Mariano Piña Olaya ha regresado al servicio público nacional. Su nueva misión será liquidar la Compañía de Luz y Fuerza y sus filiales en Pachuca, Meridional y Toluca. Desde ese cargo habrá de negociar con los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), cuyo dirigente Jorge Sánchez García (hijo del que fuera uno de los colaboradores más cercano del ex gobernador cuando colaboraba como funcionario de la Comisión federal de Electricidad, entregará el próximo miércoles la disputada secretaría general.
Algunos piensan que el nuevo cargo pretende proteger al gobernador, todavía expuesto a los señalamientos que pusieron en entredicho su actuación como titular del poder Ejecutivo en Puebla. Otros, los que toman en broma el asunto, no pierden la oportunidad de opinar que con Mariano se intenta aumentar el fluido de corrientes y las reservas de cobre. También hay quienes opinan que mejor deben mandarlo a la silla eléctrica. Asimismo, los politizados cuya convicción les indica que la sombra de Miguel de la Madrid sigue protegiéndolo, quizás porque tuvo la habilidad de convencer a doña Paloma de que ingresara en el negocio del café, tal ves asociándose con Martín Josephi. Y sobran aquellos que suponen que el sistema se aprovechará de su mano dura, demostrada cuando usó todo tipo de recursos para exterminar a los opositores Leonardo Rodríguez Alcaine, actual líder del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM).
La Compañía de Luz y Fuerza entró en liquidación a partir del decreto presidencial publicado el 27 de diciembre de 1959 por el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, esta operación no pudo concretarse hasta que la Corte de Ontario Canadá concluyó el proceso de liquidación de los socios canadienses de la Mexican Light and Power Company, antecesora de la empresa ahora en vías de extinción.
A partir de ahí y del pago de 225 mil dólares a los accionistas extranjeros el gobierno mexicano asumió la deuda con la CFE –la cual asciende a 19 mil 211 millones de nuevos pesos–, comprometiéndose a que antes de agosto de 1995 formalizará la creación de otro organismo que supla las funciones del liquidado. Además existe un problema donde la habilidad del exgobernador poblano cae como anillo al dedo: se trata de la liquidación o, en su caso, recontratación y ajuste de más de treinta mil trabajadores. De ahí la preocupación del personal que por cierto acaba de elegir como secretario general a Pedro Castillo con escasos 119 votos más que su oponente, lo cual pronostica una posible confrontación de graves consecuencias.
Piña Olaya tiene en su contra antecedentes que ilustran el lado malo de su fama como abogado laborista. Los obreros con memoria todavía no olvidan la época en que estuvo al frente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje número 9, ya que los pasantes de derecho que trabajaban en su despacho particular cometieron algunas trapacerías como, por ejemplo, vender a los patrones juicios laborales. Esa fama cruzó por muchos de sus cargos hasta llegar al año en el que aterrizó como director administrativo de Aeronaves de México, precisamente contratado para resolver el problema laboral de los sobrecargos y pilotos. En todas partes el controvertido político ha demostrado que no para en mieses cuando de representar los intereses de las empresas se trata. Por ello el susto del gremio laboral y el temor de los electricistas mexicanos.
Pero al aceptar el cargo, Piña Olaya ha quedado expuesto e inerme a las descargas de críticas y denuncias que desde hace meses le vienen preparando. Se puso “de pechito” ante los proyectos de Acción Nacional y de muchos poblanos ofendidos por los piratas piñaolayistas llegados al gobierno de Puebla en busca de botín. Ahora, pues, esta más difícil que don Mariano salga bien librado a pesar de la patente de corzo que le acaban de extender.
12/VII/1993