Poco antes del cambio de gobierno, el Poder Judicial autorizó el traslado de Simitrio a otro centro de readaptación social, lo que provocó una nueva protesta que se prolongó por varios años...
Rubén Sarabia “Simitrio”, dirigente de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre (UPVA), logró reforzar su posición política durante el sexenio de Guillermo Jiménez Morales.
El padrinazgo de Alejandro Gazcón Mercado (compañero de legislatura de Jiménez Morales), sumado a su liderazgo y popularidad entre los ambulantes, le facilitó negociaciones bastante favorables. Algunas de ellas, las más complejas por estar económicamente ligadas al presupuesto estatal, quedaron como herencia para el gobierno de Mariano Piña Olaya.
A las pocas horas de iniciado el régimen piñaolayista, reapareció un Simitrio crecido, mesiánico y exigente. Pedía las perlas de la Virgen: la conclusión de los mercados semiconstruidos por la administración anterior y la infraestructura necesaria para hacer accesibles y comerciales esos centros de abasto. Tres años después, dichas obras quedaron casi terminadas como parte de una negociación que había iniciado Jorge Murad para limpiar el Centro Histórico de ambulantes.
Con el fin de lograr sus objetivos, el líder del ambulantismo tomó las principales calles de Puebla cuantas veces quiso, sin prestar atención al llanto de los afectados ni a las protestas del comercio organizado. Ante estas actitudes, los dirigentes de la cúpula empresarial aprovecharon la oportunidad que la terquedad de Simitrio les brindaba. Así, ayudaron a que poco a poco el ambulantismo en Puebla construyera su propio patíbulo, donde en 1989 se ejecutó el ideal de más de cinco mil vendedores que veían en las calles la única forma de trabajar para mantener a sus familias.
De esta manera, al gobierno no le quedó más alternativa que actuar, y al parecer fue el mismo Rubén Sarabia quien puso en bandeja de plata la oportunidad.
Según la información oficial, Simitrio se había involucrado en un extraño y complicado secuestro. El secuestrado acudió a la justicia para denunciar el hecho… ¿o fue la justicia la que lo encontró? De inmediato, y con una rapidez inusitada, se integró la averiguación. La orden de aprehensión se cumplió en el entonces Distrito Federal, donde Simitrio aguardaba que sus abogados actuaran. Para sus colegas, este exceso de confianza, que terminó con el encarcelamiento de su máximo dirigente, fue uno de los peores golpes que el gobierno asestó al ambulantismo poblano.
El acto gubernamental, que supuestamente debía apaciguar las críticas de la cúpula empresarial, pasó casi inadvertido para este sector, que parecía más interesado en acabar con Simitrio y su organización que en buscar soluciones a un problema presente desde la época prehispánica.
Ni la persecución de Rubén Sarabia ni los esfuerzos personales de Piña Olaya —muy preocupado por congraciarse con la iniciativa privada— lograron aligerar la pesada carga de presiones, críticas, pasiones, exigencias y reproches patronales contra el gobierno estatal y el peculiar estilo político de su representante.
Sin embargo, y pese a lo complicado y peligroso del asunto, el líder de los ambulantes terminó en la cárcel y la fuerza social del ambulantismo en Puebla empezó a decaer. Para algunos, la energía que el gobierno federal demostró en el caso de Joaquín Hernández Galicia “La Quina” facilitó la decisión del mandatario piñaolayista.
Como era de esperarse, surgieron múltiples protestas a causa de los estragos políticos del gobierno. En 1990, a mi juicio, se formuló la acusación más delicada contra el gobierno del estado de Puebla.
En una nota periodística se alertó a la opinión pública sobre una supuesta amenaza de muerte contra Rubén Sarabia, presuntamente orquestada por colaboradores del gobernador (quienes ya acumulaban varias acusaciones similares, además del señalamiento de utilizar a la CNOP como medio para intentar dividir a la dirigencia de los ambulantes).
Los vendedores ambulantes exigieron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos una respuesta inmediata a sus quejas contra el gobierno del estado y a sus reiteradas peticiones de justicia, pues para ellos Rubén Sarabia había ingresado a la cárcel como preso político.
Poco antes del cambio de gobierno, el Poder Judicial autorizó el traslado de Simitrio a otro centro de readaptación social, lo que provocó una nueva protesta que se prolongó por varios años.