Grupos de presión
Los empresarios
NÚMEROS NEGROS
Como ya lo comenté, en el mandato de Alfonso Cabrera (14 de julio de 1917 a mayo de 1920) los empresarios le ganaron al gobierno la primera batalla.
El motivo del enfrentamiento fue la promulgación de la Ley del Trabajo, cuyo impacto sacudió el “templo” conservador. Aquel alcance social logrado por los diputados del Congreso local, entre los que destacó Gilberto Bosques Saldívar, postulaba el pago de un salario mínimo suficiente para satisfacer las necesidades normales del obrero y su familia y que permitiera el desarrollo de las relaciones sociales indispensables para elevar el espíritu. A las empresas, fábricas, haciendas, negociaciones, casas de comercio, etc. Se les obligaba a repartir utilidades entre sus trabajadores y además establecía una participación mínima equivalente a un mes de salario.
Eduardo Mestre Ghigliazza fue el abogado que amparó a los empresarios que, según dijeron, vivían tiempos difíciles para la industria y el comercio. En abril de 1918 la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo a favor de los amparados. De nada sirvieron las múltiples movilizaciones obreras en plena Angelópolis. El triunfo empresarial dio energía al ánimo de los empresarios decididos a formalizar su participación en la vida política del estado.
A esa victoria siguieron lauros menores, como el despido de algunos funcionarios que atentaban contra sus intereses. Por ejemplo en 1920, el tesorero general del estado perdió su chamba al intentar imponer a los dueños de Metepec una contribución fiscal adicional de diez mil pesos, la cual aligeraría la carga del gobierno estatal que necesitaba mayores ingresos. Otra vez interpusieron el recurso de amparo alegando la anticonstitucionalidad de la medida. Y nuevamente el fallo fue a su favor.
En este siglo, las relaciones gobierno–empresarios se iniciaron a contrapelo. Primero combatieron la tutela oficial del Estado que pretendía organizar, proteger e impulsar corporativamente la actividad empresarial. Esa renuncia que caracterizó a los grandes y ricos comerciantes con posibilidades de desarrollo independiente, hizo las veces de semilla y modeló su participación política. Es obvio que al combatir todo lo oficial buscaban dar sustento a la integración de las cámaras empresariales.
En el ámbito nacional el proceso correspondió a los empresarios regiomontanos, que contaron con la solidaridad inmediata de sus colegas de Puebla para oponerse a las propuestas populares de la revolución. Les preocupaba el concepto de propiedad emanado de la Constitución, sobre todo, el referente a la del subsuelo. Combatieron el artículo 27 porque no estaban de acuerdo con la sustitución del “original” depositario privado por una instancia social capaz de decretar expropiaciones fundamentadas en la utilidad pública.
Al finalizar la década de 1920, los industriales poblanos lograron obtener el apoyo del gobierno para enfrentar el sindicalismo. Con ese respaldo no tuvieron empacho para lanzar amenazas contra los “agitadores profesionales deseosos de convertirse en amos de los obreros”. Además, para continuar con la presión, pidieron varias concesiones como la reducción de tarifas de la Compañía de Luz y Fuerza de Puebla en manos de extranjeros, y solucionar los conflictos obrero patronales derivados del auge del sindicalismo. Entre sus estrategias destacaba la amenaza de cerrar las fuentes de trabajo argumentando incosteabilidad, lo cual dejaría sin empleo a miles de obreros y al gobierno sin poder cobrar más impuestos.
Leticia Gamboa Ojeda, investigadora de la UAP, escribió que la crisis enfrentada por la industria textil de aquellos años –la baja en el precio del algodón–, provocó la invasión de textiles fabricados en el extranjero. Los industriales encontraron una solución: abatir costos gastando menos en salarios, eliminar turnos y cesar personal. Las expectativas de esta solución unilateral les atrajo grandes beneficios, ya que la amenaza de cerrar las fábricas hizo las veces de argumento colateral y fue causa de una constante migraña para los gobernantes.
Con ese criterio, cuarenta poblanos productores de textiles se presentaron en agosto de 1920 ante el presidente Álvaro Obregón. Le pidieron que interviniera para solucionar el problema laboral en Puebla. Como respuesta el presidente designó árbitro al gobernador Luis Sánchez Pontón (8 de julio de 1920 al 6 de abril de 1921). Y los industriales negociaron un convenio más o menos favorable, condicionando de palabra que sus fábricas sólo trabajarían con obreros libres y sin compromiso.
