El choque de las águilas (El bombín y la sotana)

Tres décadas de poder unipersonal eran demasiadas. El pueblo ya no aguantaba la tiranía. Tenía a flor de labio la protesta; sin embargo, no se atrevía a levantar la voz por temor a las represalias. Cuando llegaba a manifestar su repudio, lo hacía casi en secreto y sin poder despojarse del miedo a la arbitrariedad, al atropello, a la muerte, a la persecución, a la infamia, a los instintos vesánicos del poderoso dictador o de alguno de sus sicarios, los únicos que estaban a salvo eran aquellos que pertenecían al círculo de amigos, familiares o colaboradores de los jefes políticos. Al resto no le quedaba más que acostumbrarse a vivir en la incertidumbre, en el sobresalto, con el jesús en la boca pues.

El 15 de junio de 1878, a un año de constituido el régimen dictatorial de Porfirio Díaz, cuyas amenazas veladas o abiertas para quienes se atrevían a disentir le permitieron muchas cosas, incluso hasta la de imponerle al país un nuevo ritmo de progreso, apareció una proclama emancipadora firmada por Alberto Santa Fe y Manuel Serdán, padre de Aquiles, Máximo y Carmen, precursores de la revolución armada. Sus autores la llamaron “la ley del pueblo”, y en ella, además de bosquejar las que después serían raíces ideológicas de la Revolución Mexicana, nos dejaron constancia de la ambición que desde aquellos días mostraban los gobiernos de los Estados Unidos.

“En menos de sesenta años de vida independiente –decían los utópicos socialistas–,

hemos perdido la mitad del territorio patrio, que en 1848 pasó definitivamente a poder de los norteamericanos: tenemos comprometida gravemente la otra mitad, hemos ensayado como sistemas de gobierno, el imperio y la república unitaria y la república federal, el sistema dictatorial y el sistema democrático, sin conseguir establecer la paz.

En ninguna nación civilizada el pueblo, las masas, los artesanos, las gentes que trabajan viven en una miseria tan espantosa como viven entre nosotros… ¡Estamos enfermos!; estamos muy enfermos pero, al menos que nosotros sepamos, nadie ha dicho: Esta es la causa de la enfermedad (o este es el remedio).

Pues bien: esa es la tarea que nos hemos impuesto (…) porque a nadie puede ocultarse que, si seguimos entregados a la guerra civil, cosa que sucederá infaliblemente si no se destruye el origen de la guerra, que es la miseria del pueblo, dentro de pocos años México será una colonia norteamericana.”

Como observará el lector, para los habitantes de la Puebla decimonónica que no eran ni brujos ni cartomancianos, ni pitonisos, sino personas que usaban el sentido común, resultaba obvio el deseo del gobierno estadounidense de imponer en el continente su dominio político y comercial. Empero, éste no empezó a darse hasta que don Porfirio consideró que los Estados Unidos le podrían ayudar a prolongar su estancia en el poder. De ahí su condescendencia para otorgar todo tipo de facilidades a la explotación de los recursos nacionales; y de ahí su decisión para ceder la riqueza del subsuelo, actitud que –a mi juicio– fue la traición a la patria que cometió el dictador en su intento por ganar simpatías y acercarse los privilegios internacionales, necesarios para atemperar las molestas reacciones al ejercicio de su dictadura.

Con el inicio del siglo XX ocurre el cambio de actitud que abre las puertas al progreso: la gente, acostumbrada a ver con recelo a la autoridad, comienza a simpatizar con la idea que llega a concretarse el 20 de noviembre de 1910, cuando estalla la Revolución. Siete años después, en 1917, es promulgada la Carta Magna, pero los efectos de la tozuda lucha por el poder retrasaron el ansiado arribo de la justicia social.

A Venustiano Carranza le corresponde sentar las bases para que la nación pueda ingresar a la etapa donde se concentraron los postulados de un movimiento revolucionario vasto, serio y con raíces culturales muy profundas. Y a Plutarco Elías Calles le toca el privilegio de permitir el proceso, cuando decide poner las bases políticas y financieras del México moderno.

