Grupos de presión
Los empresarios
Quizá preocupados por su futuro, los industriales hicieron circular la versión de que si los obreros fueran incorporados al ejército, sus esposas deberían ocupar las vacantes en las fábricas, a fin de evitar trastornos económicos familiares y dar oportunidad a los ausentes para que al término de la guerra pudieran recuperar su trabajo.
Como los contingentes obreros estaban totalmente desvalorizados ante el gobierno, Gustavo Díaz Ordaz, secretario general del gobierno, condicionó la participación de cromistas, froquistas, y cegetistas en el desfile del 18 de noviembre, obligándolos a presentarse totalmente uniformados y militarizados.
1943 se inició con la amenaza de huelga en la industria textil. El consejo de la Federación de Trabajadores de Puebla la utilizó como arma para exigir aumento salarial. Cuarenta y dos fabricas con cuatro mil doscientos trabajadores afiliados a la FROC, y ocho fábricas más con obreros de la CROM, se encontraban en eminente peligro de paralizar sus labores a partir del 20 de enero. Los dirigentes sindicales solicitaban un peso 75 centavos diarios de aumento, alegando que los industriales exportaban su producción a precio de guerra y aquello les generaba grandes utilidades. Querían participar de los beneficios económicos.
Aunque evitó referirse al asunto, la nueva directiva de la Asociación de Empresarios Textiles de Puebla y Tlaxcala, encabezada por José Robredo, presidente, y Juan Lozano Quintana, secretario, emitió una declaración para fijar su posición frente a la problemática social del momento.
En primer lugar ofrecía su más leal y decidida cooperación y solidaridad con las autoridades federales, estatales y municipales. Decían que su interés era lograr la unidad nacional, ganar la batalla de la producción y consolidar la economía de México para aumentar el bienestar de todos los mexicanos. También prometía sincera amistad a obreros y empleados de sus industrias, pero solicitaba reciprocidad con la idea de lograr en la actividad textil la prosperidad constante de la industria en beneficio de obreros, patrones y consumidores.
Los asociados afirmaron no pretender uniformidad de criterios, ni que los trabajadores olvidaran defender sus legítimos derechos. Como amigos sinceros querían arreglar equitativamente los conflictos obrero-patronales, situación imposible en el pasado, cuando la parte obrera proclamó su destrucción, pero factible en esos momentos dado que el movimiento armado llegaba a su mayoría de edad consciente de su responsabilidad y de su misión dentro del programa de unidad nacional. Consideraban que a partir de entonces no habría ningún obstáculo de fondo que se opusiera al entendimiento y colaboración de las dos clases en la obra común, con leal amistad, mutuo respeto y mutuas concesiones, sin otro límite que los fundamentales derechos de una y otra parte a vivir y prosperar, sin detrimento de la sociedad a la cual obreros y patrones debían servir.
Finalmente la Asociación de Empresarios Textiles de Puebla y Tlaxcala saludaba a las asociaciones hermanas de la clase patronal. Las invitaba al constante intercambio de ideas para adecuar soluciones a todos los problemas sociales y económicos. Invitaban a sus congéneres a aportar generosamente su energía, empeño, inteligencia y sacrificio en colaboración con el gobierno y los obreros para ganar la guerra en que estaban empeñados, y preparar un porvenir digno de ser vivido por todos.
Esta declaración parecieron ignorarla sus propios enunciantes. A los pocos días, los 42 empresarios textiles emplazados a huelga comunicaron a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje su negativa a conceder el aumento salarial solicitado por los obreros. Ante la cerrazón de los patrones, el asunto fue remitido a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, pues su homóloga poblana solo intervenía cuando las partes manifestaban voluntades coincidentes. Después de muchas negociaciones, desvelos y amenazas de estallamientos de huelgas en 72 factorías, los dirigentes conciliadores aceptaron un 15 por ciento de aumento salarial. Los patrones que no habían participado en las negociaciones, también concedieron aumento a sus trabajadores.
El presidente Manuel Ávila Camacho prorrogó el contrato-ley vigente, hasta el 22 de enero de 1945, evitando con ello parte de los problemas que se ceñían sobre la rama textil. Esto permitió a los industriales continuar con los excelentes negocios prohijados por la guerra y dio motivo para que la clase patronal poblana se congratulara.
