Grupos de poder
Los empresarios
MANIPULACIÓN DEL HAMBRE
En los años de agitación laboral algunos líderes con madera de caciques, buscaron imponer control absoluto en los sindicatos. La solución a los problemas laborales fue manipulada por gerentes y administradores hasta fines de 1924 cuando, en la fábrica principal del estado (Metepec), la CROM de Atlixco indujo la contratación de obreros sindicalizados, expulsando de los talleres y hasta del pueblo a todos los trabajadores libres.
El profesor Claudio Nabor Tirado, en su carácter de gobernante (5 de febrero de 1925 al 22 de noviembre de 1926) mostró su verdadera cara antiobrera y reaccionaria, por cierto muy bien oculta durante la gestión interina que desarrolló antes de entronizar al general José María Sánchez (1921). En los 21 meses que duró el gobierno de Tirado, las organizaciones populares vivieron días de persecución y represalias.
Los ferrocarrileros fueron encarcelados, los maestros no recibieron sus salarios y renacieron los obreros libres.
En ese período gubernamental plagado de absurdos, el empresario estadounidense William O. Jenkins inició su despegue económico y muchos industriales, valiéndose de la política gubernamental, endurecieron su posición frente al creciente movimiento obrero poblano. Se aplazaron las soluciones laborales bajo el pretexto de la gran convención de industriales y obreros que se celebraría en la capital del país. Algunos llegaron al extremo de cerrar temporalmente sus fábricas. Cuando esa decisión parecía generalizarse, los dirigentes obreros amenazaron con la huelga general y presionaron a los industriales para que agilizaran las resoluciones de la convención.
Las discusiones se prolongaron por este estira y afloje. El interés de los patrones era discutir todo el año para, según decían, no equivocarse en sus análisis y encontrar las soluciones más adecuadas. Finalmente la huelga estalló y fue combatida con la contratación de esquiroles. La violencia surgió de inmediato y la sangre llegó al río. Los industriales solicitaron y obtuvieron el apoyo del gobierno, materializado éste en efectivos policiacos y militares. De esta manera la reprensión por “órdenes superiores” no se hizo esperar.
Como el gobernador había aceptado usar la violencia para aplacar los ánimos obreros, los empresarios extranjeros se animaron a combatir el sindicalismo emprendiéndola contra el recién criado sindicato de electricistas. Los líderes de la Compañía de Luz y Fuerza y Tranvías, fueron perseguidos por los dueños de éstas. Se contrataron obreros libres para supuestamente defender su fuente de trabajo. Sin embargo, los sindicalistas pudieron imponer la huelga y los empresarios tuvieron que aceptar varias peticiones sindicales, hecho que benefició a los líderes porque aumentó su poder.
De mayo a julio de 1926 volvió a estallar la agitación obrera con su consecuente secuela de huelgas, manifestaciones, mítines y broncas. El paro no duró mucho tiempo porque la policía y el ejército ya estaban preparados para ahogar cualquier movimiento. Fue así como allanaron el local del sindicato de electricistas y aprehendieron a todos los dirigentes conminándolos en los cuarteles militares. La crisis llegó los primeros días de diciembre de 1926: veinte fábricas comunicaron que cerrarían sus puertas cancelando más de dos mil plazas de trabajo, poco antes de que el presidente Plutarco Elías Calles, en un intento por aminorar la tensión, publicara un acuerdo que reducía los impuestos a la producción de hilados y tejidos, tal y como se hizo en 1912.
Esa fue la solución al problema. El 25 de diciembre, los propietarios de las fábricas demostraron su buena voluntad –según los periódicos de la época– al decidir por sus trabajadores un aumento de tarifas aprobadas por ellos mismos en la convención textil que acababa de celebrarse. Empero y para obligar a los patrones a respetar los acuerdos firmados, gobierno y trabajadores tuvieron que ponerse de acuerdo.
Tirado cayó de la gubernatura en noviembre de 1926 a consecuencia de la inestabilidad política. Los organismos patronales, fieles a su costumbre, optaron por aislarse de la contienda política desarrollada en el interior de la familia revolucionaria, pues además de que les estaba prohibido intervenir, era muy arriesgado tomar partido. Cuidaban su dinero, pues. No obstante, muchos se dieron mañas para intervenir bajo el agua.
Alejados de la política y de las confrontaciones por el poder, los empresarios decidieron probar su capacidad de organización y mejorar su imagen ante la sociedad. Se instaló la feria comercial para promover los bienes producidos en el país a precios muy accesibles, según rezaba la propaganda.
En esos días apareció otro enemigo del sector patronal: los impuestos municipales. En diciembre de 1926 iniciaron andanadas de críticas contra las medidas del Ayuntamiento poblano. Casi todos le debían al fisco y evadirlo se había convertido en una extraordinaria aventura. Se agravaron las penurias de la hacienda pública estatal, siempre vulnerada y desorganizada por la reticencia de los poblanos a pagar impuestos. El gobernador Manuel Montes (1926–1927), deseoso de corregir la situación, emitió un decreto que condonaba las multas por evasión fiscal –30 de noviembre de 1926 –a quien cubriera sus adeudos antes del 14 de diciembre. Cuando se entero del fracaso de su iniciativa, ordenó no prorrogar el plazo y aplicar rigurosamente multas a los evasores fiscales.
En junio de 1927 la Cámara de Comercio de Puebla tomó como bandera el repudio a los cargos tributarios e impidió al Ayuntamiento la tarifa aprobada por la autoridad municipal anterior.
A la campaña contra los impuestos municipales onerosos se sumó la Cámara de propietarios de Casas en Puebla, que en junio de 1927 enfrentó al Ayuntamiento presidido por Luis Martinez Amioja. El pretexto lo habían dado los inspectores de salubridad cuyas infracciones y multas injustificadas provocaron la rebeldía ciudadana. La contraofensiva oficial se plasmó en los embargos de rentas, acción que los casatenientes protestaron airadamente, denunciando a las autoridades por el cobro de multas de cinco pesos y la incautación indefinida de las rentas de quince y veinte pesos.