Réplica y Contrarréplica

CONFERENCIA SUSTENTADA POR EL SEÑOR GENERAL JOSÉ ÁLVAREZ, JEFE DEL ESTADO MAYOR PRESIDENCIAL, AL INAUGURAR EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y DEL SEÑOR MINISTRO DE LA GUERRA, LAS JUNTAS MILITARES PARA LA ORGANIZACIÓN DEL EJÉRCITO.

Político pobre, pobre político.

Carlos Hank González

EL CHICLE; POSIBLE MATERIA PRIMA ESTRATÉGICA.

LA REPRESENTACIÓN IRRESPONSABLE DE EMPRESAS EXTRANJERAS

Desde el comienzo de su gobierno, el presidente Cárdenas ha sostenido, inflexible, contra todos los embates de la política, afrontando victorioso la presión de los intereses creados, un principio que es pivote del programa revolucionario: el respeto y las garantías al derecho de huelga, en los términos en que éste es aceptado por las leyes vigentes.

El respaldo de las colectividades trabajadoras estuvo en todo momento, aun en los de crisis, reforzando la política presidencial, por avanzada, por honesta y por reivindicadora del sentido primigenio del movimiento transformador de México.

La huelga —considerada por los claudicantes como fenómeno desquiciador, disolvente de la defectuosa estructura económica de la actualidad— fue calificada por el jefe del Estado como desbordamiento ineluctable de fuerzas retenidas, que pugnaban por establecer nuevos equilibrios en el mecanismo de la producción económica; como impulso que, al realizar sus fines, crearía situaciones propicias a la recuperación de la prosperidad.

Los pusilánimes, en alianza más o menos vergonzante con el capitalismo feudal, se irguieron frente a esta valerosa declaración de política y encontraron la desautorización popular y el más completo fracaso, porque representaban puntos de vista insostenibles dentro de doctrinas de universal vigencia que, con modalidades de fisonomía nacional, señorean el panorama de nuestro tiempo.

El primer mandatario, en cambio, no ha perdido de vista su responsabilidad como jefe de un Estado en cuyo ámbito chocan tendencias del pasado, del presente y del porvenir. En tal capacidad, busca sin cesar soluciones de avenencia que permitan llegar a nuevos entendimientos en el campo de la industria, sin el sacrificio necesariamente implicado por los movimientos de resistencia que son la forma bélica de la lucha social.

Y así, en el curso de su actuación, el presidente Cárdenas anota un número creciente de soluciones a conflictos obrero-patronales logradas a través de la mediación, de la injerencia conciliatoria, pedida por ambas partes al poder público.

Esta actitud de serena responsabilidad, merece ser reconocida en todo su valor por los elementos patronales, como lo ha sido por las fuerzas obreras. Los que claman contra la huelga, porque hiere sus intereses y pretenden calificarla como un fenómeno de perturbación destructora, deberían ser los primeros en poner todos los medios posibles al alcance del Estado, para que éste logre intervenir con éxito, dando al trabajo organizado los beneficios que reclama, dentro del estricto límite de las posibilidades actuales de la industria y la agricultura.

Ejemplo elocuente

Con ceguedad, que es a un tiempo mismo insolente y desconocedora de sus propios intereses, las más destacadas empresas representantes del capitalismo internacional en la economía de México, entorpecen la actividad mediadora del Ejecutivo, cuando cierran las fuentes informativas respecto de sus condiciones mercantiles, a la pesquisa técnica que el Estado adelanta como base de criterio para sus mediaciones amistosas en uso de sus atribuciones y de ningún modo con fines ocultos.

El caso más flagrante de esta incomprensión —por igual nociva para los accionistas y para la riqueza pública del país— es el de la compañía ASARCO, una de las numerosas subsidiarias de una gigantesca empresa extranjera que explota los recursos minerales originariamente poseídos, con dominio absoluto por el Estado mexicano.

