han sido llamados a declarar a pesar de que manifestaron a la prensa que la autopsia “está muy caliente” y que los presionaron para que no hablaran). Y se tiene constancia de que por lo menos tres diferentes armas fueron encontradas en el lugar de los hechos sin haberse establecido cuál de ellas fue la identificada por Aburto.
De las fallas de los organizadores destacan cuatro a saber:
I.-Se descartó la utilización de un templete para mayor seguridad del candidato;
II.-Se evitó la presencia de agentes de la policía de Tijuana;
III.-No sé previó la utilización de un hospital en caso de emergencia;
y IV.-Mucho menos se previó contar con sangre del tipo de Colosio (la segunda más rara en México), irresponsabilidad logística que obligó a solicitarla a través de los medios de difusión.
A pesar de que Luis Donaldo no aceptaba los excesos de protección, en los momentos previos a su asesinato se encontraba envuelto por agentes de seguridad, quienes no pudieron evitar que Aburto accionara hasta en dos ocasiones una Taurus 38 de fabricación brasileña. En torno suyo estaban elementos del Estado Mayor Presidencial, jefaturados por Domiro García Reyes; quince miembros de la Coordinación de Seguridad Personal comandados por Fernando de la Sota; agentes del grupo Tucán coordinados por Rodolfo Rivapalacio, y un número indeterminado de policías federales destacados en Tijuana.
De igual Manera existen dudas sobre la participación de José Antonio Sánchez Ortega, agente de Seguridad Nacional, pues las evidencias establecen su cercanía con Colosio y la prueba del radizonato de sodio le resultó positiva a “medias”, decía el parte, exactamente como la practicada en Aburto, además de que la chamarra de aquél tenía sangre del candidato asesinado.
Para finalizar valga recordar que por alguna extraña decisión, el equipo de sonido fue enviado por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI a Tijuana, no obstante que los hombres del general Domiro García acostumbraban contratarlo en el lugar. Y a todos extrañó que a la hora de los disparos –cuando “la culebra” invadía el ambiente –alguien subiera el volumen a decibeles exagerados.
Por tanta incertidumbre y desconfianza es necesario que los partidos sigan el ejemplo del arzobispo tapatío e inviten a sus militantes a proporcionar informes que ayuden a esclarecer el crimen. Vaya, hasta podrían valerse del “buzón del candidato” prometiendo que –por aquello de las dudas– se protegerá la identidad de los informantes.
25/V/1994