Algo sucede con la justicia Poblana. Muestra síntomas de una especie de esclerosis burocrática. Su movilidad está atrofiada. En apariencia parece haber adquirido el síndrome colonial que hizo tan famoso al tribunal del Santo Oficio. No, no exagero. Aquí va la prueba y usted, respetado lector, será el juez de este caso
Hace ya más de cuatro meses del accidente del helicóptero rentado por el gobierno estatal para transportar al gobernador Manuel Bartlett Diaz. Ha quedado claro que las piedras nada tuvieron que ver debido a que el susto del piloto y la desesperación de uno de los responsables de aquella publicitada gira por Izúcar de Matamoros ocasionaron la caída. Sabemos, pues, que el capitán de la nave intentó despegar sin encender una de las dos turbinas del autogiro construido en la fábrica que produce los afamados aviones Mirage. Quizá supuso que el enardecido pueblo pretendía lincharlo; cuando menos eso lo hizo pensar la desesperación mostrada por el encargado de la seguridad de la nave, cuyas imperativas órdenes le obligaron a intentar el despegue sin siquiera cumplir las mínimas instrucciones de seguridad establecidas en el manual de vuelo. Y como usted sabe, el helicóptero se vino abajo después de que su cola golpeara un bordo cercano. Una vez en tierra, la tripulación no tuvo más remedio que poner los pies en polvorosa; fue entonces cuando, poco después de haber detenido a una docena de manifestantes por apedrear la nave, los policías se hicieron cargo de la situación.
Una hora después de ocurrido el percance, el agente del ministerio público llegó a levantar el acta con la pluma desenvainada. Afanosamente buscó las pruebas necesarias que fundamentaran la consignación de los detenidos en el jaleo. Horas más tarde, apareció en el lugar de los hechos Antonio Cocoma, propietario de la milpa donde reposaba la nave averiada, y lo primero que se le ocurrió fue pedir justicia dado que su milpa estaba destrozada. Uno de los vigilantes allí apostado le aconsejó que de inmediato acudiera a la agencia del ministerio público con el objeto de demandar la indemnización. Hacia esa oficina se dirigió a fin de hacer la denuncia contra quien resultara responsable; firmó unas hojas en blanco donde, según dicho del agente en turno, serían detalladas todas y cada una de sus declaraciones y peticiones.
Con base en ese reclamo (obviamente alterado según consta en los careos entre los acusados y el señor Cocoma) fueron declarados formalmente presos Ricardo Flores, de 24 años, Lucas Báez, de 69 años, Heliodoro Martínez, de 88, Vicente Tapia, de 32 y Juan Bermejo, de 62. El derribo del helicóptero, en su variante de homicidio en grado de tentativa, fue el delito principal por el cual las personas mencionadas cayeron en la cárcel. Las imputaciones no tienen valor si consideramos que Vicente Tapia padece una hemiplejia que lo mantiene semiparalítico; que por sus hernias y operaciones Juan Bermejo está incapacitado para realizar cualquier esfuerzo físico, que Heliodoro Martínez sufre de una terrible artritis deformante, y que por su edad, Lucas Báez está incapacitado para lanzar cualquier tipo de proyectil, independientemente de que todavía no se recupera de la golpiza que le proporcionaron los uniformados. Quizás y por su edad y condición física, el único capaz de emular a Rambo sería Ricardo Flores; sin embargo, las acusaciones que lo mantienen preso junto con sus paisanos, fueron invalidadas gracias a que el testigo de cargo, o sea Antonio Cocoma, manifestó que él nunca había dicho lo asentado en el acta que forma parte de la averiguación previa, fundamento del auto de formal prisión.
Como podrá constatar el lector, la agilidad de la justicia Poblana se encuentra en entredicho dada la lentitud de sus procedimientos. Da muestras de que no le importa que se encuentren en prisión cinco hombres inocentes. Y de alguna manera se está haciendo cómplice de las triquiñuelas usadas por el ministerio público para satisfacer a sus superiores. Ante estas circunstancias se impone la intervención del abogado Manuel Bartlett Díaz. En él están cifradas las esperanzas de la familia matamorense.
18/VIII/1993.