Mariano Piña Olaya
Lo que sucede a cualquier gobernador recién desempacado, al inicio de su administración, Piña Olaya se topó con muchos obstáculos. En primer lugar, recibió un estado donde los conflictos políticos estaban congelados u ocultos, o heridos por los espectaculares “cañonazos” obregonistas (obviamente ya indexados) o hasta sedados con prebendas como la comentada dotación de notarías públicas. Por otra parte, se encontraban latentes los compromisos y promesas a grupos tan importantes como vendedores ambulantes “28 de Octubre” y Antorcha Campesina; el proceso de enfrentamiento surgido dentro de la UAP por el cambio de rector y de grupos de poder; las elecciones en 217 municipios, donde por primera vez se había practicado la consulta a las bases; los funcionarios heredados (Secretaría de Educación Pública estatal, Contraloría y Procuraduría); el efectivo en caja, que apenas alcanzó para pagar la primera quincena a los burócratas; la ola de chismes, tarjetazos informativos, recomendaciones y el temido revanchismo, todos ellos elementos que condimentaron una buena parte del mandato piñaolayista.
A mi juicio, esos problemas asustaron de tal manera al gobernante que la gran apertura con que empezó se convirtió en cerrazón. Las puertas de Palacio solo se abrirían a quienes garantizaban el encanto de la frivolidad.
La antesala del despacho gubernamental suplió el olor de los campesinos por los aromas de las fragancias francesas. Y los conflictos políticos empezaron a delegarse en Alberto Jiménez Morales, asesor en jefe, cuyo poder de decisión fue acrecentándose de tal manera que casi todos los secretarios del gabinete acordaban en su despacho muchas de las acciones políticas y sociales emprendidas en la entidad. Solo el área financiera se le negó; sin embargo, las iniciativas, decretos, nombramientos o cambios en el gabinete, y hasta la coordinación estatal de las visitas presidenciales, pasaron por su escritorio o recibieron el palomeo respectivo antes de la firma o luz verde del gobernador.
Para precisar sobre lo dicho, me permito citar a Roberto Rock, columnista de El Universal, quien el 23 de noviembre de 1990 escribió lo siguiente:
“Jiménez Arroyo (se refiere a Alberto Jiménez Morales, no a su hijo, Alberto Jiménez Arroyo), cuya personalidad parece signada tanto por el poder que disfruta como por el misterio con el que lo ejerce, domina en tal forma la escena política poblana que, según una divisa común en los pasillos del palacio de gobierno en la Angelópolis, a estas alturas lo único que don Alberto le permite manejar a Piña Olaya es… su automóvil”.
Sería precisa una extensión similar a la disponible por este espacio (se refiere a su columna Política y República) para detallar, así someramente, el producto de la influencia que ejerce (…) en el gobierno poblano, donde no cuenta con mayor cargo que el de ‘asesor’.
Baste por ahora dejar asentado que a él se le atribuyen todas las decisiones de trascendencia en el estado. Y en particular, cualquier nombramiento de funcionarios de primer nivel.
Don Alberto es considerado una especie de cacique en Huauchinango y, como todo político de viejo cuño, tiene especial debilidad por favorecer a su parentela. Es así como han encontrado acomodo en diversos puestos algunos de sus hijos, hermanas, sobrinos, etcétera.
A su sombra ha surgido en Puebla lo que coloquialmente es conocido como El Huachinango Power.
Curiosamente, su hermano Guillermo (a quien habrá de reconocérsele cierta pulcritud política) respetó las formas y eliminó de cualquier posibilidad política o burocrática a todos sus parientes, incluido el propio Alberto. Este hecho y algunas indiscreciones familiares hicieron surgir el comentario de que entre ambos existía una fuerte rivalidad política y económica.
Esa comentada disputa familiar dio pie a que algún perspicaz pensara que la contratación de Alberto le había permitido a Piña Olaya una especie de dulce venganza contra su antecesor. Aunque con visos de realidad, dados los movimientos y argucias que trataron de impedir la nominación de Piña, creo que esta suposición no tiene fundamento si recordamos que el asesor y el gobernador coincidieron en Huauchinango cuando este último realizó su campaña para obtener la diputación federal. No obstante, apunto en estas líneas esa posibilidad para evitar omisiones.
Otro hecho que los mismos perspicaces manejan como elemento vengativo es el nombramiento de todos los familiares que Guillermo Jiménez Morales mantuvo lejos de su esfera gubernamental. Por ejemplo, su hermana Pilar fue electa alcaldesa por Huauchinango en 1989; su sobrino Alberto Jiménez Arroyo fue designado director de Comunicación Social del gobierno estatal, después líder de la CNOP y diputado federal coordinador de la diputación poblana; su cuñado, el doctor Arnulfo Giorgana (esposo de Pilar), fue nombrado director del ISSTEP; el propio asesor de Piña Olaya y muchos parientes más colocados en diferentes puestos administrativos y políticos que sería prolijo enumerar, además de las decenas de amigos, colaboradores y ayudantes del asesor colocados en los puntos clave de las administraciones del gobierno estatal y del municipio de Puebla.
En fin, todos los hilos del control político manejados por Alberto Jiménez Morales al estilo de Cristóbal Polichinela o del famoso titiritero mexicano Rosete Aranda. En Puebla, las marionetas jugaron un preponderante papel.
El ordinario estilo implantado por el poderoso asesor dejó una turbia cauda que impactó al sucesor de Piña.
Como ya quedó apuntado, don Manuel fue más pulcro en la designación de su equipo; sin embargo, no pudo prescindir de sus asesores (tan poderosos como don Alberto), a quienes ubicó en cargos sui generis o contrató a partir de despachos especializados, creados ex profeso o mencionados para dorar la píldora a sus críticos (me incluyo).
Así vimos que Jesús Hernández Torres se hacía cargo del programa Angelópolis; que Óscar de Lassé realizaba trabajo de prospectiva y espionaje usando el cómodo membrete de sociedad civil; que Jaime Aguilar Álvarez llegaba para coordinar las actividades del PRI; que José María Morfín Petraca (Chema) compensaba las deficiencias ocasionadas por el bajo perfil de la dirigencia política; que Rafael Segovia aportaba su innegable y exclusivo talento al Poder Ejecutivo de Puebla; que Gastón García Cantú producía invaluables obras bibliográficas para el consumo nacional; que la firma norteamericana McKinsey & Asociados diseñaba el futuro de los poblanos; que Luis Gonzaga Benavides Hiraliturri planeaba la educación pública estatal; que Ulises Beltrán encuestaba para tranquilizar a su contratante; en fin, que la Gallup, Cal y Mayor & Asociados, Salvador Rocha Díaz, Ricardo Rocha, Ted A. Gaebler, Francisco Labastida Ochoa (antes de ser designado miembro del gabinete zedillista, primero como secretario de Agricultura y después como titular de Gobernación) y María Elena Vázquez Nava (ya como excontralora) le ayudaban a reinventar el gobierno, a tratar de mejorar la circulación, a promover su imagen en los escenarios nacionales, a responder infundios a los detractores, a darle orden a los controles de auditoría y a planear el desarrollo de la Sierra Negra y la Mixteca.
Todos ellos, obvio, de acuerdo en respetar la premisa bartlista: “El que paga, manda”. Ninguno con la intención de pasarse de listo para manipular a don Manuel o sacarle provecho personal a sus ánimos sucesorios.