EL PLAN GREEN

El régimen callista empezó su trayecto con la idea de hacer respetar la Constitución. Para el efecto inició el proceso destinado a reglamentar el artículo 27. Pero no se hizo esperar la respuesta de los norteamericanos que deseaban garantizar sus intereses petroleros: de inmediato organizaron un complot para desestabilizar al gobierno, estrategia que denominaron Plan Green, misma que fue encabezada por James R. Sheffield, embajador de los Estados Unidos en México y protegida y auspiciada por el secretario de Estado Kellogg.

La intención obvia fue impedir que se reglamentara el articulo 27 Constitucional, pues la riqueza del subsuelo (léase petróleo) pasaría al dominio del Estado mexicano, circunstancia que sin duda afectaba a las compañías petroleras extranjeras, es decir a las empresas que se beneficiaron con las traiciones del porfiriato, entre otras los consorcios constituidos precisamente para explotar las tierras con las que don Porfirio pagó el deslinde a extranjeros.

Los datos que a continuación expongo fueron obtenidos de la investigación realizada por Manola Álvarez Sepúlveda quien, entre otras cosas, cita las entrevistas con José Álvarez y Álvarez de la Cadena, Jefe de Estado Mayor Presidencial de Plutarco Elías Calles, Luis N. Morones, Secretario de Industria, Comercio y Trabajo de ese gobierno; y Emilio Portes Gil, quien fuera gobernador de Tamaulipas y presidente provisional de este país. Mi intención es destacar lo que ocurrió en aquella que fue una intentona de intervención cuyos objetivos eran eminentemente comerciales.

Como consecuencia de la aplicación de la ley reglamentaria del artículo 27 de la Constitución en su fracción I, Estados Unidos realizó un boicot económico y financiero contra México. Los banqueros de aquel país se negaron a renovar los préstamos y redujeron las exportaciones que permitían a México resolver sus problemas (el costo de los insumos que nos vendieron fue diez millones de dólares menor que un año antes).

Una de las empresas más grandes afectadas por las leyes de la materia fue la Gulf Oil Corporation, en la cual participaba como accionista el secretario de Hacienda Mellon y parte de su familia. Este caballero era nada menos que el miembro del gabinete que más influencia ejercía sobre el presidente Coolidge.

Creció de tal manera la tensión diplomática que la prensa norteamericana empezó a publicar noticias sobre las instrucciones del Departamento de Estado, respecto a la movilización de su tropa hacía los puertos de Tampico, Veracruz y Tuxpan. Decían que intentaban apoderarse de la zona petrolera. Y por los informes del secretario de Relaciones Exteriores de México entregados a Morones, podía comprobarse la salida de esos barcos cuyo destino eran los puertos mexicanos. Hasta los miembros prominentes de la colonia americana en México, sabían que se aproximaba una intervención armada, y que ésta se llevaría a cabo el 4 de octubre de ese año (1927).

El gobierno de México inició una contraofensiva diplomática y ordenó la formación de un grupo de inteligencia instruido para obtener cualquier clase de información que le permitiera demostrar la existencia de una conjura inspirada en intereses estrictamente particulares y relacionados con el peculio personal de funcionarios norteamericanos.

La investigación se dividió en tres vertientes, cada una responsabilizada a un grupo especial. Uno de los grupos estuvo formado por los secretarios de Industria, Comercio y Trabajo y de Relaciones Exteriores, cuyos titulares eran Luis N. Morones y Aarón Sáenz, respectivamente. El segundo lo dirigía el general José Álvarez y Álvarez de la Cadena con la colaboración de oficiales asignados a la presidencia de la República. Y el tercero quedó encargado a Emilio Portes Gil quien coordinó a los gobernadores de los estados con yacimientos petroleros. La misión de todos fue obtener la información necesaria que condujera al esclarecimiento del complot y a desenmascarar a sus organizadores.

