El MOSAICO
JUNTA DE MEJORAS
La Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y Material del Municipio de Puebla se creo el 7 de marzo de 1958, gracias a los términos de la ley promulgada en esa fecha por el presidente Adolfo Ruiz Cortines. Inicialmente se sostuvo con ingresos provenientes del 75 por ciento de los recargos sobre los impuestos de estado. Su primer presidente fue Domingo Taboada Roldán.
Pero la Junta de Mejoras, como popularmente se le conocía, tuvo su antecedente en un organismo similar fundado el 23 de agosto de 1927, el cual administró la pavimentación de la ciudad de Puebla.
Este organismo vivió estrechamente ligado al grupo empresarial, de donde surgieron sus dirigentes. Muchos de los afiliados ampliaron o hicieron sus riquezas gracias a los contratos que generaba.
El discurso político de la Junta, encaminado a presentarla como un organismo de utilidad pública, con participación ciudadana, ganó espacios importantes en la sociedad poblana. La mayoría identificaba al organismo como una instancia para mejorar la ciudad y poner en práctica los diferentes aspectos implícitos en su largo membrete.
Sin importar la definición oficial, supuestamente ajena a la actividad política, por la amplitud del contenido en términos tales como “moral”y “cívico”, entre 1959 y 1970 participó en las contiendas derivadas del movimiento de reforma universitaria y apoyó activamente a los gobernadores identificados con la derecha. Como penitencia a sus “pecados”, la caída de los “apadrinados” propició una drástica reducción de sus recursos. Al final de cuentas logró establecer un porcentaje sobre los ingresos mercantiles, cuya “insuficiencia” fue compensada con partidas extraordinarias del gobierno, o bien con el apoyo económico empresarial, sujeto éste a las clásicas deducciones fiscales. Todos estos recursos financieros y la participación de lo más granado de la sociedad poblana, le permitió asumir tareas propias de un ayuntamiento alterno dedicado a construir obras de tipo social, pero con connotaciones religiosas (La Ciudad de los Niños, por ejemplo), lo cual le ganó la animadversión de los llamados grupos liberales.
La controvertida línea ideológica tuvo su base social en la vida parroquial. De ahí que también promoviera las tesis moralistas como el combate a la pornografía, la drogadicción, y los espectáculos degradantes, pronunciamientos (principalmente propagandísticos) sin éxito visible en la lucha contra los males sociales empeñada en combatir.
La junta manejó su promoción a través de la gran prensa mediante reportajes, notas y desplegados. En alguna época utilizó subrepticiamente a grupos de choque en su mayoría firmados por pandillas de barrios.
Como toda organización sectaria, tuvo enemigos que le lanzaron fuertes ataques. Algunos de ellos surgieron cuando participó contra el movimiento de reforma universitaria. La repulsa más importante se dio durante el cortejo fúnebre del arquitecto Joel Arriaga Navarro. Lo menos que pedían era su desaparición. La acusaron de financiar acciones fascistas con “25 millones de pesos anuales, destinados al sostenimiento de los grupos ultraderechistas, pese a que (era) dinero obtenido de los impuestos municipales”. También fue caracterizada por los izquierdistas como el centro de conspiración derechista que se financiaba con los dineros del pueblo.
Entre 1971 y 1978 se desarrolló una intensa campaña contra la existencia de este organismo, pero sus fuertes apoyos le permitieron resistir los embates de sus enemigos y mantenerse como autoridad paramunicipal.
En 1979 un acontecimiento más puso en peligro su existencia: la creación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que le hizo perder el sustento financiero. Este hecho motivó a los empresarios a tomar cartas en el asunto, y el 30 de octubre de ese año realizaron un paro patronal para presionar al gobierno local. La conclusión fue una especie de carta intención que aseguró su subsistencia. Sin embargo, entre 1980 y 1986, el organismo tuvo una vida económica precaria y estuvo a punto de desaparecer.
En 1987 sus miembros realizaron con éxito acercamientos y coqueteos con el nuevo gobernador para lograr lo que fue su segundo aire y nuevo auge. Ya revitalizada la Junta entró en una nueva etapa bajo la dirigencia del ingeniero Heberto Rodríguez Concha, ex dirigente empresarial. Y al iniciarse 1989 el organismo y sus miembros recibieron el espaldarazo que logró calmar las angustias y el desasosiego surgidos ante la indefinición gubernamental. Mariano Piña Olaya ya hizo pública su simpatía por esa organización y sus integrantes, a pesar de su existencia a contrapelo y, para muchos juristas, anticonstitucional. Esa larga historia de ataques contra el gobierno y defensas de su existencia, terminó cuando el gobernador Manuel Bartlett le puso encima el ojo legalista. Ordenó o sugirió –depende del punto de vista de los pragmáticos o los ilusos– su desaparición fundamentada en derecho. Y el Congreso local, lidereado por Miguel Quirós (quien por cierto la padeció cuando fue alcalde de la capital del estado), decretó su muerte civil. Con esta determinación de los diputados desapareció el último Frankenstein creado por los herederos del concepto de gobierno que convirtió a los fundadores de Puebla en un grupo político-religioso incómodo para el virreinato; en una clase dominante que rebasó los controles del reino.