Puebla, el rostro olvidado
En el umbral del tobogán
Segunda parte
Desde principios de enero de 1979 los organismos empresariales utilizaron la prensa local y nacional. Publicaron todo tipo de bienvenidas al Papa. Y aprovecharon para invitar a la población a comportarse de acuerdo a las reglas cristianas de la moral.
La campaña desembocó en una serie de ataques al marxismo y al comunismo que, según decían los empresarios, se personificaban en la UAP y el PCM pues universidad y partido era exactamente lo mismo.
Javier Torres Leyva, presidente del CCPCP, dio por hecho que las autoridades universitarias financiaban con el subsidio gubernamental las campañas políticas comunistas y las actividades del PCM. Propuso auditar a la UAP para descubrir la cantidad de dinero y la logística usada en las actividades políticas. Las imputaciones del sector privado gratificaron el ánimo de los panistas y de la dirigencia del Colegio de Contadores de Puebla, así como de algunos distinguidos militantes del PRI.
En respuesta a las acusaciones, las autoridades universitarias demandaron al presidente del CCPCP por tratar de desprestigiarlos y pretender el repudio de la sociedad contra esa casa de estudio.
La polémica se hizo más candente cuando el presidente del consejo acusó a las autoridades universitarias de amenazas anónimas y las responsabilizó de cualquier atentado que sufrieran sus miembros, familias o propiedades.
No faltaron las expresiones de solidaridad empresarial. Una de ellas la de Ángel Zerón Rojas, presidente de la Cámara de Hospitales, Clínicas, Sanatorios y Maternidades particulares, descalificó académicamente a todos los egresados de la UAP. En el mismo tono dijo que su bajísimo nivel era insuperable mientras que la universidad sirviera como guarida de descarriados y foco de agitación. Cinco años más tarde Zerón Rojas se incorporaba al priismo y obtenía como “premio” una residiría en el Ayuntamiento de Puebla. Después, en algo parecido a un acto de contrición, Zerón Rojas dedicó gran parte de su tiempo a buscar soluciones financieras para resolver los problemas del Hospital Universitario de la UAP.
En un desplegado periodístico Rosendo Huesca Pacheco pidió a los feligreses rechazar las doctrinas promotoras de la violencia (aludía al marxismo). Afirmó que no era cristiano sustentar ideologías carentes de verdades fundamentales.
Por su cuenta la Canacintra–Puebla alertó a la opinión pública sobre la infiltración comunista originada en las universidades de Puebla, Sinaloa y Oaxaca que, según ellos, llegaba a las empresas privadas mediante los sindicatos independientes, culpables de la baja productividad que afectaba a la empresa mexicana.
La disputa verbal, cada vez más agresiva, no alteró la tranquilidad en las elecciones de diputados federales realizadas ese año. Lo más significativo fue que el PCM surgió como segunda fuerza electoral en Puebla, con el 12 por ciento de los votos. Ante estos resultados, el disgusto de los empresarios se hizo más notorio porque sus ataques contra el PCM y la UAP se agravaron: los acusaron de manipular a los ambulantes y de agredir físicamente al presidente del CCE, a su hermano y al gerente de la Canaco–Puebla, en un juego de béisbol profesional. Los enfrentamientos verbales, aunque ruidosos, no alteraron la paz que prevalecía en la Puebla de aquellos días.
En agosto de 1979 surgió un nuevo problema. Las disposiciones fiscales que derogaron el Impuesto Sobre Ingresos Mercantiles, suplido por el Valor Agregado, pusieron en peligro la existencia de la Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y Material del Municipio de Puebla, pues de aquel impuesto provenía el financiamiento para las actividades de la Junta. La presión empresarial produjo un ambiente tenso en el gobierno de Puebla, a diferencia de lo ocurrido en otros estados del país, donde la desaparición de organismos similares (oficiales) no causó ningún problema. En sus negociaciones los empresarios lograron que la junta poblana continuara mientras encontraban otras alternativas, aun contra el gobierno estatal que estaba convencido de la ilegalidad de ese organismo cuyas funciones invadían las del Ayuntamiento.
Los argumentos de la iniciativa privada en las discusiones iniciales se centraron en el fantasma de la carestía y el desempleo. El gobierno como los campesinos se culpaban y con sus declaraciones dejaban ver que no todo marchaba sobre ruedas en esas dizque excelentes relaciones.
Nuevamente la UAP encendió la mecha que hizo estallar el conflicto entre la iniciativa privada y estudiantes. A finales de octubre, un grupo de choferes de autobuses foráneos acompañados por universitarios, se apoderaron de 74 unidades y exigieron a los patrones aceptar sus demandas laborales.
De inmediato el CCE publicó un desplegado dirigido al presidente de la República y al gobernador de Puebla. El texto afirmaba que Alfredo Toxqui terminaría su sexenio con un costo social muy alto ya que los comunistas de la universidad, “culpables de la zozobra, intranquilidad e inseguridad en que vivía Puebla”, se habían fortalecido. También exigían mano dura contra los “extremistas” y garantía para la existencia de organismos privados como la Junta de Mejoras. Amenazaron además con efectuar un paro total programado para el 30 de octubre.
