Incluso los empresarios mexicanos han empezado a manifestar que lo sucedido sólo puede tener tres explicaciones: 1) Que Cabal Peniche sea un chivo expiatorio. 2) Que se trata de un “quinazo” financiero. Y 3) Que es una muy bien planeada venganza política...
La intervención gerencial al Grupo financiero Cremi–Unión y las órdenes de aprehensión contra Carlos Cabal Peniche giradas por la PGR, despertaron todo tipo de suposiciones. La más candente es aquella que le da al asunto un trasfondo político, es decir, una venganza de socios y cómplices.
Así observamos que los problemas en México parecen estar multiplicándose. No tienen para cuándo terminar, van entrelazándose como si se tratase de un rompecabezas nacional: cabos sueltos, historias sin concluir, crímenes sin resolver, vinculaciones misteriosas, revelaciones sorprendentes y supuestos lavados de narco dólares. La hebra que alguien empezó a jalar está enredándose en un poderoso tejido que se conoce como redes del poder.
Las declaraciones de Eduardo Valle en la ciudad de Washington, respecto al lavado de dinero que se hace en México, así como la posible vinculación del narcotráfico con la muerte de Luis Donaldo Colosio y autoridades del gobierno, fueron –quizá– una de las causas que obligaron a Pedro Aspe Armella a declarar que las irregularidades cometidas por el grupo financiero no guardaban ninguna relación con el narcotráfico y que en esa empresa no se han detectado vínculos con algún mercado negro de dinero.
Sin embargo, lo que llama la atención es que un “fraude” como el de Cabal Peniche podía resolverse sin tanto escándalo. Pero la Secretaría de Hacienda prefirió proceder contra cinco individuos involucrados en este que seguramente resultará uno de los delitos de cuello blanco con muchas manchas de tintes políticos.
Incluso los empresarios mexicanos han empezado a manifestar que lo sucedido sólo puede tener tres explicaciones: 1) Que Cabal Peniche sea un chivo expiatorio. 2) Que se trata de un “quinazo” financiero. Y 3) Que es una muy bien planeada venganza política.
Sea lo que fuere, los socios de Banco Unión no permitirán que la Secretaría de Hacienda les quite el banco para nuevamente venderlo; coinciden con Alfonso Gutierrez de Velazco (ex candidato del PAN a senador por Veracruz) que todos y cada uno de los socios son los dueños.
La cúpula empresarial a través del poblano Antonio Sánchez Díaz de Rivera, presidente de Coparmex, ha cuestionado a las autoridades. Su señalamiento critica la aplicación dispareja e injusta de la ley “ya que sólo se ha apresado y castigado a empresarios, mientras que muchos peces gordos de la política andan sueltos actuando de manera deshonesta o incurriendo en actos de corrupción” (dado de quien proviene, ésta podría ser una alusión al exgobernador de Puebla Mariano Piña Olaya).
Los partidos políticos también han hecho suya la preocupación. Por ejemplo: las bancadas panista y perredista demandaron la comparecencia de Pedro Aspe para que explique a la nación el supuesto fraude cometido por Cabal Peniche y, sobre todo, para que aclare (si acaso los hay) los vínculos que le endilgan con el expresidente Miguel de la Madrid y con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Emilio Gamboa Patrón.
Y los tabasqueños –por cierto, los más afectados– ya empezaron a manifestar sus inquietudes. En esa entidad, Alberto Pérez Mendoza, coordinador de la diputación local perredista, solicitó al Congreso la renuncia del presidente de la Comisión Estatal Electoral, Gonzalo Quintana Giordano, –porque dicen– es uno de los principales socios de Cabal Peniche.
Por su parte Andrés Manuel López Obrador, candidato del PRD a la gubernatura, reclama que se investigue a fondo y hasta sus últimas consecuencias al candidato priista Roberto Madrazo Pintado, ya que –afirma– está vinculado con el controvertido banquero.
Después del despertar social del pasado 21 de agosto, el gobierno tiene que vigilar con más rigor a los banqueros y funcionarios públicos para que no se involucren en “relaciones peligrosas”, las cuales se dan en todas partes, incluso en el estado de Puebla.
12/IX/1994