Un gobernador a la medida
En febrero de 1972 Gonzalo Bautista O’Farril dejó la alcaldía para hacerse cargo de la gubernatura. Antes de lo planeado cumplía con el sueño de terminar el trabajo que había iniciado su padre. Pero, según afirma la investigadora Elsa Patiño en su trabajo “El movimiento empresarial”, su vocación le aconsejó entregarse a la iniciativa privada. Y aunque desaparecieron las confrontaciones entre gobierno y empresarios, la propia fuerza puso una trampa en su contra. Él se beneficia porque con un movimiento de su dedo cesáreo acabó con el poder de los empresarios que habían criticado sus “desplantes populistas”.
Algunos de los problemas sociales, rurales y urbanos atizaron el fogón. Desde su bastión cada una de las distintas fuerzas sociales empezó a fomentar la polarización ideológica. La representada por la UAP fue capitalizada por sus autoridades a fin de fortalecer al entonces Partido Comunista Mexicano (PCM).
Para los grupos reaccionarios que empezaban a perder el control de la Universidad Autónoma de Puebla, resultó providencial la llegada al poder de Gonzalo Bautista O’Farril. Creían que su presencia les ayudaría a iniciar una “cristiana ofensiva” contra el comunismo, valiéndose de la llamada Coalición de los Derechos Cívicos. Y como para luego es tarde, el 2 de mayo de 1972, mediante un desplegado, acusaron a las autoridades del estudiantado de desvirtuar el espíritu universitario.
Así empezaron los días aciagos de intranquilidad, zozobra, violencia y muerte. La sangre corrió por las calles y pagaron la cuota militantes de ambos bandos. Los universitarios convocaron a una marcha para protestar por el asesinato de Joel Arriaga Navarro, en ella los oradores culparon del crimen a Bautista O’Farril. Y Octaviano Márquez y Toris tampoco se salvó de la acusación: el rector lo señaló como autor intelectual del asesinato.
La denuncia irritó a las organizaciones clericales con tendencia empresarial, a la Federación de Barrios y Colonias de Puebla, al Consejo diocesano del Apostolado Seglar de Puebla, a los Caballeros de Colón y a la Legión de María a defender al más alto pastor católico de Puebla. El arzobispo lo hizo satanizando a sus impugnadores a quienes llamó comunistas, mientras que el gobernador declaró que la ciudad sufría la violencia desatada por un puñado de funcionarios universitarios encabezados por su rector.
Ante la coincidencia entre los poderes eclesiástico y civil, la UAP parecía la única instancia capaz de enfrentarse a la cada día más poderosa reacción. Así lo entendieron las organizaciones populares en conflicto y de inmediato buscaron la solidaridad universitaria. Mientras el gobierno y los grupos católicos organizados sacaban la cabeza para manifestarse contra el progreso, los organismos empresariales se mantenían convenientemente ocultos, al acecho, y de vez en cuando lanzaban terribles advertencias “sobre el peligro del comunismo”.
A la ideología socializante –como la llamaban los patrones– oponían la ideología de la libre empresa: “El desarrollo de las clases sociales solo es posible a través de la libre empresa que permite al aprendiz convertirse en obrero, al obrero en empresario y al empresario en propietario” decían en su manifiestos.
En la medida en que los universitarios lograban aliarse con otros movimientos populares, los organismos empresariales se veían obligados a abandonar el escenario de la contienda política. A mediados de octubre hicieron pública una petición al gobierno para que interviniera sometiendo a los comunistas de la universidad.
Y no solo se limitaron a emitir declaraciones. También organizaron una campaña de protesta contra “el territorio comunista”: proponían un paro total de actividades, una manifestación y un mitin programado para el 18 de octubre de 1972.
Según Elsa Patiño, ante el éxito de la movilización los promotores perdieron la perspectiva al considerar que el triunfo de su causa estaba asegurado.
La respuesta universitaria no se hizo esperar. De inmediato se organizó una marcha que contrastó con la manifestación patronal ya que muchos universitarios fueron aprehendidos. El acto de represión resultó contraproducente para la autoridad estatal. Los jóvenes sacaron la casta y junto con sus maestros convocaron a una segunda movilización.
Con instrucciones de impedir la protesta, el ejército sitió a más de cincuenta mil personas reunidas en el edificio Carolino. Y el día 27 del mismo mes los granaderos dispersaron a miles de manifestantes que protestaban contra el gobernador.