El general Calles dejó en entera libertad a los integrantes de cada grupo para que utilizaran los métodos que juzgaran convenientes. Les dijo que él personalmente daría las órdenes relacionadas con la comisión y que si acaso quisiera hacerlo a través de otra persona, también él y nadie más se los comunicaría. Por esa razón ninguno de los grupos pudo conocer las instrucciones que habían recibido los otros.

Y como nunca faltan los celos y las envidias (ahora se llaman grillas), Aarón Sáenz empezó a bloquear a Luis N. Morones, quien se vio obligado a actuar solo, valiéndose únicamente de la colaboración de sus allegados. Fue así como estuvo investigando los textos oficiales que el embajador y el attaché militar enviaban al Departamento de Estado. Finalmente tuvo éxito cuando logró sobornar al personal de la embajada, según nos cuenta el propio Morones.

“Tensa la situación en las relaciones México -norteamericanas por las intemperancias y desahogos de Mr. Kellogg, pensé en la necesidad de conocer todo lo que fuera posible sobre la correspondencia entre el embajador de los Estados Unidos en México y el Departamento de Estado, para tratar de frustrar las maniobras incubadas, aprovechando la correspondencia diplomática. Con tal motivo, soborné a un empleado filipino, que era el encargado de manejar las claves, que utilizaban en la correspondencia oficial de la Embajada. Lo mismo hice con una secretaria taquimecanógrafa. Se trataba de que me facilitaran las claves de los documentos relativos al problema del petróleo que interesaban a México. El encargado de manejar dichas claves era un individuo dipsómano y eso facilitó en gran medida el soborno, pues ningún dinero le alcanzaba. Es verdad que al erario nacional le costó una respetable suma de dinero sin embargo, no fue tan grande como lo que se hubiera perdido de no obtener la información oportuna sobre lo que sucedía al interior de la Embajada, y no hubiéramos podido por tanto, detener la maniobra interesada para atentar sobre la soberanía nacional.

Arduo fue el trabajo y además peligroso. Había ocasiones en que un documento no podía permanecer mucho tiempo en manos de mis informantes; y ya fuera de día o de noche, siempre había que tener lista la cámara para tomar fotografías. Cuando hacían la entrega de un documento de mayor o menor importancia, era necesario, sin importar la hora, reunirse con los portadores en diversos lugares de la ciudad, bien en un restaurante, en un teatro o en un templo, de ahí al laboratorio a sacar las copias y devolver los originales.

En esta tarea cooperaron conmigo algunos elementos que podrán asegurar que no es un cuento de espionaje el que estoy narrando, que no es una novela cuyos personajes se mueven en un plano de peligro sino que son hechos reales que dieron a México las cartas de triunfo en su debida oportunidad, porque ésta documentación fue la qué sirvió para que salieran del departamento de Estado, Kellogg y de México, el embajador Sheffield.

De las copias fotográficas tomadas, se hicieron cuatro expedientes de los cuales, uno entregué a Calles y los otros fueron depositados en nuestras embajadas, con la orden de que solamente el General o yo recibiríamos comentarios.

Muchas personas insinúan la conveniencia de que dé a conocer en detalle la forma en que fue posible quebrantar la maquinación contra México, pero a quienes trabajaron a mi servicio en ese escabroso asunto, les di mi palabra de honor de que de mis labios nunca saldrían sus nombres”.

