El candidato del PRI Ernesto Zedillo hizo un inteligente trato con la mitad de los electores del país: se comprometió a darle el lugar que corresponde a las mujeres haciendo efectiva su igualdad ante la ley y promoviendo reformas al Código Penal para tipificar, con todo rigor, los delitos contra su integridad física y moral
De igual manera empeñó la palabra para luchar porque se hagan realidad todos y cada uno de los derechos que por costumbre se han regateado a la mujer trabajadora, profesional, obrera, campesina, y ama de casa. Y para satisfacción de sus compañeras de partido, también se impuso la tarea de promoverlas para que ocupen cargos de elección popular e integrarlas a su gobierno que, si todo le sale bien, promete ser un régimen de cambios importantes no solo para el sector femenino.
Por ese compromiso surgido del sentido común, más que de la necesidad de ganar votos, cinco priistas poblanas fueron designadas como candidatas a diputadas federales. Me refiero a Lucero Saldaña, Lidia Zarrazaga, Marina Blanco, Matilde del Mar y Cecilia Hernández. Las cuatro primeras con experiencia legislativa y la última poseedora de un intenso trabajo político en las filas del priismo campirano.
Lucero Saldaña, que contiende por el II distrito con cabecera en la ciudad de Puebla, es egresada de la Universidad de las Américas donde estudió la licenciatura en administración de empresas, con especialización en el área de economía. Al lograr un promedio final de 98.9 obtuvo el reconocimiento como la mejor estudiante de México de su generación. Este éxito estudiantil le permitió ser reconocida para incorporarse a la administración de su casa de estudios. Tres años después, en 1977, ingresó a la coordinación del Comité de Promoción de Servicios Sociales de la SARH, trabajo que le sirvió de plataforma para ingresar al PRI poblano.
En 1982 empieza su carrera política al ser elegida secretaria general de la Asociación Nacional Femenil Revolucionaria (ANFER) en Puebla, cargo que le puso en bandeja de plata la diputación local representando al XV distrito en la XLIX Legislatura, y la proyectó a la secretaría general del CEN del PRI estatal, a la secretaría de finanzas y a la diputación federal suplente para después quedar en el lugar de Miguel Quiroz Pérez – el propietario–, cuando éste tuvo que pedir licencia para disputar la alcaldía angelopolitana la cual finalmente quedó en manos de Marco Antonio Rojas Flores.
Es curioso, pero el contendiente más peligroso de Lucero Saldaña, también es licenciado en administración de empresas. Se trata del panista nacido en Lardizábal Tlaxcala, Carlos Marcos Morales Garduño, quien como recomendación profesional para el “background” de la UPAEP (dos semestres), la Universidad Autónoma de Nuevo León (cuatro años), una maestría de tres meses y un diplomado de treinta días, con todo y sus participaciones en la iniciativa privada donde recorrió casi todos los cargos administrativos. Su participación política más destacada fue en la campaña de Jorge Ocejo, como jefe de eventos.
Tenemos, pues, a dos contendientes diametralmente opuestos en todos sentidos. La formación de Lucero, por ejemplo, está muy vinculada con la política, mientras que la de Carlos Marcos tiene fuertes e indudables amarres empresariales. Ella está casada y con hijos, y él, a sus veinticinco años, defiende su soltería. En fin, la dama cuenta con una extensa carrera en la administración pública y en las actividades politico-sociales, en tanto que el caballero se ha formado en la empresa privada con algunas salidas a la política, como la citada en la campaña de Ocejo para alcanzar la alcaldía de Puebla.
Creo que la priista no tendrá ningún problema para alcanzar la diputación que pretende porque, en primer lugar, es mujer, es joven y ello – obvio– la convierte en la candidata de las mujeres, es decir, del “viejerío” según el panista Diego Fernández de Cevallos. Además, al igual que sus compañeras de partido representa parte del compromiso político que Ernesto Zedillo adoptó para satisfacción de las mujeres mexicanas cuyo voto ahora sí va a contar.
29/VI/1994