Es preciso destacar —cuando se intenta volver en este sitio a los temas de la ortodoxia revolucionaria que el régimen desarrolla en su gestión— ejemplos como el que ASARCO da en el dominio de la industria, señalándose a sí misma como obstáculo al progreso, como materialización de la sed de lucro y como evidente prueba del fracaso que, en órbita mundial, va experimentando el régimen económico que se liquida.

Nadie más interesado en evitar una huelga, emplazada con serenidad y dentro de los términos legales por la organización obrera, que los dirigentes de la ASARCO con residencia en el país. Sin embargo, no fueron ellos los conciliadores, sino el primer mandatario, quien, tras nueve días de pláticas infructuosas entre ambas partes, ofreció su ingerencia para dar al apasionante conflicto una base de solución independiente de los puntos de vista de ambas partes: el estudio objetivo, matemático, desinteresado, de la marcha y de las utilidades de la empresa, puesto que la objeción de ésta en contra de las peticiones obreras fue el estado de escasa costeabilidad de sus actividades.

Con encomiable espíritu de disciplina, revelador de la seguridad que el trabajo organizado tenía en la justicia de sus peticiones, el sindicato se sometió a la prueba. Si ella resultaba favorable a lo que con apariencia de sinceridad sostenía la entidad patronal, los trabajadores desistirían de su petición, o, cuando menos, la modificarían. Si, por lo contrario, se evidenciaba que las utilidades eran bastantes para satisfacer lo demandado, respetando un margen razonable de utilidad al capital, entonces la empresa accedería, y de ningún modo sobrevendría la huelga.

Ante tan equilibrada propuesta, la compañía desertó temerosa de que se descubriera su simulación; negó acceso a su contabilidad, y adujo que toda resolución había de consultarse con las oficinas matrices, establecidas en el extranjero.

Y no puede excusar esa negativa patronal, el más leve temor de comprometerse a obedecer acuerdos tomados por un cuerpo de criterio unilateral, puesto que el Jefe de gobierno —al idear una fórmula conciliatoria— expresamente indicó que la comisión de estudio estaría integrada, tanto por representantes de las dependencias administrativas competentes para conocer un caso como el que se presentaba, cuanto por delegados del sindicato y de la empresa, que expusieran con amplitud y libertad las razones y las pruebas de cada parte.

Desaprensivos manejos

Además de que esa sola actitud demuestra el carácter especioso de los argumentos esgrimidos por la ASARCO, ella plantea una cuestión de orden general que es preciso poner ante la opinión de las colectividades para que sea enjuiciada y resuelta, porque interesa a la economía de la nación. Poderosas empresas que operan en México, al amparo de una ficción legal que las organiza como compañías mexicanas, pero que son prolongación de las grandes concentraciones de capital sin patria, cuya administración radica en los centros bursátiles del mundo, reconocen como parte de su táctica el no mantener en el país apoderados que tengan capacidad bastante para resolver todas las cuestiones que se presentan en las relaciones de la compañía con sus trabajadores organizados. Creen de este modo “vacunarse” contra huelgas, eludir responsabilidades y “ganar tiempo” en los conflictos huelguísticos que apremian por hambre al denodado ejército obrero que los suscita.

Mientras un lord inglés o un magnate americano juegan golf en fin de semana —de viernes a lunes— en algún club campestre y no contestan a los largos cablegramas en que se les consulta el acta de avenencia, millares de familias obreras en pie de guerra industrial padecen hambre, enfermedad y desesperación, en humano afán para que sus hijos puedan ver un mañana mejor.

Esa insolente —debe insistirse en el calificativo— actitud de empresas como la ASARCO, no sólo implica el contrasentido de poner las resoluciones de asuntos económicos y sociales íntimamente ligados con la evolución de nuestro medio, en manos de quienes no lo conocen ni de él han sabido jamás, a no ser por los dividendos, sino que coarta, además, la función conciliatoria de las autoridades mexicanas que, más responsables de las consecuencias de una huelga que cuanto sus detractores puedan reconocer, buscan la solución amistosa antes que el conflicto violento.

