EL RELEVO DE ALCALDES Y DIPUTADOS
La elección para renovar ayuntamientos y diputados locales, en la que el gobernador tiene todo el peso de la responsabilidad, ocurre a los tres años de su mandato. En las elecciones federales comparte la corresponsabilidad con la federación, y en las locales que han de suplirlo, recibe la colaboración del equipo político del sucesor. De ahí que a Piña Olaya le debamos un reconocimiento por el proceso de 1989, donde las huellas de alquimia fueron difíciles de notar.
Sólo en Texmelucan se presentaron algunos conatos de conflictos graves, cuando el enviado personal del gobernador intentó “negociar” la elección. Esto ocurrió más o menos así:
El ayuntamiento panista tuvo en sus manos el control político y policiaco del municipio. Sus autoridades intuían una negociación previa entre la dirigencia estatal del PAN y el gobierno. Hasta el último momento creyeron que San Martín se “canjeaba” por Tehuacán. Por esta razón, y heridos en su amor propio, cuidaron meticulosamente cada uno de los resquicios por donde pudiera surgir un susto para su causa. La votación estuvo muy apretada. Los votos de diferencia entre el PAN y el PRI casi podían contarse con los dedos. De repente, apareció el enviado para sugerir algún arreglo conveniente, pero se encontró con una decisión de triunfo a prueba de cohechos y componendas. El alcalde, Apolonio Méndez Meneses, había cuidado el proceso y se valió de la aprehensión de dos sujetos cuya labor consistía en alterar la votación para impedir el triunfo del candidato panista. El presidente municipal le mostró al emisario de Piña Olaya (Rafael Ramírez Reyes) algunos documentos y le dijo:
—Estas son las fotos de los alquimistas traídos del Distrito Federal. Estas son las declaraciones de cada uno de ellos, donde aceptan los delitos electorales, y vamos a armar un gran escándalo.
Ahí quedaron las buenas o malas intenciones, y el PAN conservó el ayuntamiento de San Martín Texmelucan.
El caso de Tehuacán, donde Acción Nacional le arrebató al PRI la alcaldía, tiene otras características. El cacicazgo tehuacanero estaba contra el alcalde priista Mundo Lado Sanz, cuyo carácter definido y rectitud política le ganaron varios enemigos de consideración, uno de ellos Amador Hernández.
Lado Sanz había tratado de depurar la administración pública municipal: se enfrentó a los lenones, puso un freno a los desmanes de los grupos policiacos asentados en la ciudad de las granadas; rechazó las presiones centrales para favorecer con compras o contratos a familiares de importantes funcionarios; rescató para el ayuntamiento ingresos municipales evadidos y, lo más grave para él, rebasó las presiones políticas a fin de acordar directamente con el gobernador, hasta que le cerraron las puertas del despacho gubernamental. Fue entonces cuando empezó la debacle de Mundo Lado Sanz.
Las autoridades políticas y el cacicazgo del lugar iniciaron la investigación hurgando en los documentos oficiales. Por ahí encontraron algunos justificantes poco sólidos y, con ellos, iniciaron la batalla que habría de sustituir al alcalde instruyéndole una especie de juicio político en el Congreso local.
La auditoría que se le practicó al referido munícipe no arrojó ninguna prueba contundente o seria. Sin embargo, se habló con insistencia de un faltante o desvío en cheques por mil millones de pesos que, según las declaraciones que me hizo el inculpado, fueron préstamos al ayuntamiento otorgados por él mismo (era un próspero comerciante avícola y pecuario) y por comerciantes locales para sufragar los gastos de la nómina municipal, los cuales se garantizaron con cheques posfechados. El Cabildo estuvo de acuerdo y avaló las negociaciones, en virtud de que esa acción mercantil se había hecho costumbre en administraciones anteriores apoyadas por la influyente, trabajadora y millonaria familia Romero.
Fue tan inconsistente la auditoría del Congreso que no mereció el dictamen de la Comisión de Gobernación, única con facultades para solicitar la consignación respectiva. Y los resultados de la Comisión de Glosa fueron enviados a la Procuraduría General de Justicia del Estado, con la solicitud para que el Ministerio Público ampliara las investigaciones. En el fondo, sólo era la sed de venganza de los caciques afectados, quienes propiciaron desde una investigación “jalada de los pelos” hasta la muerte prematura de Mundo Lado Sanz. En su sepelio faltó la corona luctuosa de los caciques, para recordarnos las guerras libradas en Estados Unidos por los capos de la mafia siciliana. El PRI perdió por unos cuantos votos y, con ello, la alcaldía de la ciudad de las granadas, además de haber ganado una buena parte del desprestigio que años después le quitó presencia y representatividad.
En el resto de los 217 municipios, incluida la ciudad de Puebla, la brida o control político funcionó bien. Lo más sobresaliente fue un escándalo previo y las quejas posteriores de la señora Ana Teresa Aranda de Orea, quejas y escándalos maquiavélicamente concebidos para enturbiar el futuro del partido oficial.
Antes del proceso electoral, doña Tere solicitó la ciudadanía poblana para participar en la contienda por la alcaldía de la Angelópolis. La solicitud enviada al Congreso local estaba plagada de errores jurídicos y adolecía de los requisitos que marca la Constitución del Estado.
En segundo lugar, por la línea política a la que pertenecía y ante el menosprecio hacia las leyes poblanas mostrado por sus asesores, la solicitud fue rechazada en el pleno (sólo dos de tres diputados panistas votaron a su favor). Obviamente, surgió el escándalo y los medios de comunicación se saturaron con declaraciones contra la decisión del Congreso. Sin embargo, la determinación legal no quitó el sueño a los panistas empeñados en postular a la señora originaria de Guanajuato. Finalmente, y a pesar del impedimento constitucional, Ana Teresa Aranda fue la candidata oficial, y la Comisión Estatal Electoral, por instrucciones superiores, registró la candidatura de la dama en cuestión.
El barullo sirvió para ratificar el poder del referido asesor. Él había instruido al Congreso para que negara la ciudadanía a la señora Aranda. Y seguramente también sugirió al gobernador que ordenara a la Comisión Estatal Electoral aceptar el registro, aunque se violentara la ley (algunos enterados aseguraban que la orden había llegado de Bucareli). Al final de los jalones y estirones se aceptó la candidatura, y tanto Miguel Quirós Pérez, presidente estatal del PRI, como Marco Antonio Rojas Flores, candidato a la alcaldía, tuvieron que declararse a favor de los “derechos” de la candidata panista. La inflexión de la voz y las actitudes de ambos ante la opinión pública reflejaron la crisis existencial que les provocó acatar las injustas instrucciones, a pesar de su formación profesional. Todo esto ocurrió antes del fatal accidente en que perdiera la vida Maquío Clouthier, el máximo líder del panismo y de muchas corrientes empresariales. (En 1989, la Comisión Estatal Electoral reincidió en el error al aceptar el registro de la señora, que por sus pistolas se negó a solicitar la ciudadanía poblana, requisito constitucional indispensable para aspirar a gobernar el estado de Puebla).
Ya encarrilado y completamente fortalecido como gobernador de jure (el de facto era don Alberto), a Piña le duró poco el gusto, ya que Manuel Bartlett apareció en la escena sucesoria. Ambos, Alberto y Mariano, decidieron conciliar los números de la cuenta pública. Los otros —los de las cuentas personales— no se podían cerrar, dado el alcance de los negocios emprendidos, por ejemplo, en la venta de tierras y las sociedades en la construcción de obra pública.