El grupo frente al cual se encontraba el general Álvarez puso a funcionar el instrumento más socorrido por el espionaje internacional: las relaciones sexuales del personal entrenado “ex profeso” para el caso. Fue así como pudieron obtenerse microfilmes de documentos secretos sobre la conspiración contra México –según testimonio de José Álvarez, José Domingo Lavin, Luis N. Morones y Emilio Portes Gil – se encontraban en las habitaciones privadas del embajador. Al respecto José Álvarez y Álvarez de la Cadena dijo lo siguiente:

“Con mi carácter de Jefe de Estado Mayor Presidencial del general Plutarco Elías Calles, en el año de 1925 fui informado por mi jefe de que su gobierno había recibido noticias procedentes de las embajadas de México en Washington, en Londres y en Bélgica, relativas éstas a que la verdadera causa del encono con el que el embajador Sheffield atacaba a nuestro país con motivo de la formulación de la ley reglamentaria de la fracción I del artículo 27 constitucional, fue que tanto el Secretario de Estado en Washington, señor Kellogg, como el propio Sheffield y otros altos funcionarios del gobierno estadounidense, eran accionistas importantes además de abogados de las compañías petroleras que operaban en nuestro país. También y por los mismos conductos supo que el presidente Coolidge desconocía el interés personal de tales individuos y que las compañías petroleras habían resuelto formar un consorcio para la defensa conjunta de sus intereses, además de ofrecer muy grandes recompensas a Sheffield y socios en caso de ganarle al gobierno de México.

El señor presidente Calles me hizo el honor de informarme que si teníamos pruebas plenas de la complicidad salvaríamos a nuestra patria, pues tenía la seguridad de que el presidente Coolidge no toleraría la intriga y menos aún la intervención armada. Palabras más, palabras menos Calles me comentó:

Usted que entiende y habla inglés, asistirá a cuantas reuniones seamos invitados por el Embajador o por sus subalternos y procurará obtener los informes que juzgue convenientes. Dejo este asunto enteramente en sus manos. Me tendrá que informar lo que conozca. Para darle mayor personalidad y pretextando lo que sea necesario, lo designaré algunas veces como enviado en mi representación, únicamente como concurrente al agasajo, para no lastimar las susceptibilidades que ya usted imagina. Creo prudente que como en otros asuntos se valga de los muchachos oficiales que forman la policía especial de la presidencia con la intención de que se relacionen con las mujeres de la Embajada.

Los resultados fueron buenos. Uno de mis subalternos logró acercarse a una guapa gringuita, esposa de un militar empleado de la Embajada. Ella llegó a aficionarse tanto a él que por su intervención pudimos obtener cartas originales y copias fotográficas de gran interés para México.

También fui comisionado para estar en contacto con el jefe de operaciones en Veracruz, Arnulfo R. Gómez, y con otros jefes militares en las zonas petroleras. El señor general Gómez se comunicó conmigo para pedirme informara al señor Presidente que en esos momentos, frente a las costas de Veracruz se avistaban varios barcos de guerra al parecer estadounidenses, con dirección al puerto.

Cumplí el encargo y el señor Presidente me dijo: ‘Diga usted al general Gómez que prepare inmediatamente grupos de tropa listos para que, si se confirma que se trata de una invasión, prendan fuego a todos los pozos petroleros de su zona, y si los americanos desembarcan que rápidamente procedan a incendiar todo cuanto exista, porque estoy resuelto a qué mientras organizamos otra defensa, estos gringos hijos de la chingada solo encuentren tierra quemada’. Una hora después volvió a comunicarse el general Gómez para aclarar que se trataba de una falsa alarma, pues los buques habían resultado barcos de carga.

Quisiera agregar que este tipo de amenazas de invasión no me eran extrañas, pues cuando en el Congreso Constituyente empezamos la discusión del artículo 27 se nos citó a una sesión secreta, en la cual el vicepresidente del Congreso Constituyente general Cándido Aguilar, que era al mismo tiempo secretario de Relaciones Exteriores, por instrucciones de Venustiano Carranza, nos dio a conocer un cablegrama de su representante en Washington, en el cual notificaba que había sido llamado por el Departamento de Estado para informarle que si el artículo 27 se promulgaba en los términos en que la discusión se estaba llevando a efecto, el gobierno estadounidense se vería precisado a intervenir militarmente en nuestra patria. La respuesta unánime fue en el sentido de informar al Primer Jefe que el artículo 27 se aprobaría a pesar de las amenazas”.