Se habían evitado huelgas en el territorio del estado. El gobernador presumía presentándose como firme defensor de la legalidad, conciliador de los antagónicos intereses obrero patronales y promotor de la concientización sindical. Por su parte, los comerciantes siguieron aprovechándose de todas las oportunidades que se presentaban para aumentar sus ganancias en forma poco común. La agencia general de la Secretaría de la Economía Nacional en Puebla recibió muchas quejas contra el abuso de los comerciantes. Eran acusados de encarecedores y especuladores del estado de guerra. Sin embargo, el comercio organizado quedaba bien con otras autoridades –como las de la Secretaría de la Defensa Nacional– al adornar sus aparadores para celebrar el Día de la Bandera. Pero ese entusiasmo cívico fue manchado con la especulación: se elevaron desmesuradamente los precios de la carne, frijol, leche, maíz, arroz y tortillas.
Le dijeron a Manuel Ávila Camacho que los culpables eran los misteriosos acaparadores de mercancías, inductores de la irracional carestía. El presidente les prometió estudiar y solucionar el asunto. Después se llevaron a cabo varías manifestaciones de protesta por el alza de precios. Participaron miles de trabajadores poblanos que pedían a gritos y en pancartas que se respetaran los precios, que se frenara el aumento en las rentas de las casas y que se dictaran medidas para hacer más llevadera la vida.
En un mitin que se efectuó en el Toreo, Blas Chumacero Sánchez dijo que la gente ya no creía en discursos, que se había hablado mucho sin hacer nada, sobre todo en Puebla donde las autoridades de la Secretaría de la Economía Nacional parecían estar durmiendo mientras los precios no cesaban de subir.
En su turno, Gonzalo Bautista Castillo arengó a los trabajadores diciéndoles que esa reunión de pueblo y gobierno “para deliberar”afirmaba la democracia en Puebla; que por la guerra se preocupaba por la carestía de los aurículos de consumo; que no haría “labor de agitación innecesaria” porque era preferible buscar la unión de gobierno y trabajadores para impulsar el programa del pueblo; que llamaría a las “fuerzas económicas organizadas” para pedirles cuentas de los hechos y marcarles el camino a seguir en ese momento de “sufrimiento popular”en que los víveres se encarecieron y las rentas se elevaron desenfrenadamente.
Finalmente pidió a los trabajadores no matar a la “gallina de los huevos de oro” en un momento de desesperación, a cambio les prometió que al día siguiente entraría en vigor un decreto para obligar a los casatenientes a registrar los contratos de arrendamiento en las oficinas fiscales y a los inquilinos sus recibos de rentas para evitar los aumentos. También prometió congelar los alquileres, designar representantes obreros como inspectores de precios y vigilar a los comerciantes. A los obreros los conminó a olvidar el recurso de huelga salvo en casos de necesidad suprema, desmintiendo la “versión propalada por los quintacolumnistas” sobre la exportación de víveres a Estados Unidos. Tanta palabrería se fue al caño. Al día siguiente el precio del azúcar aumentó al doble; lo mismo ocurrió con otros productos.
La precaria situación de los trabajadores tuvo un ligero repunte el 1 de octubre, cuando entró en vigor la Ley de Compensaciones al Salario Insuficiente, promulgada por el presidente Manuel Ávila Camacho. Esta ley beneficiaba a quienes percibían sueldos hasta de diez pesos diarios con aumentos que iban de menor a mayor salario, de cincuenta al cinco por ciento de compensación.
Según afirmó el vocero del Centro Patronal de Puebla, la mayoría de los empresarios aprobaron la disposición presidencial porque se relacionaba íntimamente con la economía quebrantada de las fuentes de trabajo que no exportaban su producción a precio de guerra. Y comunicó a los empresarios cuyos negocios devinieran incosteables por los aumentos, la posibilidad de revisar su estado fiscal para resolver lo procedente conforme a la ley. Además, los patrones de personal sindicalizados solicitaron al presidente estar alerta para asegurar el cumplimiento de sus órdenes, pues temían que las negociaciones con trabajadores libres les hicieran competencia desleal al no pagar las compensaciones decretadas.