La iniciativa fue apoyada por la mayoría de los comercios del centro de Puebla, las gasolinerías, el monopolio gasero, los baños públicos, algunos restaurantes, escuelas privadas y desde luego la UPAEP. A título personal, los integrantes de CCE afirmaron que el paro era popular porque el pueblo ya no soportaba las agresiones de los comunistas que manipulaban a los estudiantes de la UAP.
El gobierno local se atrevió a condenar el paro y a sus organizaciones señalando su actitud como una expresión fascista destinada a eliminar las instituciones sociales mexicanas.
El 1 de noviembre aparecieron los primeros síntomas de solución al problema: fueron devueltas las 74 unidades que tenían los trabajadores, lo que permitió al gobierno local anunciar la terminación del conflicto gracias a la negociación de las partes, y no por la influencia del paro empresarial. Quizá haya sido así. Pero para la gran mayoría de los poblanos el triunfo correspondió a los empresarios.
Los problemas les facilitaron negociar en los altos niveles del gobierno federal. Aunque aprovecharon la coyuntura para dar por concluido el asunto del secuestro de autobuses, continuaron con las protestas, por las tomas de tierras, la movilización de los ambulantes y los “atropellos” de los universitarios contra personalidades empresariales. Y volvieron a insistir en la continuidad de la Junta de Mejoras.
Después de una entrevista con el secretario de Gobernación, profesor Enrique Olivares Santana, los miembros de la iniciativa privada poblana reafirmaron su apoyo al presidente José López Portillo, asegurando que el paro del 30 de octubre buscaba fortalecer su política económica. De igual manera se solidarizaron con el Gobernador para evitar que “los comunistas universitarios” tomaran el mando de Puebla. Finalmente amenazaron con persistir en su política si continuaba la agitación estudiantil y si la ley no se aplicaba eficazmente.
Ante tales declaraciones, el gobierno toxquista optó por defenderse ratificando su política de equilibrio y la decisión de gobernar con imparcialidad. También rechazó la existencia de algún poder estudiantil, o que la UAP cifrara su desarrollo con base en la influencia comunista. Además denunció la intención de un buen número de empresarios decididos a escalar el poder e intervenir en la política de la entidad (querían su “pizcacha” de poder que a los veinte años obtuvieron con la alcaldía de la ciudad de Puebla).
El criterio del secretario de Gobernación, que el paro empresarial estaba exento de connotaciones políticas, los animó pero no cejaron en sus ataques contra el gobierno estatal, no obstante que el mismo secretario aseguró que los empresarios no pretendían enfrentarse al gobernador. Fue tal vez el calor de Bucareli lo que les hizo abrirse de capa y descubrir su entusiasmo por retar a las autoridades “tolerantes con las presiones que impedían la paz social” necesaria para “generar confianza y atraer nuevas e importantes inversiones”. Volvieron a la carga al repudiar las manifestaciones estudiantiles y reclamar a las autoridades de la universidad porque –decían– unos alteraban la paz y la tranquilidad pública y otras abusaban del concepto de autonomía. Asimismo, se pronunciaron por la reducción del subsidio y la militarización de las universidades públicas.
Resuelto el problema del secuestro de autobuses, los organismos empresariales insistieron en asegurar la subsistencia de la Junta de Mejoras. A fines de diciembre de 1979 la Federación de Barrios y Colonias movilizó un contingente para manifestarse frente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Publicó en favor de ese organismo privado. Poco después, el gobierno federal acordó a regañadientes la prevalencia de la citada junta. Ante esta determinación, el 19 de abril de 1980 se firmó un convenio que garantizaba su existencia no obstante lo poco sólido y absurdo de los fundamentos legales expuestos.
La relación entre la iniciativa privada y el gobierno mejoró después de tanto jaloneo. Esta concertación golpeó el ego de los grupos progresistas y radicales y fue mal vista por el sector universitario.
En el proceso electoral de 1980, los empresarios arremetieron de nuevo contra la ideología comunista, catalogando a la UAP y al PCM como su encarnación.
El CCPCP calificó al PCM como parte de un plan para desestabilizar al estado con desórdenes públicos y boicot a las elecciones, a fin de negociar posiciones políticas. Según él, el plan incluía el secuestro de autobuses y la invasión de tierras. Por eso nuevamente solicitaron al secretario de Gobernación garantías para la paz pública. Cabe mencionar que quizá la paciencia se debió a su estrecha amistad con el gobernador Toxqui y por ello el entonces secretario de Gobernación no tuvo empacho en ayudar a su amigo y ex compañero de legislaturas.
Insistía en que la UAP respondía a los intereses del comunismo internacional y que por cumplir con sus consignas políticas, descuidaba la calidad académica, al grado que ya nadie confiaba en su programa de estudios. En consecuencia propuso que en lugar de aumentar el subsidio universitario con dinero proveniente de impuestos, se mejoraran los servicios públicos, principalmente el del agua potable.
El discurso anticomunista sirvió para vulnerar a Horacio Labastida, uno de los posibles candidatos priistas a la gubernatura del estado de Puebla. El veto para este investigador se basó en el dicho empresarial de su reconocida filiación comunista y en la intención del gobierno mexicano de inclinarse hacia esa tendencia. No puedo asegurar si eso influyó en la decisión oficial, pero a los pocos días, el 4 de julio de 1980, el PRI hizo pública una terna de precandidatos sin que apareciera el nombre del vetado. El candidato a gobernador fue Guillermo Jiménez Morales.