La versión de Emilio Portes Gil sobre cómo se obtuvieron los documentos de la embajada estadounidense, aunque con algunas variantes (pudo haberse confundido con el exceso de datos e información que de repente le llegó) debido a que él se enteró por el dicho del general Calles, confirma la existencia de la confabulación para derrocar el gobierno e impedir la reglamentación de la fracción I del artículo 27 Constitucional. He aquí lo que a la entrevistadora, Manola Álvarez, le comentó el hombre que provisionalmente se hizo cargo de la Presidencia cuando Álvaro Obregón murió asesinado por un representante del fanatismo católico que entonces imperaba:

“Platicando sobre ese incidente, el general Calles me comentó que un joven y bien parecido militar de la Embajada americana tenía amistad íntima con otro de los empleados de la Embajada, y que Morones ganó su confianza hasta que lo convenció de que a cambio de una alta recompensa obtuviera los originales o copias privadas de la correspondencia entre el Embajador Sheffield y el Secretario de Estado Kellogg, los cuales se encontraron en una caja fuerte en las habitaciones privadas del primero. Así fue como el joven militar norteamericano, aprovechando la amistad con la señora que vivía en la Embajada, obtuvo los originales de las cartas y otros documentos y los entregó a Morones a cambio de cinco

millones de pesos.

Cuando se enteraron en Estados Unidos quien había sido el que facilitó los documentos (recordemos que Luis N. Morones dijo que se trataba de un cocinero filipino que se encargaba de manejar las claves de los documentos de la embajada, o sea otro camino para lograr el objetivo) lo vinieron a buscar a México y Morones lo escondió en unas minas de arena que dominaba la CROM hasta que un día, pensando que ya no había peligro, el militar se encontraba paseando con toda tranquilidad por el pueblo y fue detenido por la policía de los Estados Unidos, trasladado a Tampico, donde según los informes de los lugareños, lo sumergieron en el mar atado dentro de un saco cerrado.

Al asumir yo la presidencia, el general Calles me indicó que debía autorizar una partida de cinco millones, cantidad que había sido entregada al citado militar norteamericano por los servicios prestados a México (¿una sopa de su propio chocolate?); solo que se había considerado prudente no autorizarla entonces para evitar cualquier sospecha. Por un sentido de respeto y caballerosidad no puedo revelar los nombres de las personas que intervinieron en este asunto.”

Con la intención de justificar los fundamentos del Plan Green, el embajador Sheffield estuvo enviando informes falsos a su presidente. El más tendencioso y malévolo aparece explicado en uno de los documentos extraídos de la embajada americana, cuya redacción aparenta ceñirse al repique de las campanas que se oyen pero no se sabe su ubicación. Empero la perversidad salta a la vista.

“Asunto. –estabilidad del gobierno mexicano actual– (Asuntos políticos de México)-Fecha de compilación: de 12 de diciembre de 1925 a 30 de marzo de 1926.

1.–Tengo el honor de informarle en adición al asunto arriba indicado y en cumplimiento de su despacho de ayer lo siguiente que es un resumen de la información ministrada por el attaché militar de esta Embajada. Hay un complot militar para un golpe de Estado. El presidente Calles viajaría durante seis meses a bordo del cañonero “Bravo”. El gobierno entre tanto quedaría bajo una dictadura militar compuesta de: General Eugenio Martínez, General Juan Andrew Almazán, General Marcelo Caraveo, General y senador Jesús Castro, senador y General Eulalio Gutiérrez, General José Álvarez, Jefe del Estado Mayor Presidencial. Al expirar los seis meses, el gobierno dictatorial hará una elección y alguno de los miembros de la Dictadura será electo Presidente.

2.-La explicación para dejar fuera el nombre de Arnulfo R. Gómez es que no podría ser electo Presidente si fuese miembro del Directorio. Como usted sabe este hombre tiene ambiciones presidenciales. Tengo el honor de ser su servidor obediente.

