El chirrión por el palito
Desde el primer día de su campaña –20 de julio–, Guillermo Jiménez Morales atendió las peticiones empresariales. De inmediato se dio a la tarea de proyectar una especie de gobierno mixto. Para empezar prometió la sustitución de la Secretaría de Fomento Económico por una comisión bipartita encabezada por el propio gobernador y en la cual los empresarios serían los ejecutores directos de sus programas, además de ampliar el campo de acción de la Junta de Mejoras.
Casi al finalizar el sexenio, las relaciones entre gobierno e iniciativa privada llegaron a ser muy cordiales, idílicas diría yo. A mediados de noviembre el presidente José López Portillo inauguró en Puebla el edificio del CCE y escuchó complacido cómo los empresarios le reiteraban su solidaridad, ponderaban el Plan Global de Desarrollo y exaltaban el Sistema Alimentario Mexicano.
Las actividades frente al gobierno local, con el cual los empresarios habían tenido grandes diferencias ideológicas, también dieron un brusco viraje pues designaron a Alfredo Toxqui como modelo para los futuros gobernadores de Puebla.
En enero de 1982, la CANACO–Puebla , presidida por Gerardo Pellico Agüeros, exigió –por enésima vez–, desalojar las calles invadidas por los ambulantes. Argumentaba que la mercancía en la vía pública impedía el desarrollo del comercio organizado ya de por sí lesionado por la competencia desleal. También manifestó su deseo porque mejorara la fluidez del tránsito y el acceso del público a las tiendas establecidas.
Un mes después, la misma organización denunció la infiltración marxista en sindicatos cetemistas. Su vocero dijo que aspiraban a desestabilizar al país y desquiciar la economía nacional. El argumento sirvió a los empresarios para negarse a pagar los ajustes salariales exigidos por las centrales obreras y negociar la propuesta gubernamental de que el aumento fuera de 10, 20, y 30 por ciento.
Las presiones sindicales lograron que los empresarios aceptaran analizar sus posibilidades económicas para fijar el porcentaje de aumento. Empero, se curaron en salud al advertir que los incrementos repercutirían en los precios. Algunos de los empresarios arremetieron contra los líderes obreros culpándolos de la carestía y al mismo tiempo ordenaban la reetiquetación de sus existencias haciéndose pasar como víctimas de la voracidad sindical.
Una vez resuelto el conflicto salarial de acuerdo a las posibilidades de la empresa, en Puebla la elección presidencial se realizó sin problemas. En esos días apareció en la escena poblana Francisco Fraile García, presidente de CCPCP, para pedir que los ciudadanos ejercieran su derecho a votar. Lo mismo hicieron otros representantes de la derecha que se valieron del tema del abstencionismo para decir que gracias a ello ganaban los candidatos priistas.
Poco después de las elecciones, el gobierno federal devaluó el peso. De inmediato los empresarios se declararon salvadores del país asegurando que la solución de la crisis dependía de la presencia cívica de los patrones. Decían que ellos deberían ser los protagonistas de la vida política mexicana. El torrente de declaraciones patronales y las amenazas veladas de exportar su dinero, así como la endeble economía nacional, fueron preámbulo a las peticiones de re privatización de empresas paraestatales.
El poder económico de los empresarios llegó a dominar la conciencia de los políticos en el gobierno. Entre los servidores públicos existía un enfermizo anhelo de convertirse en empresarios sin perder su poder político. Muchos lo lograron. Pero la competencia por el poder económico propició lamentables complicidades entre la alta burocracia y la burguesía criolla. Y como el agua y el aceite, la mezcla no pudo cuajar.
En esa lucha intestina se lastimaron muchas dignidades que a la larga produjeron resentimientos exacerbados cuando ocurrió la expropiación de la banca.
Ocho años después, el presidente Carlos Salinas de Gortari, rectificaba la medida lopezportillista. La banca inició su retorno a manos privadas bajo intenciones democratizadoras y con grandes presiones para sanear la deuda interna nacional. Quedaron casi olvidadas aquellas componendas o recomendaciones bancarias que privilegiaron a sus antiguos dueños, cuyo sentimiento nacionalista brilló por su ausencia cuando se dedicaron a sacar su riqueza en pesos para cambiarla en poco más de 26 mil millones de dólares.
Este evento político–económico avivó la combatividad empresarial. Industriales, comerciantes y exbanqueros se enfrentaron contra el gobierno a sabiendas de lo disparejo de la contienda, empeñados en proteger una de las opciones financieras más productivas en sus programas de enriquecimiento. Finalmente las dos tendencias históricas del empresariado se polarizaron: una aceptó al Estado como rector de la banca, y la otra se proclamó por buscar mayor injerencia en las decisiones políticas.
