Rafael Cañedo Benítez tendrá que animarse a agarrar al toro por los cuernos para de una vez por todas acabar con el germen de la descomposición que pulula en la Comuna poblana. No hacerlo pone en peligro su condición de presidente municipal y engorda el caldo de quienes se sientes alcaldes, elegidos y salvadores de la Angelópolis.
Y si ahora que empieza no se lanza al ruedo, probablemente don Rafa nunca podrá ejercer el mando tal y como lo consigna la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Él lo sabe y así lo exigen los ciudadanos que votaron para constituir un ayuntamiento, en lugar de un elegante, concurrido y perfumado Consejo de Administración Municipal.
La ciudad de Pueblo siempre ha padecido de gobiernos alternos que en alguna forma obstruyeron o trastocaron el desarrollo urbano, social y ecológico. Durante muchos años hemos sido testigos de cómo la costumbre ha desplazado a la legalidad. La mayoría del pueblo –desde el ciudadano común hasta los regidores de la oposición o del PRI– ha mostrado su total y comodina resignación ante este fenómeno político que, curiosamente, tolera en vez de afrontarlo como lo que es: un asunto de trascendencia política y popular.
Los primeros antecedentes de la confusión jurídica municipal datan del siglo XVI, cuando la clase pudiente reclamó al Virrey la decisión de nombrar un alcalde provisional de la Santa Hermandad, el cual llegó con la encargo de desplazar a los alcaldes ordinarios. Con ese reclamo fue sembrada lo que a mi juicio es la semilla del deseo de autonomía que ha prevalecido en México. Y como recordará el lector, aquellos poblanos le ganaron al Virrey un litigio que pudo solucionar el asunto mediante el pago de un beneficio del Rey, equivalente a veinte mil vetustos pero muy valiosos pesos. La decisión formal fue comunicada a través del acuerdo del 31 de enero de 1554.
Ya en este siglo y después de que el sector obrero pidiera y le fuera concedido el privilegio de gobernar la capital del estado (lo que por cierto terminó en un rotundo fracaso), en 1927 apareció el antecedente del organismo conocido hora como Junta de Mejoramiento Moral Cívico y Material del Municipio de Puebla.
En aquella primera intentona se esgrimió el argumento de apoyar a las autoridades en las labores de pavimentación. Y nada más para que usted se dé cuenta del alcance de la idea, a continuación cito algunos nombres de sus fundadores: Carlos Bello, Fermín Besmier (presidente de la Cámara de Comercio), Alfredo Coghlan, William O. Jenkins (cónsul de los Estados Unidos), Carlos Mastretta (cónsul de Italia), Miguel Abed y Luis Martínez Amioja (presidente del Centro Industrial Mexicano).
Sesenta años más tarde y gracias a la controvertida victoria electoral del profesor Jorge Murad Macluf, se adicionó a la Comuna un ente denominado Consejo Consultivo del Municipio, en el cual participaron los más conspicuos empresarios de la ciudad, muchos de ellos panistas que, gracias a la distinción, aplacaron su energía antigobiernista. De igual manera fueron creados los Comités de compras del ayuntamiento poblano y del estado donde –obviamente– participaron los principales comerciantes de la ciudad. Fue en la década pasada cuando las apariencias mostraban al alcalde Murad como el más asediado por poderes municipales alternos. Entonces compartieron el poder la famosa Junta de Mejoras, el Consejo Consultivo y el muy bien retribuido Comité de Compras.
Empero, todo parece indicar que la de ahora está convertida en una alcaldía muy rebanada y clasistamente repartida. Esto es porque ademas de la citada Junta, existen ya el famoso SOAPAP, el grupo llamado los hombres del cambio, la Sindicatura con poderes plenipotenciarios, y varios regidores que se sienten la mamá de los pollitos. Pero lo peor del asunto es que casi todos están dándose golpes bajos que podrían ocasionar una irreversible descomposición política de lamentables consecuencias para el pueblo. De ahí la urgencia de que el alcalde se arme de valor para impedir que el mal cunda. Sin duda se lo agradecerán el gobernador, los ciudadanos y aquellos empresarios cuya cultura política anda por los suelos.
2/II/1993