HEMOFILIA POLÍTICA
No entiendo lo que pasa, o ya pasó lo que entendía.
—Carlos Monsiváis
Es bueno el encaje, pero no tan ancho.
—Dicho popular
Puebla es un estado en donde hasta hace poco la sociedad no existía. El destino de sus habitantes dependía del gobierno en funciones y de las coaliciones político-familiares, cuyo poder establecía las reglas del desarrollo y la repartición del pastel burocrático. Si las hojas del gran árbol gubernamental llegaban a moverse, era debido al viento exhalado por la boca de los caciques. En consecuencia, las alcaldías, las diputaciones y los cargos en la administración pública tenían necesariamente que lograr la aquiescencia de los hombres que, en su región y con celo draconiano, habían impuesto sus “reglas de juego”.
Fue, pues, una costumbre que desde el punto de vista histórico se formalizó en la Sierra Norte con el cacicazgo de Juan Francisco Lucas; un ejercicio a punto de concluir gracias a los avances de la comunicación que, como el lector sabe, en la década pasada sacudieron a nuestra sociedad civil, despertándola de su marasmo.
De esos grupos formados al calor del poder regional, destaca el de la familia Jiménez, originaria de Huauchinango. Su control data de la época en que fueron asesinados los hermanos Vite, crimen perpetrado por un general y diputado federal de apellido Cardona, a quien el entonces presidente Adolfo Ruiz Cortines ordenó desaforar y encarcelar. Circunstancia que aprovechó Alberto Jiménez Valderrabano para iniciar lo que, con los años, sería una hegemonía pacífica, incruenta y políticamente apegada a la ortodoxia de la época.
Con medio siglo de mando y decisiones casi de Estado, el jimenismo se convirtió en la segunda fuerza regional de mayor duración (el primer lugar lo tienen Lucas y su heredero Gabriel Barros, quienes ejercieron el control de la sierra de 1860 a 1930, y el tercer puesto lo ocupan Maximino y Rafael Ávila Camacho, los hermanos que, directa y por interpósita persona, gobernaron la entidad durante cuatro regímenes). Es un grupo que, debido a los avances de la comunicación, está sufriendo algo que se me ocurre denominar “hemofilia política”. Esto es porque su presencia en los diferentes ámbitos de la vida pública nacional y local ha empezado a causar graves estragos en la carrera de los miembros de la familia.
La posible nominación de Guillermo Jiménez Morales para ocupar un escaño en el Senado de la República, por ejemplo, de alguna manera afecta a su sobrino Alberto Jiménez Arroyo, precandidato también, pero a una diputación federal. Y ambas postulaciones alterarían el proyecto personal de Alberto Amador, debido a que su suplente es hermano de Alberto; es decir, hijo de don Alberto y también sobrino del actual coordinador de la campaña labastidista en Querétaro. Ante tanta competencia familiar, resulta obvio que Amador sale afectado, pues al dejar el Congreso local, el suplente ocuparía la curul. De ocurrir esto, tendríamos un Jiménez diputado federal, otro diputado local y otro como senador. Por otra parte, ubique usted en la misma problemática a Víctor Manuel Giorgiana Jiménez, actualmente secretario particular del gobernador de Puebla y uno de los miembros distinguidos del “Hachipower”, con posibilidades para ocupar alguna de las quince candidaturas federales en disputa.
Suponiendo que todo se presentara a pedir de boca para la familia Jiménez, el Poder Legislativo federal tendría entonces tres legisladores consanguíneos. E incluido el Congreso del estado, habría un total de cinco hijos de Huauchinango (Amador, Alberto, Mario, Víctor y Guillermo). Ahora bien, si tomamos en cuenta la ortodoxia que priva en la familia —además de que la sociedad ya influye, opina y existe—, lo más probable es que sólo habrá dos beneficiarios en ese reparto del pastel. El resto quedaría apuntado en lista de espera.
Este último escenario nos muestra otra interesante variante en beneficio de René Meza Cabrera, representante del gobierno de Puebla en el D.F., quien, como el lector sabe, también es amigo y fue colaborador de Alberto Jiménez Morales. De ahí que no debemos soslayar sus posibilidades, y menos aún olvidar sus circunstancias profesionales, que le permiten pasar la prueba de calidad prometida por Francisco Labastida Ochoa para calificar a todos los candidatos del PRI. Pero, si el lector me lo permite, este será tema de otra columna.