Tres días después del último informe presidencial, el CCE poblano, sincronizado con su homólogo nacional, declaraba injustificable la nacionalización de la banca. Aseguró que el gobierno insistía en implantar el socialismo en el país aún contra la voluntad del pueblo mexicano. También se declaró solidario con el prometido paro empresarial nacional, e instó a los ciudadanos a repudiar la nacionalización de la banca considerada por ellos como el primer paso al totalitarismo gubernamental.
Como en las ocasiones anteriores, la amenaza se disolvió por impopular y a los pocos días, los empresarios poblanos se justificaron al decir que habían tomado la decisión patriótica para evitar la intromisión de los grupos de izquierda interesados en desestabilizar al gobierno de México.
Ya sin la combatividad inicial, semanas después los dirigentes de la cúpula local manifestaron su deseo de eludir los enfrentamientos con el gobierno. Elsa Patiño comenta en su investigación que el cambio se debió a la posibilidad de recuperar parte de lo expropiado gracias a la política de concertación que posteriormente llevó al gobierno a reprivatizar las empresas paraestatales, incluidos los bancos. Ante esa posibilidad decidieron no provocar a Miguel de la Madrid, futuro presidente de la nación, quien ya había dejado entrever que la conciliación y complacencia con la iniciativa privada formaban parte de los programas de su gobierno.
El momento de transición fue aprovechado para consolidar la imagen empresarial como alternativa política, anunciando una mayor participación en el sexenio delamadridista.
Poco antes de iniciarse 1983, los empresarios impugnaron la política educativa de Jesús Reyes Heroles, a quien acusaron de difundir una ideología dogmática peligrosa para la educación de los niños y jóvenes.
Esta crítica prologó un segundo intento para impedir el cobro del 6.5 por ciento de impuesto al consumo de energía eléctrica que ya en 1977 trató de imponer la Comisión Federal de Electricidad. Pero triunfaron las presiones sindicales y privadas; sin embargo, meses después, el Congreso local legisló y aprobó dicho impuesto que no fue pagado sino hasta pasados los años.
La Cámara Agrícola y Ganadera abandonó momentáneamente el rechazo y enseguida lo hicieron las demás cámaras patronales. El Centro Empresarial de Puebla se encargó de la asesoría jurídica a fin de amparar a los empresarios. Asimismo, hizo un comunicado al presidente De la Madrid en el cual le informaron la negativa de los poblanos para pagar esa nueva carga fiscal.
En los primeros días de abril, el Desarrollo Humano Integral AC (DHIAC), pidió la derogación del impuesto, e inmediatamente los organismos empresariales solicitaron auditar las arcas del ayuntamiento de Puebla. Expusieron su desconfianza en la tesorería municipal. Esa campaña en que Gerardo Pellico Agüeros y Francisco Fraile García echaron los kilos sirvió al segundo para mostrarse como un político enjundioso.
A partir de ese momento, la guerra contra el impuesto se ligó al movimiento contra el incremento salarial. Los ánimos se caldearon. El gobierno fue presionado por las centrales obreras que exigían aumentos de emergencia. Y los patrones amenazaron con cerrar masivamente la industria y el comercio de Puebla.
La iniciativa privada quería imponer un 12.5 por ciento de tope al aumento salarial –la mitad de lo solicitado por los obreros–. Alegaban que para superar la difícil situación económica del país, lo más importante era la unidad y el trabajo.
Blas Chumacero, principal dirigente cetemista en el estado, fue objeto de la saña empresarial: le llamaron demagogo, incongruente y corrupto. La Canacintra–Puebla propuso crear sindicatos que fomentaran buenas relaciones entre patrones y trabajadores y rompieran el monopolio sindical cetemista, “solo útil a sus líderes en perjuicio de los obreros supuestamente representados por ellos”.
Finalmente, los empresarios otorgaron el 15 por ciento de aumento de emergencia, no sin antes negociar con el gobierno local modificaciones a la Ley Inquilinaria y mayores apoyos financieros.
En esas andaban cuando la efervescencia electoral alborotó el cotarro. Ricardo Villa Escalera inició su campaña para lograr la candidatura a la alcaldía de Puebla y el apoyo del sector patronal. Los empresarios le brindaron su simpatía lo cual entusiasmó a don Ricardo que de inmediato inició los trámites para su postulación. Aparentemente desde el principio buscó la aquiescencia del PAN para representarlo en la contienda electoral. Su entusiasmo le hizo madrugar, autodestaparse y postular su planilla que incluía a un cura. A mediados de agosto Acción Nacional lo adoptó como candidato a pesar de la inconformidad manifestada por la mayoría de sus militantes. Esa disputa dio origen al nacimiento formal de los panistas tradicionales y los neopanistas. Villa Escalera logró por fin su objetivo y sus cuates, aunque cuidando las formas, le brindaron el apoyo que requería aclarando que era a título personal y no en nombre de sus organizaciones.