Los diputados locales intentaron frenar la voracidad de los casatenientes a fines de enero de 1944, cuando el Congreso expidió un decreto que fijaba en dos por ciento el aumento a las rentas. Pero ni eso pudo evitar la ambición de los propietarios que encontraron la manera de burlarse de las barreras legales; daban vales en lugar de recibos de renta; no extendían contratos y desalojaban inquilinos so pretexto de hacer reparaciones a las viviendas. En fin, inventaron todo tipo de excusas y salidas. Las cosas empeoraban para los inquilinos.
Los hombres de negocios estaban empeñados en no compartir su riqueza a pesar de sus convicciones cristianas. En esa lucha buscaron y encontraron nuevas fórmulas para darle la vuelta al compromiso social. Volvieron a oponerse a las nuevas tarifas de energía eléctrica e, incluso, algunos se ampararon contra el presidente de la República por el decreto que aumentaba el costo de la luz.
Tantas controversias hicieron intervenir al gobernador quien les pidió no agravar la situación, recordándoles el estado de guerra y la facultad del gobierno de lntervenir valiéndose de la fuerza para evitar procedimientos anárquicos. También les dijo que los funcionarios de la Compañía de Luz le habían prometido aplazar los cortes del servicio y aceptar su mediación en la búsqueda de soluciones. Asimismo, propuso la formación de una comisión representativa a efecto de explicar personalmente al presidente Ávila Camacho la situación de la industria poblana y sugerirle medidas contra la reducción de horas de trabajo, reajuste de obreros y merma de la producción.
Por fin, Gonzalo Bautista se decidió agarrar el toro por los cuernos y decretó la reconexión inmediata del fluido eléctrico a las fábricas que padecían la suspensión del servicio. Se comprometió además al pago de facturas de consumo, de acuerdo a las tarifas aprobadas por el gobierno, a reserva de exigir oportunamente a los consumidores la reintegración de las cantidades erogadas por ese concepto, ordenando a la empresa una tregua para evitar interrupciones en la producción y alteraciones del orden público.
Gustavo Díaz Ordaz, secretario general del gobierno, aclaró que el acuerdo citado beneficiaba exclusivamente a las grandes fábricas con muchos trabajadores, y que de ninguna manera se haría extensivo a todos los consumidores de energía eléctrica, pues tal medida únicamente perseguía mejorar la economía del estado.
El agua empezó a tomar su nivel cuando los industriales constataron que su amparo tendría poco éxito. Y supieron que la Compañía de Luz y Fuerza de Puebla había pedido inspeccionar las fábricas con el objeto de demostrar la no reducción del voltaje. El mismo presidente les había dicho que el aumento de tarifas estaba fundado en la equidad. La mayoría prefirió presentarse voluntariamente a pagar sus adeudos.
El 15 de diciembre de 1943 fue constituida la delegación Puebla de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. Para este acto el gobernador nombró al secretario general de gobierno, Gustavo Díaz Ordaz, como su representante quien resaltó la complacencia del gobierno por la constitución de un centro industrial en el que “iban” a cristalizar los anhelos de progreso y de engrandecimiento de la producción nacional.
Guillermo García Colín, presidente de la citada cámara, dijo que los integrantes de la industria mexicana se coordinarían para resolver sus problemas buscando la colaboración del gobierno. Asimismo, hizo votos porque la industria nacional fuera cada vez más fuerte, sólida y progresista. Héctor Barona elogió la labor de Alejandro Sánchez de Cima y de las demás personas involucradas en la formación de la Canacintra en el estado de Puebla.
La vocación gobiernista de este nuevo organismo se dejó ver desde su fundación, pues Gonzalo Río, su primer presidente que dijo hablar en nombre de los comerciantes, aseguró que esa organización ofrecía a los industriales la oportunidad de agruparse para no ser un elemento de resistencia, sino de colaboración para el gobierno del estado, con quien podrían tratar todos sus problemas con Franco entendimiento y completa armonía.