En respuesta a las agresiones sufridas, los universitarios expulsaron a cuatro dirigentes del Frente Universitario Anticomunista (FUA), lo cual produjo una cohesión más apasionada entre organismos empresariales, clubes de servicio, organizaciones de padres de familia, etc.
En medio de la vorágine política-universitaria-empresarial, el 17 de noviembre, con toda formalidad, se constituyó el Comité Coordinador Permanente de la Ciudadanía Poblana. Sus integrantes fueron: Gerardo Pellico Agüeros, presidente; Francisco Bernal Solsona, vicepresidente e inspirador de la corriente radical; Ricardo Villa Escalera, secretario; Abelardo Sánchez Gutiérrez, tesorero; Francisco Sánchez Díaz de Rivera, vocal de relaciones públicas; José Luis Castillo, prosecretario; Eduardo García Suárez, protesorero, Benito Leal Cué, vocal de relaciones nacionales; y Javier Torres Leyva, vocal de difusión.
La nueva agrupación quedó formada por los presidentes de siete cámaras industriales (Comercio, Industria de la Transformación, Harinera, Textil, Construcción, de Propietarios y Agrícola y Ganadera); cuatro asociaciones patronales (Coparmex, Club de Empresarios, Empresarios Textiles y Distribuidores de Automóviles); dos colegios profesionales (de Arquitectos e Ingenieros Civiles), la Junta de Mejoras, y la Central de Servicios para el Desarrollo de la Comunidad Rural.
Sus actividades iniciaron con la solicitud de ayuda al Presidente de la República y al gobernador de Puebla, de derogar de la Ley Orgánica de la Univerdad, desconocer a sus autoridades, desaparecer los comités de lucha, entregar archivos de cada escuela de Ciudad Universitaria, reinstalar a 54 alumnos expulsados, retener el subsidio universitario y aprehender funcionarios de la UAP acusados por el gobernador como responsables de la violencia.
Aquellas exigencias –que no peticiones– fueron acompañadas con la amenaza de suspender el pago de impuestos municipales, estatales y federales.
Por su parte, la Federación de Barrios y Colonias anunció que se preparaba para tomar el edificio Carolino a sangre y fuego para sacar y expulsar a los comunistas. La amenaza quedó en una simple llamarada de petate. Y el gobierno local no pudo satisfacer las demandas de la iniciativa privada poblana. De esta manera el intento de invasión sólo quedó en proyecto y nunca hubo explicación oficial al respecto.
Los organismos empresariales se dieron cuenta de la impopularidad de su movimiento ante el gobierno federal –señala Elsa Patiño– y que las autoridades locales tenían que sujetarse a la línea política del centro. De ahí que prefirieron reestructurar algunos de sus organismos y cambiar su actitud frente al Estado. Dijeron que la intención era resolver sus problemas sin recurrir al gobierno para lograr mayor unidad en el sector privado.
La obligada moderación de los empresarios hizo bajar de tono la actitud de los universitarios, para llegar con menos violencia a las confrontaciones suscitadas a finales de 1972 e inicio de 1973. En marzo de este año, los organismos empresariales exigieron una universidad que respondiera a las justas aspiraciones de los ciudadanos de Puebla. Tiempo después fundaron la Universidad Popular Autónoma de Puebla (UPAEP).
El problema universitario se agudizó el 1 de mayo de 1973, cuando tres estudiantes fueron muertos por la estupidez de la policía. Según el procurador general de justicia del estado, los gendarmes actuaron en defensa propia.
A pesar del apoyo incondicional de la CANACO-Puebla, el mandatario estatal fue obligado por el gobierno federal, a presentar renuncia el 9 de mayo de ese año. Y aunque tenía carácter de irrevocable, los principales organismos patronales solicitaron, sin éxito, que el Congreso local la rechazara. Entonces el Comité Permanente de la Ciudadanía poblana realizó un paro total de comercios e industrias y logró suspender el transporte urbano como protesta por el atentado del gobierno federal contra la democracia.
Otra vez, solícita, la Federación de Barrios y Colonias anunció una marcha para exigir que Bautista O’Farril continuara como gobernador de Puebla. La alharaca resultó peor que el parto de los montes.