La realidad fue diferente. Los líderes sindicales pusieron en huelgas las fábricas más importantes del estado. Sin embargo, no todo fue enfrentamiento tendencioso, absurdo, abierto o franco. En septiembre de 1920 los industriales apoyaron la solicitud obrera sobre la creación de centros culturales y recreativos para los trabajadores. Con este paso los patrones lograron reivindicar su derecho a realizar obras sociales lejos de la tutela oficial, lo cual les puso en bandeja de plata la oportunidad de ganarle partidas al gobierno estatal.
Pero una golondrina no hace verano. La escasa buena voluntad resultó insuficiente para fomentar la coexistencia pacífica entre líderes obreros y empresarios. Sobre todo por la necedad de los patrones deseosos de organizar a sus trabajadores sometiéndolos a la suspensión de turnos u otras reglas represivas, tal y como ocurrió en las principales fábricas de la entidad.
Empeñados en ganar, los dueños de las industrias menospreciaron a las autoridades y se negaron a participar en las reuniones con líderes obreros y funcionarios gubernamentales. Prefirieron retar al gobernador Sánchez Pontón acusándolo de intentar enfrentarlos contra agitadores profesionales.
Ensoberbecidos y empeñados en sacar provecho a todas las situaciones, los industriales encontraron la forma de beneficiarse con la ola de huelga; además de ahorrar parte del dinero que debían pagar de sueldos, obtuvieron más utilidades al vender sus telas en el mercado interior al mismo precio que en el internacional, no obstante la caída en la cotización del algodón.
Cuando el general José María Sánchez se hizo cargo de la gubernatura (18 de junio de 1921 al 2 de marzo de 1922), intentó crear un instrumento legal que solucionara el endémico problema laboral. El 14 de noviembre de 1921 promulgó el primer Código del Trabajo de Puebla, con disposiciones sobre asuntos tan importantes como contratos de trabajo, jornada máxima y salario mínimo, participación de utilidades, reglamentos de talleres, sindicatos, huelgas y paros, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Los patrones volvieron a su eterna queja por la agitación obrera, el exceso de producción y la intención de salvar recursos económicos. Encontraron el pretexto para recortar las jornadas laborales, desaparecer el tercer turno y el segundo dejarlo con escaso trabajo.
La respuesta de los líderes obreros no se hizo esperar. Contestaron con el lenguaje radical de la época –más retórico que conceptual–. Y en diciembre de 1921 decidieron hacerse justicia por su propia mano, tomando el control de las fabricas. A pesar de las experiencias, la amenaza no fue tomada en serio por los patrones, debido, según ellos, a su profundo conocimiento de los líderes.
Entusiasmados porque la mercancía empezaba a escasear en las bodegas, los industriales se animaron a reanudar las labores de los segundos turnos en la mayoría de las fábricas. Empero, cuando el ambiente fabril parecía tomar impulso, apareció de la nada el fantasma del cacicazgo con overol.
En 1922 la industria textil poblana se conmocionó por la lucha de intereses hegemónicos entre los sindicalistas. Se produjeron innumerables huelgas, paros, manifestaciones y asesinatos. Obviamente estos eventos asustaron a los industriales que de inmediato cerraron sus fábricas y suspendieron turnos.
En enero de 1923 se anunció lo que parecía ser contundente en la industria textil: con el pretexto de la competencia desleal producida por la importación de telas, por enésima vez amenazaron con cerrar las fábricas. Simularon un acuerdo para suspender la producción cerrando simultáneamente los centros de trabajo hasta que mejorara la situación. Ello causó malestar en los obreros y preocupó severamente al gobierno.
Jesús Rivero Quijano, el principal empresario poblano de aquella época, consideró que la amenaza no pasaba de ser un espantapájaros creado para asustar a los obreros, pues si alguna de las fábricas había suspendido turnos, se debía a la mala situación económica y de ninguna manera por la existencia de algún pacto empresarial. Asimismo manifestó que los industriales deseaban solucionar sus problemas sin cerrar las fuentes de trabajo.
José María Sánchez, destituido por haber asesinado a los hermanos Moro, dejó el cargo a Froylan C. Manjarrez (2 de marzo de 1922 al 10 de diciembre de 1923), el primer gobernador que logró reunir a representantes obreros e industriales. La reunión tuvo resultados positivos en virtud de que Manjarrez conocía bien el origen de los problemas, pues desde su juventud había sido testigo de la explotación de los trabajadores. Y no solo eso: pertenecía a la nueva generación política nacida en el Constituyente de Querétaro y fue quien propuso el artículo 123.