En recta interpretación de nuestras leyes y para satisfacer imperativos de equidad, debe obligarse a las empresas de capital extranjero que en nuestro medio operen, a mantener administradores mexicanos, con plenos poderes al frente de sus negocios mexicanos, porque ningún hombre —por vinculado que se le suponga al capitalismo internacional— puede cerrar los ojos a realidades que evolucionan a su vista y a necesidades que palpitan en su torno.

De este modo se habrá andado mucho hacia la prevención de las rupturas de ese equilibrio inestable, pero necesario, que mantiene la marcha de la economía en épocas de transformación, en que chocan con dialéctico impulso dos sistemas diametralmente opuestos, para que sobreviva una síntesis: la producción contemporánea.

El Nacional, 6 de diciembre de 1936.

Froylán C. Manjarrez

Revista Réplica

ENCUENTRO DE “GENERALES”

UN CERTERO ACTO DE GOBIERNO

Apegándose a las normas de gobierno que él ha implantado y que se traducen, para bien del pueblo, en la máxima eficacia que siempre ha demostrado en el obrar y en la gran rectitud y firmeza de sus juicios, el jefe de la nación ha venido a Monterrey para cerciorarse personalmente de las realidades que aquí prevalecieron con motivo de la agitación creada por los patrones y propagada por importantes órganos del periodismo nacional, que se hicieron eco de las denuncias presentadas contra un pretendido movimiento tendiente a subvertir el orden establecido por nuestras instituciones de derecho.

Sobre el terreno mismo de los acontecimientos, en el propio centro de la agitación y en el ambiente donde los hechos se desarrollaron, oyendo y pesando el testimonio de autoridades y representantes de las fuerzas organizadas de la colectividad, el presidente Cárdenas estudió con detenimiento el caso y formó su convicción acerca de las circunstancias que mediaron y de la verdadera causa de origen. Y ya bien informado, produjo las sensacionales declaraciones publicadas ayer, poniendo las cosas en su lugar, señalando responsabilidades y llamando a la serenidad.

Fue éste un certero acto de gobierno que destaca bien el propósito inquebrantable del primer magistrado de atajar conmociones estériles y agitaciones inmotivadas acudiendo a poner el remedio que sus causas reclamen, y ello reafirma la confianza popular en el hombre que rige los destinos de México y robustece el respaldo que todos los sectores sociales le prestan para que cumpla cabalmente su alta obra de construcción revolucionaria.

Según las aseveraciones de los capitalistas regiomontanos y las informaciones y comentarios de los periódicos que durante toda la semana mantuvieron una amplia campaña de publicidad alrededor de la situación de Monterrey, aquí se había iniciado un movimiento comunista contra el cual era necesario reaccionar en defensa del orden social, económico y político establecido por nuestras leyes, impidiendo el avance de la “ola roja”, como el sensacionalismo de cierto sector de la prensa dio en llamar a la supuesta acción disolvente.

La defensa debía comenzar por un grito de alarma que señalara el grave peligro, y por eso los patrones neoloneses decretaron el lock-out o paro de los días 5 y 6 —sin atender a su ilegalidad, seguro porque consideraron que en casos de tan imperativa urgencia no hay que pararse en minucias—, organizaron la manifestación del día 5 y fundaron una organización de lucha contra el comunismo, desatando la nutrida campaña periodística que por todo el país fue llevando el “alerta” lanzado en Monterrey —con el conveniente refuerzo de comentarios intencionados y noticias impresionantes, como el atentado contra la bandera nacional que se atribuyó a los obreros— a efecto de promover y agitar en todas partes el espíritu defensivo, y aprovechando de paso la ocasión para sugerir incidentalmente en algún editorial la necesidad de implantar el arbitraje obligatorio para resolver los conflictos de trabajo y abolir el derecho de huelga.