El DHIAC y la Asociación Cívica Femenina no tuvieron pelos en la lengua para manifestarse abiertamente por el textilero. El primero planteó la necesidad de redefinir el rumbo del país limitando la asfixiante presencia del Estado en la vida ciudadana; y la segunda dijo que el gobierno abusaba del poder político en perjuicio de la dignidad ciudadana y los derechos naturales del pueblo.
Por su parte y con el ánimo de abonar el terreno a Ricardo Villa Escalera, la COPARMEX Puebla, señaló que el gobierno modificaba la Constitución sólo para consolidar su dominio sobre los particulares y sumir al país en un esquema estatista propio de los sistemas socialistas. A fin de combatir ese supuesto proceso socializante, los organismos empresariales se refirieron a las acciones violentas de la delincuencia común, a las actividades del Partido Socialista Unificado de México (PESUM)–antes PCM– y al apoyo de la UAP hacia organizaciones obreras y campesinas.
La división entre los empresarios se hizo más notoria. Por ejemplo Francisco Bernal Solsona desmintió su militancia empresarial panista y se definió como un hombre agradecido con el sistema que le había dado paz tranquilidad y prosperidad.
En noviembre de 1983, el priista Jorge Murad Macluf resultó oficialmente electo alcalde de Puebla. De inmediato las organizaciones simpatizantes de Villa Escalera impugnaron el triunfo del PRI. Horas más tarde se desató una actividad panista que buscaba presionar al gobierno para que reconociera su triunfo. Más de cinco mil personas rodearon la residencia oficial del gobernador. Después de varios conatos de violencia –querían quemar la puerta principal –, se trasladaron al palacio de gobierno para tomarlo en forma simbólica. El triunfo priista fue sostenido por las autoridades electorales que sólo reconocieron al PAN los municipios de Ajalpan, Tehuacán y San Sebastián Zinacatepec.
En todo este trayecto de disputas por impuestos, salarios, políticas oficiales de precios, nacionalizaciones y luchas por el poder público, los empresarios poblanos se fueron fortaleciendo. Unos se hicieron políticos a medias en respuesta a los políticos que se habían convertido en empresarios a medias. Otros ascendieron en su sector hasta llegar a ocupar la dirección nacional de sus organizaciones. Nació así el llamado Grupo Puebla, cuya influencia nacional estuvo fuera de toda duda. E hicieron resonar su apasionado y levítico criterio en todos los espacios periodísticos, radiofónicos y televisivos. Alfredo Sandoval, Jorge Ocejo Moreno, Manuel de Unanue (hijo del abogado que en 1941 fue representante de la Confederación Patronal) y Eduardo García Suárez, sólo son ejemplo de la perseverancia de esa clase social que tuvo la paciencia de Job para, con el tiempo, arrebatar el poder y la fama a los políticos de Puebla. Lo paradójico del asunto es que contaron con el apoyo de varios priistas que por las consecuencias hoy deben estar arrepentidos debido a que se les volteó el chirrión por el palito.
Después de varios enfrentamientos entre empresarios y políticos, los primeros entraron en una fase de éxitos constantes en tanto que los segundos se apoltronaron en su desprestigio como si estuvieran buscando la derrota política. Ni Jiménez, ni Piña, ni Bartlett creyeron en el proyecto de los herederos ideológicos del movimiento anticomunista (FUA) que, valga la referencia, les ocurrió lo mismo que a las monjas que sin programarlo coinciden con el periodo menstrual de sus compañeras de convento.
Unos ascendieron al plano nacional donde representaron a sus organizaciones, como lo hicieron Alfredo Sandoval González, Jorge Ocejo Moreno y Antonio Sánchez Díaz de Rivera (hermano de Francisco, uno de los fundadores del Comité Coordinador Permanente de la Ciudadanía Poblana y exdiputado federal priísta) dirigentes nacionales de la COPARMEX, y de Manuel de Unanue, representante de los ganaderos. Y los otros padecieron el dolor de la derrota, además de la vergüenza que produce perder contra un contendiente menos apto para administrar los recursos del pueblo y más inexperto en el manejo de la cosa pública.
Las ciudades de Puebla, Tehuacán, Atlixco, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula y San Martín Texmelucan, quedaron en manos de empresarios que utilizaron las siglas de Acción Nacional para gobernar los principales municipios del estado. Por fin triunfaron las alianzas patronales para, desde el poder, esparcir el tufo que despide la mezcla del incienso, el papel moneda y el olor a santidad.