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Sin despreciar el interés demostrado por Acción Nacional para que el exgobernador Mariano Piña Olaya sea sometido a un juicio político, sería más práctico proponer al Congreso local que establezca una medalla que premie la habilidad del funcionario público más audaz para los negocios.

Con la buena intención de alejar al lector de las preocupaciones surgidas ante la inesperada devaluación del peso y sus consecuencias inflacionarias, sociales, financieras y comerciales, ahora y contra mi costumbre me permitiré contarle un chisme. Digamos que medio político y medio del jet set.

El carisma de un hombre ha permitido la prevalencia de la religión católica por casi dos mil años, aún en nuestro país donde la gente todavía vive entre la ignorancia, el fanatismo, la superstición, la magia, la pobreza, la flojera y, en consecuencia, en medio de la mugre y la insalubridad.

Alberto Jiménez Morales ya forma parte de la historia de Puebla. Ha desarrollado un peculiar estilo que le permite mantener en un puño la vida política de la entidad. Maneja para sí una enorme y bien organizada red de espionaje.

Mariano Piña Olaya ha regresado al servicio público nacional. Su nueva misión será liquidar la Compañía de Luz y Fuerza y ​​sus filiales en Pachuca, Meridional y Toluca. Desde ese cargo habrá de negociar con los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), cuyo dirigente Jorge Sánchez García (hijo del que fuera uno de los colaboradores más cercano del ex gobernador cuando colaboraba como funcionario de la Comisión federal de Electricidad, entregará el próximo miércoles la disputada secretaría general. 

Desde antes que Maximino Ávila Camacho entregara el gobierno a su sucesor, Puebla no se había visto tan convulsionada como ahora. Esto porque el actual gobernador se olvidó de la vocación social que festinaba y, en su lugar, menosprecia al pueblo. Veamos algunos antecedentes que enmarcan el cambio del próximo lunes.