Tal aparecía implícitamente la explicación de la actitud patronal.

Pero ya ante la súbita presencia del presidente de la República había que aducir pruebas o argumentos que demostrasen el carácter subversivo de la actuación obrera, y los patrones ofrecieron la afirmación de que los dirigentes obreros habían hecho agitación comunista en un mitin vertiendo expresiones radicales, y el cargo de que el presidente de la Junta Central de Conciliación y Arbitraje profesaba doctrinas disolventes y por eso declaró lícita la huelga efectuada contra la Compañía Vidriera de Monterrey.

Claro está que expresiones radicales de lucha las emplean los trabajadores en sus reuniones —como en sentido opuesto las usan los patrones en las suyas— pero de ello no puede concluirse que hagan agitación subversiva contra el orden social, económico y político, ni que tengan la finalidad de destruirlo.

Y en cuanto a que semejantes tendencias se atribuyan al presidente del Tribunal Obrero como determinantes de su voto en favor de la licitud de la huelga, es bastante para desbaratar el cargo la comprobación —que el presidente Cárdenas realizó— de que el movimiento contra la Compañía Vidriera, que fue el caso concreto que dio origen a la agitación desencadenada por los patrones, es un simple conflicto de trabajo del género de los que ocurren normalmente en el país como resultado de la natural e inevitable lucha que las clases proletaria y capitalista sostienen, dentro de las normas legales, en el campo del reparto de la riqueza producida.

En consecuencia, si se cumplieron todos los requisitos de ley y el funcionario acusado no hizo otra cosa que reconocerlo así, ni la huelga ni la declaración de su licitud son hechos que —como en sus declaraciones lo asentó el jefe del Ejecutivo— rebasen el marco de nuestras instituciones, y por ello no se les pueden atribuir tendencias comunistas, a menos que igual cargo se haga contra el artículo 123 de la Constitución y contra la Ley Federal del Trabajo, que fueron las disposiciones en que la declaratoria de licitud se fundó.

En categórico y claro juicio basado en los amplios datos recogidos, el general Cárdenas dejó las cosas en su verdadero lugar y señaló la responsabilidad de quienes en realidad la tienen, cuando en sus declaraciones, como corolario del análisis de la situación, dijo: “Fue entonces la inconformidad patronal respecto a un fallo de autoridad competente, la causante del paro general llevado a cabo los días 5 y 6 de los corrientes, y de la agitación promovida a título de defensa contra la invasión de doctrinas disolventes”.

Es verdad que, como el mismo primer mandatario lo advirtió en las declaraciones que ameritan esta glosa, nada autoriza a creer en la existencia de un movimiento, comunista o de cualquier otro carácter, enderezado a subvertir ni siquiera a trastornar el orden social, político y económico que garantizan la Constitución general y las leyes del país, y que toda la agitación se debió a la equivocada actitud de reacción notoriamente excesiva que asumieron los capitalistas regiomontanos; pero también lo es que tales actitudes adoptadas sin medir sus consecuencias y con plena falta de serenidad, son socialmente indeseables y pueden provocar peligrosas reacciones de trascendencia imprevisible, ya que lo mismo que los patrones tacharon de disolvente la legítima actuación de los trabajadores, éstos podrían haber perdido la ecuanimidad y considerar la actividad patronal como una ofensiva capitalista o como la invasión de una “ola blanca” contra la que deberían defenderse de manera enérgica.

Por eso es que el presidente Cárdenas termina sus declaraciones con un llamamiento a la serenidad de ánimos, no sólo dirigido a las clases obrera y patronal, sino también a toda la prensa del país, para que presten su concurso al gobierno a fin de que no se desvíe la opinión atribuyendo a hechos que son normales, dentro de la natural pugna de intereses sociales y económicos que condicionan nuestro devenir, propósitos disolventes que están muy lejos de la conciencia de nuestro pueblo.

El Nacional, 16 de febrero de 1936.

Revista Réplica