Los fajadores del Congreso (Crónicas sin censura 15)

Réplica y Contrarréplica
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El Congreso se derrumba.

El de Puebla es el Congreso más pobre de la República mexicana. Las pasadas legislaturas vivieron casi de milagro, en lo que a presupuesto y trabajo político se refiere. Y la LII, en apariencia, parece estar destinada a “descabellar”: darle puntilla al prestigio del Poder Legislativo poblano, siempre y cuando el gobernador no se apiade de sus diputados.

    En el régimen anterior se dijo con insistencia que el Congreso Local trabajaba por inercia y sin programa. También fue criticada su escasa iniciativa y, desde luego, su falta de vocación para servir al pueblo. Cayó en una especie de bache: primero fue manejado por un “invento político” que se apropió de todas las comisiones importantes como la de Gobernación, la Gran Comisión, Hacienda y Glosa. Después llegó el segundo invento el cual –obvio– siguió la técnica y estilo impuestos por el primero. De los 27 diputados de la L legislatura solo una media decena se salva del dicho popular que sentencia: “Tres años de diputado .., toda una vida de vergüenza”.

    En la LI legislatura, la segunda del gobierno pasado apareció algo parecido a una cofradía. Su primera acción fue modificar la Ley Orgánica cual si fuera un vestido hecho a la medida, haga usted de cuenta, respetado lector, que a la China Poblana le cambian su tradicional ropaje para darle apariencia de muñeca “barbie”. Y otra vez, el líder responsable fue premiado con un escaño en la Cámara de Diputados, dejando el puesto una mancuerna que equilibró la presencia empresarial con la hegemonía ejercida por el terrible asesor de Palacio. (Una acotación: Jorge Jiménez Alonso y Alberto Jiménez Morales, líder y gobernador de facto, respectivamente son tocayos de apellido y casi, así de apodo. A uno se le conoce como El Polo y al otro El Pájaro ambos, por cierto muy copetones).

    La miseria de las legislaturas se debió al magro presupuesto. (El más pequeño del país, más aún que el del estado de Tlaxcala). Paradójicamente la pobreza legislativa contrastó con la opulencia y riqueza de sus miembros. Por ejemplo la fortuna de Carlos Grajales, Jorge Yunes y Rodolfo Budib, por sólo citar tres, supera con mucho la suma de los seis años del presupuesto asignado al Congreso local. Y si recordamos que los diputados son los que oficialmente aprueban el presupuesto anual de los tres poderes, incluso el suyo, habría que preguntarse ¿y entonces?

    Nadie con un adarme de inteligencia se atrevería a poner en tela de duda que el estilo presidencialista se repite –como copia al carbón– en las gubernaturas de las entidades federativas. Ello nos da la pauta para asegurar que si las anteriores se ganaron la fama de paupérrimas, fue gracias a que el gobernador del estado así lo quiso. Ni Grajales, ni Yunes, ni Alarcón, ni Budib se atrevieron a insinuar siquiera el lamentable estado de las finanzas legislativas. Alarcón prefirió promover reformas internas que le dieran recursos, aun esquilmando ayuntamientos, con el viejo truco de imponer multas a distraídos y morosos y violando con ellas el artículo 115 Constitucional (autonomía constitucional). Curiosamente nadie chistó.

    Hoy la comunidad está observando a Miguel Quirós Pérez, líder de los diputados. Atestiguará, si como sus antecesores, don Miguel “apechuga” el menosprecio, sobrevive soportando la mediocridad (herencia de Mariano) o bien pone en la mesa de las discusiones todas sus cartas: experiencia, talento, capacidad y conocimiento, a fin de convencer a quien pretende rescatar la grandeza de Puebla. Si ello ocurre el gobierno empezará con el pie derecho la dignificación de los poderes.

    Para emular las condiciones de los demás Congresos, el nuestro tendrá que mejorar salarios y equipo, instalar una biblioteca Legislativa, capacitar personal, editar el Diario de Debates y su órgano de difusión, además de ampliar instalaciones y restaurar el viejo que está a punto del derrumbe. Su costo es alto, claro, pero a cambio tendrá un extraordinario beneficio: rescatar la dignidad de la representación del pueblo.

10/III/1993

Alejandro C. Manjarrez