James R Sheffield, Embajador en México”.

Al respecto Emilio Portes Gil dijo que: “era una mentira inventada por los Estados Unidos para derrocar al gobierno de Calles, de acuerdo a la política que han seguido siempre”.

Por su parte el General Álvarez, que figuraba en el citado documento como uno de los militares que integraría la Dictadura, declaró a la entrevistadora, que era absurdo que el complot hubiera existido, porque los generales mencionados pertenecían a corrientes ideológicas completamente distintas. E incluso fue más explícito al revelar la conversación con Calles relativa al asunto:

“Calles me informó que en otro documento del mismo origen se aseguraba que sería yo el que aprovechando mi amistad con el Presidente, lo llevaría por medio de engaños hasta entregarlo a quienes lo embarcarían en el cañonero “Bravo”, en donde permanecería durante seis meses. El general Calles estuvo de acuerdo en la falsedad de la intriga.”

Luis N. Morones también confirmó en la entrevista de Manola Álvarez Sepúlveda que la intriga de quienes deseaban a toda costa derrocar a Calles era completamente falsa y que fueron ellos precisamente los accionistas de las compañías petroleras representados por el embajador y el Secretario de Estado de los Estados Unidos los que trataban de derrocar al presidente Calles. También aclaró que el presidente Calles no cayó en la trampa (a lo mejor filtraron el documento para causar desasosiego en el ánimo presidencial y el consecuente cisma en su gabinete), y que la prueba de ello es que lo comentó  abiertamente con su jefe de Estado Mayor.

Ante semejante panorama, el presidente de México decidió usar la documentación recabada en la embajada estadounidense. Instruyó a una persona de su confianza para que, documentos en mano, se trasladara al vecino país y se entrevistara con el presidente Calvin Coolidge. Tenía que convencerlo de la torpeza de su representante diplomático y de que existía un complot contra México que implicaba a su gobierno.

Calles se comunicó telegráficamente con su homólogo norteamericano para informarle sobre la visita de su enviado que le llevaba documentos originales de gran importancia para las dos naciones. Le dijo que había trascendido la posibilidad de una invasión a México, por lo que el gobierno ya había distribuido a sus embajadas copias de la comprometedora documentación, con instrucciones de publicarlo si ocurría el atropello.

Una vez en Washington, los comisionados se dirigieron al embajador Manuel C. Téllez, a quien le entregaron la documentación y una carta con las instrucciones presidenciales. Finalmente este diplomático se entrevistó con Coolidge para mostrarle los documentos que causaron la salida de Sheffield y la renuncia de Kellogg. De esta manera medio se compusieron las relaciones entre los dos países, hasta que Lázaro Cárdenas decidió expropiar la riqueza petrolera basándose en la reglamentación que trataron de impedir los intereses comerciales de las internacionales estadounidenses, por aquellos días asociados con la jerarquía eclesiástica que organizó, impulsó, promovió y financió la llamada Guerra Cristera, después de desconocer la Constitución porque, según decían:

“Tenían personalidad y carácter propio nacido del derecho individual a la creencia religiosa y a las prácticas del culto; y que, como ese derecho es anterior al Estado y en consecuencia no depende de él, la violación y atentado contra los derechos de la colectividad religiosa, se convierte en violación y atentado contra el derecho divino.

La verdad es que la iglesia mexicana se había propuesto hacer todo lo posible para derogar la Constitución para retornar al mandato civil de 1857 que tanto le convenía. En ello no estuvieron ajenos los intereses del capital norteamericano, en este caso representados por los Caballeros de Colón.

Alejandro C. Manjarrez

Bibliografía: 

Álvarez Sepúlveda, Manola, Las relaciones de México y los Estados Unidos durante el período de Calles, UNAM, México, 1966.

García Cantú, Gastón, El pensamiento de la reacción en México, 1965.