EN EL UMBRAL DEL TOBOGÁN
Grupos de presión
Los empresarios
A partir de esos días se empezó a diferenciar el gobierno estatal de la iniciativa privada, no para alterar el estilo de escoger gobernadores, sino con la idea de superar la línea avilacamachista e implantar una práctica administrativa acorde con el despegue económico iniciado a partir de los años sesenta.
Por la derrota sufrida los dueños del dinero tuvieron que cambiar de estrategia para resolver sus conflictos laborales particulares. Y esporádicamente, como si se tratara de una prueba de control de calidad, se animaron a enfrentar a los comités de lucha de la UAP. Sus mayores esfuerzos trataron de fortalecer a la UPAEP y desarrollar las campañas moralizadoras que les han dado presencia en algún sector de la sociedad poblana.
El reflujo de la participación política empresarial no fue absoluto. A partir de 1975 varias acciones restablecieron la relación gobierno–empresarios, cuando éstos se preocuparon por impedir al Estado intromisiones en áreas que juzgaban de su exclusiva competencia. Asimismo la dirigencia trató de convencer a la mayoría de adoptar una estratégica defensiva basada en las actividades políticas.
Los organismos patronales recobraron la confianza cuando mostraron inconformidad por el aumento de las tarifas eléctricas. La Cámara Textil de Puebla afirmó que se frenaría el desarrollo industrial del país y, en seguida, diversas asociaciones populares se negaron a pagar culpando a la democracia del mal estado financiero de la Comisión Federal de Electricidad. El rechazo casi unánime de los poblanos obligó al gobierno a posponer la imposición de este incremento. También adquirió fuerza la campaña emprendida por la Unión Estatal de Padres de Familia contra los libros de texto gratuito de ciencias sociales y naturales para sexto año. El repudio llegó al clímax en junio de 1975, cuando las movilizaciones y mítines lograron reaparecer al fantasma con polainas y vestido talar, avanzada de la violencia verbal que presenciamos años más tarde, poco antes de la segunda visita de Karol Wojtyla a México.
Las autoridades federales de educación, presionadas por movimientos similares en otras partes del país, decidieron prudentemente introducir importantes e inteligentes modificaciones en los textos. La idea fue evitar otro liderazgo como el que dio fama a René Capistrán Garza.
Engolosinados por estos pequeños triunfos, los dirigentes empresariales sobrevaluaron su poder de negociación al menospreciar la inteligencia del candidato priista, José López Portillo. En su visita proselitista a Puebla (20 de diciembre de 1975), Gerardo Pellico Agüeros fue el encargado de exigir una cuota de diputaciones para los organismos empresariales.
Con su respuesta el candidato presidencial sacudió a los empresarios y de alguna manera los alertó sobre las dificultades que abrían de sortear en la búsqueda de los espacios políticos que ambicionaban. En consecuencia, las opiniones en el interior del sector se dividieron, sin embargo, al final coincidieron en reiniciar su lucha para combatir al gobierno local principalmente, y al federal como estrategia para irse calando en su capacidad de organización y debate.
Los hechos registrados después de la promulgación de la Ley de asentamientos humanos (primeros días de enero de 1976), confirman esta tesis: la iniciativa privada poblana criticó dicha ley porque “negaba los principios sociales de la democracia al romper la armonía entre las instancias, individual y social, además de atentar contra el derecho de propiedad, adquisición y herencia”.
La discusión nacional terminó al comenzar marzo cuando la administración nacional del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) concluyó que la ley era necesaria. Pero como los empresarios de Puebla no estaban totalmente de acuerdo con la posición del CCE, exigieron que se discutiera si el derecho a la propiedad era natural o estaba mediatizado por el Estado, así como sus límites para reglamentarlo.
La preocupación aumentó cuando en algunas partes de la ciudad hubo invasiones de tierras. La muerte del ganadero René Vega Calderón fue el detonante para que los dirigentes de la CANACO–Puebla buscaran culpables entre los miembros del PCM y la Central Campesina Independiente (CCI). También solicitaron al Presidente de la República y al gobernador del estado respeto a las garantías constitucionales, a la propiedad privada y a la vida. A esta demanda se unieron El Consejo Coordinador Permanente de la Ciudadanía Poblana (CCPCP), la Asociación de Empresarios Textiles de Puebla y Tlaxcala, las Cámaras de comercio, Harinera, la Industria de la Transformación, Maderera y hospitales, el Centro Bancario de Puebla, el Centro patronal de Puebla, la Alianza Camioneros de Puebla, la Federación de Barrios y Colonias, y los locatarios del marcado la Victoria.
Como continuaron las invasiones de tierra, aumentó la tensión entre el gobierno y organismos empresariales, a tal grado que el propio presidente Luis Echeverría viajó a Puebla el 30 de abril de 1976, para dialogar con los ganaderos. Al parecer la promesa presidencial fue en el sentido de terminar con las invasiones de tierras valiéndose del ejército, lo cual nunca ocurrió no obstante las protestas de los ganaderos.
Un año después de fundado el CCE, en cuyo proceso de formación aparentemente no participaron los poblanos. En Puebla se organizó y se fundó el Consejo Coordinador Empresarial. Participaron la Canaco, Canacintra, Centro Patronal, Cámara de la Industria de la Radiodifusión y las organizaciones agrícola, ganadera, textil, harinera, maderera, automotriz, de la propiedad y bancaria. Los representantes de estos organismos acordaron limitar su intervención al análisis de los problemas y soluciones y dejar a los poderes del Estado proceder según su conveniencia.
Ante la sorpresiva devaluación del peso en septiembre y octubre de 1976, los empresarios discutieron la forma más conveniente de enfrentarse a ese accidente financiero, lo que provocó severas divisiones entre los voceros de la iniciativa privada. Para solucionar la crisis, el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial propuso el congelamiento de precios-salarios y la reducción de gastos. Por su parte, los presidentes en Puebla de la CANACO y Canacintra, opinaron que los aumentos salariales en las empresas deberían ajustarse proporcionalmente a los porcentajes decretados por el gobierno.
Aprovechando el paro empresarial del 25 de noviembre de 1976, efectuado en apoyo de empresarios de Sonora, los poblanos sostuvieron una prolongada entrevista con el gobernador. Y aunque no hubo comunicado oficial, los resultados debieron haber sido favorables ya que a los pocos días empresarios y autoridades brindaron en el Club de Empresarios por el fin de año. En el evento destacó la presencia del gobernador y de Horacio Labastida Muñoz quien, según el chismorreo político local, aspiraba a suceder a Alfredo Toxqui.
Después de una impasse que duró tres años, los organismos patronales sostuvieron una contienda ideológica con las autoridades de la UAP. El enfrentamiento surgió cuando se publicaron los desplegados periodísticos relativos a la inminente visita del Papa Juan Pablo II, a la tercera Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM) con sede en Puebla. En ellos combatían el documento preparatorio redactado en Medellín, Colombia, porque se orientaba más al análisis de los problemas sociales que a la evangelización y porque hacía avanzar el marxismo en América Latina. Querían formalizar un cuerpo distinto al de Medellín y abordar temas sobre la propiedad, libertad, libre empresa, justicia y dignidad, ideológicamente concebidos para que sirvieran a los obispos reunidos en Puebla como material de consulta.