Una de las espinas más dolorosas y profundas que tiene incrustado el sistema político mexicano es, ni duda cabe, el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta...
Entre otras cosas porque el gobierno tiene en contra la desconfianza de la sociedad mexicana que ya no cree ninguna de las versiones propaladas por funcionarios del aparato judicial. De ahí que, veraces o infundadas, las revelaciones de Eduardo Valle, “El Búho”, hayan resultado más que optimistas para quienes daban por hecho el clásico “carpetazo”.
Vale la pena, pues, que analicemos –aunque sea de manera sucinta– el estado en que se encuentran las investigaciones.
El juez primero de distrito del Estado de México, Alejandro Sosa Ortiz, acaba de informar que solo faltan siete días para que se cierre el proceso penal contra Mario Aburto Martínez y coacusados del delito de homicidio doloso en agravio de Luis Donaldo Colosio Murrieta.
Antes de este plazo, deberán presentarse las pruebas que no requieran más de quince días para su desahogo. Por eso es que de cerrarse la instrucción penal con las pruebas aportadas hasta el momento, solo serían incluidas las actuaciones de la subprocuraduría especial a cargo de Miguel Montes, cuyo trabajo, como usted sabe, dejó una pésima impresión y dudas de su capacidad.
Lo anterior quiere decir que después de cerrada la causa ya no tendrán validez legal ninguna de las pruebas presentadas, circunstancia que –obvio– pone en entredicho el trabajo de Olga Islas de González Mariscal, la abogada que suplió al referido Miguel Montes en la subprocuraduría especial creada por el Presidente Carlos Salinas.
De ocurrir lo expresado por el juez, la mayor parte de los ciudadanos y todos los amigos de Luis Donaldo Colosio, empezando por Ernesto Zedillo Ponce de León, se quedarían con grandes y amargas interrogantes y un profundo descontento debido a que el plazo legal (diez meses para dictar sentencia) vence hasta el mes de enero próximo. Ante esa posibilidad tenemos que preguntar ¿y por qué tanta prisa?
La sociedad civil todavía no encuentra una explicación satisfactoria a la existencia de dos sujetos tan parecidos como Mario Aburto Martínez y Jorge Antonio Sánchez Ortega (incluso hasta la madre del primero los confundió). Tampoco se explica el porqué no se investigó a Sánchez Ortega, a pesar de que le resultó positiva la prueba para detectar que había disparado una arma y, aunado a esto, su chamarra estaba manchada con sangre de Colosio. Se cuestiona si el hombre forma parte de un complot organizado en la cúpula de Seguridad Nacional, cuando esta dependencia estaba bajo el control de Córdoba Montoya.
Para sumarse a esa ola de “coincidencias”, en los videos del día del crimen acaba de detectarse que también existían dos “Tranquilinos Sánchez Venegas”, ambos vestidos con ropa similar y cada uno franqueando al candidato priista.
Por otra parte, el fotógrafo Pérez Limón declaró a la prensa que él había visto a tres hombres desenfundar sus armas contra Colosio (dos 38 especiales y una nueve milímetros) y que Luis Donaldo no giró sobre su eje, sino –como sucede cuando se dispara a la cabeza– cayó de bruces e instantáneamente, por lo que resulta imposible que una sola persona pudiera dispararle en dos puntos del cuerpo y con trayectorias opuestas.
Aún más: con las declaraciones del “Búho”, efectuadas en Estados Unidos que implican a políticos y narcotraficantes en el asesinato de Colosio, la confusión se ha vuelto mayor debido a que varios e importantes funcionarios del gobierno federal quedan involucrados.
Y además resulta fuera de toda lógica que se acote el tiempo para presentar y desahogar pruebas; está en entredicho la credibilidad de las instituciones porque, como usted sabe, el principio del juicio expedito nunca ha funcionado. Lo que necesita la justicia es aclarar el crimen antes de dictar una sentencia que podría constituir una gran ofensa para la nación.
2/IX/1994