Grupos de presión
Los empresarios
GUERRA Y NEGOCIOS
El gobierno de Bautista Castillo dio todo tipo de facilidades para el pago de impuestos estatales y la instalación de cualquier tipo de negocios. Esa apertura incentivó la creación de agrupaciones e instituciones de crédito. El 27 de junio de 1941 fue constituido el Centro Patronal, organismo adherido a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). Su primera directiva estuvo formada por Bernardino Tamariz Oropeza, presidente; Gonzalo Hernández, secretario; Gerardo Treviño, tesorero; y J. Concepción Treviño, vocal. Como gerente actuó José Antonio Pérez Rivero, y se encargaron del departamento legal, Emilio Balboa y Manuel de Unanue.
Culminaban así los trabajos de la comisión organizadora de la Coparmex, integrada por Gerardo Fernández, Samuel Vera, José Gutiérrez, Reynaldo Fresse, Esteban Carrera Ruiz, Arnulfo Morales y Alberto Agüeros. Los otros dos miembros de la comisión organizadora que además formaron parte de la nueva mesa directiva, fueron J. Concepción Treviño y Gonzalo Hernández.
La organización apareció en un momento oportuno dado que en Puebla se iniciaba el auge empresarial moderno. Según datos del Registro Público de la Propiedad, a mediados del año se realizaron muchos movimientos de capitales. El fenómeno ocurrió como resultado de la compra y venta de inmuebles y la constitución de sociedades mercantiles. Fueron días en que la crisis económica parecía superada. El sector patronal hizo circular mucho dinero y se promovieron importantes inversiones. La vida fabril fue impulsada ostensiblemente. Y creció el número de comercios, incluidos aquellos que abastecían la industria de la construcción. Por ejemplo, el 27 de septiembre se inauguró la Unión de Crédito del Comercio y la Industria de Puebla. El nuevo organismo alentó las expectativas del gobierno y del sector privado porque promovería los servicios financieros destinados a impulsar el comercio y la industria del Estado. Además esperaban que sus recursos sirvieran para agilizar las transacciones y contribuyeran a generar más fuentes de riqueza.
Las disputas por el salario fueron los únicos tropiezos en la relación idílica entre autoridades y empresarios. Sin embargo, la guerra mundial sirvió para fortalecer esos vínculos y mediatizar las “inoportunas” exigencias de los trabajadores. Cuando México le declaró la guerra a Japón, el gobernador Bautista Castillo citó a los dirigentes de las principales organizaciones patronales. En aquella reunión celebrada el 9 de diciembre de 1941, el mandatario informó que los extranjeros afiliados a las agrupaciones empresariales, serían instruidos sobre la actitud requerida en relación al conflicto mundial. Asimismo, oficializó la invitación a colaborar en el área agrícola e industrial del estado. También les informó cómo el gobierno se proponía aumentar horas de trabajo y mejorar los servicios públicos. Finalmente surgió la formación del Comité Económico del estado de Puebla.
Por su parte, los representantes del capital privado aprovecharon la oportunidad para plantear sus asuntos como ocurrió con el señor Traslosheros, quien se quejó de la falta de reacciones para la industria textil, mientras que Francisco Rodríguez Pacheco, presidente de la Canaco Puebla, solicitaba ayuda y facilidades del gobierno federal a fin de importar la materia prima. Pero como siempre ha ocurrido, a los pocos días de esa prometedora reunión, algunos de los que habían expresado su solidaridad se dedicaron a incrementar los precios de sus productos, tal y como ocurrió con los productores de leche que sin previo aviso, de la noche a la mañana aumentaron el precio del litro, de 18 centavos subió a 25, es decir, un 40 por ciento.
A pesar de la oportunidad de especular, algunos hombres de negocios cooperaron estrechamente con las autoridades políticas de Puebla. Ernesto Kurt Feldman dedicó sus conocimientos y esfuerzos a resolver el problema de abasto de agua potable. La misma actitud positiva se notó en los dueños de varias fábricas textiles, que para construir un tramo de la carretera Puebla–Tlaxcala, aportaron la cantidad de 75 mil pesos.
Mientras tanto Maximino Ávila Camacho ganaba los espacios publicitarios más importantes. Los festejos para agasajarlo continuaban. El 8 de febrero de 1942 el Círculo Español le ofreció un banquete. A la hora de los discursos los elogios al general fueron más empalagosos que el dulce postre del banquete. Y don Max no desaprovechó la oportunidad para hacer algunas reflexiones sobre su vida.
–Nací en la Sierra de Puebla– dijo–. Mi cuña se meció en la casa de uno de los más grandes españoles que han venido a México, don Manuel Sierra. Después estuve a la sombra de la casa de Lanzagorta y finalmente mi padre me enseñó a vivir y a trabajar en la casa de Zorrilla (…) Soy originario de la Sierra de Puebla; mexicano de cuerpo y corazón; español de alma.
Todo lo que ocurría en torno a Maximino resultaba un buen pretexto para atraer políticos, dirigentes patronales y líderes sindicales. Fue en la boda civil de su hija Hilda Ávila Richardi con Rómulo O’Farril Jr (9 de mayo de 1942) firmaron como testigos, el presidente Manuel Ávila Camacho, Luis Cabrera Lobato, William Oscar Jenkins, el exgobernador Gonzalo Bautista Castillo, don Rómulo O’Farril y Federico Jiménez O’ Farril. En la ceremonia religiosa, a la que curiosamente no fueron invitados los funcionarios públicos, participó como sacerdote oficiante el arzobispo de Puebla, Pedro Vera y Zuria. En la recepción se dejaron ver los más conspicuos políticos de México, acompañados por destacados empresarios, embajadores acreditados en el país y hasta por los “play boys” más controvertidos de la época.
La guerra acaparaba casi todo el tiempo del presidente Ávila Camacho. De Puebla, además de la boda de su sobrina y de otros importantes eventos sociales, don Manuel recibió el apoyo solidario de la colonia libanesa que le ponderó la decisión de declararle la guerra al Eje (28 de mayo de 1942). Después vinieron otras expresiones multitudinarias que deben haber gratificado el ego del presidente: el 31 de mayo de ese año recorrió las calles de Puebla una magna manifestación que apoyaba la determinación presidencial. Desfilaron líderes obreros y dirigentes empresariales y textileros de Puebla y Tlaxcala. La columna agrupó más de treinta mil personas que sin distingo de clase o actividad, codo con codo, caminaron por las calles de la ciudad.
Otra de las consecuencias que produjo la declaración de guerra, fue la firma del pacto de solidaridad y liquidación de diferencias, concertado por las centrales obreras en respuesta a la consigna avilacamachista de producir la mayor cantidad posible de mercancías.
A la reunión convocada exprofeso asistieron varios representantes patronales, especialmente de la rama textil. Otros no lo hicieron porque la firma los comprometía a unirse en tanto existiera el estado de guerra. Su reticencia fue más notoria cuando la representación patronal solicitó un plazo de varios días dizque para difundir la idea entre el resto de los empresarios. La verdad es que estaban alarmados por el hecho de que los obreros y patrones asumían el compromiso de no suspender las actividades productivas mientras durará la guerra.
Debido al interés del gobernador para impulsar las actividades industriales y modernizar la planta productiva, se decidió utilizar las facultades extraordinarias conferidas por el Congreso para emitir leyes hacendarias. A mediados de octubre promulgó un decreto que establecía, como necesidad primordial para la economía del país y del estado aumentar al máximo la producción agrícola e industrial. Para ello el gobierno tenía que favorecer el incremento de la producción mediante la protección fiscal, ya que los propietarios de algunas industrias trataban de obtener fondos con la emisión de bonos garantizados con la hipoteca de sus bienes y sobre esas emisiones recaería el impuesto sobre inversión de capitales o préstamos hipotecarios, lo cual restaría interés a la adquisición de los bonos. Consideró que la mejor manera de favorecer la expansión productiva, era liberar la emisión de bonos de ese impuesto, por lo que ordenó exentar las emisiones de empresas industriales residentes en territorio poblano. La franquicia autorizada por cinco años, sería para las emisiones lanzadas al mercado a partir del 14 de octubre de 1942 y hasta 180 días después de terminado el estado de guerra en el país.